Reformas en materia de violencia política

NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Falta proteger y garantizar derechos político-electorales
Senadora llama a Cámara de Diputados a legislar violencia política
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 19/09/2017

Aun cuando es tarde para tipificar la violencia política de género para que aplique en el proceso electoral de 2018, es indispensable que la Cámara de Diputados dictamine la minuta enviada por el Senado a fin de contar con la normativa a la brevedad posible, afirmó la senadora Sandra Luz García Guajardo.

En una excitativa enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) pidió que se apruebe la minuta sobre violencia política en razón de género para proteger y garantizar la integridad de las mujeres, propuesta que fue avalada por el Senado en marzo pasado.

En el documento enviado a San Lázaro, la senadora por Tamaulipas recordó que en abril, al finalizar el anterior periodo ordinario de sesiones, uno de los temas que no fue votado por el pleno de la Cámara baja fue la inclusión del concepto de violencia política en razón de género en cinco leyes en materia electoral.

La Constitución federal señala en el Artículo 105 que no se pueden realizar modificaciones sustanciales a las leyes que rigen las elecciones en un plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral, por lo que en las elecciones próximas, las mujeres no contarán con la garantía plena de sus derechos político-electorales, señaló la legisladora.

La senadora también enfatizó que hubo falta de interés por aprobar este tema: “realizamos un trabajo que ha carecido de voluntad política por parte de nuestra colegisladora para contar con los elementos necesarios a fin de que no haya más mujeres limitadas en sus aspiraciones y en el ejercicio de sus derechos político electorales”.

También señaló que la inclusión de la violencia política de género en la ley busca evitar más casos de mujeres políticas que sean registradas como candidatas en distritos perdedores; inequidad en la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión y la distribución de recursos para las campañas o que se les incluya al final de las listas de representación proporcional de los partidos.

También pretenden evitar sustituciones arbitrarias en precandidaturas y candidaturas; presiones para ceder o no reclamar una candidatura o cargo ganado, para pedir licencia y favorecer a los suplentes varones y no regresar al cargo; agresiones durante campañas; mayor exigencia que a los hombres; o intimidación, amenazas, exclusión, entre otras formas de violencia.

17/AGM/LGL








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Ley de Acceso no coincide con Código electoral local
   
Reconocen violencia política de género en ley capitalina
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017

A partir de hoy en la Ciudad de México se reconoce la “violencia política en razón de género” como toda acción u omisión en contra de una mujer que afecte sus derechos político electorales o el ejercicio de sus actividades como funcionaria pública.
 
Este 17 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto por el que se reforma el Artículo 7 de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se enuncian 19 supuestos para acreditar la violencia política contra las mujeres.
 
La reforma, aprobada el 23 de mayo por el pleno de la Asamblea Legislativa, tiene el objetivo de proteger y promover los derechos políticos de las mujeres durante las pre-campañas, el desarrollo de los procesos electorales y hasta el desempeño de sus encargos públicos.
 
La ley capitalina establece que esta violencia es toda acción u omisión que “tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

Entre los 19 supuestos para acreditar la violencia contra las mujeres políticas se enumeran acciones como obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los roles o estereotipos de género.
 
Asimismo, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político públicas; o impedirle participar o en su caso excluirla de la toma de decisiones o del derecho a voz y voto.
 
También se considera violencia política publicar o revelar información personal, privada o falsa de una candidata o funcionaria; desprestigiar o menoscabar su credibilidad, capacidad y dignidad humana; acosar u hostigar a la persona para restringir sus derechos así como amenazarla o discriminarla, entre otras conductas.
 
Sin embargo la definición y los supuestos de violencia política en razón de género que se describen en la Ley de Acceso, recién reformada, no son los mismos que aparecen en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
El Código, publicado el 7 de junio de 2017, describía en un primer momento el término “violencia política en razón de género” pero un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa pidieron que se suprimiera porque ese texto no fue aprobado por el pleno.  
 
Así, el 21 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial se publicó una nota aclaratoria donde se precisa que en la ley electoral debe decir “violencia política” y enumerar sólo 12 supuestos para acreditarla, lo que para algunas legisladoras es un retroceso para los derechos político electorales de las capitalinas.
 
Cabe mencionar que la norma electoral enfrenta 10 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y partidos como Movimiento Regeneración Nacional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Entre estos recursos se impugnó la modificación al Código Electoral que, a través de una nota aclaratoria, suprimió el término de violencia política en razón de género. Se espera que en próximas semanas el alto tribunal se pronuncie al respecto.
 
17/AGM/








NACIONAL
   Sólo 9 de 32 entidades incluyen concepto en su Ley Electoral
Violencia política contra mujeres, mal previsible sin ley federal
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Chihuahua incluye concepto en Ley de Acceso local
Llama diputada a promover sanciones por violencia política de género
Imagen retomada del twitter de Elizabeth Mateos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/05/2017

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández, llamó a legisladoras de todos los estados y de todos los partidos políticos a establecer una mesa de trabajo para promover sanciones a quienes cometan violencia política de género en la contienda electoral de 2018. 
 
Luego de que el 23 de mayo la ALDF aprobó reformar el Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir el término de violencia política, la asambleísta llamó a sus compañeras de partido y a las diputadas y senadoras a sumar esfuerzos para que en los próximos comicios se cumplan este tipo de normas.
 
En conferencia de prensa, acompañada por la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la ex jefa delegacional de Iztacalco dijo que las reformas sobre violencia política también buscan reconocer a las mujeres por su capacidad y su trayectoria y no juzgarlas por su género o por ser mujeres.
 
Con la reforma, la Ley de Acceso local dice que esta violencia es: “toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
 
En la Asamblea Legislativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó también una iniciativa que, además de reformar la Ley de Acceso local, formulaba modificaciones en materia electoral, pero la propuesta continúa en revisión debido que se está trabajando la redacción de las nuevas leyes electorales que deben aprobarse a más tardar el 2 de junio.

Mateos Hernández señaló que prevén una mesa de trabajo con diputadas y senadoras antes de las elecciones de 2018 y señaló que es importante reconocer que hay violencia política contra las mujeres y que ellas han luchado por participar en los proceso políticos y ahora deben pugnar para que se reconozcan sus capacidades.
 
La legisladora aprovechó para recordar que en el organismo parlamentario de la Ciudad de México, de 66 diputados, 26 son mujeres y que de las 16 delegaciones 4 son encabezadas por mujeres: María Antonieta Hidalgo Torres, en Álvaro Obregón; Dione Anguiano Flores, en Iztapalapa; Claudia Sheinbaum, en Tlalpan, y Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo.
 
IDENTIFICAR CONDUCTAS DE RIESGO
 
Por su parte, Castello Rebollar destacó que es importante el concepto de violencia política porque permite identificar conductas de riesgo para las mujeres que participan en el ámbito público y señaló que el partido del sol azteca ya ha sido víctima de dos crímenes extremos contra sus militantes.
 
El primero ocurrió en marzo de 2015 cuando fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el otro fue el 2 de enero de 2016 con el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.
 
Ante estos hechos, la secretaria de Igualdad de Género del PRD reiteró su llamado a la Cámara de Diputados a aprobar en un periodo extraordinario las reformas para incluir este concepto en las Leyes Generales, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
AVANZAN REFORMAS
 
Este 25 de mayo, el pleno del Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad un dictamen para reformar el Artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, a fin de incluir la violencia política, iniciativa impulsada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Ortega Máynez, y a la que se sumaron legisladoras de Acción Nacional y del PRD.
 
En esta iniciativa se hizo un recuento de las acciones y omisiones que cometen partidos políticos y militantes para violentar a las mujeres, por ejemplo: postularlas en distritos perdedores, hacer mal uso del presupuesto etiquetado para capacitarlas, agresiones y amenazas durante campaña, sustituciones arbitrarias cuando son legisladoras o tiene un cargo edilicio y difamación y desprestigio, entre otras.
 
Similar a la redacción que se estableció en la ley de la Ciudad de México, la ley de Chihuahua dice que violencia política es “el conjunto de acciones y omisiones cometidas por una persona por sí o a través de terceros que causen daño en contra de una mujer o de su familia en el ejercicio de la representación política o el ejercicio de cargos públicos que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Por otra parte, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) informó que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, entregó al presidente del Congreso del estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el anteproyecto de Ley para la igualdad entre los géneros y sin violencia, propuesta de norma que incluye la violencia política.
 
En un comunicado la Repare dijo que instó al legislador a iniciar el trámite legislativo correspondiente para aprobar esta ley y consideró que, de aprobarse, sería un marco jurídico que garantizará los derechos políticos, electorales y cívicos de la ciudadanía en general y en particular de las mujeres en el próximo proceso electoral 2017-2018.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   “Da qué pensar” que priistas no aprueben reforma
Violencia política: lista antes de 2 de junio o no aplica en 2018
Imagen retomada del Facebook de la Secretaria de Igualdad de Géneros CEE PRD Puebla.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017

La secretaria nacional de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello Rebollar, pidió a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, apoyar y aprobar las reformas para sancionar la violencia política por razones de género.
 
En entrevista, Castello Rebollar señaló que deja mucho en que pensar el procedimiento parlamentario de esta reforma y la forma en que se condujo la diputada priista y presidenta de la Comisión de  Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, quien evitó aprobar las reformas a las leyes electorales en materia de violencia política.
 
En marzo, el Senado envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política, misma que fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia.
 
El 25 de abril la Comisión de Gobernación aprobó reformar las Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y sólo faltaba la votación de la Comisión presidida por la diputada priista.
 
Sin embargo, el pasado 28 de abril, día que finalizó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para discutir el dictamen enviado por el Senado pero la diputada Plascencia Pacheco declaró un receso y jamás reinstaló la sesión lo que evitó votar las reformas y pasarlas al pleno.
 
Al tener parada esta reforma y con las elecciones de 2018 en puerta, Claudia Castello afirmó que este proceso merece un reclamo de parte de todas las mujeres que quieren ser candidatas a un cargo de elección porque se supone que había un consenso de todos los partidos para sacar avante las modificaciones legislaciones.
 
En marzo, después de participar en un foro sobre medios y participación política, los representantes del PRI, PRD y de los Partidos Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política. En esa ocasión el líder priista, Enrique Ochoa, asumió el compromiso.
 
La deuda sigue pendiente y ante ello los líderes de los partidos nuevamente aseguraron que cumplirán. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguraron que habría un periodo extraordinario y que entre los temas a debatir estaría la violencia política. 
 
La urgencia de esta reforma, dice la perredista, es que pueda aplicar en el proceso electoral de 2018. De acuerdo con el Artículo 105 Constitucional las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso inicia en el mes de septiembre de 2017.
 
Para que la reforma en materia de violencia política por razones de género pueda aplicar en las lecciones del próximo año sería necesario que a más tardar el 2 de junio este aprobada, por eso el PRD hizo un llamado para que el periodo extraordinario se convoque a la brevedad posible, aunque Castello Rebollar reconoce que sería muy difícil tener la reforma a tiempo.
 
Las reformas definirían la violencia política por razones de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Por lo pronto la diputada Nereida Plascencia no ha dado una posición pública sobre el retraso en estas reformas pero de acuerdo con Castello Rebollar se presumen que las razones fueron “revanchismos políticos al interior de su partido” y de ahí la importancia de hacer un llamado al PRI para que se vote el tema.
 
Cabe recordar que la diputada Plascencia Pacheco apoyó la propuesta de incorporar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de dar anticoncepción de emergencia y garantizar la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, un tema que causo un amplio rechazo y división entre diputados, al grado que dos veces fue aplazada la discusión y finalmente se retiró.
 
17/AGM/GG
 








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