Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

Todo empezó a andar mal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a partir de los compromisos que hizo Jaime Rochín del Rincón para poder llegar a ser el Comisionado. Buscó e hizo compromisos que en muchos casos no cumplió y en otros entregó las Direcciones Generales a diversos actores políticos, especialmente del PAN, que es el Partido de sus amores. Y fue así que en lugar de ser una institución dividida en 5 feudos que se caracterizaron en revictimizar y que no aplicaba el marco jurídico completo. 

A partir de que hay un solo comisionado y no 6, se atomiza aún más la CEAV y se parte en mini feudos, que no dejan de revictimizar a todas las personas que por su condición de víctimas de la delincuencia organizada, de la desaparición, secuestro, asesinato, feminicidio y delitos en materia de trata de personas, tienen derecho al reconocimiento de desplazadas forzadas internas, o no cuentan con redes sociales de apoyo y se les pichecatea las ayudas de alojamiento y despensa, ya de por sí raquíticas o se les retardan los traslados con el subsecuente retraso en la diligencias de búsqueda de sus familiares o simplemente no se les reembolsan a pesar de haber presentado sus comprobaciones.

Y si hablamos de las reparaciones hay reparaciones que tienen muchos meses, años que no han salido, ni las atracciones que ahora la Ley faculta a la CEAV a realizar.

Hay reparaciones pendientes como la de los Avispones de Iguala, o de la Guardería ABC, que están muy atoradas, ni para atrás, ni para adelante; o la reparación de dos víctimas de trata que tienen en su expediente 3 órdenes de aprehensión sin ejecutar. O la atracción del secuestro y homicidio de Alan Cerón, que dejó a su madre con metástasis en mama. Ojalá alcancen a atraer el asunto y pagar la reparación a su madre en vida. Y alegan que le corresponde al Gobierno de Guerrero, pero nosotras estamos llevando un juicio en un Juzgado de Distrito. Pretextos, obstáculos, insensibilidad e indiferencia es lo que caracteriza a la CEAV frente a las víctimas y a sus representantes, que inclusive desataron una campaña contra los abogados y abogadas que asisten a las víctimas, pretextando que hay abogados que les cobran hasta el 50 por ciento de la reparación, sin tomar en cuenta que también hay ONGS como la nuestra que actúa totalmente pro-bono.

Otra señal de la descomposición de la CEAV fue el impedimento para las víctimas de entrar en el edificio principal, ahora a todas las mandan al anexo y las atienden si tienen cita, si no, no.  Son tratadas como limosneras y como si fueran una molestia, porque ninguno de los funcionarios y funcionarias que ahí laboran tienen la más mínima idea de cómo tratar a las víctimas.

Merece un capítulo aparte el tema de la salud. Yo busqué y volví a buscar en el portal de la Dirección General de Profesiones la cédula profesional que lo acreditara como médico al director médico de la CEAV, Martín Nacif o Naciff Rojas y no la encontré. Es él el responsable de casos tan graves como el de Diana Minerva Fernández Domínguez, a quien hace dos años, los escoltas que deberían protegerla, la agredieron y llegó a SEIDO con un diagnóstico de hiperflexión cervical, pero como el Doctor que quiere agotar niveles le pareció que no era una lesión grave, la dejó sin terapias, al grado de que hoy, por falta de atención tiene tres hernias en cervicales, una lumbar y una en coxis, con grave riesgo que pueda quedar parapléjica. No ha recibido atención de un médico internista, no se le ha atendido su hipertensión, ni sus males cardiacos y la han tenido abandona en un hotel por seis meses, sin darle terapia psicológica, ni ocupacional. 

¿Qué les pasa a quienes llegan a ser funcionarios de la CEAV?, qué no entenderán que sin las víctimas la institución no tendría por qué existir? Todo parece indicar que no tienen ni idea de que están obligados a actuar con la debida diligencia y mucho más, con la debida diligencia estricta, ya que la mayoría de víctimas de trata y de desplazamiento forzado interno, son mujeres con sus hijas e hijos.

Todo es discurso, todo es simulación, por eso, el pasado 8 de noviembre un nutrido número de víctimas de Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Estado de México, Baja California y la Ciudad de México clausuraron simbólicamente la CEAV y amenazaron con regresar pero con más víctimas de todo el país. Ahí estuvieron hasta después de las 12 de la noche y bajaron a atenderlos porque se comunicaron con la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Comisionado Rochín, al día siguiente saco un desafortunado boletín de prensa lleno de imprecisiones y mentiras, ofreciendo que abrirá una Delegación en Tamaulipas, lo que no corrigió que quienes se hicieron presentes en la CEAV a reclamar sus derechos no estén siendo amenazados y se les nieguen sus reembolsos. Dijo Rochín que son víctimas del fuero común, pero no, la inmensa mayoría son del fuero federal por el involucramiento de la delincuencia organizada en sus hechos victimizantes.

A todo lo anterior debemos sumar un número importante de adjudicaciones directas por cantidades millonarias que han circulado por redes sociales.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TZUZ
 

Sin resultados satisfactorios  terminó la reunión que sostuvo hoy una comisión de  familiares de personas desparecidas con autoridades de la  Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la  Procuraduría General de la República (PGR), para tratar en especial los casos de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos en Oaxaca en 2007.
 
Así lo afirmaron abogados e integrantes de las familias, entre ellas Margarita Cruz, hermana de Gabriel Cruz, y Nadin Reyes, hija de Edmundo Reyes, quienes forman parte de 12 colectivos y organizaciones civiles, que marcharon desde la Secretaría de Gobernación a la Fiscalía, con lo cual concluyeron las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se realizó del 23 al 30 de mayo.
 
Lo único que lograron, informó el abogado de la familia de Cruz y Reyes, Sandino Rivero, fue una cita para una mesa de trabajo el próximo 13 de junio con la fiscal especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas. 
 
MARGARITA Y NADIN
 
Desde hace 10 años, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Cruz Sánchez, defensor de Derechos Humanos detenido sin orden  y desaparecido el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, ha acudido a la manifestación “porque el Estado nos obliga a hacer esto, de otra forma no nos escuchan”, afirmó.
 
La también participante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, dijo en entrevista con Cimacnoticias que junto con su hermano también desapareció el defensor Edmundo Reyes Anaya, cuya búsqueda está encabezada por su hija Nadin Reyes Maldonado, y explicó “aunque hace varios años se emitió una orden judicial para buscarlos en los Campos Militares esto no se ha realizado".

CIMACFoto: César Martínez López.

Presente también en la movilización, Teresa, hermana de Minerva Vera Alvarado, desaparecida el 20 de abril de 2006, cuando tenía 60 años de edad, dijo que además de la omisión de las autoridades, los familiares de las personas desaparecidas se enfrentan a largos traslados de donde viven a las instancias de procuración de justicia generales lo que cambia por completo su vida cotidiana.
 
Narró que desde 2006 tuvo que dejar Oaxaca para vivir en la Ciudad de México y estar cerca de las autoridades, dijo que su caso entró al Mecanismo de Búsqueda, pero desde hace años no hay avances. “Así vengo casi cada dos semanas a la PGR y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para presionar por avances”, expresó.
 
Ante ello dijo estar consciente de que única forma de obtener justicia es la exigencia colectiva, por lo que es también integrante del Movimiento por la Paz por Justicia y Dignidad. Y consideró, al igual que las demás familias, que las personas desaparecidas son víctimas de un “terrorismo de Estado”.
 
PRÓXIMA REUNIÓN
 
Sandino adelantó que en la reunión del 13 de junio las autoridades les informarán si aceptan o no que se cite a declarar a funcionarios de la PGR y de mandos militares activos durante 2007 en relación con las desapariciones de Reyes y Cruz; también si aceptan revisar si los cuerpos ubicados en los centros militares coinciden con las características de los defensores y, de ser el caso, se hagan los estudios forenses correspondientes.
 

CIMACFoto: César Martínez López.

En la reunión de hoy efectuada con funcionarios de la PGR también se abordaron los casos de Fidensio Gómez Ortiz, desaparecido en 2015 en Chiapas, donde se acusa al grupo paramilitar “Los Petules” como los autores y al gobierno estatal de encubrirlos.
 
“En los casos no se ha cumplido con el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas de la PGR”, señaló el coordinador del Área de Acompañamiento del Comité Cerezo México, Héctor Cerezo.
 
También se habló del caso de Teodulfo Torres Soriano, desaparecido en la Ciudad de México en el 2013 y del cual “hasta ahora no hay ninguna línea de investigación clara”, añadió el defensor de  Derechos Humanos.
 
Algunas de las organizaciones presentes en la manifestación fueron el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
 
17/MAE/GG

Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Jarab estuvieron este fin de semana en Tamaulipas, para solicitar información a las autoridades y realizar diligencias relacionadas con el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, coordinadora del Colectivo de Personas Desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas, cometido el 10 de mayo frente a su casa.
 
La defensora –quien inició su activismo a partir de la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012, a la que encontró en una fosa clandestina en 2014- había denunciado amenazas y solicitado ayuda a las autoridades, luego de que uno de los responsables del crimen contra su hija se fugó de la prisión, lo que la hacía temer por su vida. 
 
En vísperas de la reunión del Gabinete de Seguridad en Reynosa, que se realiza hoy- el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió la tarde del viernes con el representante de ONU-DH, Jan Jarab y con el titular de CEAV, Jaime Rochín, en presencia de organismos y colectivos de víctimas en el estado, del Procurador estatal y de otros funcionarios locales.
 
Rochín informó que se acordó que el Gobierno federal y el estatal realizarán un trabajo conjunto, con el acompañamiento de ONU-DH, para generar mayor protección y seguridad para las víctimas de desapariciones. Definieron también una estrategia permanente, que incluye la instalación de oficinas de representación de CEAV. 
 
La CNDH informó en un comunicado que el director General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de DH, Rodrigo Santiago,  junto con el representante en México de ONU-DH y personal de CEAV, se trasladaron el fin de semana a San Fernando para reunirse con la familia de la defensora asesinada y constatar las acciones y atención emocional que se les proporciona.
 
La CNDH pidió también al procurador del estado, Irving Barrios Mojica conocer el estado de la carpeta de investigación sobre el homicidio de  Rodríguez Martínez y las diligencias y peritajes realizados. Solicitó también a la Secretaría de Seguridad Pública estatal copia de las bitácoras de la vigilancia que, aseguran, se practicaba en el domicilio de la activista y de las medidas cautelares aplicadas.
 
Señala el Ombudsman nacional que pidió a las autoridades tamaulipecas construir “entornos seguros” para las y los defensores, y ofreció colaborar en las campañas de promoción y capacitación con ese fin.
 
En la reunión que realiza hoy en Reynosa el Gabinete de Seguridad, presidida por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio,  y el gobernador estatal Francisco García, asisten  los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, de la Comisión Nacional de Seguridad y autoridades locales de los tres niveles de gobierno.    
 
Sobre los avances en la investigación del asesinato de Miriam Rodríguez, la Procuraduría estatal no ha aportado más información a los medios, aparte de lo adelantado por el procurador  Irving Barrios, quien dijo el jueves que ya existía un retrato hablado del atacante y que daría a conocer más datos “en las próximas horas”.
 
17/RED

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirmó en un comunicado, emitido poco después del asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, integrante del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, cometido el 10 de mayo enfrente de su casa, que “aunque no se sabe aún quienes fueron los perpetradores directos, constatamos que es la responsabilidad del Gobierno Mexicano, por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija”.
 
En ese coincide también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde afirma que “hubo incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo”.
 
Recuerda el Movimiento que Miriam Rodríguez inició su activismo a partir de la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012 y a quien encontró en una fosa clandestina en 2014, gracias a sus propias investigaciones.
 
Dice el Movimiento que “ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses”  y exige a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, “que dejen de simular y actúen   para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien”.
 
EXIGEN MEDIDAS CAUTELARES
 
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pide, por tanto, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias que soliciten al Estado mexicano Medidas Cautelares para proteger a la familia de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.   
 
Dichas medidas cautelares, señala el comunicado del Movimiento –firmado por decenas de organizaciones que integran el Movimiento, organizaciones civiles, instituciones universitarias y personas solidarias- deben aplicarse también a las y los integrantes de la Comunidad Ciudadana de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, porque corre también riesgo su vida, integridad y seguridad.
  
En la solicitud de medidas cautelares para familiares y activistas coincidieron también en sendos comunicados: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),  CNDH  y Amnistía Internacional (AI), mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que ejerció la facultad de atracción del caso para dar acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales. 
 
ONU-DH recuerda “que el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.
 
Por tanto, realiza “un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de  Rodríguez y  a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México^”.
 
Asegura la CEAV en un boletín que su personal está en contacto permanente con los familiares de la víctima, y que las víctimas indirectas se incorporarán ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), mientras la Asesoría Jurídica Federal las asistirá durante el proceso penal.
 
INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Sobre la investigación del crimen, el  Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige también al Gobierno mexicano “la investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato, a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia”.
 
ONU-DH, por su parte, solicita también que el asesinato “sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad”, además de que “resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad”.
 
SIMBOLISMO ESCALOFRIANTE
 
ONU-DH destaca que el asesinato “fue cometido el día de las madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más escalofriante”.
 
La CNDH coincide en el significado del crimen cometido ese día y afirma que ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México, por lo que la Comisión enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones contra  defensores de derechos humanos.
 
LLAMADO A MEDIOS Y SERVIDORES
 
ONU-DH exhorta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que con su solidaridad y cobertura constantes se logre que quienes luchan en Tamaulipas por encontrar a sus familiares tengan la atención y visibilidad que la gravedad de su situación amerita.
 
La CNDH desataca también la importancia de sensibilizar y profesional a los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia  y recordó que el gobierno ha incumplido para realizar campañas  a favor de los defensoras y defensores de  Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización
 
Amnistía Internacional se sumó asimismo  a la condena del asesinato de la activista y señala que el crimen “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30 mil personas desaparecidas en el país”. Y afirma que “México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas”.  

17/RED