Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Aunque el caso de Karla Pontigo Luciotto, víctima de feminicidio en 2012 en San Luis Potosí, fue atraído por la SJCN para constatar si la Procuraduría estatal cumplió con los estándares de investigación de muertes violentas de mujeres, ahora hay “voces” de magistrados que dicen que “investigar asesinatos violentos de mujeres como feminicidios es un estándar muy alto para fiscalías y Ministerios Públicos”.
 
Así lo denunció a Cimacnoticias la abogada Lorena Delgadillo, quien lleva el caso de Karla, tras participar hoy en una conferencia de prensa junto con Amnistía Internacional México, para presentar la campaña #VivanLasMujeres con el fin de pedir justicia por el caso de Karla Pontigo y los casos de feminicidio en el país
 
“Voces de la Corte nos dicen que el estándar es muy alto, porque se les están pidiendo muchos requisitos a los Ministerios Públicos   para que cumplan y perfeccionen una investigación con perspectiva de género, imposible de alcanzar por su estructura y el contexto de acceso a la justicia en el país”. Y con ello, dijo, “el riesgo es tener menos investigaciones penales por feminicidio”. 
 
Karla de 22 años trabajaba en la discoteca Play, donde su hermano la recogía todos los días después de que concluía con su jornada. El 28 de octubre de 2011, al percatar que no salía, el hermano entró para averiguar qué pasaba, encontró a Karla herida y desangrándose y por lo que fue trasladada al hospital donde falleció.
 

la madre de Karla, Esperanza Lucciotto, estuvo presente en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

 
La madre de Karla, Esperanza Lucciotto, narró en la conferencia de prensa que el hospital la presionó a donar los órganos de su hija para que llamaran a las autoridades e investigaran, ya que se percató que las lesiones que presentaba Karla no las pudo ocasionar un “accidente” como dijeron los responsables del bar. 
 
La versión que dio el personal del bar a la familia y al MP fue que ella chocó contra una puerta de cristal lo que ocasionó el accidente y graves heridas. Durante el proceso, el ministerio le negó a la familia tener acceso al expediente de indagatorias y participar como víctimas del crimen, esto lo lograron después de un año del asesinato al ganar un amparo que dio el juez segundo del ramo penal en SLP.
 
Pese a todo, señala la abogada, también  directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos (FJEDD), la investigación contra el inculpado y dueño del bar donde trabajaba fue por homicidio culposo, a pesar de que la joven presentaba lesiones punzocortantes, signos de violencia sexual, golpes, y había pruebas de que vivió hostigamiento en el trabajo.
 
Por eso, señala Delgadillo, estaremos vigilando ante los dichos de magistrados de que “investigar los asesinatos violentos de mujeres como feminicidio es un estándar muy alto para las Fiscalías y Ministerios Públicos del país”. 
 
LA IMPOTANCIA DEL CASO MARIANA LIMA
 
Afirma la abogada que negar la aplicación de esta jurisprudencia, además de ser una contradicción por parte de la Suprema Corte, “sería un retraso muy grande respecto a lo ganado con el caso de Mariana Lima”, del cual derivó.
 

Ana Lorena Delgadillo Pérez (izq.) abogada coadyuvante del caso de Karla Pontigo | CIMACFoto: César Martínez López

 
En el caso de Lima, en 2015 la Primera Sala determinó que la muerte de la joven ocurrida en junio de 2010 en el Estado de México, tenía que investigarse como un caso de feminicidio -asimismo cualquier asesinato violento de una mujer- ya que el caso fue cerrado con la declaración de su marido de que ésta se había suicidado.
 
“Tenemos que estar alertas, tenemos confianza con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –mismo que falló a favor del caso Mariana Lima y participa en el de Karla-, pero tenemos que vigilar a los demás que se opongan o propongan otro tipo de estándar, lo que se resuelva en el caso de Karla, va afectar a todos los casos de feminicidio”, señaló Lorena Delgadillo.
 
Las denuncias de los familiares por las inconsistencias en la indagatoria del asesinato, derivó que en diciembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 55/2015,  donde se indica que hubo graves deficiencias en la investigación: una autopsia mal practicada, el irregular tratamiento de la escena del crimen, y la falta de medidas para conservar y custodiar las pruebas.
La CNDH pidió la PGJ local castigar a todos aquellos servidores públicos que intervinieron de manera omisa en la investigación y hayan obstaculizado el acceso a la justicia, además ordenó la reparación integral del daño a la familia y medidas de protección por el hostigamiento del que eran víctimas, actos que no ha hecho de manera efectiva la Procuraduría, indicó Delgadillo.
 
REPARACIÓN DEL DAÑO
 
La abogada informó que el 18 abril del año pasado presentaron una propuesta de reparación integral de daños para la familia de Karla, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, alineada a la determinación de la Suprema Corte y los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso conocido como “Campo Algodonero”, pero no tuvieron respuesta.
 
Así mismo dijo, “pedimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuando estaba a cargo el licenciado Rubén Vasconcelos, que atrajera el caso, pero contestó antes de irse que no lo iba a atraer”, por lo que presentaron un amparo en el juzgado 11 de distrito en materia administrativa de la capital, en contra de la CEAV para que atraiga el caso, del cual también esperan respuesta, reportó la abogada.
 
“El llamado es para que gobernador de San Luis y la Procuraduría local, deben proteger realmente a la familia de Karla, con medidas efectivas de protección, y además a la Comisión Ejecutiva debe atraer el caso e iniciar la reparación real del daño a la víctimas.”
 
EL CASO KARLA PONTIGO Y OMISIONES DEL MP
 
A lo largo del proceso, la familia de Karla ha sido hostigada y perseguida por los presuntos inculpados, “Ahora temo por mi seguridad, yo se lo hago saber tanto al gobernador de San Luis, Juan Manuel Carrera, que tiene que ver por la seguridad de mi familia, castigar a los peritos y al Ministerio Público por su mala actuación”, denunció Esperanza.
 
La familia de Karla espera la respuesta de la SCJN para que la Procuraduría de San Luis Potosí vuelva a investigar el caso de Karla esta vez como feminicidio, pues aseguran que en su mismo estado no se puede garantizar que haya justicia, hecho que se podría dar en los próximos meses indicó la abogada Delgadillo Pérez.
 
Como impulsora de la campaña y acompañante del caso, también se presentó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panzi, y la politóloga, Denise Dresser, quienes condenaron los hechos de violencia en contra de las mujeres en México y en específico por Karla, e invitaron a sumarse a la campaña con el hashtag #UsaMiVoz a través de redes sociales.
 
17/HZM/GG

Periodistas de México protestan este martes en Guadalajara, Guamúchil, Mazatlán, Ciudad Obregón, Cuernavaca, Puebla, Chilpancingo, en la capital y en varias ciudades más del país, en contra de la extrema violencia que se ejerce en su contra desde hace años y que ha dejado, tan sólo en lo que va de 2017, siete asesinatos (una mujer y seis hombres), amenazas de muerte, destierros, secuestros, advertencias y una periodista gravemente herida ayer por la tarde.
 
Se trata de Sonia Córdova, subdirectora del semanario “El Costeño”, de Jalisco, quien sufrió un atentado que la tiene en gravedad extrema y que dejó sin vida a su hijo Jonathan Rodríguez, reportero del mismo medio, que iba con ella en el  automóvil que fue baleado.  
 
El mismo día, pocas horas antes, fue asesinado en Sinaloa el periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Río Doce, de Culiacán, Sinaloa y corresponsal del diario La Jornada, experto en temas de narcotráfico y delincuencia organizada, autor de varios libros sobre el tema, quien tras salir de su redacción fue bajado de su automóvil, baleado y tirado en medio de la calle. 
 

Periodistas de Cuernavaca, Morelos protestan por asesinato de periodista Javier Valdez. Imagen: Adriana Mújica

 
A este asesinato le antecede, apenas con un mes de diferencia, el de Miroslava Breach Velducea, también corresponsal de La Jornada en Chihuahua, dedicada a temas de crimen organizado, corrupción gubernamental y narcotráfico. Tras el crimen, Javier Valdez tuiteó el 25 de marzo: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”.
 
Antes de Miroslava y Javier, fueron asesinados Maximino Rodríguez, colaborador de Pericú, el 14 de abril, Filiberto Álvarez Landeros, locutor de Jojutla, el 2 de mayo,  Ricardo Montui, director del diario El Político, el 19 de marzo; el de Cecilio Pineda Birto, periodista independiente, el 2 de marzo.     

Imagen: Adriana Mújica

 
A esto se suma el secuestro de siete periodistas, al norte de Guerrero, por un centenar de personas armadas el fin de semana pasado. Los periodistas sufrieron insultos, golpes, amenazas y el despojo de sus equipos de trabajo, incluido un automóvil donde viajaban por la llamada Tierra Caliente, zona en la cual fue asesinado Cecilio Pineda Birto.
 
Y se suma también el destierro del periodista independiente Fabián García Castrejón, editor del periódico digital “Ámbitos Nayarit” y reportero del portal “Nayarit me gusta”, quien abandonó ese estado ante las amenazas de muerte que le hicieron servidores públicos por su trabajo informativo. 
 
Durante los cuatro meses y los 16 días de este año, en el país se han cometido siete asesinatos de periodistas, más decenas de agresiones, varias en el desempeño de la actividad periodística, según datos de la Casa de los Derechos de Periodistas A. C.
 
La violencia contra periodistas en nuestro país lo colocó, en 2016, como el tercero con más periodistas asesinados. Y Comunicación e información de la Mujer (CIMAC) registró, en su texto “El poder del cacicazgo”, 331 hechos violentos en contra de las periodistas por su labor profesional, de 2002 a 2015, 13 de ellos derivados en casos de feminicidio. 
 
En los más de 120 asesinatos de periodistas registrados de 2000 a 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) existe un grado de impunidad de 99.97 por ciento, considera, lo que provoca que las personas agresoras de periodistas se vean beneficiadas por la inacción del Estado mexicano que estimula los ataques a la Libertad de Expresión y al Derecho a la información.
 
¿CÓMO PROTESTAR? 
 
Una intensa respuesta en redes sociales exige justicia, la renuncia de funcionarios y propone nuevas formas de protesta, además de las marchas, porque ante la cantidad de agravios “no se puede estar marchando con cada asesinato”, señalan, “y que todo siga igual”.
 

periodistas en Guerrero se manifiestan por asesinato de periodista Javier Valdez. Imagen: Guadalupe Cabañas

 
En varios portales han optado por hacer un paro simbólico, con un alto a las publicaciones, como sucede en Oaxaca, en los sitios: Muro mx, Iconos Portal, TV bus, Istmo Press, Informativo 6 y 7, Página3, La región semanario; y en Chiapas Paralelo, de Chiapas.
 
Mientras, en otros medios, en Veracruz por ejemplo, las y los reporteros firman hoy su nota con el nombre de Javier Valdez. Y en Sonora, a través del programa de radio Sala de Redacción, protestan mediante la difusión de información sobre agravios a periodistas.   
 
En la Ciudad de México, a las 19:00 horas de este martes, con velas y de luto,  se realiza una protesta, en la Secretaría de Gobernación, para exigir justicia ante estos crímenes contra periodistas, que afectan  los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a ser informados.
 
A la misma hora, en Puebla, bajo la consigna  “Un periodista asesinado es una voz menos para el pueblo” las y los periodistas se manifestarán frente a la Catedral. 
 
RECLAMO A AUTORIDADES
 
Recién el 10 de mayo, en la Procuraduría General de la República (PGR) se designó como nuevo Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) a Ricardo Sánchez Pérez, con la promesa de reorganizar su  trabajo  y de hacer una evaluación en la  Subprocuraduría de Derechos Humanos, para “fortalecer las capacidades de investigación y procesamiento de casos penales”, revisar cada caso y mantener contacto con organizaciones civiles y periodistas. 
 
Existe también el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyos recursos se vieron disminuidos en 2017, lo que generó el reclamo de organismos como la CNDH a la Secretaría de Hacienda. 
 

 
Esta mañana, en un reclamo a estas autoridades, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del que forma parte la directora Ejecutiva de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes, señaló en un pronunciamiento que los asesinatos de Javier Valdez y de Jonathan Rodríguez, cometidos ayer, “muestran la situación de emergencia que enfrentan en México las y los periodistas y personas defensoras, ante un vergonzoso estado de impunidad.
 
Y por ello exigen a las autoridades  “que conforman el Estado Mexicano -que incluye a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno- una respuesta de protección integral para periodistas y personas defensoras” y la investigación sobre los siete asesinatos, cometidos de marzo a la fecha.
 
A la par, la organización civil Casa de los Derechos de los Periodistas (CDP) reclamó  a dichas autoridades, en un acto frente a la PGR, que “hasta el momento la sociedad y el gremio periodístico, así como las familias de las víctimas, no conozcan el avance de las investigaciones que se realizan desde el ámbito federal”.
 
En un comunicado, la CNDH reiteró su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo. Y subrayó que aun cuando las agresiones a periodistas no provengan de servidores públicos, sino de particulares, el Estado mexicano no está exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de las mismas. Si no se atiende el caso hasta su esclarecimiento total, con castigo a responsables, se reiteran las prácticas criminales, advirtió.
 
¿POR QUÉ DEJAN QUE NOS ESPÍEN Y MATEN?
 
En obligada reunión pública en el Palacio de Gobierno con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, esta mañana las y los periodistas de Río Doce le hicieron fuertes reclamos por la falta de garantías que privan en el estado para el ejercicio de su profesión y que dieron como resultado la muerte de su compañero.
 
Más aún, una periodista le cuestionó “por qué la Secretaría de Gobernación (Segob) deja que nos estén espiando y que luego vengan y nos maten”, “ya hubieran actuado desde hace años”, dijo. El mandatario prometió investigar, dar con los culpables y aseguró que “su dolor es el mío”, aunque al final de la reunión, en una precipitada salida, no hubo ningún acuerdo concreto.
 
Sobre el caso de Miroslava Breach Velducea, compañera de medio de Javier Valdéz, aunque el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reiteró que tenía ya datos certeros sobre los autores materiales e intelectuales del crimen contra la periodista, asesinada en la puerta de su casa cuando iba a dejar a su hijo de 15 años a la escuela, hasta el momento no hay más información.
 
Desde el exterior, el presidente de Francia, Maurice Macron, se pronunció en contra de los crímenes y dijo que las y los periodistas mexicanos viven una situación de emergencia.
 

 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, también expresó en tuiter su condena al crimen y se solidarizó con su familia, con el periódico La Jornada y con el pueblo mexicano.  

17/GG

Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Jarab estuvieron este fin de semana en Tamaulipas, para solicitar información a las autoridades y realizar diligencias relacionadas con el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, coordinadora del Colectivo de Personas Desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas, cometido el 10 de mayo frente a su casa.
 
La defensora –quien inició su activismo a partir de la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012, a la que encontró en una fosa clandestina en 2014- había denunciado amenazas y solicitado ayuda a las autoridades, luego de que uno de los responsables del crimen contra su hija se fugó de la prisión, lo que la hacía temer por su vida. 
 
En vísperas de la reunión del Gabinete de Seguridad en Reynosa, que se realiza hoy- el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió la tarde del viernes con el representante de ONU-DH, Jan Jarab y con el titular de CEAV, Jaime Rochín, en presencia de organismos y colectivos de víctimas en el estado, del Procurador estatal y de otros funcionarios locales.
 
Rochín informó que se acordó que el Gobierno federal y el estatal realizarán un trabajo conjunto, con el acompañamiento de ONU-DH, para generar mayor protección y seguridad para las víctimas de desapariciones. Definieron también una estrategia permanente, que incluye la instalación de oficinas de representación de CEAV. 
 
La CNDH informó en un comunicado que el director General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de DH, Rodrigo Santiago,  junto con el representante en México de ONU-DH y personal de CEAV, se trasladaron el fin de semana a San Fernando para reunirse con la familia de la defensora asesinada y constatar las acciones y atención emocional que se les proporciona.
 
La CNDH pidió también al procurador del estado, Irving Barrios Mojica conocer el estado de la carpeta de investigación sobre el homicidio de  Rodríguez Martínez y las diligencias y peritajes realizados. Solicitó también a la Secretaría de Seguridad Pública estatal copia de las bitácoras de la vigilancia que, aseguran, se practicaba en el domicilio de la activista y de las medidas cautelares aplicadas.
 
Señala el Ombudsman nacional que pidió a las autoridades tamaulipecas construir “entornos seguros” para las y los defensores, y ofreció colaborar en las campañas de promoción y capacitación con ese fin.
 
En la reunión que realiza hoy en Reynosa el Gabinete de Seguridad, presidida por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio,  y el gobernador estatal Francisco García, asisten  los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, de la Comisión Nacional de Seguridad y autoridades locales de los tres niveles de gobierno.    
 
Sobre los avances en la investigación del asesinato de Miriam Rodríguez, la Procuraduría estatal no ha aportado más información a los medios, aparte de lo adelantado por el procurador  Irving Barrios, quien dijo el jueves que ya existía un retrato hablado del atacante y que daría a conocer más datos “en las próximas horas”.
 
17/RED

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirmó en un comunicado, emitido poco después del asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, integrante del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, cometido el 10 de mayo enfrente de su casa, que “aunque no se sabe aún quienes fueron los perpetradores directos, constatamos que es la responsabilidad del Gobierno Mexicano, por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija”.
 
En ese coincide también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde afirma que “hubo incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo”.
 
Recuerda el Movimiento que Miriam Rodríguez inició su activismo a partir de la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012 y a quien encontró en una fosa clandestina en 2014, gracias a sus propias investigaciones.
 
Dice el Movimiento que “ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses”  y exige a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, “que dejen de simular y actúen   para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien”.
 
EXIGEN MEDIDAS CAUTELARES
 
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pide, por tanto, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias que soliciten al Estado mexicano Medidas Cautelares para proteger a la familia de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.   
 
Dichas medidas cautelares, señala el comunicado del Movimiento –firmado por decenas de organizaciones que integran el Movimiento, organizaciones civiles, instituciones universitarias y personas solidarias- deben aplicarse también a las y los integrantes de la Comunidad Ciudadana de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, porque corre también riesgo su vida, integridad y seguridad.
  
En la solicitud de medidas cautelares para familiares y activistas coincidieron también en sendos comunicados: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),  CNDH  y Amnistía Internacional (AI), mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que ejerció la facultad de atracción del caso para dar acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales. 
 
ONU-DH recuerda “que el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.
 
Por tanto, realiza “un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de  Rodríguez y  a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México^”.
 
Asegura la CEAV en un boletín que su personal está en contacto permanente con los familiares de la víctima, y que las víctimas indirectas se incorporarán ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), mientras la Asesoría Jurídica Federal las asistirá durante el proceso penal.
 
INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Sobre la investigación del crimen, el  Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige también al Gobierno mexicano “la investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato, a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia”.
 
ONU-DH, por su parte, solicita también que el asesinato “sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad”, además de que “resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad”.
 
SIMBOLISMO ESCALOFRIANTE
 
ONU-DH destaca que el asesinato “fue cometido el día de las madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más escalofriante”.
 
La CNDH coincide en el significado del crimen cometido ese día y afirma que ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México, por lo que la Comisión enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones contra  defensores de derechos humanos.
 
LLAMADO A MEDIOS Y SERVIDORES
 
ONU-DH exhorta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que con su solidaridad y cobertura constantes se logre que quienes luchan en Tamaulipas por encontrar a sus familiares tengan la atención y visibilidad que la gravedad de su situación amerita.
 
La CNDH desataca también la importancia de sensibilizar y profesional a los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia  y recordó que el gobierno ha incumplido para realizar campañas  a favor de los defensoras y defensores de  Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización
 
Amnistía Internacional se sumó asimismo  a la condena del asesinato de la activista y señala que el crimen “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30 mil personas desaparecidas en el país”. Y afirma que “México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas”.  

17/RED