Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz que incorpora la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dotándole de atribuciones en la materia.
 
Con 42 votos a favor de diputados de los partidos  Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del grupo legislativo Juntos por Veracruz y del legislador del Partido Verde (PVEM), el pleno avaló esta reforma con la también se establecen atribuciones al Tribunal Superior de Justicia, dado que el Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones con pleno apego a sus Derechos Humanos.
 
Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 24 de enero la diputada Teresita Zuccolotto Feito a nombre del grupo legislativo del PAN.
 
Conforme a la reforma, corresponde a la Fiscalía General del Estado garantizar mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena y promover la formación y especialización con perspectiva de género de las y los Fiscales y de todo el personal encargado de atender a las y los denunciantes.
 
También brindar a las mujeres víctimas de violencia la asistencia y orientación jurídica adecuada, de conformidad con los ordenamientos aplicables y evitar la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres, en tanto dure la situación de violencia.
 
Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y brindar protección a las mujeres víctimas de violencia y a quienes denuncien cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
 
Instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
 
Por lo que respeta al Tribunal Superior de Justicia del Estado,  le corresponde formar, actualizar y especializar a su personal en materia de Derechos Humanos de las mujeres y crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio­jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia.
 
También promover una cultura libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista; informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan y alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Emitir sus resoluciones con base en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las mujeres y generar mecanismos, y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres.
 
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que ante la Alerta de
Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación a Veracruz en noviembre de 2016, donde existen obligaciones que deben cumplir tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del estado, es importante incorporar sus atribuciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

17/RED/GG

Con nueve años de retraso desde que se estableció, en Yucatán hoy entra en vigor el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre cuyos objetivos está promover la armonización entre el Código Penal estatal con el Federal en materia de feminicidio; sin embargo, las organizaciones dudan de su cumplimiento.
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad planteó desde su expedición, en marzo de 2008, la creación del Programa Especial, sin embargo, el Gobierno de Yucatán lo instaló oficialmente hasta el día de ayer mediante el Decreto 476/2017.
 
La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, criticó el anuncio que hizo el Gobierno priista de Rolando Zapata Bello al calificar el Programa “como algo novedoso” cuando, aseguró “era una obligación gubernamental desde 2008”.
 
Salas Salazar denunció que, además del Observatorio, diversas organizaciones civiles en Yucatán dudan de la eficiencia del programa porque, recalcó, la Ley de Acceso estatal “es letra muerta”.
 
“La creación del Programa no garantiza nada para el acceso a la justicia de las mujeres porque el Poder Legislativo y Poder Judicial no trabajan con perspectiva de género”, afirmó la defensora de Derechos Humanos.
 
Los temas que aborda el Programa Especial son: la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de cuatro objetivos, 14 estrategias y 74 líneas de acción. Además, establece el compromiso coordinado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la armonización de contenidos legislativos necesarios para se cumpla y obliga a las dependencias y entidades de la administración pública a financiarlo anualmente.
 
DELITO DE FEMINICIDIO
 
Una de las estrategias para asegurar la reparación del daño de delitos por violencia plantea la integración de un registro estatal de casos de feminicidio "con datos sociodemográficos de víctimas".
 
Organizaciones como Yucatán Feminicida ya habían denunciado desde 2016 que el gobierno yucateco no mantiene actualizado el Banco Estatal de Datos e Información, en donde se registran casos de violencia contra las mujeres, incluido los delitos de feminicidio.  
El Programa también establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y a la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG) reformar el seguimiento y sanción del delito de feminicidio.
 
También menciona como responsable al Comité de Sanción del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero sobre la actuación del Consejo Estatal, denunció Adelaida Salas, “no hay claridad de sus labores y cuando se creó, porque supuestamente ya labora”
 
Dentro de la estrategia del Programa Especial para Promover la cultura de la denuncia hacia actos de violencia y discriminación contra las mujeres, se plantea que el Comité de Sanción y TSJ tienen la tarea de promover la armonización del delito de feminicidio acorde con el Código Penal federal.
 
Para que ello se cumpla, precisó Adelaida Salas, también debe trabajarse en reformas a la Ley de Acceso que cumplan con las exigencias de las mujeres de la entidad para que se les garantice la protección de sus derechos.
 
Además, la defensora de Derechos Humanos sentenció “si se sigue ignorando que las y los funcionarios no tienen el perfil para trabajar por los derechos de las mujeres, aunque se creen nuevas instancias la seguridad de las mujeres no va a estar garantizada”.
 
17/MMAE/GG