Atender

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz que incorpora la Fiscalía General del Estado (FGE) al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, dotándole de atribuciones en la materia.
 
Con 42 votos a favor de diputados de los partidos  Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del grupo legislativo Juntos por Veracruz y del legislador del Partido Verde (PVEM), el pleno avaló esta reforma con la también se establecen atribuciones al Tribunal Superior de Justicia, dado que el Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones con pleno apego a sus Derechos Humanos.
 
Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 24 de enero la diputada Teresita Zuccolotto Feito a nombre del grupo legislativo del PAN.
 
Conforme a la reforma, corresponde a la Fiscalía General del Estado garantizar mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia plena y promover la formación y especialización con perspectiva de género de las y los Fiscales y de todo el personal encargado de atender a las y los denunciantes.
 
También brindar a las mujeres víctimas de violencia la asistencia y orientación jurídica adecuada, de conformidad con los ordenamientos aplicables y evitar la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres, en tanto dure la situación de violencia.
 
Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y brindar protección a las mujeres víctimas de violencia y a quienes denuncien cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
 
Instrumentar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
 
Por lo que respeta al Tribunal Superior de Justicia del Estado,  le corresponde formar, actualizar y especializar a su personal en materia de Derechos Humanos de las mujeres y crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio­jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia.
 
También promover una cultura libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista; informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan y alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Emitir sus resoluciones con base en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de las mujeres y generar mecanismos, y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres.
 
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que ante la Alerta de
Violencia de Género emitida por la Secretaría de Gobernación a Veracruz en noviembre de 2016, donde existen obligaciones que deben cumplir tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del estado, es importante incorporar sus atribuciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

17/RED/GG

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) implementará un protocolo interno para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en razón de género tanto al interior, como al exterior del partido, por lo que llamó a los demás partidos a realizar lo mismo.

En un comunicado, la Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, informó que su partido tendrá Cero Tolerancia a la violencia política contra las mujeres, y rechazó todas las conductas que impliquen discriminación y violencia política, por lo que el Protocolo, deberá ser aplicado por el Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales y Municipales, así como a todos sus órganos autónomos, en el proceso electoral que se avecina.

Con este protocolo se mandata a todos los grupos parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de los estados a priorizar en sus agendas legislativas la erradicación de la violencia política de género toda vez que ésta obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Claudia Castello Rebollar, hizo un llamado respetuoso a que los demás partidos políticos adopten medidas para sancionar esta violencia  ya que se presenta los partidos políticos.

El Protocolo plantea “sancionar toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga como finalidad o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros”.

Detalla una lista de conductas sancionables por violencia política contra las mujeres afiliadas al Partido en su calidad de aspirantes, precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular o partidario, candidatas externas, candidatas electas, representantes populares o dirigentes.

Entre las sanciones propuestas, destacan la suspensión de derechos partidarios, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido, inhabilitación para ser registrarse a candidaturas a cargos de elección popular, la negativa o cancelación de su registro en precandidaturas, hasta la expulsión.

El Protocolo precisa que las y los perredistas y sus equipos se abstendrán de recurrir a mensajes sexistas para descalificar a candidatas de otros partidos con base en estereotipos de género, así

como de ejercer cualquier tipo de violencia política en su contra, haciendo extensivo este compromiso de respeto y no agresión a las mujeres que se desempeñen como autoridades, legisladoras, o funcionarias emanadas de otros partidos políticos.

17/LGL

Frente a la violencia de género, especialmente la violencia familiar, la respuesta inmediata y preventiva del Estado puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, de ahí que considerar una guía o protocolo de atención a las llamadas que llegan a los números de emergencia, como el 911, constituye no solo una responsabilidad sino un mecanismo que incida positivamente en generar condiciones para prevenir casos de feminicidio.
 
Si se mira al 911 como un mecanismo de obligación formal y relacionado exclusivamente con “urgencias” entre las que no se consideran escenarios de riesgo feminicida, no habrá forma de prever y fortalecer las áreas de trabajo y dotar al personal de insumos para garantizar una adecuada prevención con la detección de escenarios de riesgo para la vida de las mujeres.
 
Si se hace una evaluación oportuna de los contextos en los que ocurrieron los feminicidios, se podrá encontrar información que habla sobre escenarios previos que vinieron acompañados de constantes llamados a los números de emergencia sin que se tomaran en cuenta para medir el riesgo y generar intervenciones que pudieran prevenir los casos de feminicidio.
 
No solo se trata de un número que sustituye al 066 sino que debe venir a dar respuesta organizada a uno de los problemas más graves de violencia que se vive en México, la violencia en el ámbito familiar o comunitario, y que está relacionada con los asesinatos de mujeres que pudieron prevenirse de haber aplicado una guía de pasos que ayudaran a detectar los riesgos pero también para intervenir en forma efectiva.
 
La responsabilidad es muy clara para el Estado Mexicano, no solo en los lineamientos de programas institucionales, sino que han quedado establecidos en los objetivos institucionales del Inmujeres que están vinculados en forma específica con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD 2013-2018).
 
En su estrategia 2.3 de Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y las niñas en todos los tipos y modalidades de violencia, en la línea de acción 2.3.3 señala: Fomentar los servicios de atención telefónica las 24 horas los 365 días del año.
 
En tanto que en el mismo documento de obligación nacional para todas las instituciones, estados y municipios, en la línea de acción 2.3.9 se establece: “Impulsar la creación de un 01800 en todo el país para direccionar a víctimas de violencia”.
 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO
 
De manera más puntual, otro documento que recupera y establece la obligatoriedad para las entidades de atender no solo con perspectiva de género un 911, sino garantizar una estrategia específica de atención a la violencia, se encuentra en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres 2014-2018.
 
En la estrategia 3.1 relativa a “Establecer servicios integrales de atención a mujeres en situación de violencia en su ciclo de vida, se señalan al menos tres líneas de acción que configuran la responsabilidad que el propio Estado Mexicano asume:
 
3.1.1 Promover y ampliar servicios gratuitos y accesibles de atención con enfoque diferencial y especializado para mujeres; 3.1.2 Estandarizar los servicios de atención telefónica mediante su vinculación a los Centros de Control, Comando Comunicación Cómputo C-4; 3.1 Establecer servicios integrales de atención a mujeres en situación de violencia en su ciclo de vida; 3.1.2 Estandarizar los servicios de atención telefónica mediante su vinculación a los Centros de Control, Comando Comunicación Cómputo C-4.
 
Lo que sigue es cumplir con estas líneas de acción pero hacerlo con instrumentos que otorguen pautas para garantizar el proceso de atención con perspectiva de género, enfoque de Derechos Humanos y en cumplimiento a las medidas mínimas de atención para la prevención de la violencia feminicida.
 
Las personas y los recursos materiales de los que se dispone en las áreas de atención del 911 deben incluir, dando cumplimiento a estas responsabilidades señaladas en los documentos institucionales, procesos bajo guías o protocolos de atención a llamadas de auxilio relacionadas con la violencia de género.
 
El compromiso está ahí, en el papel, ahora toca garantizar que se cumplan bajo protocolos que reconozcan las implicaciones y alcances de la violencia contra las mujeres y hacer del 911 un mecanismo de prevención de la violencia feminicida como política pública.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG

Con nueve años de retraso desde que se estableció, en Yucatán hoy entra en vigor el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre cuyos objetivos está promover la armonización entre el Código Penal estatal con el Federal en materia de feminicidio; sin embargo, las organizaciones dudan de su cumplimiento.
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad planteó desde su expedición, en marzo de 2008, la creación del Programa Especial, sin embargo, el Gobierno de Yucatán lo instaló oficialmente hasta el día de ayer mediante el Decreto 476/2017.
 
La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, criticó el anuncio que hizo el Gobierno priista de Rolando Zapata Bello al calificar el Programa “como algo novedoso” cuando, aseguró “era una obligación gubernamental desde 2008”.
 
Salas Salazar denunció que, además del Observatorio, diversas organizaciones civiles en Yucatán dudan de la eficiencia del programa porque, recalcó, la Ley de Acceso estatal “es letra muerta”.
 
“La creación del Programa no garantiza nada para el acceso a la justicia de las mujeres porque el Poder Legislativo y Poder Judicial no trabajan con perspectiva de género”, afirmó la defensora de Derechos Humanos.
 
Los temas que aborda el Programa Especial son: la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de cuatro objetivos, 14 estrategias y 74 líneas de acción. Además, establece el compromiso coordinado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la armonización de contenidos legislativos necesarios para se cumpla y obliga a las dependencias y entidades de la administración pública a financiarlo anualmente.
 
DELITO DE FEMINICIDIO
 
Una de las estrategias para asegurar la reparación del daño de delitos por violencia plantea la integración de un registro estatal de casos de feminicidio "con datos sociodemográficos de víctimas".
 
Organizaciones como Yucatán Feminicida ya habían denunciado desde 2016 que el gobierno yucateco no mantiene actualizado el Banco Estatal de Datos e Información, en donde se registran casos de violencia contra las mujeres, incluido los delitos de feminicidio.  
El Programa también establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y a la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG) reformar el seguimiento y sanción del delito de feminicidio.
 
También menciona como responsable al Comité de Sanción del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero sobre la actuación del Consejo Estatal, denunció Adelaida Salas, “no hay claridad de sus labores y cuando se creó, porque supuestamente ya labora”
 
Dentro de la estrategia del Programa Especial para Promover la cultura de la denuncia hacia actos de violencia y discriminación contra las mujeres, se plantea que el Comité de Sanción y TSJ tienen la tarea de promover la armonización del delito de feminicidio acorde con el Código Penal federal.
 
Para que ello se cumpla, precisó Adelaida Salas, también debe trabajarse en reformas a la Ley de Acceso que cumplan con las exigencias de las mujeres de la entidad para que se les garantice la protección de sus derechos.
 
Además, la defensora de Derechos Humanos sentenció “si se sigue ignorando que las y los funcionarios no tienen el perfil para trabajar por los derechos de las mujeres, aunque se creen nuevas instancias la seguridad de las mujeres no va a estar garantizada”.
 
17/MMAE/GG