Miriam Rodríguez Martínez

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Violencia contra activistas se agrava en procesos electorales: Front Line Defenders
2017 cerró con 31 personas defensoras asesinadas en México
Imagen retomada de Front Line Defenders
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 05/01/2018

Durante 2017 en México fueron asesinados 31 defensores de Derechos Humanos, 28 hombres y tres mujeres, señala el reporte anual de la organización Front Line Defenders (FLD), que se dedica a la protección de personas defensoras a nivel mundial.

El reciente informe contabilizó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países en 2017, la mayor parte de ellos, en Latinoamérica. Sin embargo, destacó que la estrategia más común para atacar a este grupo de personas es por medio de la criminalización.

El 80 por ciento de los asesinatos fueron cometidos en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas. En Brasil, fueron ultimados 25 defensores y dos defensoras. En Colombia fueron 79 hombres y doce mujeres y en México 28 hombres y tres mujeres,

En el caso de México el 23 de marzo de 2017 fue asesinada la periodista y corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea; el 10 de mayo ocurrió el crimen contra la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que buscaba a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida en Tamaulipas, desde 2012.

El informe también documento el asesinato de Meztli Omixochitl Sarabia, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, quien fue asesinada el 29 de junio en Puebla.

En México Front Line Defenders destacó un alza en los asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente y periodistas. En general, contabilizó cinco muertes más que en 2016. También señaló su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2017 ya que, dijo, “los términos de la ley son ambiguos y pueden provocar implementación arbitraria, teniendo efectos negativos en protestas sociales.”

Destacó además el descubrimiento de la implementación del programa de espionaje “Pegasus” que el gobierno mexicano supuestamente usó en contra de defensoras y defensores de Derechos Humanos, abogadas, abogados y periodistas.

Las amenazas contra defensoras muchas veces tienen una dimensión de género, escribió la organización en su reporte, haciendo referencia a la violencia sexual, asesinatos o ataques con ácidos hacia las mujeres, una forma de violencia que se emplea en el sureste de Asia. También se registró violencia sexual por parte de policías y amenazas contra hijos e hijas de defensoras.

En el caso de México, una mujer desconocida amenazó al hijo de la defensora de derechos laborales, Rita Amador López. En julio pasado vía telefónica le dijeron: “Dile a Rita que vamos a matar uno de sus hijos”.

Las amenazas con dimensión de género se reportaron en muchos países de Latinoamérica: En El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú, y Honduras.

En general gran parte de las y los defensores asesinados el año pasado se dedicaban a la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Muchas veces, la violencia contra las personas que defienden una causa se da durante la implementación de mega proyectos, aunque como un ejemplo inspirador se menciona la aprobación de una ley en El Salvador que prohíbe las empresas mineras en todo el territorio nacional.

En muchos casos, mencinó el reporte de FLD, las instituciones del Estado no respondieron a las amenazas y ataques, y en otros, las mismas fuerzas estatales fueron las responsables de estos crímenes.

Una estrategia común para acallar a las y los activistas fue interponer en su contra procesos legales infundados, en la mayoría de las ocasiones acompañadas por campañas difamatorias. Estas campañas tienen como objetivo alejar a las activistas de la población en general y del grupo de personas cuyos derechos están defendiendo, retratándoles como “enemigos del Estado” y desviando la atención de las deficiencias del estado.

Uno de los puntos preocupantes es que según los datos de FLD durante los procesos electorales se produce un incremento de ataques contra defensoras y defensores. Esta característica resaltó porque en 2018 Brasil, Colombia y México, los países con mayor número de asesinatos, estarán en la organización y ejercicio de comicios.

18/SG








NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC lanzan S.O.S a ONU y CIDH
Asesinan a Miriam Rodríguez, del Colectivo Desaparecidos de San Fernando
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2017

Carente de la  protección que había solicitado a las autoridades para preservar su vida, anoche fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, enfrente de su casa, la activista Miriam Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, baleada por un comando. 
 
Miriam, quien murió en  el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal. 
 
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam  -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
 
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
 
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa. 
 
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
 
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que  no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
 
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
 
S.O.S A ONU Y  CIDH
 
 
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.    
 
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam. 
 
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”. 
 
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
 
ACOSO DE LA POLICÍA
 
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico. 
 
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión. 
 
17/ RED 








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