Acuerdos de paz

Con el objetivo de analizar el quehacer del periodismo en la búsqueda de la igualdad de derechos para las mujeres y su aporte en la construcción de la paz en Colombia, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género organizará el seminario internacional “Las mujeres y los medios en los procesos de paz”, este 2 y 3 de mayo.
 
En el seminario, a realizarse en el Teatro México de la Universidad Central en Bogotá, Colombia, se compartirán las experiencias de inclusión y no discriminación de las mujeres en los medios masivos durante procesos de negociación y construcción de una cultura de paz y propuestas alternativas desde la comunicación para narrar el posconflicto con perspectiva de género desde los derechos de las mujeres.
 
También se analizará el papel de la sociedad civil en la información y el rol de las redes sociales para promover los derechos de las mujeres, según informó en un comunicado la Red Colombiana, que además celebrará una década de trabajo con este encuentro.
 
La directora de la Red, la periodista Fabiola Calvo Ocampo, afirmó que “el seminario es novedoso porque es un tema que ha tenido escasa visibilidad y tendrá como invitadas a reconocidas periodistas de países con conflictos similares al colombiano. Adicionalmente, se presentará una iniciativa para incidir en las salas de redacción y facultades de comunicación y periodismo en las regiones, para que a través de su oficio contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres”.
 
De acuerdo con la Red uno de los retos que enfrentan los profesionales de la comunicación es cómo producir mensajes periodísticos, comunicativos, informativos y publicitarios que no reproduzcan las desigualdades entre hombres y mujeres. Como ejemplo, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, realizado en 2015, muestra que las mujeres son objeto de noticia solamente en 29 por ciento de los casos y son escasas las noticias que desafían estereotipos de género.
 
En América Latina, exponen las organizadoras, los hechos de violencia hacia las mujeres rara vez se abordan desde un enfoque de derechos y la presencia de mujeres en las noticias está marcada por el uso de estereotipos.
 
Según la investigación Estereotipos y Roles de Género utilizados en la Publicidad Transmitida a través de la Televisión de la Fundación Konrad Lorenz, se estima que cerca de la mitad de los contenidos promueven estereotipos sexistas.
 
A propósito de su décimo aniversario, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género convocó a quienes ejercen el periodismo y la comunicación con la propuesta de construir nuevas subjetividades y otras miradas para abrir las puertas a un lenguaje transformador que permita un periodismo con visión y enfoque de género.
 
El seminario es apoyado por ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, el diario El Espectador con el proyecto Colombia 2020, la Universidad Central, los ministerios del Interior y de Cultura, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
 
Entre las invitadas internacionales estarán la abogada, periodista, locutora y activista por los derechos de las mujeres, la infancia y la libertad de prensa en El Congo, Caddy Adzuba, quien en 2014 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias; la fundadora de La Cuerda, publicación feminista que surgió luego de la firma de los Acuerdos de Paz en ese Guatemala, Rosalinda Hernández Alarcón; y la editora del Diario El Mundo de El Salvador y Premio de Periodismo de Investigación en las Américas, María Cidón Kiernan.
 
17/AGM/GG

Organizaciones de mujeres de Sololá así como la alcaldía indígena, exigieron al Estado de Guatemala el cumplimiento del plan de acción en el marco del 16 aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la trata de personas y la violencia sexual.
 
Rosa María Wantland, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) dijo que, en coordinación con la Alcaldía Indígena de Sololá y agrupaciones de mujeres, demandan el cumplimiento de la Resolución 1325, campaña que se impulsa en el marco de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
 
En el marco del 16 aniversario de la resolución, la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el 20 aniversario de los Acuerdos de Paz, se lanza la campaña #1325GuateYa, que promueve la implementación de la resolución para la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones y para la prevención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas en Guatemala.
 
En dicho documento se hace un llamado a todos los operadores de justicia y seguridad, para poner fin a la violencia sexual y otras formas de violencia, como garantía y la reparación transformadora en casos de violencia contra las mujeres.
 
La resolución 1325 es la primera en reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de paz, enfatizando el impacto de los conflictos en la vida de las mujeres y que la violencia sexual y otras formas de violencia en su contra, obstaculizan la consolidación de la paz mundial.
 
María Morales, alcaldesa comunitaria del barrio el Calvario, demandó al Estado el cumplimiento de la Resolución 1325, para erradicar todo tipo de violencia principalmente contra las indígenas, pues las denuncias no reflejan la realidad.
 
16/RED/LGL

Mujeres reunidas en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realiza en Montevideo, Uruguay, del 25 al 28 de octubre, firmaron la Declaración sobre el Acuerdo de Paz en Colombia para expresar su apoyo a las colombianas que han luchado por alcanzarla tras más de 50 años de conflicto armado.

Después de observar con asombro el triunfo del “no” en el plebiscito del pasado 2 de octubre cuando el pueblo colombiano votó para ratificar o rechazar los Acuerdos de Paz, las mujeres dijeron en su documento que la paz y la igualdad de género son requisitos imprescindibles para el pleno ejercicio de la ciudadanía. 

En el documento elaborado durante la Conferencia Regional que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las mujeres expresaron su respaldo a quienes están comprometidas con el logro de un acuerdo que les permita transitar a la construcción de la paz y a la consolidación de la democracia.

La guerra produce situaciones devastadoras para cualquier proyecto democrático: el enorme gasto público militar en detrimento de las políticas sociales, la violencia, el miedo, la profundización de las desigualdades, los crímenes de lesa humanidad, los delitos atroces, las vidas sacrificadas, los sueños truncos”, se lee en el pronunciamiento.

En este momento, aseguraron las feministas, son dos los imperativos: que se firme ahora un nuevo acuerdo, y que no se desaproveche la oportunidad política para que el acuerdo logrado contenga los más elevados estándares posibles de verdad y justicia.

En su posicionamiento, las organizaciones explican que quienes lideraron el “no” al Acuerdo de Paz y en especial algunos de sus líderes incluyendo a la Iglesia y especialmente los pastores evangélicos, tienen otros intereses y que su voto ha puesto en riesgo el anhelo de una paz estable y duradera.

Desde estos grupos “conservadores y antiderechos” se ha iniciado una cruzada contra toda forma de igualdad para las mujeres, contra el respeto a toda diferencia, contra la no discriminación y contra la diversidad, por lo que las firmantes afirmaron que la población femenina también debe ser protagonista de este proceso.

Desde América Latina y el Caribe, dijeron las agrupaciones, estarán atentas para impedir que se utilice el desacuerdo frente a lo negociado por el gobierno colombiano y las FARC-EP, para conminar a las mujeres y a la población lésbico, gay, transexual, intersexual y transgenérico al lugar de la subordinación, la marginalidad y la exclusión.

16/AGM/LGL

Mientras buena parte de Colombia aún se pregunta cómo se esfumó de un día para otro el ansiado horizonte de paz, una mujer se prepara para emprender su propia guerra. La librará acompañada de sus tres hijos e hijas y de su marido para regresar de vuelta a una tierra que tuvo que abandonar entre tiros hace 3 años.
 
Aquella noche, tras apuntarle en la frente con un rifle, le arrebataron el bastón de mando que la legitimaba como gobernadora del cabildo nasa Raíces de Oriente, una comunidad indígena integrada por 24 familias y reconocida oficialmente en el Cauca colombiano.
 
En 2013, Luz Marina Flor fue expulsada de la tierra que había ocupado junto a su comunidad en 2006 por un grupo de campesinos con los que habían convivido desde el inicio de la toma. Según Flor, aunque también son indígenas no se identifican como tal, ni defienden la cosmovisión ni la cultura originaria que comunidades como la nasa reclaman: el cuidado y protección de la Madre Tierra como parte misma de su existencia, la recuperación de sus prácticas medicinales tradicionales y de sus lenguas, el rechazo de cualquier actor armado en sus territorios, así como la respuesta pacífica a los conflictos, entre otras cuestiones sustanciales.
 
Por eso, cuando su comunidad intentó profundizar en estas premisas rechazando el uso de insecticidas, la agresión a la tierra que acarrea el cultivo intensivo y otras prácticas que pudieran dañar el ecosistema, la vecindad –que se había integrado inicialmente aceptando la orientación del proyecto comunitario– se rebeló.
 
Una vez más, la lucha por el acceso a la tierra detonó violencia y derramamiento de sangre. Colombia es uno de los países con mayor concentración de su propiedad: 77 por ciento de la tierra está en manos de 13 por ciento de la población y de éstos un exiguo 3.6 por ciento acumula 30 por ciento del territorio.
 
 
También está en el origen de una guerra que se inició hace más de medio siglo y que los Acuerdos de Paz alcanzados por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC intentaba cicatrizar, entre otras medidas, con una reforma agraria que prometía el reparto de tres millones de hectáreas entre las personas más necesitadas de terreno y la regularización de la titularidad de otros siete millones, cuyos habitantes no cuentan con documentación que acredite su propiedad.
 
Éste es el caso del cabildo liderado por Flor. Sin embargo, esta revolucionaria normativa que priorizaba el acceso a la explotación y a la propiedad de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad no terminaba de resolver el conflicto entre los distintos colectivos que compiten por la misma –además de contra oligarcas y multinacionales–: indígenas, afrodescendientes, campesinado y personas mestizas.
 
“[El presidente de Colombia, José Manuel] Santos está negociando unos Acuerdos de Paz por los que se van a crear unas reservas campesinas que finalmente van a ser el territorio de los guerrilleros. Santos y la guerrilla están repartiéndose el país”. Así resumía hace 3 años Luz Marina la opinión por la que una parte de las comunidades indígenas se mostraron reacias a las negociaciones de La Habana. Temían que el aumento de las llamadas Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) – espacios destinados a dotar de tierras al campesinado– perjudicara sus reclamos de contar con más cabildos –territorios propiedad y gobernados por los pueblos originarios–.
 
A esta suspicacia hay que sumar la generada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos gobiernos (2002-2010) y en su campaña de rechazo a los Acuerdos de Paz, cuando extendió la idea de que las Zonas de Reserva Campesina serían empleadas por la guerrilla para asentarse en el caso de que el proceso de paz prosperara.
 
De esta manera criminalizaba a la población campesina al vincularla con la insurgencia y promovía el rechazo de la opinión pública a la creación de estos espacios, un derecho reconocido constitucionalmente desde 1994.
 
Los Acuerdos de Paz, que no fueron ratificados por la ciudadanía, recogían no sólo la creación de ZRC sino que hacían especial hincapié en la necesidad de dotar de tierras atendiendo a las tradiciones, a la cosmovisión y a las necesidades étnicas y culturales de cada uno de los colectivos con necesidades de tierra en Colombia.
 
VIGILANTES DE SU VUELTA
 
Pero justo cuando una mayoría del país daba por sentada el refrendo de los Acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre, Luz Marina Flor me contactaba para que la batalla que había decidido emprender tuviera testigos, aunque fuera desde una distancia transatlántica.
 
Ha pasado 3 años malviviendo junto a su familia en una habitación alquilada en la ciudad de Popayán -capital del departamento del Cauca y una de las más pobres del país-, mientras esperaba una sentencia que les permitiera regresar a su parcela, pero la reciente condena a algunos de los victimarios a prisión domiciliaria no ha tranquilizado los ánimos.
 
Las sucesivas amenazas de muerte a ella y al resto de la comunidad, no han cesado durante estos años por parte de algunos de sus agresores, y han surtido el efecto deseado. Las familias han desistido de volver a aquellas tierras abandonadas que ocuparon para cultivar. Todas las familias -salvo una- la de Luz Marina Flor, ha decidido retornar, agotada por las condiciones de penuria en las que se encontraba.
 
Cuando en 2013 el fotoperiodista Alex Zapico y yo conocimos a la gobernadora, le acompañamos a ella y a su comunidad a la primera vista judicial de su caso. El juez, visiblemente desconcertado ante la presencia de periodistas, decidió cancelar la vista con la excusa de que algunos de los acusados no se habían presentado y evitar así que el caso tuviera repercusión pública.
 
EL CAUCA, LABORATORIO DE LA GUERRA COLOMBIANA
 
El Cauca es una de las regiones colombianas más vapuleadas por la guerra y la cuarta más empobrecida del país. En su territorio conviven y se enfrentan todos los actores implicados: las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y el Ejército. Su posición le ha convertido además en un corredor geoestratégico para el comercio de armas y drogas. Y su subsuelo, rico en minerales, es objeto de deseo de las transnacionales mineras, en las que el gobierno de Juan Manuel Santos ha depositado el futuro económico del país, cediéndole más de 20 millones de hectáreas en sus dos legislaturas.
 
Por todo ello, la población civil ha sido víctima no sólo de su fuego cruzado, sino que ha sido destinataria directa de la virulencia de la guerra, especialmente las mujeres porque son las que más visiblemente se han opuesto a la presencia de cualquier actor armado. Violencia sexual, mutilaciones, secuestros, extorsiones y masacres han sido habituales. En este contexto de violencia generalizada, los conflictos interculturales e interétnicos entre distintos grupos sociales, a menudo también virulentos, han pasado desapercibidos.
 
Las distintas concepciones del uso y propiedad de la tierra de indígenas (20 por ciento de la población), afrodescendientes (21 por ciento) y campesinado (58 por ciento) entran en colisión en una región donde se calcula que más de 60 por ciento del territorio está en manos del cinco por ciento de los propietarios, en su mayoría transnacionales mineras, así como terratenientes dedicados al cultivo de pino, caña de azúcar y al pastoreo intensivo.
 
Una oligarquía que ha sido una de las grandes beneficiarias de esta sangría, que se ha agenciado más de 7 mil kilómetros cuadrados del país, mientras que seis millones de personas tenían que abandonar sus hogares por el desplazamiento forzoso, ejecutado principalmente por grupos paramilitares con el apoyo del Ejército. Y subvencionado, precisamente, por los terratenientes y multinacionales interesadas en recursos hídricos, latifundios para monocultivos y explotaciones mineras.
 
De hecho, la oligarquía rural ganadera ha sido la que con más fiereza se ha opuesto a los Acuerdos de Paz, que incluyen la devolución y redistribución de más de tres millones de hectáreas, la investigación judicial de los usurpadores y la reparación económica a sus víctimas. Una oposición encabezada por el también terrateniente Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante los años más álgidos del paramilitarismo e investigado por la Corte Penal Internacional por su posible responsabilidad en crímenes de Estado. Unos crímenes que pasan por asesinatos y hostigamiento a centenares de líderes sociales, periodistas, activistas y cualquiera que fuera considerado “terrorista de los Derechos Humanos”, como tildó el expresidente a quien se opusiera a su política.
 
LA HUIDA DEL RECLUTAMIENTO ARMADO
 
En ese enmarañado contexto, se crió Luz Marina Flor junto a sus nueve hermanos, “sin conocer el juego” porque todos teníamos que contribuir a sacar adelante una casa pobre, cultivando, cocinando, ayudando en el cuidado de las criaturas más pequeñas.
 
En Colombia, un país de 47 millones de habitantes, 1.37 millones de personas están registradas como indígenas, de las que un 63 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza y de éstas, 47 por ciento en la miseria, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2013. Tal es la emergencia humanitaria que sufren estructuralmente los pueblos originarios –de los que 34 están en peligro de extinción–, que son habituales las muertes por malnutrición, en especial, entre menores de edad.
 
Pese a las dificultades, Luz Marina Flor siguió estudiando hasta el bachillerato, pero no pudo ir a la universidad por falta de recursos económicos. Fue ahí cuando un grupo armado -rehúsa especificar cuál– intentó reclutarle forzosamente. En su huida en busca de un lugar seguro, se incorporó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para trabajar como maestra. La entidad le concedió un crédito para estudiar auxiliar de enfermería, una ayuda que pagaría con servicios sanitarios comunitarios.
 
Este programa de becas, financiado fundamentalmente por la cooperación internacional, ha permitido formarse a numerosas mujeres indígenas, también a través de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca. Los fondos además han servido para que participen en iniciativas sociales, especialmente dirigidas a combatir el impacto de la guerra en sus territorios, y salir así del enclaustramiento en el ámbito privado y de cuidados y conjugarlo con el espacio público, convirtiéndose muchas de ellas en lideresas sociales, gobernadoras y consejeras.
 
De hecho, su notable incorporación a lo largo de los últimos años al ámbito de la toma de decisiones públicas resulta más destacable si tenemos en cuenta que en Colombia las mujeres sólo ocupan un 12 por ciento de los cargos de elección popular, según datos de las Naciones Unidas. Un fenómeno que ha promovido la recuperación de la figura de la Cacica Caitana, una dirigente indígena que capitaneó varios miles de soldados contra la colonización española a mediados del siglo XVI.
 
En medio de este clima es donde Flor, procedente de una familia que había perdido sus vínculos con sus orígenes indígenas, entró en contacto con personas que reivindicaban su cosmovisión nasa. Así se formó hasta integrarse en un grupo que decidió ocupar un terreno baldío dónde desarrollar su proyecto comunitario. Su formación, experiencia profesional y arrojo la fueron dibujando como lideresa ante sus compañeros y compañeras, ocupando distintos cargos hasta convertirse en la gobernadora.
 
LA VIDA COMO DESPLAZADA
 
Luz Marina Flor trabajó durante estos años en trabajo del hogar: lavando y planchando ropa y todo lo que le permitiera “llevar a su bebé con ella” –en lo que hace hincapié–, mientras sacaba adelante a su familia. Ella ha intentado calmar “la ira y el dolor” que el desplazamiento a punta de pistola causó a su hijo mayor, con terapia musical y mucha comunicación. “Por eso tenemos tanta gente mala, porque fue dañada y no supieron devolverles la armonía”, reconoce.
 
Liderar la batalla en los juzgados contra quienes les desplazaron le han convertido en el centro de las amenazas. “Si vuelves, no saldrás de allí viva”, le han advertido. Pese a todo, Flor intenta mantener los lazos con las 24 familias desterradas, pero la ciudad, cuenta, les ha engullido.
 
La habitación alquilada en la que viven, duermen y comen los cinco miembros de la familia se le viene encima. La falta de un pedazo de tierra que cultivar y del que comer le hace soñar con “su casita” recurrentemente.
 
“Mis hijos e hijas viven muy tristes en estas condiciones. No paran de preguntarme cuándo vamos a volver. No podemos permitir que se llenen de odio. Para crecer en armonía tiene que haber limpieza de corazón. Necesito volver para que recuperen la alegría y puedan perdonar. Por eso me vuelvo”. Y para sentirse más segura en medio de tanta impunidad, quería que lo supiera usted, lectora.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Pikara Magazine.
 
16/PM/LGL

 
A las mujeres y niñas colombianas, que desde el anonimato han construido la posibilidad de paz y restauración
 
El proceso de paz en Colombia, que llega después de 50 años de conflicto armado, desplazamientos y desapariciones forzadas no es cosa menor para América Latina, se trata en realidad de un ejercicio que resultaría increíble para cualquier país del mundo, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP fundadas el 14 de mayo de 1964, autoproclamadas guerrilla marxista-leninista, son consideradas por expertos en Seguridad Nacional como grupo terrorista.
 
Aunque es importante entender que ese señalamiento responde a intereses norteamericanos relacionados con el negocio global de la guerra contra el narcotráfico, el señalamiento de terrorismo sigue en pie.
 
Para entender su historia es necesario recordar que mucho antes de 1964 las organizaciones de grupos campesinos, olvidadas por el gobierno central y sumidas en la pobreza se habían autoproclamado “repúblicas independientes”. El entonces presidente Guillermo León Valencia mandó bombardear la zona en que se situaba el principal grupo de liberales y comunistas a quienes el gobierno quería eliminar.
 
Estos grupos campesinos afectaban a los terratenientes acostumbrados a imponer su propia mano dura, esos mismos empresarios y latifundistas que más tarde crearon las autodefensas paramilitares, protegidos por algunos miembros de la clase política burguesa. Los paras se convirtieron en grupos criminales sanguinarios y no están incluidos en este proceso de paz.
 
Para entender el extraordinario momento que vive Colombia respecto al proceso de paz, es fundamental  conocer la compleja historia que apenas puede delinearse en una columna como esta.
 
Este grupo armado es un ejército dirigido por un secretariado de siete miembros, cuyo actual dirigente es Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. Él ha firmado la paz en Cuba y antes fue señalado como líder de secuestradores y asesinos.
 
Todas las investigaciones serias demuestran que las FARC-EP, para sobrevivir a lo largo de los años, se convirtieron en reproductores de un modelo de narco-capitalismo criminal similar al que vemos en México y en otros países del mundo; ni salieron de la pobreza, ni crearon una nueva cultura política de igualdad, se sumieron en las dinámicas de guerra propias de los estados represores y de los grupos ilícitos.
 
Las FARC-EP en 2010 tenían gran influencia ya en 24 de los 32 estados que conforman el país. Los diferentes grupos de las fuerzas armadas se dedicaron a lo largo de estos años a guerra de guerrillas, al narcotráfico, a la minería ilegal; colocaron en diversas regiones minas unipersonales, detonaron bombas que acabaron con la vida de soldados y civiles, destruyeron puentes y carreteras. Han sido mundialmente conocidos sobre todo por los secuestros con fines de extorsión política.
 
Según la ONU este grupo es responsable solamente del 12 por ciento de los asesinatos de civiles del Conflicto Armado de Colombia. Durante años han hecho reclutamiento forzoso de niñas y niños (menores de 18 años); según Human Rights Watch al menos 30 por ciento de sus efectivos son niñas y niños que fueron cooptados forzosamente como esclavos de guerra.
 
A lo largo de estos años las organizaciones civiles y expertas en Derechos Humanos de Colombia han hecho un trabajo ejemplar para fomentar el diálogo por la paz, para educar a las y los jóvenes contra las violencias, y aunque en las fotos de los diarios salgan siempre los hombres de las cumbres hablando de las negociaciones para el fin del conflicto, en las calles, en los pueblos más remotos, en las agencias de atención a víctimas del Estado Colombiano, en el Centro de Memoria Histórica y las escuelas, han sido las mujeres quienes han creado los programas de atención a personas desmovilizadas (desertoras), de apoyo a familiares y estudios sobre paz y  desplazamientos forzados. Sin las mujeres colombianas este momento histórico sería imposible.
 
Gracias a los programas de reintegración se desmovilizaron (o desertaron) de las FARC más de 20 mil personas en los últimos años. Es decir, este ha sido un largo proceso estratégico de pacificación que este lunes y martes 19 y 20 de septiembre se discutirá en la Cumbre de Mujeres y Paz en Bogotá, ellas están planeando estrategias a futuro en aproximaciones sucesivas de justicia restaurativa integral.
 
Los políticos anunciaron el 23 de junio de 2016 que gobierno y guerrilleros luego de cuatro años de negociar el fin del conflicto llegaron a un acuerdo de cese al fuego y reintegración de las y los miembros de la guerrilla a la vida civil y, paulatinamente, a un partido político que les representará legalmente para llevar sus preocupaciones al ámbito de la democracia.
 
Ahora falta que la sociedad colombiana diga SÍ en el plebiscito en el que todo el pueblo decidirá si por fin aceptan que los guerrilleros devengan en civiles, que se lleve  a cabo un largo proceso de justicia restaurativa y perdón colectivo. Las reglas de reintegración son complejas y hay mucha gente interesada en evitar el fin del conflicto, esto necesariamente habrá de revelar otros problemas.
 
Mientras tanto las encuestas locales nos muestran que entre el 35 y el 40 por ciento de la población se rehúsa a aceptar los términos del acuerdo de paz, de allí que hoy  se perciba una gran tensión entre la sociedad colombiana, tensión plagada de mitos y exageraciones que pretenden desacreditar la necesidad de la paz y reivindicar el deseo de una guerra vengativa aún más sanguinaria y ciertamente inútil.
 
En un mundo en que el gobierno norteamericano se ha apropiado del discurso de la guerra contra el terror, resulta vital entender lo que significaría lograr negociar efectivamente con un grupo que el sector Defensa ha considerado terrorista.
 
Este hecho marca un hito histórico para las personas interesadas en la cultura de paz; abrirá las puertas a nuevos debates sobre estrategias de salida de las guerras internas y de la economía de la violencia criminal que vivimos en muchos países.
 
¿Quién ganaría con el sí por la paz? Todo Colombia. El fin de medio siglo de violencia normalizada es vital para sanar a una sociedad conservadora, dividida, empobrecida y desgastada por la violencia sistemática tomada por la guerrilla, por los paramilitares, las bandas criminales (Bacrim), la delincuencia organizada y los cárteles que, aunque pulverizados, siguen operando en la región dominada hoy por los capos mexicanos.
 
La gente se pregunta si las FARC-EP al final ganaron en algunas de sus peticiones originales de la década de los 60: justicia social, abatimiento de la pobreza, justa repartición de las tierras (una especie de reforma agraria). Si la mayoría vota sí en el plebiscito este próximo 3 de octubre, seremos testigos de la aplicación de un modelo, siempre mejorable, de implementación de la paz a través de sus dos pilares fundamentales: la justicia integral y la igualdad; proceso que necesariamente habrá de tomar décadas en ser implementado en todo el país.
 
Para ello toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación y sus periodistas junto con las y los políticos, están obligados a cambiar su narrativa de violencia, de exclusión y sentido de justicia.
 
Colombia es un país que durante décadas se ha mirado en blanco y negro: verracos y cobardes, buenos y malos. Implementar el acuerdo de paz les permitirá mirarse en tecnicolor, reconocer los matices de esa alteridad que conforma a un país maravilloso que merece salir de este infierno sin sentido, cuyas víctimas perennes habrán de convertirse, por fin, en sobrevivientes.
 
Es importante entender que este acuerdo es mejorable, y conocer los beneficios jurídicos, económicos y políticos que se les ofrece en el acuerdo de La Habana (297 páginas) y los que no; aquí un recuadro de síntesis de los más discutidos:
 
1. Se le ofrece a cada persona que renuncia a la guerrilla un capital semilla de 8 millones de pesos colombianos ($52 mil 427 pesos mexicanos) para comenzar un negocio o capacitarse para el trabajo. Anteriormente a 20 mil desmovilizados individualmente se les entregaba un 30 por ciento más de dinero.
 
2. De acuerdo al decreto 139, le entregará a cada persona ex guerrillera, 90 por ciento del salario mínimo durante 24 meses. Es decir 480 mil pesos colombianos ($3 mil 145 pesos mexicanos) al mes. Al final de los 2 años de reintegración a la sociedad, cada persona habrá recibido 11 millones 520 mil pesos colombianos ($75 mil 800 pesos mexicanos) 
 
3. Quienes se desmovilizan quedan inmersos en la jurisdicción especial de paz, que les obliga a colaborar con la justicia y contarlo todo. También se les obliga a tener cédula de registro especial.
 
4. En el 2009 el gobierno colombiano ofreció libertad total a guerrilleros que se desmovilizaran y entregaran a personas secuestradas (se le daba garantía de libertad a secuestradores). El actual acuerdo 2016 exige justicia especial y reparación del daño a secuestrados y sus familiares.
 
5. Las FARC tienen hoy garantizado el derecho a ser oposición política y garantías de protección a guerrilleros que se integren a la democracia. La representación política equivalente a diez miembros de congreso con la financiación del Estado equivalente a la de un partido político mediano (aún se discuten los mecanismos para elegir).
 
6. Se dará acceso legal al uso de la tierra, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas reservadas. Actualización del catastro rural  para la seguridad jurídica de las y los campesinos.
 
7. Se promete la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial, mejoramiento de infraestructura. Potenciación del desarrollo social basado en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza.
 
8. Estímulos a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa mediante asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercado y formalización laboral.
 
9. Ambas partes deben combatir el narcotráfico, erradicar los cultivos ilícitos y ningún miembro de las FARC-EP podrá formar parte de la narco-economía.
 
10. Los guerrilleros aceptaron someterse a los tribunales de paz, reconocer su responsabilidad en hechos violentos y delitos de lesa humanidad, (algunos especialistas aseguran que eso resultará imposible, otros dicen que es factible).
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

16/LCR/LGL

Colombia se prepara para refrendar los Acuerdos pactados en La Habana entre el gobierno del presidente Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, el próximo 2 de octubre, con miras a terminar un conflicto armado que suma  más de 50 años.
 
Cinco fueron los puntos discutidos durante 4 años por ambas partes: Política de desarrollo agrario integral; participación política; solución al problema de las drogas ilícitas; punto sobre las víctimas y el conflicto armado; fin del conflicto y, la implementación y  verificación y refrendación, es decir que ya se cumplieron o a punto de hacerlo con casi todas las etapas.
 
Por estas fechas, los guerrilleros de las FARC empiezan a concentrarse en los campamentos, en los lugares acordados por las partes, en espera de la realización la Conferencia Nacional de la organización armada para que su dirigencia informe y debata en sus filas, integradas en un 40 por ciento por mujeres, el resultado de las conversaciones y Acuerdos.
 
Un hecho relevante de las negociaciones  fue la creación de la Subcomisión de Género, exigencia del movimiento de mujeres, que permitió que  los Acuerdos tuvieran un enfoque de género, tanto desde los derechos de las mujeres como de la población LGBTTTI.
 
Varias comisiones asistieron a la Habana para intercambiar apreciaciones con la  Mesa de negociación. Así mismo tienen un enfoque diferencial que incluye a indígenas y afrodescendientes.
 
En este septiembre, durante los días 19, 20 y 21, sesionará la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz para incidir en los mecanismos de refrendación, verificación e implementación del Acuerdo general del proceso de paz de Colombia, teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, como lo expresan en un comunicado.
 
Colombia vivió en la década de los 50 un enfrentamiento armado entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que dejó 300 mil  muertos en los campos, en razón de que a quienes armaron, fueron campesinos. Los jefes de ambos partidos firmaron en España, un pacto de exclusión- el Frente Nacional- hecho político que originó el surgimiento de las guerrillas.
 
En el citado pacto los dos partidos decidieron que entre ambos harían una alternancia de gobierno cada 4 años, dejando sin posibilidad cualquier expresión social o política.
 
Durante estas décadas de violencia generalizada se consolidó el narcotráfico que permeó todos los espacios sociales y políticos y, el paramilitarismo como proyecto de derecha económico, político, social e ideológico, financiado por los cárteles de la droga y entrenados por el ejército oficial.
 
Este panorama dejó 7 millones de personas en situación de desplazamiento, 150 mil personas desaparecidas, además de víctimas de violencia sexual, masacres  y cerca de 300 mil muertos, junto con exilio, amenazas y persecución a mujeres y hombres opositores al sistema.
 
El proceso de paz en Colombia inició con los Acuerdos entre el Gobierno del presidente Belisario Betancur  en 1984 y las organizaciones Movimiento 19 de Abril (M-19) Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista, Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Autodefensa Obrera (ADO) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
 
Producto de esos acuerdos, nació la Unión Patriótica, organización casi extinguida luego del asesinato de 3 mil de sus militantes y dos candidatos a la presidencia; el EPL propuso una figura que no existía en el país, la convocatoria de una Asamblea nacional Constituyente (ANC) elegida por el pueblo para cambio de Constitución con derecho a revocatoria del mandato, y consultas populares. Los firmantes de esos Acuerdos, Oscar William y Jairo (Ernesto Rojas) Calvo Ocampo,  fueron asesinados 1 y 2 años después.
 
En 1990, el M-19, el EPL, el PRT, el movimiento indígena Quintín Lame y Renovación Socialista, dejaron las armas, se convocó a una ANC, se firmó una nueva Constitución. El dirigente del M-19, Carlos León Pizarro fue asesinado cuando era candidato a la presidencia.
 
Colombia transita por el optimismo, no obstante el partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente y hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, hace proselitismo a favor de un no para desaprobar lo pactado en La Habana.
 
No es un secreto que Uribe lidera una derecha extrema, sin embargo, mientras fue inquilino de la Casa de Nariño (Casa de Gobierno) estuvo en conversaciones para entrar en un proceso de negociación con las FARC.
 
Queda en el tintero la esperanza de iniciar un proceso con el Ejército de Liberación Nacional –ELN- organización conocida por su aproximación a la Teología de la Liberación y guerrilla en la que militó el cura Camilo Torres y tres curas españoles, entre ellos su líder, ya muerto, Manuel Pérez.
 
El país sudamericano, en medio de una intensa campaña, decidirá su futuro. Un camino para que la guerrilla más antigua diga adiós a las armas y florezcan nuevas esperanzas dentro de una apertura democrática, pero sin cambios estructurales en el modelo económico.
 
* Periodista integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género
 
16/FCO/LGL