salud

El pasado 5 de diciembre el Senado boliviano aprobó el artículo 157 del nuevo sistema penal que garantiza la realización de abortos en los hospitales públicos del país en los siguientes supuestos: para prevenir riesgos presentes o futuros para la vida y la salud integral de las mujeres embarazadas; por malformaciones incompatibles con la vida; sea consecuencia de una reproducción asistida no consentida; de una violación o incesto, y cuando se trate de niñas y adolescentes.

La inclusión del artículo sobre aborto surgió a partir de las recomendaciones que hicieron el Comité contra la Tortura y de la CEDAW (organismos de las Naciones Unidas) al Estado Plurinacional de Bolivia, más una sentencia constitucional de 2014 que exhortó a la Asamblea Legislativa a encarar y resolver el problema de los abortos inseguros.

El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna de las bolivianas. Desde 1971, en la época de la dictadura, existían seis artículos que penalizaban distintas formas de aborto. Y había uno llamado “aborto impune” que establecía que no era punible cuando se tratara de violación, incesto o estupro o cuando pusiera en riesgo la vida de la mujer.

El artículo sobre el aborto (el 157) está en el marco de la revisión de todo el sistema penal: no es sólo un código sino un sistema nuevo que tiene 700 artículos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la presidenta de la comisión de Constitución en Diputados, Susana Rivero, y la presidenta de Constitución del Senado, Adriana Salvatierra, llevaron adelante el proceso legislativo.

“Armamos una articulación entre legisladoras y la sociedad civil, organizaciones sociales para armar una estrategia que nos permitiera avanzar, entendiendo que el resultado no es lo que la mujeres pretendíamos -una despenalización total- pero sí un avance en la progresividad de los derechos de las mujeres”, explicó a Cosecha, Roja Rivero.

Se distribuyeron roles, diseñaron un sólo artículo con varios párrafos donde queda claro que no se despenaliza totalmente pero define las causales. “El gran avance, más allá de las causales, es la obligatoriedad para que el sistema público de salud le otorgue a las mujeres este derecho de manera gratuita sin condición, tutelaje, sin que ningún médico evalúe. Simplemente la mujer establecerá cuál causal y podrá dirigirse a un centro de salud público donde será asistida en las mejores condiciones”, dijo la diputada.

En Bolivia hubo y sigue habiendo mucha resistencia de los grupos antiderechos y religiosos tanto evangélicos como católicos, que han utilizado a los médicos para que aleguen la libertad de conciencia.

“Esta fórmula que logramos las legisladoras bolivianas de respetar la esa libertad pero obligar al sistema público a que en cada centro de salud haya un médico no objetor. Es lo que creemos que va a viabilizar la ejecución plena de este derecho de las mujeres”, dijo Rivero.

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.

17/RED/LGL

En el periodo de 2001-2003 se puso en marcha un proyecto piloto llamado Salud para Todos (precursor del Seguro Popular de Salud ‒SP‒), como un instrumento de transferencia de subsidios a través de un paquete de servicios médicos.

El 15 de mayo de 2003, se adiciona a la Ley General de Salud la leyenda: “de la Protección Social en Salud”, con esta reforma el SP se transforma de un programa a una ley.

El SP surgió con el objetivo de proteger a la población que no contaba con seguridad social formal y con alto riesgo al empobrecimiento por gastos en salud.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud lo define como un seguro médico, público y voluntario, dirigido a poblaciones sin acceso a servicios de salud y que se empobrecían a consecuencia de los gastos incurridos para pagar servicios de salud.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, a nivel nacional, 72.7 por ciento de la población hablante de lengua indígena de 3 y más años cuenta con Seguro Popular (5 millones 362 mil 239), seguido de 15.1 por ciento sin derechohabiencia a servicios de salud (1 millón 115 mil 608), 11.1 por ciento cuenta con derechohabiencia a instituciones de seguridad social (818 mil 252) y 1 por ciento accede a servicios privados u otros (76 mil 569). De acuerdo con esta información es evidente que en el país la población HLI de 3 años y más depende de los servicios del Seguro Popular.

Guerrero es la entidad que tiene la mayor afiliación del grupo HLI de 3 y más años (85.6 por ciento), seguido de Chiapas (80.2 por ciento), Puebla (78.5 por ciento), Oaxaca (77 por ciento) y Veracruz (76.6 por ciento). En tanto que Chiapas es el estado que presenta la proporción más elevada de ciudadanos HLI de 3 años y más que no cuentan con ningún tipo de afiliación (15.3 por ciento).

Por tanto se esperaría que con estos altos índices de afiliación esta población, considerada dentro de los grupos más desprotegidos, tendrían garantizado su acceso a los servicios de salud.

El Observatorio de Mortalidad Materna de México, como parte de sus acciones de monitoreo de políticas públicas, inició en 2017 un monitoreo a los servicios de salud materna y perinatal en poblaciones vulnerables en Chiapas, junto con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Sureste.

El monitoreo contempla conocimientos médicos, servicios e insumos que se encuentran dentro de las intervenciones del programa de salud materna y perinatal en el SP, principalmente en unidades médicas del primer nivel de atención (centros de salud).

Se aplicó una metodología de selección de unidades médicas en municipios vulnerables a través del índice de vulnerabilidad diseñado por Freyermuth (2016). Este índice se compone de indicadores como pertenencia étnica, analfabetismo, mortalidad materna, pobreza extrema y con el Índice de Desarrollo Humano.

Empleando el índice de vulnerabilidad se seleccionaron cuarenta unidades médicas por entidad. Hemos finalizado la etapa de trabajo de campo a mediados de 2017 en los estados de Chiapas y Querétaro (próximamente Ciudad de México y Oaxaca). Se emplearon un instrumento extenso y una devolución rápida de resultados.

Algunos resultados preliminares a partir de las devoluciones rápidas en Chiapas son los siguientes: existe un desabasto notable en las inmunizaciones tanto para la mujer embarazada como para el recién nacido, casi 70 por ciento de unidades médicas carece de los toxoides que marca el programa de salud materna y perinatal.

Es importante señalar que gran parte de este desabasto obedece a la falta de condiciones de las unidades médicas para el almacenamiento de las vacunas, como la falta de electricidad y de refrigeradores.

Un 92 por ciento no cuenta con ergometrina, medicamento esencial para el tratamiento de hemorragia, 7 de cada 10 cuentan con Hidralazina, esencial para tratar la hipertensión en el embarazo.

Un 70 por ciento cuenta con pruebas rápidas para la detección de VIH y 95 por ciento de las unidades médicas sin barreras de acceso físico. Para el tratamiento IVU hay un desabasto de nitrofurantoína, en la mitad de las unidades visitadas. En cuanto al tratamiento de ITS, hay desabasto de antibióticos como la azitromicina, la eritromicina y la doxiciclina, todos ellos contemplados en las intervenciones del SP.

Otros hallazgos relevantes tienen que ver con el desconocimiento por parte de médicos y médicas (en su mayoría pasantes realizando servicio social) del protocolo de atención para la estabilización de una hemorragia postparto. En lo que corresponde a planificación familiar y a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el personal responsable no maneja los marcos normativos vigentes (la NOM- 047 principalmente).

Es necesario realizar un monitoreo ciudadano de las intervenciones y/o servicios que otorga el SP, para vigilar el cumplimiento de los servicios, el gasto acertado, que beneficie a las poblaciones a quienes están dirigidas. Al Estado le corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley y garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos mexicanos.

*Secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)

**Investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)

*** El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

17/HAAE/AMGS/LGL

El intento por despenalizar el aborto en Coahuila, fue desechado por las fracciones legislativas en el congreso del estado, debido a la presión de organizaciones sociales y actores políticos que estaban en contra de la propuesta del gobernador Rubén Moreira Valdés.

La “Asociación de Mujeres de la Laguna”, se pronunció en contra de la decisión de la legislatura saliente, que tuvo la oportunidad de cambiar la criminalización a la que se somete a las mujeres que incurren en esta práctica.

Se trata de alrededor de 10 organismos integrados en esta causa y a favor  de la despenalización del aborto en Coahuila. Aseguraron que la actual penalización es inoperante, pues desde hace 20 años que se tipificó el delito no ha habido ni una condena absolutoria o condenatoria por este delito.

El proyecto de reforma integral al Código Penal de Coahuila, buscaba despenalizar el aborto para que se pudiera practicar después de las 12 semanas de embarazo, sin límite para llevarse a cabo la interrupción, siempre y cuando el producto tuviera malformaciones graves, cuando estuviera en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo fuera producto de una violación.

El Ejecutivo estatal hizo llegar al Poder Legislativo un documento de más de 2 mil páginas con la propuesta del nuevo Código Penal y su exposición de motivos. El tema más polémico fue la flexibilización del aborto consentido.

Pero los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Unión Democrática de Coahuila, Partido Social Demócrata, Nueva Alianza y Primero Coahuila, acordaron que la LX Legislatura no haría ese cambio a pesar de que la propuesta estaba sustentada en brindar mejores condiciones para las mujeres que decidieran poner fin a su embarazo, en cualesquiera de las causales permitidas en la legislación.

“El mero remedio penal para el aborto ha sido inútil y además, una fuente inextinguible de innumerables abortos clandestinos: los que muchas veces realizan gente impreparada y en circunstancias de insalubridad o desatención que originan muertes, lesiones y graves peligros para la mujer”, justificaba la propuesta del Ejecutivo estatal, enviada al congreso estatal en septiembre pasado.

La integrante de la “Red de Mujeres de La Laguna”, Adriana Romo, indicó que con lo anterior se demuestra la doble moral, tanto del Ejecutivo, como de los diputados, ya que el primero manda una propuesta a favor de los derechos de las mujeres y los segundos la rechazan por cuestiones ideológicas y de partido.

Indicó que precisamente el derecho a decidir por parte de las mujeres es fundamental para protegerlas y en cambio en el legislativo, se prefiere anteponer la ideología de un partido o creencias personales.

“Por un lado, en el discurso hablan de estar a favor de los derechos de las mujeres, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero en algo que es primordial, básico e indispensable para que las mujeres, están en contra”.

Dijo que al igual que en otros casos quedó en evidencia la pobre discusión que tuvieron para decidir que debería quedarse igual el Código Penal en el tema del aborto, porque no tomaron en cuenta la opinión de asociaciones que conocen el tema y que representan a las mujeres.

En tanto, los diputados locales del PAN celebraron el acuerdo logrado entre todas las bancadas del congreso local para “defender la vida del ser humano desde la concepción”, al decidir la no despenalización del aborto en Coahuila y mantener las consideraciones sobre el tema vigentes en el Código Penal, informó la legisladora Lariza Montiel.

La legisladora del PAN resaltó que se manda un mensaje a la sociedad de Coahuila, que en el caso del congreso local están a favor de la vida, asimismo se conservan las causales bajo las cuales no se va a criminalizar a la mujer que decida interrumpir un embarazo, como el caso de violación.

EN CONCORDANCIA CON NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Ante los ataques por parte de grupos conservadores y de derecha, el gobernador aseguró que la propuesta no era la legalización del aborto, sino evitar que las mujeres sean procesadas en el sistema penal.

En la reciente reforma al sistema penal acusatorio, el aborto dejó de ser considerado un delito grave, por lo que no es necesario aplicar la pena de prisión, sino que se puede acceder a “penas alternativas”.

Apuntó que nunca buscará la legalización del aborto en la entidad y que solamente está respaldando lo que ya se encuentra en la actual legislación en la materia.

17/SN/LGL

En México, más del 90 por ciento de muertes por cáncer de mama (CaMa) son por metástasis, es decir, el proceso mediante el cual las células del tumor primario, invaden tejidos u órganos secundarios, lo que provoca que tanto las quimioterapias y radioterapias no funcionen en muchas ocasiones y el pronóstico de vida de las pacientes sea menor.

Así lo explicó el director del Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Eduardo Monjaraz Guzmán, durante su participación en la Cuarta Reunión Anual del Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer, que se realiza en esta entidad, de acuerdo con información del portal ladob.

Ahí se informó que en el Laboratorio de Neuroendocrinología de la BUAP, se realiza un estudio para describir las bases moleculares de la metástasis en este tipo de cáncer.

“Estudiamos un fenómeno que se llama ‘Transición Epitelio Mesénquima’, en el que la célula se despega y adquiere la capacidad no sólo de moverse, sino de liberar ciertas proteínas a nivel extra celular, que le abrirán camino para ingresar a vasos sanguíneos y linfáticos, y así llegar a otros tejidos”, explicó.

Afirmó que al entender qué es lo que está pasando en ese microambiente tumoral y qué señal se está generando para facilitar la “Transición Epitelio Mesénquima”, se podría establecer algún blanco terapéutico o farmacológico, que permita inhibir la metástasis.

“Eso no va a curar el cáncer porque el tumor primario seguirá ahí, pero sí detendría la transición y facilitaría que las demás estrategias terapéuticas, como la quimioterapia, radioterapia y tratamientos hormonales, tuvieran tiempo suficiente para ser trabajados y así mejorar la calidad y el pronóstico de vida de los pacientes”, aseveró.

CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

El cáncer de mama triple negativo es el más agresivo, ya que una vez que es detectado el tiempo de vida de las mujeres no rebasa los 3 años. No hay tratamientos efectivos para éste, y es el tipo de tumor que afecta a mujeres más jóvenes, después de los 25 años, además de tener alta incidencia entre las mujeres afrodescendientes.

La profesora del MDAnderson Cancer Center, Helen Piwnica-Worms, explicó que la mitad de las mujeres que han recibido
tratamiento de quimioterapia no responden a éste, y que por el momento no existen terapias efectivas que puedan ayudarlas.

Por ello, señaló que en su laboratorio investigan qué sucede con esos tumores que no responden a las terapias y cómo pueden entender sus propiedades, para tratarlos con medicamentos que puedan eliminarlos.

“En el MD Anderson Cancer Center llevamos a cabo un proceso con 360 pacientes con cáncer de mama triple negativo, que fueron sometidas a cuatro ciclos de quimioterapia y cirugía, para después establecer modelos que permitieran estudiar estos tumores y así buscar la forma de eliminar sus resistencias”, señaló.

*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

17/RED/LGL

El pasado 22 de julio se presentó a nivel nacional el Atlas de Género, iniciativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El sitio interactivo recopila datos de distintas encuestas y censos del Inegi, que muestran las brechas de género en temas como educación y trabajo.
 
De toda la información que reúne el Atlas, LADO B presenta ocho puntos que reflejan la situación de las mujeres en Puebla, estado que está entre los primeros lugares de violencia y desigualdad.
 
Violencia física y sexual
 
Puebla es el primer lugar nacional en cuanto a violencia y física y sexual dentro de la pareja. Los datos del Inegi revelan que 9.92 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante, casadas y/o unidas con sus parejas, han sufrido estos tipos de violencia.
 
Violencia total contra las mujeres
 
Respecto de la prevalencia de la violencia total contra mujeres de 15 años o más, son 62.83 por ciento de las poblanas quienes han sido violentadas. Aunque la entidad está en el lugar 12, el porcentaje rebasa la media nacional, que es de 62.77 por ciento.
 
Ingreso y salario
 
La brecha de ingresos entre mujeres y  hombres por hora trabajada es la menor del país, de apenas 0.11 pesos de diferencia. Sin embargo, el estado ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a ingreso más bajo por hora trabajada para mujeres: 25.92 pesos por hora.
 
La situación para los hombres en esta categoría es igual de precaria, siendo la entidad el segundo lugar nacional con menor ingreso, de 25.81 pesos por cada hora trabajada.
 
Participación económica
 
Sólo 43.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más participan activamente en la vida económica de la entidad.
 
Puebla está en el lugar 23 de todo el país en cuanto a participación económica de las mujeres, y es el séptimo estado con la brecha más amplia respecto a ocupación laboral.
 
Puestos públicos
 
En cuanto a diputaciones, presidencias municipales y regidurías, las mujeres ocupan menos puestos públicos que los hombres.
 
Apenas 36.4 por ciento del total de curules es ocupada por mujeres, mientras que sólo 28.6 por ciento de los puestos de regidores de ayuntamientos los ocupan mujeres. Y del total de presidencias municipales, sólo 6.5 por ciento son presididas por mujeres.
 
Pobreza
 
Las poblanas están en tercer lugar nacional en condición de pobreza multidimensional: 65.44 por ciento de las habitantes de la entidad viven con un conjunto de carencias tanto sociales como económicas.
 
Escolaridad
 
El estado es el quinto con una mayor brecha de escolaridad entre hombres y mujeres. El promedio de años de asistencia a la escuela de las mujeres es de 8.28, apenas hasta segundo de secundaria.
 
Trabajo del hogar no remunerado
 
89.77 por ciento de las poblanas de 12 años o más realizan trabajo del hogar no remunerado, lo que pone al estado en el lugar 14 de trabajadoras del hogar sin sueldo.
 
Puebla es el noveno estado con una mayor brecha en porcentaje de hombres y mujeres que realizan trabajo del hogar no remunerado, con una diferencia de 35.6 por ciento. El promedio nacional de la brecha en este rubro es de 31.68 por ciento.

* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

17/AAM

Con 3 votos contra 2, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado chileno, aprobó legislar el proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo por tres causales: por estar en riesgo la vida de la madre, por inviabilidad fetal o por violación.
 
En el marco de un jornada que fue calificada por la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) como “un paso más hacia la dignidad de las mujeres”, la iniciativa tuvo luz verde con los votos de los senadores Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD) y Alfonso De Urresti (PS) y los rechazos de Alberto Espina (RN) y Hernán Larraín (UDI), anunciando éste último que si el proyecto llega a ser aprobado por el Congreso Nacional pedirá que sea revisado por el Tribunal Constitucional.
 
La directora de Miles, Claudia Dides dijo que “hoy dimos un significativo paso para terminar con la tortura física y psicológica padecida por mujeres que no pueden interrumpir su embarazo por estar en riesgo sus vidas, por inviabilidad fetal o por violación. Esperamos correr la misma suerte en la Sala del Senado, donde insistimos que el proyecto se debe votar en breve”.
 
Previo a la votación se realizó una conferencia de prensa donde parlamentarios opositores al proyecto de ley lanzaron la denominada “Bancada por la Vida”, mientras que en paralelo las y los senadores Adriana Muñoz, Guido Girardi, y Eugenio Tuma, conjuntamente con Miles, llamaron a que la iniciativa legal se tramitara con discusión inmediata.
 
En relación a la denominada Bancada por la Vida, Claudia Dides dijo que se trata de “un insulto para aquellas mujeres que han visto vulnerados sus derechos ante la imposibilidad de interrumpir su embarazo. Estos parlamentarios dicen ser una Bancada por la Vida, pero en realidad son una Bancada anti-derechos”.
 
El debate no estuvo exento de polémica, con fuertes ataques de grupos ultraconservadores.
 
“Hoy, con los votos de De Urresti, Harboe y Pizarro y el sólido acompañamiento de Girardi, Muñoz y Tuma, los discursos y ofensas del odio perdieron, dando el país una muestra de civilidad que debe transformarse en un respeto total a los Derechos Humanos de todas las mujeres, sin abusos de ninguna naturaleza”, puntualizó Dides.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista digital feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/LGL

El Senado de República Dominicana aprobó de emergencia el proyecto del Código Penal en el que mantiene la criminalización del aborto, producto de una violación sexual, incesto y por malformación.
 
Grupos de feministas e integrantes de la Asociación Nacional de Enfermería se manifestaron ante esta exclusión de propuesta que fue enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014. “Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente este nuevo agravio a los derechos de las mujeres y niñas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entregó a SEMlac un documento en el que reclama al gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos firmados.
 
El propósito es erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la que se ejerce  a través de violación sexual, incesto o por malformación. “La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública y de reducción de muertes maternas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por 78 organizaciones diversas, que defienden la salud, los derechos de las mujeres, de trabajadores y trabajadoras; así como los de la población campesina.
 
El pasado 5 de octubre, la Coalición ofreció una conferencia titulada: “Por el derecho a la vida y salud de las mujeres”, donde dio a conocer las altas tasas de mortalidad materna, asociada con abortos clandestinos, que se realizan en condiciones inseguras.
 
Se estima que en República Dominicana cada año se realizan alrededor de 90 mil abortos inseguros y más del 13 por ciento deriva en muertes maternas. (Representa la tercera causa de mortalidad en el país).
 
Los abortos son practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad; recaen sobre todo en mujeres pobres y jóvenes.
 
16/MAR/KVR/LGL

La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros informó que el próximo 23 de octubre la Asamblea del Frente Operativo del Sector Salud realizará una marcha en contra de las Reformas de Salud y del desmantelamiento de la “seguridad social” de las y los trabajadores de México, orquestada por Enrique Peña Nieto.
 
En entrevista con Cimacnoticias, el representante de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, Marco Rojas, dijo que el punto principal es manifestar el rechazo a las reformas de Salud propuestas por Peña Nieto, que van desde la subrogación de servicios, desmantelamiento de laboratorios, sistema de contratación por outsourcing de la plantilla de intendencia y cocina, así como la implementación del seguro Universal.
 
El segundo punto es “detener el desmantelamiento de la seguridad social” debido a que la seguridad de las y los trabajadores, no solamente del sector salud, se ven afectados por el sistema de cotización de pensiones y salarios, así como la reducción de servicios médicos.
 
Una de las peticiones de este movimiento es mejorar los servicios y equipamiento en las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud), ante el desabasto que se ha reportado en áreas como los laboratorios clínicos del IMSS.
 
Asimismo exigirán detener la represión contra el personal de salud que se ha manifestado en contra de los cambios que se han dado con la reforma de Salud.
 
GOLPE A PENSIONES
 
En entrevista por separado, el investigador en salud de la Universidad Autónoma de Xochimilco (UA-X), Gustavo Leal Fernández, agregó que esta reforma afecta la situación no solamente de salud sino también económica de las mexicanas, ya que deberán trabajar más años para alcanzar sus pensiones y cada vez será más escasa su cobertura de salud.
 
El investigador, quien ha dado seguimiento a todo el proceso de la reforma de Salud propuesta por Peña Nieto, explicó que las mujeres enfrentan más desventajas en comparación con los hombres y ejemplificó el caso de las pensiones, pues debido a la maternidad, muchas entran y salen del mercado laboral, por lo que tardan más tiempo que los hombres en acumular los años de servicio laboral.
 
De acuerdo al régimen de jubilaciones y pensiones de México, regulado por la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el cálculo de las pensiones también se toma en cuenta el último salario que ganaba la o el trabajador.
 
En el caso de las mujeres la brecha salarial aún existente por motivos de género, al desempeñar el mismo puesto y responsabilidades, disminuye su oportunidad de tener una pensión digna, observó Leal Fernández.
 
Sobre ese tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que en el 2015, México tuvo un índice de 16.7 por ciento de brecha salarial entre mujeres de mediana edad comparada con hombres de mediana edad que trabajan de tiempo completo e incluye auto-empleos.
 
El académico agregó que la brecha salarial entre mujeres y hombres es un segundo factor que empobrece a las mexicanas y en este sentido agregó que la reforma laboral de Enrique Peña Nieto no la resuelve.
 
Ejemplificó que la legalidad de las empresas de “outsourcing” que realizan subcontrataciones, reduce el tiempo de cotización de las trabajadoras en el mercado laboral debido a que las contrataciones pueden ser por períodos a corto plazo y pago por horas.
 
El investigador de la UA-X, explicó que la reforma laboral no resuelve las desventajas ya existentes de las trabajadoras en México y a eso se le suma los cambios que de manera gradual se han dado a los servicios de salud con las reformas en esa materia, con los que se han subrogado los servicios de muestras de cáncer cervicouterino y mastografías, problemas de salud exclusivos de las mujeres.
 
La relación entre la economía de las mexicanas y el costo de los servicios de salud, se vincula por ejemplo con el Sistema de Salud Universal que manejarán los paquetes de servicios médicos que cubrirán atención básica pues en caso de extenderlo tendrá un costo extra, de manera que las mujeres serían las más afectadas al no tener un sistema laboral que les resuelva el factor económico y que tampoco asegura su protección social y de salud.
 
16/GVV/LGL

Con la austeridad como telón de fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) propuso a la Cámara de Diputados, un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 con recortes de más de 5 por ciento para los programas destinados a la salud de las mujeres, la educación y la erradicación de la violencia de género.
 
El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF, que distribuye recursos a diversas dependencias e instituciones a fin de cerrar brechas de desigualdad, contempla 26 mil 761 millones de pesos (mdp) lo que significa un ligero aumento en relación con el presupuesto aprobado para 2016, que fue de 25 mil 898 mdp.
 
Sin embargo, a detalle, este Anexo supone un recorte al gasto destinado a la educación, la prevención de la muerte materna (MM), la salud sexual y reproductiva y a los Institutos de las mujeres en los estados, para desarrollar programas o acciones para mejorar la vida de las ciudadanas.
 
Los recortes afectarían las acciones destinadas a comprar anticonceptivos, antirretrovirales, la detención y tratamiento para cáncer de mama (CaMa) que es la primera causa de muerte de las mexicanas y del cérvico-uterino (CaCu) que para 2012 registraba una tasa de 7 muertes por cada 100 mil mujeres, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública.
 
También se afectaría la capacitación de prestadores de salud para que garanticen la Interrupción Legal del Embarazo a las víctimas de violación,  y la educación de jóvenes que se convierten en madres a edades tempranas ya que en México, a 2014 se registraron 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.
 
RECORTES A SALUD
 
El Anexo 13 indica que la Secretaría de Salud tendrá un recorte de 50 millones 717 mil pesos; al pasar de más de 5 mil 193 mdp  a 5 mil 132 mdp.
 
Con esta propuesta del Ejecutivo federal los programas más afectados serían el de Atención en salud, Formación y capacitación de recursos humanos para la salud, Investigación y desarrollo tecnológico en salud, y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva.
 
Este último programa –que suma los recursos destinados a la prevención y reducción de MM, la atención del CaMa, el CaCu y la compra de insumos como anticonceptivos– prevé un monto de 2 mil 129 mdp mientras que este año obtuvo 2 mil 227 mdp. 
 
Un análisis de la investigadora en presupuesto de Fundar, Centro de Análisis en Investigación, Daniela Díaz, indica que en general el Ramo 12 –considerando los recursos del Anexo 13– tiene un recorte real de 10.82 por ciento; al pasar de 132 mil 216 mdp aprobados el año pasado a una propuesta de 121 mil 817 mdp para 2017.
 
La también integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos, afirmó que aún sumando todos los montos que recibe de otros ramos, el programa “Salud materna, sexual y reproductiva” pasaría de 2 mil 345 mdp a 2 mil 233 mdp, lo cual resulta insuficiente. La reducción real de este programa es de 7.82 por ciento con respecto a lo aprobado para ejercer durante este año. Esto, asegura Díaz, sucede a pesar de que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que cuando se hagan adecuaciones presupuestales que tengan una “variación mayor al 5 por ciento” deben reportarse.
 
Para la analista esta disposición significa que no se pueden hacer recortes mayores al 5 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior, a menos que sean por causas excepcionales como la falta de recaudación tributaria y por ende menos ingresos. 
 
Hasta ahora el único programa en materia de salud que tiene un aumento es el programa de Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS que de 351 mdp ahora tendrá 397 mdp, lo que significa un incremento real de 9.5 por ciento.
 
En este programa la Coalición por la Salud de las Mujeres resalta que no hay retrocesos pero, afirma, debería indicarse que estos recursos son para apoyar a las mujeres con VIH porque si no existe la precisión el presupuesto se puede usar para ambos sexos sin cerrar brechas de desigualdad.
 
MENOS BECAS EDUCATIVAS
 
El próximo año la Secretaría de Educación Pública tendría un recorte de 12 por ciento con respecto a lo aprobado este año en los programas educativos con perspectiva de género; y es que la propuesta es reducir el gasto de 3 mil 987 mdp a 3 mil 500 mdp. De prosperar el proyecto, para el próximo año tendría 486 mdp menos de lo recibido este año.
 
En el Anexo para la igualdad los programas más afectados serían el de Fortalecimiento de la calidad educativa, Políticas de igualdad de género en el sector educativo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el Programa Nacional de Becas que pasaría de tener 3 mil 178 mdp a 2 mil 739 mdp.
 
Este último programa –que desde 2014 incluye el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven)– contaría con 439 mdp menos que este año.
 
Aún cuando la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados afirmó que el Promajoven solamente cubre a 10 por ciento de la población objetivo (madres adolescentes) para que concluyan su primaria o secundaria, el programa no se salvó del recorte presupuestal.
 
PRIORIDADES DE GOBIERNO
 
En la exposición de motivos del PPEF, el Ejecutivo indica que hay un monto de 265 mdp para la prevención de la violencia contra las mujeres a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), y 3 mil 884 mdp para el Programa de Estancias Infantiles.
 
De todos los rubros que obtienen recursos etiquetados, el gobierno federal solo hace mención de estos dos programas operados por la Secretaría de Desarrollo Social; sin embargo, de acuerdo con el Anexo 13, para 2016 el PAIMEF obtuvo 303 mdp y ahora tendría 250 mdp. 
 
Aunado a esto, otros programas dedicados a poner en marcha proyectos para la igualdad son el de Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género que de tener 323 mdp este año, quedaría en prácticamente la mitad con 173 mdp. Otro es el programa de Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se recortaría de 466 mdp a 420 mdp.
 
16/AGM/LGL

En México, durante 2014, casi 40 por ciento de las mujeres que fallecieron por alguna causa de muerte materna tenían escolaridad básica incompleta y 10.4 no tenía escolaridad, es decir que eran analfabetas y además vivía en condiciones de pobreza, señaló la investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Guadalupe Ramírez Rojas.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la experta advirtió que el hecho de que las mujeres cuenten con seguridad social y servicios de salud, no asegura que tengan una buena atención y orientación médica para ayudar a reducir el riesgo de Muerte Materna (MM) ya que en 2014,  un 42 por ciento de embarazadas que contaba con seguridad social, falleció por causas ligadas a la maternidad.
 
En 2014, la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 38.9 fallecimientos, por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo plazo venció en 2015, era de 22.
 
Ramírez Rojas dijo a Cimacnoticias que para lograr el nuevo compromiso establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a reducción de MM, es necesario incrementar el acceso a la educación y generar más empleos para las mujeres ya que quienes fallecen por esta causa, siguen siendo las mujeres en condición de pobreza.
 
La investigadora añadió que 10 por ciento de las mujeres que fallecieron ese mismo año, eran hablantes de alguna lengua indígena pero aún las que son bilingües, no comprenden totalmente el idioma español, por lo que recomendó que este dato debería ser tomado en cuenta por el personal del sector salud a la hora de brindar atención y asesoría médica.
 
Agregó que 42 por ciento de las defunciones registradas en 2014, fueron por causas directas de muerte materna; de ellas, la causa principal fue hipertensión durante el embarazo con un 20 por ciento y las hemorragias durante en el puerperio (etapa después del parto que dura hasta 40 días) representan un 14.3 por ciento de las causas directas de los decesos.
 
El aborto es la tercera causa directa de muerte materna con un 9.2 por ciento.
 
Las causas de muerte materna indirecta, que son aquellas enfermedades crónicas que padecían las mujeres antes de embarazarse, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, lupus y otros padecimientos, representaron un 31 por ciento.
 
Por lo anterior, las mujeres que tienen una enfermedad crónica deben recibir una mejor orientación por parte del personal de salud, para que les expliquen los riesgos que representa un embarazo para su salud.
 
De acuerdo con datos del OMM, 43.3 por ciento de las mujeres acudió durante el primer trimestre de su embarazo al control prenatal, de ellas un 22.6 por ciento tuvo entre 3 a 5 consultas prenatales y el 30 por ciento tuvo más de 5 consultas. De manera que las mujeres sí cuentan con información sobre la importancia de acudir a consultas médicas durante el embarazo, precisó Ramírez Rojas.
 
La investigadora agregó que 72 por ciento fue atendida durante el parto en un servicio de salud, 42 por ciento se atendió en un hospital o clínica de salud y sólo un 5.2 por ciento tuvo su parto en el hogar con atención de parteras.
 
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