Denise Dresser
VIOLENCIA
Familia insiste en que caso Karla Pontigo no fue “homicidio”
Voces en SCJN dicen que investigar feminicidio es “estándar alto”

Aunque el caso de Karla Pontigo Luciotto, víctima de feminicidio en 2012 en San Luis Potosí, fue atraído por la SJCN para constatar si la Procuraduría estatal cumplió con los estándares de investigación de muertes violentas de mujeres, ahora hay “voces” de magistrados que dicen que “investigar asesinatos violentos de mujeres como feminicidios es un estándar muy alto para fiscalías y Ministerios Públicos”.
Así lo denunció a Cimacnoticias la abogada Lorena Delgadillo, quien lleva el caso de Karla, tras participar hoy en una conferencia de prensa junto con Amnistía Internacional México, para presentar la campaña #VivanLasMujeres con el fin de pedir justicia por el caso de Karla Pontigo y los casos de feminicidio en el país
“Voces de la Corte nos dicen que el estándar es muy alto, porque se les están pidiendo muchos requisitos a los Ministerios Públicos para que cumplan y perfeccionen una investigación con perspectiva de género, imposible de alcanzar por su estructura y el contexto de acceso a la justicia en el país”. Y con ello, dijo, “el riesgo es tener menos investigaciones penales por feminicidio”.
Karla de 22 años trabajaba en la discoteca Play, donde su hermano la recogía todos los días después de que concluía con su jornada. El 28 de octubre de 2011, al percatar que no salía, el hermano entró para averiguar qué pasaba, encontró a Karla herida y desangrándose y por lo que fue trasladada al hospital donde falleció.

La madre de Karla, Esperanza Lucciotto, narró en la conferencia de prensa que el hospital la presionó a donar los órganos de su hija para que llamaran a las autoridades e investigaran, ya que se percató que las lesiones que presentaba Karla no las pudo ocasionar un “accidente” como dijeron los responsables del bar.
La versión que dio el personal del bar a la familia y al MP fue que ella chocó contra una puerta de cristal lo que ocasionó el accidente y graves heridas. Durante el proceso, el ministerio le negó a la familia tener acceso al expediente de indagatorias y participar como víctimas del crimen, esto lo lograron después de un año del asesinato al ganar un amparo que dio el juez segundo del ramo penal en SLP.
Pese a todo, señala la abogada, también directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos (FJEDD), la investigación contra el inculpado y dueño del bar donde trabajaba fue por homicidio culposo, a pesar de que la joven presentaba lesiones punzocortantes, signos de violencia sexual, golpes, y había pruebas de que vivió hostigamiento en el trabajo.
Por eso, señala Delgadillo, estaremos vigilando ante los dichos de magistrados de que “investigar los asesinatos violentos de mujeres como feminicidio es un estándar muy alto para las Fiscalías y Ministerios Públicos del país”.
LA IMPOTANCIA DEL CASO MARIANA LIMA
Afirma la abogada que negar la aplicación de esta jurisprudencia, además de ser una contradicción por parte de la Suprema Corte, “sería un retraso muy grande respecto a lo ganado con el caso de Mariana Lima”, del cual derivó.

En el caso de Lima, en 2015 la Primera Sala determinó que la muerte de la joven ocurrida en junio de 2010 en el Estado de México, tenía que investigarse como un caso de feminicidio -asimismo cualquier asesinato violento de una mujer- ya que el caso fue cerrado con la declaración de su marido de que ésta se había suicidado.
“Tenemos que estar alertas, tenemos confianza con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –mismo que falló a favor del caso Mariana Lima y participa en el de Karla-, pero tenemos que vigilar a los demás que se opongan o propongan otro tipo de estándar, lo que se resuelva en el caso de Karla, va afectar a todos los casos de feminicidio”, señaló Lorena Delgadillo.
Las denuncias de los familiares por las inconsistencias en la indagatoria del asesinato, derivó que en diciembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 55/2015, donde se indica que hubo graves deficiencias en la investigación: una autopsia mal practicada, el irregular tratamiento de la escena del crimen, y la falta de medidas para conservar y custodiar las pruebas.
La CNDH pidió la PGJ local castigar a todos aquellos servidores públicos que intervinieron de manera omisa en la investigación y hayan obstaculizado el acceso a la justicia, además ordenó la reparación integral del daño a la familia y medidas de protección por el hostigamiento del que eran víctimas, actos que no ha hecho de manera efectiva la Procuraduría, indicó Delgadillo.
REPARACIÓN DEL DAÑO
La abogada informó que el 18 abril del año pasado presentaron una propuesta de reparación integral de daños para la familia de Karla, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, alineada a la determinación de la Suprema Corte y los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso conocido como “Campo Algodonero”, pero no tuvieron respuesta.
Así mismo dijo, “pedimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuando estaba a cargo el licenciado Rubén Vasconcelos, que atrajera el caso, pero contestó antes de irse que no lo iba a atraer”, por lo que presentaron un amparo en el juzgado 11 de distrito en materia administrativa de la capital, en contra de la CEAV para que atraiga el caso, del cual también esperan respuesta, reportó la abogada.
“El llamado es para que gobernador de San Luis y la Procuraduría local, deben proteger realmente a la familia de Karla, con medidas efectivas de protección, y además a la Comisión Ejecutiva debe atraer el caso e iniciar la reparación real del daño a la víctimas.”
EL CASO KARLA PONTIGO Y OMISIONES DEL MP
A lo largo del proceso, la familia de Karla ha sido hostigada y perseguida por los presuntos inculpados, “Ahora temo por mi seguridad, yo se lo hago saber tanto al gobernador de San Luis, Juan Manuel Carrera, que tiene que ver por la seguridad de mi familia, castigar a los peritos y al Ministerio Público por su mala actuación”, denunció Esperanza.
La familia de Karla espera la respuesta de la SCJN para que la Procuraduría de San Luis Potosí vuelva a investigar el caso de Karla esta vez como feminicidio, pues aseguran que en su mismo estado no se puede garantizar que haya justicia, hecho que se podría dar en los próximos meses indicó la abogada Delgadillo Pérez.
Como impulsora de la campaña y acompañante del caso, también se presentó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panzi, y la politóloga, Denise Dresser, quienes condenaron los hechos de violencia en contra de las mujeres en México y en específico por Karla, e invitaron a sumarse a la campaña con el hashtag #UsaMiVoz a través de redes sociales.
17/HZM/GG
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Cada vez más complicado informar: Castellanos
La red, opción ante empresarios periodísticos neomachistas: Cacho

Las mujeres periodistas enfrentan amenazas, persecución y violencia como consecuencia de romper con el paradigma del periodismo tradicional y con las prácticas verticales y patriarcales de los medios de comunicación, dijo la periodista Lydia Cacho Ribeiro al participar en el Foro “Mujeres Periodistas: El Poder de sus Voces”.
Durante el foro, organizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ACNUDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizado en la capital del país, la periodista también criticó a los empresarios de los medios, a quienes calificó como “neomachistas”.
Al hacer un balance sobre el papel de las mujeres en la defensa del derecho a la libertad de expresión, la feminista afirmó que las comunicadoras han incursionado en fuentes donde se creía que no podían estar, como el de “delincuencia organizada” pero además señaló que han cambiado el paradigma de la familia, la maternidad y cuestionan la inutilidad de los mecanismos del Estado.
La autora de libros como “Los demonios del Edén” y “Esclavas del Poder” sostuvo que las periodistas han tomado espacios virtuales como Facebook donde pueden hacer más de lo permitido en los medios tradicionales pero acotó que ello implica vivir en una crisis económica porque ahora nadie paga por decir la verdad.
MIEDO, SILENCIO, CENSURA Y MUERTE
En el foro, la politóloga y escritora Denise Dresser habló de las agresiones a las periodistas, quienes, dijo, conocen muy bien las palabras “miedo, silencio, censura y muerte” en un país donde existe la simulación de las leyes, ya que a pesar de que desde 2012 existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estos grupos siguen en riesgo.
La columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma dijo que alzar la voz conlleva un alto riesgo, más si se trata de mujeres, quienes son amenazadas con ser asesinadas o violadas sexualmente, como le sucedió a ella cuando en abril de 2016 se sumó a la campaña #VivasNosQueremos en Twitter.
Dresser, quien también fue amenazada con secuestrar a su hijo, dijo que un país que minimiza, trivializa y descalifica la violencia contra las periodistas revela lo que ocurre a las mujeres mexicanas, que son victimizadas, encarceladas y abandonadas por el Estado y la sociedad.
La columnista criticó que a las trabajadoras de los medios y a las ciudadanas se les califique de “histéricas, viscerales o mal cogidas” y de que no sean “testigos confiables” de sus vidas ni de su verdad y, peor, que esta violencia no se considere ni una crisis ni un patrón.
Por ello llamó a arropar a las mujeres que con su trabajo periodístico defienden el derecho a la libertad de expresión, un derecho, que dijo, muchos mexicanos, ni siquiera conocen.
CADA VEZ MÁS COMPLICADO INFORMAR
En su oportunidad, la periodista independiente Laura Castellanos, quien en 2016 fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2015 por su trabajo “Fueron los Federales” sobre la ejecución de por lo menos 16 personas, aseguró que cada vez es más complicado informar.
Para la reportera y autora de “México armado 1943-1981”, el gremio periodístico debe afrontar la impunidad del Estado, quien de acuerdo con el Informe El Poder del Cacicazgo, elaborado por CIMAC, es presunto responsable del 73 por ciento de los casos cometidos contra las comunicadoras de 2014 a 2015.
Con esta referencia Castellanos aseguró que las periodistas no esperan que el Estado proteja a quienes violenta por investigar sobre temas como inseguridad, pederastia, victimas y corrupción, de quienes ejercen su profesión pese a las instituciones, las empresas de medios y las condiciones laborales miserables.
En la mesa también estuvo la abogada y presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alejandra Nuño Ruiz, quien señaló que hay una falta de recursos económicos para operar esta herramienta, como lo han señalado las dependencias de Gobierno.
A decir de la abogada, al mes este Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, gasta 16 millones y medio de pesos en medidas de protección para periodistas y defensores y requiere de un presupuesto de 80 millones de pesos para 2018; sin embargo declaró que el diagnóstico es que este procedimiento para obtener medidas de protección es ineficaz.
ESPACIOS PROPIOS
Al tomar la palabra la comunicadora, representante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México e impulsora de la agencia informativa Notimia, Guadalupe Martínez Pérez, aseguró que frente a estos escenarios una de las opciones es la creación de espacios propios para hacer visibles a las mujeres, en particular a las indígenas.
En abril pasado se fundó esta agencia de noticias encabezada por mujeres indígenas y afro descendientes, un medio nuevo que tiene la tarea de informar sobre aquellos temas que pasan inadvertidos por los medios tradicionales como el feminicidio de las indígenas, la fabricación de textiles o artesanías como propiedad intelectual, entre otros.
Al encuentro, auspiciado por la Embajada de Suecia y la Embajada Británica en México, también asistieron la periodista independiente Anastasia Moloney; la periodista y académica española, Nuria Varela; la académica mexicana, Nelly Lucero Lara Chávez; y la foto reportera de la Red de Periodistas de a Pie, Ximena Natera, quienes señalaron las condiciones e importancia de este oficio para la sociedad y para promover los derechos de las mujeres.
17/AGM/GG
