Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)

Hoy, Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, defensoras mexicanas, periodistas y las más de 90 organizaciones que conforman la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigieron al Estado mexicano garantizarles el derecho a ejercer su labor con igualdad, seguridad y dignidad pues durante lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto una defensora ha sido agredida por día.

De 2013 a 2016 se cometieron mil 360 agresiones contra defensoras de Derechos Humanos (DH)  en México, estas se caracterizaron por elementos de violencia de género, pues 35 por ciento de los casos presentaron  campañas de difamación con lenguaje sexista, amenazas de violación sexual; y amenazas contra sus familiares, además de hostigamiento sexual en redes sociales.

Los agresores fueron principalmente agentes del Estado, denunció la RNDDHM a través de un pronunciamiento.

Ante este contexto la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) también se pronunció y exigió al Estado mexicano, así como a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que la integran, implementar políticas públicas con perspectiva de género que cumplan los instrumentos internacionales como la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección de las defensoras de DH, para garantizar su “derecho a defender derechos y la protección efectiva”.

La IM-Defensoras también exigió al gobierno mexicano cumplir con los compromisos que ha adquirido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) respecto a la protección de defensoras que incluyen, entre otras cosas, otorgarles  medidas cautelares.

La exigencia de la IM-Defensoras y la RNDDHM se da en un contexto donde la violencia en contra de las defensoras va en aumento: en 2016 las agresiones se triplicaron pues la RNDDHM registró 550 casos a diferencia de los 189 cometidos durante el primer año de gobierno de Peña Nieto.

Por ello y por las 22 defensoras asesinadas desde 2012 a la fecha, entre ellas cuatro periodistas, la RNDDHM exigió justicia en los casos y repudió las agresiones en su contra.

En marzo de este año la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada en Chihuahua; y en Yucatán la defensora Emma Gabriela Molina Canto;  Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en Tamaulipas el pasado mayo y en junio, en Puebla, asesinaron a  Meztli Omoxóchitl Sarabia Reyna por su labor como defensora.

Estos casos y las mil 360 agresiones contra defensoras registradas de 2013 a 2016, posicionaron a México como el país Mesoamericano más violento para las defensoras, por encima de Honduras con mil nueve casos y Guatemala con 738, de acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de DH.

17/MMAE/LGL

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) –integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 entidades del país– condenó la detención ilegal, tortura física y psicológica y desaparición forzada temporal de que fue víctima la defensora de Derechos Humanos Cristina Erandeni Paredes Lachino, el 2 de mayo pasado a manos de elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
 
En una carta pública dirigida a las autoridades del estado de Michoacán, encabezadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, la Red condenó la violencia ejercida por los agentes de seguridad pública durante la detención de la integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”, así como las irregularidades que se cometieron. 
 
Señala el comunicado que a Cristina Erandeni –hermana de Janahuy e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán, presuntamente por el Ejército-, no se le mostró orden de aprehensión, no se le dijo el motivo del arresto y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial 11 horas después de la detención. Además, en un primer momento, la Procuraduría negó información a sus familiares sobre su paradero.
 
A todo esto, señalan la Red, se suma “lo infundado, incluso absurdo, de las acusaciones por supuestos daños y allanamiento de morada que enfrentó, mismas que, evidentemente, no lograron probarse”, por lo cual la activista fue liberada sin cargos durante las primeras horas del 3 de mayo.
 
HECHOS
 
La detención arbitraria e ilegal de Cristina Erandeni, beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ocurrió el 2 de mayo de 2017, a las 11:40 horas, por parte de 13 elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en la colonia Torreón Nuevo de Morelia.
 
Los policías la sometieron, la aventaron contra una malla ciclónica y le apuntaron a la cara con arma de fuego, sin mostrarle orden de aprensión ni especificar motivos del arresto.
 
Ella exigió que la liberaran y se identificó como defensora de derechos humanos, pero los uniformados intensificaron su violencia y un comandante al mando le advirtió: “¡Cállate, hija de la chingada! Este es un encarguito. Ahora te vamos a tratar como delincuente; de eso me encargo yo”, “yo sé quién eres tú, eres líder de un grupo de personas,  me voy a encargar de juntar toda la evidencia para refundirte en la cárcel”.
 
El comandante  ordenó a sus subordinados hostilizar a la defensora, lo que incluía videograbarla y fotografiarla permanentemente. Luego la trasladaron a la Procuraduría estatal,  en la parte trasera de una patrulla (placas 187 A-1) y la llevaron al  área de barandillas. De ahí la transfirieron a otras unidades de esta dependencia, siempre con la cabeza hacia abajo y con las muñecas esposadas en la espalda.
 
En el  área de separos,  fue ingresada a un cuarto vacío con un gran espejo en una de las paredes, donde la obligaron a  desnudarse y a hacer 10 sentadillas frente a un elemento policíaco, supuestamente para corroborar que no trajera objetos o drogas en la vagina.
 
Fue recluida en una celda  insalubre, fuerte olor amoniaco y sin ventilación, en donde un Ministerio Público y dos defensores de oficio quisieron obligarla a firmar una declaración falsa, en la que aceptaba su responsabilidad en los delitos de daño y allanamiento de morada, y constataba que sólo dos elementos policíacos (y no 13, como en realidad ocurrió) participaron en su detención. Eran las 17:00 horas y hasta entonces supo la defensora la acusación que se le hacía y le permitieron hacer una llamada telefónica. 
 
También le negaron atención médica, pese a que informó  a los funcionarios públicos que es diabética y dependiente de la insulina. Janahuy, su hermana, acudió a la Procuraduría en cuanto supo de la detención, pero nada le informaron y la trataron con burla, hasta que les advirtió que denunciaría desaparición forzada.   A las 6 de la tarde la dejaron verla, 10 minutos: tenía morenotes en hinchazón en ambas muñecas por las esposas, así como afectación emocional. 
 
A la una de la  mañana del 3 de mayo, dos horas después de que fue formalmente fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, Cristina Paredes obtuvo su libertad sin cargos. La  Procuraduría dijo que el arresto se dio tras el auxilio solicitado por un sujeto presunta víctima de robo cerca de donde estaba la defensora y que iría a levantar denuncia 9 horas después del arresto. 
 
La RNDDHM señala que estos hechos se enmarcan en el patrón de persecución política que ha padecido la familia Paredes Lachino, para inhibir se labor en defensa de Derechos Humanos y “en el contexto de los preparativos de la marcha del 10 de mayo próximo, en la que cientos de madres mexicanas, entre ellas las integrantes del Cofaddem, salen a las calles para demandar la aparición con vida de sus familiares desaparecidos”.
 
SANCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
 
La RNDDHM exige  a las autoridades de Michoacán que inicien las investigaciones necesarias para sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos involucrados en las violaciones a Derechos Humanos que padeció Cristina Paredes, y que garanticen la integridad física y psicológica de esta defensora, de su familia y de las personas que integran el Cofaddem.
 
Copia de la carta pública fue enviada también a la coordinadora Nacional Ejecutiva del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Patricia Colchero; al subsecretario de DH de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH, Jan Jarab, y al relator especial de la ONU para la situación de las personas defensoras de DH, Michel Forst. 
 
17/RED