Agencias Especializadas en Delitos Sexuales

Desde hace nueve años la Clínica Especializada Condesa entrega anticonceptivos y antirretrovirales a las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, que dependen de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), para que los oferten a las víctimas de violación sexual; sin embargo las agencias no dan estos paquetes de salud a las mujeres que llegan a denunciar.
 
A través del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” implementado desde 2008 la PGJ y la Clínica acordaron brindar a la atención médica inmediata a estas víctimas y anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).  
 
No obstante el servicio no se garantiza en las agencias investigadoras y las dos unidades de la Clínica Especializada Condesa, una ubicada en la delegación Miguel Hidalgo y otra en Iztapalapa, sólo cuentan con cuatro médicos que al año deben atender a más de mil víctimas de violación sexual.
 
OBLIGACIÓN DE ESTADO
 
El tratamiento para las víctimas de violación, que consiste en la administración de anticonceptivos, la profilaxis y, en caso de ser necesario, el acceso a la interrupción del embarazo, es una obligación del gobierno como lo establece el Artículo 6.4 de la Norma Oficial Mexicana 046, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
 
Sin embargo, en un recorrido que Cimacnoticias realizó por las seis agencias especializadas, el personal de las agencias que atiende las denuncias de violación sexual aseguró no contar con el tratamiento “porque es responsabilidad de la Clínica Especializada Condesa administrarlos” a pesar de que el personal la Clínica informó en entrevista que cada año abastece con suficientes dosis a las unidades.
 
“Hay un acuerdo con las PGJ, ellos tienen kits e inician el tratamiento de profilaxis con la condición de que deben venir después a la clínica a continuar con el tratamiento porque nosotros no tenemos la atención los fines de semana ni en la noche, pero después nos envían a los pacientes”, aseguró la ginecóloga de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
 
La ginecóloga, quien forma parte del programa de atención, enfatizó que el tiempo es apremiante para dar los medicamentos a las víctimas de violación, se cuenta con 72 horas, de lo contrario los antirretrovirales y anticonceptivos no tienen afecto para prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana y un embarazo.
 
Tan sólo en 2016 la institución médica atendió a 958 víctimas de violación por primera vez; 91 por ciento eran mujeres con edad promedio de 19 años, el resto hombres de 21 años, según su informe anual.
 
En 2014, 25 mujeres presentaron un embarazo producto de una violación, el año con el mayor registro de estos casos, indicó la doctora Cabrera; 24 de ellas accedieron a una interrupción legal del embarazo y solo una no pudo hacerlo porque tenía más de seis meses de gestación.  
 
Ante la incidencia de este delito, desde 2015 se inauguró la unidad de la Clínica Condesa en Iztapalapa, una de las delegaciones donde se registra el mayor número de casos violación en la capital, precisó la ginecóloga. El año pasado la unidad atendió a 51 víctimas.
 
CONTRADICCIONES
 
De acuerdo con la ginecóloga Teresita Cabrera cada año capacitan al personal de las agencias de delitos sexuales para que brinden información certera a las denunciantes sobre los horarios y la administración de las tres pastillas de antirretrovirales y la pastilla de anticoncepción que conforma el paquete médico.
 
Pero el personal de las agencias aseguró a Cimacnoticias que no tienen conocimiento de cómo administrarlos por lo que de lunes a viernes canalizan a las víctimas a las clínicas y únicamente los fines de semana, cuando la institución médica no da el servicio, ofrecen el paquete y un folleto de instrucciones.

Las víctimas son las únicas afectadas por estas contradicciones. Ejemplo de ello es Itzel, la menor de 15 años de edad fue violada el 1 de junio cerca del metro Tasqueña. Aunque ella denunció no le dieron el kit de emergencia en ninguna de las tres agencias especializadas a las que tuvo que ir.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Al no encontrar atención médica la familia de Itzel tuvo que costear los anticonceptivos y trasladarse, después de las 42 horas que duró el trámite de la denuncia, a la Clínica Condesa para solicitar los antirretrovirales. De no recibir o acudir a la clínica por ellos, las víctimas de violación tendrían que pagar de sus bolsillos entre 5 y 10 mil pesos por este medicamento, indicó la doctora.
 
Cabrera López afirmó que al menos en el último año no se han efectuado los cursos de capacitación para actualizar al personal de las agencias. “Se nos ha complicado porque cambian las personas con las que debemos hablar, pero no han venido a capacitación recientemente, aunque saben que lo tienen que hacer cada año”.
 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A SU SUERTE
 
A esta situación se suma el desconocimiento de cuántas de las víctimas que denunciaron una violación acuden a la Clínica Condesa. Las agencias de la Procuraduría las canalizan y la clínica sólo tiene el conteo de aquellas que atienden. De 2009 hasta 2016, se dio tratamiento médico a 7 mil 397 víctimas.
 
La ginecóloga señaló la nula comunicación entre las instancias, “No tenemos el control de cuántas denuncian y cuántas vienen, en las agencias emiten los oficios, pero no nos sentamos ni hablamos con ellos, es un trabajo interinstitucional por acuerdos de años previos”.
 
Además, los cuatro médicos distribuidos en las dos clínicas, tres en la unidad de Miguel Hidalgo y uno más en Iztapalapa, atienden también a los pacientes de los otros seis programas con los que cuentan, como el de atención y detección de VIH en mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, transgénero y el de salud mental.
 
La sobrecarga de trabajo y la falta de personal tanto médico como de trabajo social en la clínica impide corroborar que las víctimas de violación cumplan con su tratamiento: ir cada tres meses -hasta cumplir nueve- para corroborar que no tienen alguna infección, VIH o un embarazo.
 
“No tenemos esa capacidad, atendemos muchísimos programas, no nos damos abasto, no es un trabajo viable, no podríamos hacerlo”, concluyó la ginecóloga.
 
Una parte de las víctimas de violación sexual que no se refleja en las estadísticas son las niñas menores de 12 años de edad. Ellas, indicó la doctora Cabrera, tienen afectaciones específicas que necesitan ser tratadas por especialistas por ello es necesario conocer el panorama que esta población en el país.
 
17/HZM/MMAE

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ana Juana Ángeles Valencia, para exhortar a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a que informe sobre el funcionamiento de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, por lo que ahora se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
 
El punto de acuerdo fue presentado el pasado 14 de junio y en él demandó al entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, que informara los lineamientos vigentes para capacitar al personal de la Fiscalía y que explicara cuál es el modelo de atención o esquema vigente en las Agencias Especializadas desde la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
Ángeles Valencia recalcó que aún con la salida del Procurador la PGJDF tiene la obligación de responder. Por ello y para que la propuesta no quede “sólo en el exhorto” porque, dijo, “los delitos sexuales tienen graves consecuencias en las víctimas”, destacó la importancia de evaluar cómo ha operado la Fiscalía Especializada en los últimos años y particularmente en este último, cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal.
 
La evaluación, dijo, deberá incluir que la PGJDF compruebe que cuenta con personal capacitado para atender a las víctimas de violencia sexual.
 
También consideró que es necesario instalar nuevas Agencias Especializadas para que más mujeres tengan acceso a estos servicios.
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta agencia la  ubicación de las Agencias Especializadas y la falta de personal en cada una de ellas propicia que la denuncia les tome un día entero a las víctimas.
 
Al respecto Ángeles Valencia mencionó: “Estamos contemplando que se instalen otras agencias en los alrededores de la Ciudad de México porque ahí es donde se presentan varios casos, por eso cuando ellas van a donde les corresponde ya pasaron horas y es frustrante para ellas que no esté el personal que las debe atender”.
 
Ejemplo de ello es la zona oriente de la Ciudad de México donde de 2014 a septiembre de 2016 se registraron 533 casos de violaciones sexuales, pero en el lugar solo hay una agencia especializada en delitos sexuales. 
 
Actualmente operan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc
 
“Sí es necesario que se pongan otras agencias porque son muy pocas las que están atendiendo todos estos casos”, recalcó la diputada.
 
17/MMAE/HZM

Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG

Por ley, las Agencias de Delitos Sexuales en la capital del país están obligadas a dar a las víctimas “un trato digno, respetuoso y sensible, dadas las circunstancias por las que atraviesan”, a darles “asesoría jurídica y atención médica y psicológica”. Un escenario digno impulsado por el movimiento feminista durante años de lucha, pero que hoy, ante la realidad, obliga a preguntarse “¿en qué se convirtió el sueño?”.
 
En un día común en las agencias, mujeres sostienen en sus manos los arrugados papeles de su denuncia y reclaman que dejaron libre a su agresor sexual; una abuela y su nieta de siete años quien vivió un delito sexual, reciben un trato frío y esperan ser atendidas. Otra joven lleva cerca de seis horas en las instalaciones... No hay contención, ni privacidad, sólo tensión, llanto contenido, frías instrucciones y horas, días quizá, de trámites.
 
La primera Agencia se instauró en la capital en 1989, luego de que 19 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violación por escoltas del entonces subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo. Los hechos motivaron reformas al Código Penal Federal y el aumento de la sanción por delitos sexuales. Todo esto, impulsado por el movimiento feminista, periodistas, académicas y defensoras.
 
Ellas se unificaron en organizaciones como el Comité Pro Víctimas (1991) que tenía la facultad de vigilar el funcionamiento de las Agencias Especializadas.
 
Hoy, en la capital funcionan seis agencias especializadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc, regidas bajo el acuerdo A/002/2005, que emitió la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en 2005 para la atención a víctimas.
 
Este indica las diligencias estrictamente necesarias: canalizar a las víctimas al perito psicólogo y médico, como medidas inmediatas para atender lesiones y contención emocional. Luego, la declaración y el inicio de la averiguación previa.
 
DENUNCIA, UN LARGO DÍA
 
El proceso de denuncia le toma a la víctima un día completo, corroboró Cimacnoticias durante un recorrido por las agencias de delitos sexuales 1 y 6, ubicadas en Cuauhtémoc. En la 1, una joven de 17 años dijo que había iniciado su denuncia a las 11 de la mañana, pero lo habían dicho que esta concluiría hasta las 10 de la noche. Procedía de Cuajimalpa, en donde fue víctima de violación, y al llegar, el MP la cuestionó “tienes aliento alcohólico, ¿cómo querías que no te pasara?”.
 
La perito en Psicología de esta Agencia explicó que la valoración psicológica a la víctima tarda de una a 5 horas y el estudio médico depende del delito, “en caso de violación se necesita una revisión exhaustiva, pero por abuso sexual es un chequeo rápido”. 
 
Aunque la normativa indica que el personal debe dar las “recomendaciones profilácticas para prevenir alguna consecuencia” como infecciones de trasmisión sexual,  una asesora jurídica en la Agencia 1 indicó que esta no tienen facultad de contar con  anticonceptivos de emergencia, “pero si la víctima los necesita, se llama al personal de la Clínica Condesa”.
 
Después, la policía de investigación intenta, con recorridos a la zona donde ocurrió el delito, ubicar al agresor, con retratos hablados. En caso necesario, se llama a peritos en química para recabar pruebas de sustancias y dar con el agresor.
 
Si la víctima es menor de edad, las agencias cuentan con áreas lúdicas para que estén más confortables, “con ellos hay un trato diferente”, aseguró la perito.  Pero la abuela de una niña de siete años, víctima de un delito sexual, dijo que llevaban más de una hora de espera y nadie trasladó a la niña a dicho lugar.
 
El reglamento de 2005 indica que todo el proceso judicial se tiene que realizar en “áreas exclusivas y privadas”, con personal del mismo sexo que la víctima. La abuela y su nieta hicieron la denuncia frente a las personas que esperaban y sólo les dieron dos documentos que explican sus derechos como víctimas.
 
Irregularidades como estas ya han sido denunciadas. En el año 2000, cerca de 20 grupos civiles, como las Defensoras Populares y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos local una queja por tres casos en que las agencias no cumplían su función: no había manuales operativos, ni personal capacitado, faltaban médicos y psicólogas, o se les negaban el servicio a las víctimas y recibían malos tratos.
 
La Comisión emitió la Recomendación 3/200 a la PGJDF por  “servicio ineficiente” y ésta la aceptó parcialmente, mejoró la infraestructura, el mobiliario, elaboró manuales operativos y capacitó a su personal. Se tomó por cumplida en 2005. En junio de ese año se publicó el acuerdo en la Gaceta Oficial. Hoy la evidencia revela que el acuerdo quedó sólo en eso. 
 
APOYO MÉDICO Y PSICOLÓGICO, A LA SUERTE
 
Finalizado el proceso en las agencias, las víctimas son dejadas a su suerte. Según el acuerdo, para recibir tratamiento integral (estudios, interrupción del embarazo y terapia psicológica), se les refiere al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) y a la Clínica Especializada Condesa.
 
“No creo ir, tengo que trabajar porque tengo hijos que mantener”, dijo una mujer de alrededor de 35 años, que horas antes, en la Agencia 6, denunció con otras 6 ser víctima de violación por el mismo agresor, el cual fue liberado por “falta de pruebas”.
 
Otra dijo que era “posible” que asistiera al servicio médico por ser algo que “afecta su salud”; les dijeron que el agresor podría tener VIH. Ninguna iría a terapia, dijeron que no les importaba ese servicio, sólo querían justicia y se quedaron afuera de la PGJDF, gritando, desesperadas, “que vuelvan a arrestar al agresor”.
 
“No podemos obligar las personas a atenderse en esos servicios, dijo la  asesora jurídica, una vez  canalizadas depende de ellas continuar con el tratamiento”. La ley, efectivamente, no ordena ningún seguimiento, sino la “responsabilidad del agente del MP” de canalizar a la víctima y/o sus familiares o hacer de su conocimiento la existencia y servicios que brinda el CTA”.
 
En la próxima entrega sabremos del  servicio que otorga el Centro de Terapia, instancia única que recibe todos los casos canalizados de las 6 agencias especializadas de la capital. 
 
17/HZM/MMAE/GG

Las personas que vivieron una violación sexual o cualquier otro delito de este tipo, no denuncian ante los Ministerios Públicos especializados en violencia sexual, ya que desconfían de las instituciones de justicia y temen ser revictimizadas, pero sí acuden a organizaciones civiles, que se han vuelto una opción para que sean atendidas ante un Estado que incumple. 
 
En una de esos organismos civiles es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), que atiende 500 casos semanales de mujeres y niñas que fueron víctimas de algún delito sexual. Su directora, Laura Martínez Hernández, explicó a Cimacnoticias que esta cifra es el subregistro de quienes no denuncian debido a “la burocracia y a la falta de una atención de las autoridades responsables”. Por eso, llegan aquí, dijo, a instancias que no tienen nada que ver con la Procuraduría”.
 
De las 10 personas que denuncian una violación u otro delito sexual ante las Procuradurías de Justicia locales, en 2 casos sí procede el delito y tal vez, dijo la especialista, en uno hay sentencia. Este índice demuestra la falta de justicia para las víctimas, indicó Martínez.
 
La fundadora de la Asociación, señaló en entrevista que desde los 27 años de experiencia que tienen la organización en el tema, observan que el problema empieza desde que las personas acuden al MP a levantar una denuncia. El tiempo mínimo para que esto suceda es de 8 horas, el máximo 12. “Este no es un procedimiento que sea corto, ni que esté tomando en cuenta que la persona se encuentra mal emocionalmente”, indicó.
 
La contención emocional y el chequeo de la salud de una persona que acude a las Agencias especializadas es fundamental, explicó Martínez Hernández. El primer paso –e inmediato- es que a se les brinde a las víctimas anticoncepción de emergencia para prevenir enfermedades de transmisión sexual y constatar que no tiene lesiones físicas.
 
A largo plazo se debe continuar el acompañamiento y seguimiento del protocolo de atención, continuó la también psicóloga. El chequeo de que la víctima no le fue transmitida alguna enfermedad sexual debe ser a partir de una revisión periódica (cada tres meses durante un año). Al término se debe proseguir con la atención psicológica, indicó.
 
Pero esto no sucede, aseguró la especialista, “no se hace, no se les da como atención urgente, las dejan esperando por mucho tiempo”. Para quienes sean atendidas, serán transferidas a una clínica de salud, después tendrá que regresar a continuar con la declaración. “Es la burocracia lo que hace que las personas se cansen de continuar con la denuncia”, señaló Hernández.
 
Una solución, propuso la especialista, es que los servicios jurídicos y legales se concentren en una sola instancia, que sea capaz de brindar un modelo de atención integral; médica, legal, psicológica y atención a familiares.
 
“Eso es lo que se necesita una institución que brinde todos estos espacios en el mismo lugar, para un buen abordaje real”, y no de manera diferenciada y descoordinada como se tiene hasta ahora, añadió.
 
DESESTIMAN DECLARACIÓN
 
El siguiente obstáculo se presenta cuando las víctimas dan su declaración, porque “es muy difícil que se levante bien la denuncia”, dijo la directora de Adivac, la falta de conocimiento, estigmas y sensibilización por parte del personal de las Agencias Especializadas, hace que muchas denuncias sean desestimadas y no procedan, dando paso a la impunidad.
 
Por ejemplo, comentó Laura Martínez, cuando declaran las mujeres que vivieron una violación sexual no se interpreta y contextualizan la situación que enfrentaron, “declaran cosas como ‘dejé que me bajaran los pantalones o el vestido” cuando se están dejando porque las están amenazando”.
 
“Los funcionarios públicos deben de tener una sensibilización y capacitación que realmente les muestre a ellos cómo atraviesa una persona la violencia sexual, si no lo identifican ellos, entonces no van a poder dar una buena atención”, declaró la especialista.
 
PRUEBAS
 
Pero la falta de especialización no sólo se da en el rubro de atención, dentro de los MP continua al momento de la investigación. La directora de Adivac dijo que a partir de los casos que han acompañado, observan que las personas encargadas en investigar que se cometió el delito no están especializadas, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.
 
El personal encargado de realizar el peritaje médico y psicológico que compruebe que la mujer o niña fue víctima de algún tipo de delito sexual, no está especializado “Al hacer el peritaje te piden una cierta especialización en el tema y nadie la tiene. Por ejemplo, igual un psicólogo que trabaja con adultos que vivieron violencia sexual, atiende a menores de edad, no hay manera de que estén especializados”.
 
La misma organización, ha brindado capacitaciones a funcionarios y el personal público, incluso ha tratado que su personal colabore en las Agencias, destacó Martínez Hernández. Pero las autoridades se niegan a dar continuidad a los modelos de atención, se transfiere el personal con cada cambio de gobierno, lo que impide tener avances reales en la materia, señaló la especialista. 
 
Ante este contexto y un Estado que no invierte en la atención a víctimas de delitos sexuales, se plantea como clave el trabajo de instituciones como Adivac, afirmó su directora, y pese a la falta de recursos para atender a familias enteras y además pagar a su personal, “sigue existiendo”.
 
“Por eso nosotros no hemos desaparecido, porque es un delito que sucede, porque la misma gente es la que hace que sigamos trabajando aún sin el apoyo del sistema”, concluyó Laura Martínez.
 
17/HZM/GG

Cada 40 minutos y 53 segundos se abre en el país una carpeta de investigación por el delito de violación, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero para la mayoría de víctimas no hay justicia.
 
No son todos los casos, porque la mayoría de las víctimas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia. Así lo diagnosticó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016.  
 
Tan sólo de 2014 a febrero de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 39 mil 663 casos de violación. El Estado de México se colocó como la entidad con el mayor número de casos, 5 mil 954 en total; continúa Chihuahua con 2 mil 773, Chiapas 2 mil 350 casos, en Baja California 2 mil 037 y Nuevo  León con mil 973 casos registrados.
 
En Guanajuato sumaron mil 881 casos, en la Ciudad de México mil 872 y en Tamaulipas mil 654; mientras en Hidalgo fueron mil 337, mil 343 en Jalisco y Morelos tuvo mil 298 casos.
 
Entre enero de 2010 y junio de 2015, de 22 mil 399 averiguaciones previas por violación, sólo el 40 por ciento fueron con consignadas a expedientes en los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, 9 mil 043 continuaron el con el proceso judicial.
 
La cifra disminuye al hablar de sentencias. Según datos del Inegi hasta 2015 únicamente 3 mil 713 personas cumplían sentencia en centros penitenciarios por el delito de violación y otras mil 065 por violación equiparada, esta última entendida como la que se comete contra menores de edad o a personas con incapacidad intelectual para comprender el hecho.
 
LOS LENTOS PASOS DE LA JUSTICIA
 
Si bien la tipificación de este delito data de 1931, el movimiento feminista impulsó varias de las reformas al Código Penal y al capitalino, para que las víctimas de estos delitos accedieran a la justicia.
 
La primera reforma al Código Penal se hizo en 1966 cuando se incrementaron las penas de prisión de 2 a 8 años y se agregó una multa de 2 mil a 5 mil pesos. En 1966 se hizo una segunda reforma para, igualmente, incrementar de 6 a 8 años la prisión y derogar la multa.
 
Pero la realizada en 1989 fue crucial, cuando la presión de académicas y organizaciones civiles obligó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar el Código capitalino para ampliar la definición de violación y el concepto de cópula e incrementar la sanción de 8 a 14 años de prisión.
 
Por vez primera se tipificó el hostigamiento sexual, lo que sentó las bases legislativas para que el resto del país homologara sus leyes.
El antecedente de estas reformas fueron los 19 casos denunciados por violación ocurridas en la zona sur de la capital, en todos, los agresores fueron los mismos: ocho escoltas del entonces subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo.
 
Este hecho dio paso a la creación de las primeras instancias para la atención y procuración de justicia, que antes no existían. El mismo año, en la Ciudad de México, se instaló la primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales del país, inició la preparación del protocolo para la atención a víctimas y reparación integral del daño y se estableció el Centro de Terapia de Apoyo (CTA) dependiente de la Procuraduría de Justicia Capitalina, para asistir emocionalmente a víctimas de delitos sexuales.
 
En estas instancias fueron atendidas las víctimas de violación perpetradas por los escoltas del subprocurador Coello Trejo. Por el caso, en 1993 sólo fueron detenidas cuatro personas y debido al retraso en la actuación de las autoridades, las víctimas no continuaron con el proceso.
 
Al paso de los años y pese a la creación de nuevas normativas, las instituciones que años atrás fueron creadas para atender a las víctimas de este delito “están en decadencia” y son dirigidas por autoridades poco competentes.
 
 
 
LABERINTO A LA JUSTICIA
 
Las víctimas de violación enfrentan el primer obstáculo en su búsqueda de justicia cuando presentan la denuncia, señala la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Alicia Pérez Duarte. 
 
Para la experta en violencia y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pérez Duarte, la travesía de las víctimas para acceder a la justicia comienza al presentar la denuncia, pues es ahí donde enfrentan los primeros obstáculos dentro de las instituciones que están obligadas a garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
A las víctimas se les pide que comprueben la violación, “les realizan exámenes ginecológicos que acrediten el delito y someten su declaración a dudas y la desestiman”, y agregó que en 2011 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó  que “la sola declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”.
 
La abogada explicó que aunque en la investigación de este delito la presunción de inocencia es un derecho que los inculpados tienen, cuando dos derechos entran en pugna siempre prevalece el de mayor jerarquía. “Al atender este delito debe sobreponerse la seguridad y el derecho a una vida libre de violencia de la víctima, el cual es prioritario porque tiene que ver con el derecho a la vida”.
 
TODAS SON DAPHNE
 
Evidencia de la violación de este derecho y obstáculo a la justicia es el caso de Daphne Fernández, en Veracruz, quien en enero de 2015 fue violada por cuatro jóvenes, apodados “Los Porkys”. Después de 2 años de buscar justicia, el pasado 28 de marzo el Poder Judicial de la entidad otorgó un amparo a uno de sus agresores por considerar que no había elementos suficientes para probar la intención del agresor por "satisfacer un deseo sexual".
 
Aun cuando la menor denunció haber sufrido tocamiento de senos, jaloneos de su playera y burlas, se dio prioridad a la declaración del agresor, “quien defendió a los “Porkys”, sacó de contexto la situación de Daphne para enfrentar la presunción de inocencia frente al derecho de una vida libre de violencia”, indicó Pérez Duarte.
 
La fundadora del Grupo Plural Pro-Víctimas, A. C. y abogada experta en delitos sexuales, Patricia Olamendi Torres, agregó, que para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres “lo que se debe armonizar en los procedimientos penales son específicamente los medios de prueba”.
 
Cuando no se respeta el testimonio de la víctima desde el momento de la denuncia, precisó Olamendi Torres, se incumple con el principio de igualdad establecido en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, donde se especifica que no debe darse más importancia a la inocencia de la persona acusada.
 
“El caso Daphne no es una excepción en la regla diaria en México. Los jueces y Ministerios Públicos deben entender que las mujeres tenemos derecho al respeto de nuestro integridad física y la libertad sexual”, concluyó Olamendi.
 
INCAPACES, INSENSIBLES: MENOS SENTENCIAS
 
Otro de los factores que no permiten que la ley y las investigaciones corran con la debida diligencia es la falta de especialización en perspectiva de género y sensibilización de los jueces y personal de los Ministerios Públicos (MP), agregó Olamendi Torres.
 
Como consecuencia, explicó, las autoridades minimizan el delito: “Equiparan la violación con el abuso sexual, dicen que son las mujeres quienes ‘provocaron’ a los agresores y cuando la violación se cometió con un objeto distinto al pene no la reconocen como tal”.
 
Pérez Duarte calificó como un “pacto patriarcal” la protección que el sistema de justicia da a los violadores. "Esto se ve claramente en las sentencias donde una mujer es la víctima, ahí se desencadenan inmediatamente los mecanismos en defensa del hombre acusado”, precisó.
 
Para Olamendi Torres, el bajo número de sentencias, es un reflejo de que las capacitaciones en perspectiva de género para los jueces no funcionan. “Todos dicen que ya pasaron capacitaciones, el resultado verdadero sería el acceso a las justicia de las mujeres”.
 
“Lo que vivimos las mujeres en México es una violencia institucional”, declaró Olamendi Torres y denunció que “la simulación y la impunidad en la atención de casos de violación dejan en desamparo total a las víctimas”.
 
La violación es un delito invisibilizado en la mayoría de las estadísticas de instancias como la CEAV y Fiscalías estatales, quienes no reportan los casos que están en proceso, tienen sentencia o no son denunciados, a pesar de ser un delito considerado por el Código Penal como grave, es incluido en los datos como “delitos sexuales”, sin dar muestra de la magnitud con la que se comete.
 
A esto se suma la falta de agencias especializadas para presentar la denuncia, programas e instituciones públicas de atención emocional  y en salud para las víctimas. Y las irregularidades que persisten en los Códigos Penales de cada entidad que refuerzan los obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violación.  
 
17/MMAE/HZM/GG