Lesvy
Insuficiente Protocolo para atender casos en la UNAM
Universitarias sin mecanismos eficientes para denunciar acoso sexual

La universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y acoso sexual e incluso del feminicidio.
El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.
La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.
A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.
Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que duró su relación.

A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la violencia de género que viven en las instalaciones.
Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.
Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.

LABERINTO A LA IMPUNIDAD
En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe” por la igualdad de género.
Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género.
A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.
De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores (73 por ciento).

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.
En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.
Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión, robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.
Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en caso de necesitarlas.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.
La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.
Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez, por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género.
En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera.
En redes sociales de Internet los agresores la llamaban constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio de su imagen.
La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General).
El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”, argumento repetido en los Ministerios Públicos.
Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.
Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.
Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la “sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo electrónico.
De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.
Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación” es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en un caso no se concretó un acuerdo.
Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación sentimental o bien, académica).
Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores, alumnos o personal administrativo.
Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria ante la violencia de género.
Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para analizar el contenido del Protocolo.

FES, OLVIDADAS DE LA UNAM
Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.
A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes, académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar, así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM.
Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es prácticamente inexistente.

Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de la FES Cuautitlán.
En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras, expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y alumbrado público.
Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.
Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento era de personal académico.
NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS
En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela Hernández Hernández no tuvo ninguna repercusión.
El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.
Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy. Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el “Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.

Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.
“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa dentro de nuestras instalaciones”.
No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la también estudiante.
Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima de violencia por parte de Jorge Luis González.
Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes incluidos en la carpeta de investigación.
A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las víctimas de feminicidio en este país.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser aceptadas.
18/HZM/AEG
VIOLENCIA
QUINTO PODER
No es suicidio, la “suicidaron”

Atrevernos a cuestionar un dictamen médico o un peritaje que arroja que una mujer “se suicidó” no es cosa sencilla, pero son las madres o mujeres familiares de las víctimas las primeras en señalar “ella no se suicidó”, la mataron, y así se han reconocido graves errores en las investigaciones.
El año pasado, la muerte de una mujer, ocurrida en Calakmul, Campeche, fue difundido como un “suicidio”, y solo unos días después, la madre de la joven salió a declarar que ella sospechaba que en realidad se trataba de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima, quien días antes la había violentado. El cuerpo presentaba golpes, que a juicio de la familia, hacía pensar que hubo violencia momentos antes de la muerte.
Este caso no es aislado, es por demás parecido a lo que sucedió con Mariana Lima, hija de Irinea Buendía, una mujer que se hizo investigadora, abogada, defensora y acompañante de otras madres, como lo ha demostrado ahora al lado de la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien un peritaje sin perspectiva de género, alega que se suicidó frente a su novio.
El tema pone en evidencia la importancia de que los Mecanismos de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que responden a recomendaciones específicas de la CEDAW, atiendan y cumplan el artículo 2 relativo a la no discriminación garantizando procesos justos, con perspectiva de género y que reconozcan los factores de la interseccionalidad y que afectan la igualdad en el acceso a la justicia.
El Estado Mexicano ha contraído voluntariamente una serie de compromisos para responder y garantizar la aplicación de los peritajes con perspectiva de género, reconociendo que son los peritajes que no atienden a estos principios los que sesgan la visión desde la investigación y que afectan la integración de la carpeta de investigación y su posterior acusación ante el juez de control para la vinculación a proceso.
Una cadena de eventos desafortunados que a lo largo y ancho del país han quedado demostrados y de los cuales ya hizo señalamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parece, no han sido leídos por muchos actores y actoras que intervienen en el proceso de acceso a la justicia para las mujeres, al no aplicar el criterio fundamental de “investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, incluyendo un presunto feminicidio”.
Las implicaciones de los suicidios van desde casos que a años de que fueron cerrados, las madres o padres de las víctimas afirman seguros: mi hija no se suicidó, ella me había contado de sus planes, hasta insólitos casos en los que la víctima fue a hacer compras de alimentos para la semana, compró macetas con plantas y ese mismo día por la tarde decidió “suicidarse”, borrar su teléfono y colgarse.
Eso ocurrió con el caso de Mariana Lima, y la insistencia de Irinea demostró que una investigación con perspectiva de género que reconociera los factores de violencia sexual, física y sicológica a los que vivía sometida la víctima, eran suficientes elementos para dudar de la versión que se dio oficialmente y que era endeble con la aplicación de criterios básicos.
Lo mismo sucede ahora con el caso de Lesvy, un caso mediatizado y que desde el primer momento ha sido acompañado y seguido por colectivos feministas que apoyan a la madre de Lesvy en su búsqueda de justicia.
Con una argumentación compleja que facilita la defensa para el imputado pero hace difícil la búsqueda de justicia -el acceso a la justicia- a la víctima, un peritaje que habla de un suicidio frente a un agresor es una afirmación bastante débil, pero que habla de alianzas patriarcales feminicidas.
Pactos que ayudan o buscan mejorar ante la opinión pública la percepción que se tiene de los agresores, en cambio ubican a las víctimas, las que ya no pueden defenderse como personas que propiciaron su propia muerte, la buscaron o incluso la cometieron por su propia debilidad y que incluso complicaron la vida al “pobre agresor”. No debe sorprendernos para nada esos enfoques que justo coinciden en construcciones discursivas de las que ya hemos hablado.
Por alguna razón una cobertura periodística hablaba de “un joven brillante que descuartizó a su novia (nini)”, sembrando en la opinión pública la simpatía por un feminicida que “echó a perder su vida por una persona que no valía lo mismo que él”.
Y justo de eso se trata el análisis de género, aplicar la perspectiva y el enfoque para ser capaz de identificar cuándo el valor de la vida de una mujer es tasado frente a la de su agresor y ella pierde, porque socialmente hay una desvalorización del ser-nacer mujer por costumbres y prácticas que otorgan mayor valor a un niño frente a una niña no solo por la continuidad del apellido, sino por la productividad que suponen implica la fuerza de un hombre frente a la de una mujer, y lo terrible es cuando eso se refleja en la impartición de justicia.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
17/AC
VIOLENCIA
Exigen renuncia de Fiscal de Homicidios Enrique Reyes Peña
PGJDF “acomodó todo” para aparentar suicidio de Lesvy: OCNF

El juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Cristian Ricardo Franco Reyes, determinó hoy que la pareja de Lesvy, la estudiante de la UNAM asesinada en Ciudad Universitaria, Jorge Luis González Hernández, será juzgado por el cargo de homicidio doloso y no por feminicidio.
Durante la segunda parte de la audiencia para imputar a la expareja de Lesvy -quien trabaja como auxiliar de intendencia en la Preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- la dependencia informó que el cargo será por homicidio simple doloso, delito por el cual la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) le dio prisión preventiva el pasado 6 de julio, tras argumentar que Jorge, de 29 años de edad, no impidió el supuesto “suicidio” de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
De acuerdo a la instancia de justicia capitalina, Lesvy “se suicidó” con el cable de teléfono de la casilla ubicada en el Instituto de Ingeniería, donde su cuerpo fue hallado el pasado 3 de mayo.
Antes de iniciar la audiencia, a la que las autoridades de Tribunal negaron por más de media hora la entrada a la defensa legal de la familia de Lesvy, la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, dijo que de acuerdo a los videos que la UNAM entregó a la PGJDF, se observa antes del asesinato, cómo Jorge golpeó a su hija con una cadena, ello ocurrió, dijo, en el lugar donde fue hallado su cuerpo.
“Hoy ganó la misoginia y el machismo, se sigue privilegiando la palabra del feminicida”, denunció.

Tras la audiencia, la abogada del caso, Sayuri Herrera Román, explicó que apelarán la decisión en los próximos tres días y el plazo de la investigación se extendió al 10 de noviembre, tiempo en el que buscarán que se analicen las pruebas desde la perspectiva de género.
En la investigación, encabezada por el fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, la PGJDF argumentó el “suicidio” de la estudiante basado en la necropsia psicológica que determinó que Lesvy era “promiscua” y “dependiente” y en un video que la familia no ha visto, informó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien asistió al mitin en las oficinas del Tribunal.
“El peritaje es estigmatizante, sólo se basaron en una entrevista a su novio y a una amiga de ella para determinar que Lesvy estaba mal psicológicamente. También partieron de los videos. La Procuraduría asegura que ella era dependiente porque en los vídeos se le observa caminando a lado de su novio”, mencionó María de la Luz Estrada.
En entrevista con Cimacnoticias el coordinador de la organización que acompaña legalmente el caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, Carlos Ventura, explicó que este peritaje se le entregó a la familia de Lesvy después de que la instancia de justicia emitió el fallo hacia Jorge.
Aunque la PGJDF expuso que Lesvy “se suicidó” frente a su novio eso no se observa en los videos que la instancia de justicia entregó a la familia la noche del 5 julio, después de más de dos meses de negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
“La hora de la muerte de Lesvy coincide con el tiempo en el que Jorge estuvo con ella, en los videos no se observa lo que la PGJDF asegura”, dijo Carlos Ventura.
La coordinadora del OCNF María de la Luz Estrada explicó que hay elementos suficientes para vincular a Jorge por feminicidio, sin embargo “la PGJDF prefirió acomodar todo para que coincida con un suicidio y eso evidencia que la investigación se ha hecho totalmente carente de perspectiva de género”.
Por ello, pidió que la investigación se reencause por feminicidio porque dijo, desde el principio se violó el Protocolo de investigación de este delito, vigente desde 2015 por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observó.
La primera parte de la audiencia para imputar a Jorge comenzó la madrugada del 6 de julio, desde entonces, y en apego al nuevo Sistema Acusatorio de Justicia Penal, el proceso tenía que concluir en 72 horas, sin embargo, el acusado pidió extender el plazo por lo que se otorgaron 144 horas para éste, tiempo que concluye mañana.
El dictamen de la PGJDF fue rechazado por la familia de Lesvy, su defensa legal y el OCNF porque aseguraron, hay elementos suficientes para vincular a Jorge por feminicidio.

EXIGEN JUSTICIA
A nombre del OCNF y de Centro Fray Vitoria, Luz Estrada y Carlos Ventura, demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios porque, dijeron, saben que hay cientos de casos que Reyes Peña no ha decidido a investigar como feminicidio.
“(Reyes Peña) No aplica el Protocolo de investigación de Feminicidio en las muertes violentas de mujeres, por desconocimiento, negligencia o falta de voluntad, por eso cientos de estos crímenes quedan en impunidad”, señaló.
Por su parte la mamá de Lesvy, Araceli Osorio, responsabilizó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de cualquier daño a ella y a su familia porque denunció: “En la Ciudad de México todas las mujeres vivimos con miedo. Las instancias que supuestamente deberían procurar nuestra Justicia no lo hacen, en cambio nos violentan”.
La defensora de Derechos Humanos de las mujeres y madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio hace siete años en el Estado de México y por cuyo caso la Suprema Corte de Justicia emitió el protocolo de investigación de feminicidio, Irinea Buendía, acompañó en la audiencia a la mamá de Lesvy y denunció: “Las autoridades son culpables porque no tienen la capacidad para investigar, son omisos. Sí les queda ancho el puesto que se vayan”
Afuera del Tribunal más de 15 organizaciones civiles y sindicales, colectivos feministas de estudiantes de la UNAM y académicas expertas en temas de género del grupo de “Académicas en Acción Crítica” como Lucía Melgar, Lucía Núñez y Lourdes Enríquez, demandaron a través de consignas y mantas al juez encargado de la audiencia, que impute a Jorge cómo autor del feminicidio de Lesvy.
Por su parte la comunidad académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM expresó hoy a través de un comunicado su “profunda preocupación e inconformidad” ante las conclusiones de la PGJDF y exigió el esclarecimiento de los hechos “de acuerdo al feminicidio como principal línea de investigación”.
17/MMAE
VIOLENCIA
Sin cambios dentro de la Procuraduría imposible mejoras Micheel Salas
Misoginia institucionalizada en PGJDF”: lo que dejó Ríos Garza

Una administración que se caracterizó por la falta de acceso a la justicia para las mujeres, anomalías en las investigaciones, desatención y revictimización fue lo que dejó el ex procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, tras su reciente renuncia el pasado 24 de junio.
Así lo sostuvo la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien en entrevista con Cimacnoticias hablo de una “misoginia institucionalizada” dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) y con un recuento de casos de feminicidio, desaparición y violencia sexual que ha litigado expuso las practicas que utilizó la administración del ex procurador contra los derechos de las víctimas.
CASO NARVARTE: LA SALIDA
La salida de Ríos Garza ocurrió tres días después de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitiera la Recomendación 4/2017 a la PGJDF, por la investigación de los asesinatos de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ocurridos el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte.
En 18 puntos, la Comisión se dirigió a Ríos Garza y exhortó a la dependencia que encabezó a actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y agravio a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) por las irregularidades en la investigación.
Este caso que puso fin a la administración de Ríos Garza, señaló la abogada, fue parte de una larga lista en la que se expuso la actuación irregular de la Procuraduría al indagar los asesinatos violentos de mujeres, como ocurrió con Lesvy Berlín Rivera Osorio.
LOS PENDIENTES: LESBY Y EL FEMINICIDIO
La joven de 22 años fue asesinada en la madrugada del 3 mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la PGJDF utilizó sus redes sociales para filtrar la información que dio la pareja sentimental de Lesvy. Esto ocasionó el malestar de la comunidad universitaria, que se manifestó dentro de la UNAM para exigir justicia.
Aún cuando se creó un grupo especializado de académicas de la institución para atender el caso y exigir, conforme a la ley y protocolos, que se investigue el asesinato como feminicidio hoy la familia sigue sin acceder completamente a la carpeta de investigación. Además, el peritaje antropológico propuesto por la Procuraduría en conjunto con la UNAM, apunta a un supuesto “suicidio”.
Micheel Salas, indicó que ahora la PGJDF tiene la obligación de reparar el daño a las víctimas y atender este tipo de casos que quedaron pendientes y se perfilan para caer en la impunidad.
Sin embargo, desestima que esto sea posible ya que, a pesar de la salida de Rodolfo Ríos, se mantienen los mismos funcionarios dentro de la institución incluido el subprocurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio, quien asumió el cargo.
“No sé si como tal puede existir un cambio, este subprocurador era cercano a Ríos. Esperemos que en la Jefatura de Gobierno se genere una reflexión a estos casos tan preocupantes los cuales, según los análisis, motivaron la salida anticipada de Rodolfo Ríos”, declaró.
“ACEPTAR EL COSTO POLÍTICO, LUEGO LAS VÍCTIMAS”
Los casos de violencia contra las mujeres no dejaron de sumarse en los últimos meses, por lo que la presión social contra la Procuraduría fue la herramienta de las capitalinas para que el sistema diera respuesta y celeridad a las investigaciones, aseguró Micheel Salas.
Como ocurrió con Belén Montserrat Cortés Santiago, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril. Días después de que su familia y la comunidad universitaria hicieran brigadas de búsqueda en el último lugar donde fue vista, en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, Rodolfo Ríos informó a los medios de comunicación que habían localizado a Belén.
Su ausencia, explicó, fue “voluntaria” y “personas de su confianza tenían conocimiento de ello”. La familia no fue notificada, se enteró a través de las noticias y la única prueba que les presentaron para comprar el bienestar de la joven, fue una fotografía en blanco y negro. Hasta ahora no han tenido contacto con Belén.
“Con todo esto, prefirió Rodolfo aceptar el costo político de acusaciones y no vio por el respeto al estado del derecho y de las víctimas”, acusó la abogada.
LA ÚLTIMA: ITZEL
Para concluir con su administración, en el periodo en el que aún Rodolfo Ríos era procurador local, esta institución decidió investigar por homicidio a Itzel de 15 años de edad por herir de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la violó e intentó asesinar el pasado primero de junio en las inmediaciones del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán.
La Procuraduría se pronunció en un boletín de prensa y resolvió que no procesaría a Itzel y quedaría libre de toda responsabilidad, esto luego de que la familia de Itzel y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) denunciaron públicamente que la PGJDF investigaba a la menor de edad por homicidio y vivían hostigamiento por parte del personal de la dependencia.
Esto sucedió a pesar de que la Procuraduría ya tenía la Recomendación 6/2016 de la CDHDF por el caso de Yakiri Rubí Rubio, quien fue víctima de violación en 2013 y fue encarcelada tres meses por matar a su agresor.
El organismo de Derechos Humanos señaló en ese momento que la Procuraduría no actuó con la debida diligencia y colocó a la víctima como victimaria. Con ello ya no había cavidad para estas acciones y persecuciones contra mujeres que se defienden de sus agresores, insistió la abogada especialista en violencia de género.
“Sería lamentable si Rodolfo fuera posicionado como candidato a magistrado o que Miguel Ángel Mancera –si va a la presidencia- lo considere para algún espacio. Es terrible el mensaje que deja para las mujeres el mantener a una persona como Rodolfo Ríos en el servicio público”, concluyó Salas.
17/HZM
VIOLENCIA
Tibia respuesta del CIEG y Rectoría, dice Pérez Duarte
Estudiantes, académicas, madres, se manifiestan en CU por Lesvy

Cientos de mujeres: estudiantes, académicas y madres, marcharon esta tarde, bajo un cielo gris, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en respuesta al hallazgo del cuerpo de Lesvy Berlín Osorio Martínez, en los jardines del Instituto de Ingeniería, atado a una caseta telefónica el pasado 3 de mayo; pero también lo hicieron en repudio por la falta de seguridad en Ciudad Universitaria y en protesta por el manejo que han dado al caso autoridades judiciales y medios de comunicación.
La marcha, que inició en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), con un amplio contingente, predominantemente de mujeres, muchas vestidas de morado, con flores y tambores de acompañamiento, y en un ambiente de tensión y enojo, fue convocada a través de redes sociales por estudiantes feministas; a ella se sumaron académicas, madres de familia, profesoras, así como un numeroso grupo de periodistas que fueron “acotados” por las organizadoras, cuando la marcha llegó a Ingeniería, lo que generó algunos empujones y forcejeos.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alicia Elena Pérez Duarte, quien participó en los contingentes, afirmó que las respuestas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) y del rector Enrique Graue "son muy tibias para lo que está sucediendo”.
Necesitamos -dijo quien fue la primera Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País, de la PGR- “respuestas más contundentes y claras".
Añadió que la marcha sirve para exigir a las autoridades universitarias, federales y de la Ciudad de México que casos como el de Lesvy no se repliquen. "Las autoridades de la UNAM deben ser congruentes con sus programas, nos llenamos la boca diciendo que somos sensibles, pero a la hora que necesitamos la presencia firme del Rector no está, lo mismo sucede cuando necesitamos los mecanismos de transversalidad del género", recalcó la académica.
Al pasar por la Facultad de Ciencias, las manifestantes corearon “Ser profesor no te exenta de ser un agresor", en alusión a Marcelino Perelló, quien fue despedido de Radio UNAM por hacer comentarios misóginos y que justificaban la violencia contra las mujeres en el programa que tenía en la emisora.
Al llegar al sitio donde fue encontrada Lesvy, los colectivos feministas leyeron poemas y exigieron justicia para ella y para las 7 mujeres que cada día son asesinadas en el país.

La marcha llegó a Rectoría, donde denunciaron que las mujeres en la capital viven con miedo, temen ser violentadas por las "redes de poder que protegen a los agresores" y les impiden acceder a la justicia.
La estudiante de Geografía, una de las que inició la convocatoria a la marcha de hoy, Diana Esbri, dijo a Cimacnoticias que si cientos de mujeres se sumaron es porque no se les garantiza seguridad ni en sus escuelas, ni en las calles.
"La seguridad no implica más cámaras o vigilancia, queremos que se desarticulan las redes de poder y haya procesos transparentes sin irregularidades y revictimización", agregó la estudiante.
Denunciaron también la actuación de las autoridades universitarias y que contrastan con las campañas y programas que tienen contra la violencia de género, como HeforShe.
Pidieron no revictimizar a quienes son agredidas y en ese sentido se expresó también la madre de Lesvy, Berlín Osorio, quien, acompañada por las universitarias feministas, exigió a la Procuraduría de Justicia capitalina investigar el caso sin descartar el delito de feminicidio y dejar de estigmatizar a Lesvy.

“Mi hija no era alcohólica ni una cuida-perros”, dijo con voz firme, serena, refiriéndose a las declaraciones emitidas por la Procuraduría ayer en su cuenta de Twitter.
Pidió respeto y dijo que aún no podía hablar con los medios, pero dejó claro que la familia estaba enojada, ante lo publicado por las autoridades judiciales.
Advirtió también que apelará a las instancias locales de justicia e incluso a las internacionales, de ser necesario, si hay impunidad en el caso de su hija.
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VIOLENCIA
Alumnas protestan y CIEG pide a PGJDF activar protocolo
Protocolo exige que muerte de Lesvy se investigue como feminicidio

De acuerdo con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio, vigente en la Ciudad de México desde 2011, el asesinato de Lesvy, joven de 22 años encontrada asesinada la madrugada del 3 de mayo en Ciudad Universitaria, debe ser investigado como tal por la Fiscalía Especial de Feminicidio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El día del crimen, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a través de Comunicación Social que el cuerpo de la joven fue descubierto en un lugar público cerca del Instituto de Ingeniería y atado a una caseta de teléfono público, dos características del delito de feminicidio.

Algunos medios de comunicación afirmaron que el Ministerio Público de la Coordinación Territorial COY-1 inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio y activó inmediatamente el Protocolo de Feminicidio para estos casos.
Cimanoticias preguntó al área de Comunicación Social y de Relaciones Públicas de la PGJDF si se activó el Protocolo, pero en ambas áreas se informó que no tienen el dato porque sólo el Ministerio Público cuenta con el expediente. Hasta el cierre de esta edición seguimos a la espera de una entrevista con el Fiscal de Homicidios de la PGJDF, Marco Enrique Reyes.
El Protocolo que establece los procedimientos de actuación pericial, ministerial y policial, para indagar asesinatos de mujeres que pudieran ser un caso de feminicidio existe desde hace seis años, cuando la PGJDF, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio elaboraron la guía de actuación en estos casos.
Estas directrices señalan que los homicidios de mujeres –salvo que sean una “conducta culposa” – deben ser informados a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género.

También desde hace seis años la capital del país reconoce el feminicidio, delito que, de acuerdo con el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México lo comete “quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”, conducta que se castiga con una condena de 20 a 50 años de prisión.
RAZONES DE GÉNERO
Para acreditar el delito se establecieron cinco razones de género; la primera, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; y la segunda, que le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.
La tercera razón de género es que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la cuarta, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y la quinta, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
Además, el Código Penal local establece que si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de las razones género se impondrán de 30 a 60 años de prisión.
Con el fin de realizar una investigación certera, el Protocolo establece además la relevancia de las autoridades de identificar el espacio físico y las circunstancias que rodean al hecho, porque esto puede sugerir líneas de investigación, es decir, conocer si el crimen tiene relación otros casos de feminicidio, trata de personas, explotación sexual, narcomenudeo, asociación delictuosa, delincuencia organizada o violencia familiar, entre otros delitos.
En el caso de Lesvy, la Procuraduría no informó sobre la activación del Protocolo, pero en su cuenta de Twitter sí dio datos personales de la víctima e información sobre su nivel académico, su estado civil y su vida privada. Ante las protestas, el procurador Rodolfo Ríos Garza ordenó el retiro de los mensajes en redes sociales.
ACADÉMICAS EXIGEN INVESTIGACIÓN
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM (antes PUEG), una de las instituciones más importantes en estudios de género en el país, se pronunció “enérgicamente” por el asesinato de la joven y pidió a la Procuraduría de Justicia capitalina activar el Protocolo de Feminicidio.
Esta exigencia la reiteró el grupo de “Académicas en Acción Crítica” pertenecientes a la UNAM, al tiempo que condenaron la actuación de la PGJDF por la información que difundió en Twitter y que revictimizó a la joven. En un comunicado, exigieron a las autoridades universitarias esclarecer el crimen “aun cuando no tengan responsabilidad por el caso”.
“La Universidad Nacional tiene la alta responsabilidad de contribuir a educar en igualdad y a promover el respeto”, señalan, y recordaron que también se debe imponer sanciones a quienes han sido acusados de acoso por las estudiantes.
En apoyo a la comunidad universitaria, desde Guatemala, en un comunicado, la Comisión Universitaria de la Mujer de la Universidad de San Carlos de dicho país, expresó su preocupación por “el aumento de expresiones de violencia, acoso sexual, y ahora de muerte violenta en la Ciudad Universitaria”.
Declararon que las autoridades de la UNAM deben de “profundizar sobre su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida sin violencia”, e invitaron a la comunidad académica de Latinoamérica a condenar estos hechos.
“CIUDAD SEGURA”: POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde 2008 el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, a través del Instituto de las Mujeres local (Inmujeres CDMX) incorporó estrategias para garantizar la seguridad e integridad plena de las mujeres y niñas en toda la ciudad.
El programa “Ciudades Seguras Libres de Violencia para las Mujeres”, aún vigente, busca rescatar espacios públicos (instalación de seguridad, alumbrado, centros recreativos) para la movilidad libre y segura de las mujeres. A este proyecto se sumó en 2015 ONU Mujeres y la Facultad de Arquitectura de la UNAM para su desarrollo.
La UNAM participa en estas propuestas gubernamentales a través de investigaciones hechas desde la academia para su construcción.
Asimismo, la UNAM se unió en agosto del año pasado a la campaña impulsada por ONU Mujeres, HeForShe, que entre otras acciones contemplaba la creación de un Protocolo para atender los casos de violencia de género en la Máxima Casa de Estudios y, como acciones urgentes, la instalación de botones de pánico y actividades de difusión para promover la igualdad de género.

A casi un año de que la UNAM se sumara a esta campaña y ante el caso de Lesvy, el rector Enrique Graue Wieches, aseveró que este acontecimiento obliga a asumir y mirar la responsabilidad que tiene la UNAM frente a la seguridad de la comunidad universitaria.
“He procurado reforzar nuestros sistemas de prevención y seguridad, establecer medidas para la prevención de la violencia sexual y de género, dialogar con las autoridades pertinentes para reforzar la seguridad en las cercanías de nuestras entidades académicas”, aseguró en su comunicado.
No obstante, estudiantes universitarias marcharon esta tarde, para, además de exigir justicia por el feminicidio de Lesvy, exigir mayor seguridad al interior y al exterior de Ciudad Universitaria, pues pese a todas estas campañas a las que se ha sumado la UNAM, no se sienten seguras en ningún espacio.
17/AGM/HZM/GG
