Secretaría de Gobernación (Segob)

El mensaje de  Enrique Peña Nieto, tras el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y de Javier Valdez, fundador de Río Doce, en Sinaloa, desató un alud de anuncios en los Gobiernos estatales para “proteger” a periodistas, para hacer leyes que sí garanticen la libertad de expresión, así como foros y reuniones con el gremio, en un afán por acallar las protestas y los llamados que surgen de todo el mundo.  
 
Los anuncios, al igual que la respuesta de Peña Nieto, del 17 de mayo, ante la crisis desatada por el asesinato de los dos periodistas en menos de un mes, insisten en recrear o “mejorar” los mismos mecanismos que ya demostraron su ineficacia, inoperancia u omisión ante la violencia contra las y los periodistas.  
 
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), creada hace 5 años, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de 2010, no han resuelto la crisis de Derechos Humanos en el gremio.
 
Durante el sexenio de Peña Nieto, 46 periodistas han sido asesinados. Del año 2000 a la fecha suman 127: en Veracruz 20, 15 en Oaxaca, 14 Tamaulipas, igual cifra en Guerrero y Chihuahua, y 7 en Sinaloa. Hay 645 quejas por agresiones ante la CNDH, de enero de 2010 al 30 de abril de 2017. Y de 2005 a la fecha CIMAC registró 19 comunicadoras asesinadas; una agredida cada 4 días, de 2014 a 2015.
 
Triste ejemplo de su ineficacia es el asesinato de Miroslava, el 23 de marzo pasado, pese a la “Alerta Temprana” decretada por el Mecanismo en agosto de 2016 para Chihuahua, segunda entidad con más periodistas ultimados.
La FEADLE tiene integradas 798 averiguaciones previas, sin un solo caso resuelto.
Sin embargo, Peña Nieto ordenó en Los Pinos “fortalecer” el Mecanismo y la FEADLE, y dar recursos a esta, porque en 2017 no se le asignaron presupuesto.
 
Igual sentido tienen las acciones anunciadas por gobiernos estatales, en vísperas de los comicios presidenciales de 2018, de inmediato cuestionadas por periodistas, quienes las califican de inadecuadas y oportunistas.
 
Oportunistas, porque antes, esas mismas administraciones se mostraron indolentes y omisas ante las reiteradas advertencias, peticiones de apoyo y  denuncias por actos de violencia contra periodistas.
 
También porque hay desconfianza en la justicia local, lo que provoca que 36 por ciento de las peticiones de apoyo ante el Mecanismo federal provengan de periodistas locales. Y porque los llamados a diálogos y foros se dan sólo en situaciones coyunturales o convenientes para las administraciones, o bien sólo con periodistas afines.
 
Periodistas de varios estados, consultados por esta agencia, reportan la inédita y coordinada acción gubernamental y su previsible fracaso, que puede redundar, desafortunadamente, en más agresiones.
 
PROBLEMA ESTRUCTURAL, ANUNCIOS AL VAPOR
  
En Tamaulipas, donde no existe fiscalía especializada ni mecanismo de atención, el 9 de mayo presentó el PRI un proyecto de ley para proteger al gremio. Una “iniciativa copy-paste de la ley federal pero mutilada”, dicen, que excluye a organizaciones y periodistas.
 
En Sonora, sin fiscalía especial, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció, tras una reunión de emergencia, que activará los mecanismos de seguridad. El 24 de mayo se presentó una iniciativa ante el Congreso local.
 
En Quintana Roo, más de cien periodistas mantienen su oposición a que sea revivida la Ley de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de agosto de 2015, conocida como Ley Borge, cuyo fin era “entorpecer el ejercicio periodístico” y fue impugnada por la CNDH ante la SCJN. Anuncian que convocarán a foros para hacer otra propuesta.   
 
Periodistas de Querétaro acusan que el gobierno pretende crear una ley, “para censurarnos”. 
 
En Morelos, el 22 de mayo, el Foro de Periodistas solicitó una reunión urgente con el gobernador Graco Ramírez y respuesta oficial “ante la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.
 
El gobierno de Tabasco, en donde un funcionario de la Fiscalía estatal considera que ahí no hay riesgo para periodistas porque no hay periodismo crítico ni de investigación, la administración promete “sensibilizar” a autoridades municipales, varias señaladas como agresoras de periodistas. Impulsarán también una ley.
 
Campeche no tiene Fiscalía ni “mecanismo alguno para su protección”. Lo mismos sucede en Puebla, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha rechazado solicitudes de apoyo.
 
En Veracruz, estado letal para periodistas y para la libertad de expresión, existe la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ineficaz y sin dientes. Incluso el Congreso habla de desaparecerla.   
 
En Guerrero, sin la presencia de periodistas ni víctimas, el gobernador Héctor Astudillo anunció 6 medidas, tras el asesinato de  Francisco Pacheco y Cecilio Pineda, y de la agresión a 6 reporteros en Acapetlahuaya.
 
En Tlaxcala el jueves anunciaron una instancia judicial para atender a periodistas. Y en Guanajuato, PRI y PAN intentaron aprobar una ley de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, congelada hace tres años. Fue rechazada en el Congreso. Más que ayudar, dicen periodistas, vulneraría más nuestro ejercicio. 
 
En Nuevo León, el Gobierno instaló un comité para evaluar y determinar las medidas de seguridad de 33 periodistas y activistas.
 
A las medidas gubernamentales se suman empresarios de medios, quienes en una acción inusual, emitieron condenas y parabienes, para que sus empleados no sean asesinados mientras les producen riqueza.  
 
EL FUTURO
Al anuncio de Peña le siguió, al día siguiente, la noticia de un periodista muerto en Jalisco y otro “levantado” en Michoacán, lo que reafirma la insuficiencia de los mecanismos actuales.
 
No son eficaces, dice el Consejo Consultivo del Mecanismo, en un comunicado del 26 de mayo, al igual que muchos periodistas, porque estamos ante un problema estructural. De ahí que un grupo de periodistas y organizaciones civiles llamen a foros para lograr un cambio, para que ser periodista en México no entrañe peligro de agresiones y muerte.
  
17/GG
 

A casi dos años y medio de que fue solicitada la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha dado respuesta, a pesar de que desde hace tiempo venció todo plazo legal, advirtió la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.
 
La solicitud fue realizada el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la fundación IUS Género y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, cuando se registraban en la entidad alrededor de 25 asesinatos de mujeres anualmente, pero en la actualidad se duplicó la incidencia de este delito, pues en 2016 fueron 50 las víctimas y en lo que va de 2017 ya suman 15 mujeres privadas de la vida.
 
La legisladora explicó que la petición de la AVG tiene la finalidad de terminar con la violencia contra las mujeres que ha venido creciendo en Colima, así como responder al llamado de las organizaciones sociales solicitantes, que piden acciones urgentes, concretas y necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas.
 
Sevilla recordó que el pasado 26 de abril presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de exhorto a los titulares de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, a fin de que ofrezcan información sobre las razones por las que la AVG en Colima no ha sido emitida, así como la dilación del proceso.
 
Aprobado por unanimidad, el punto de acuerdo instó a las autoridades federales a dar cabal cumplimiento a los artículos del 21 al 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes al proceso de solicitud, estudio, dictamen y emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los artículos del 30 al 39 del Reglamento, en los que se establecen claramente los plazos legales impostergables con los que se cuenta en cada etapa de un proceso de alerta de género.
 
Ante el incremento de los actos violentos contra las mujeres, la legisladora consideró urgente que la Secretaría de Gobernación fije un posicionamiento con relación a la petición de AVG, dado que las agresiones se han hecho “tan recurrentes como abominables”, dijo.
 
“Este lacerante fenómeno ha ido crecido de manera imparable, muestra de ello es que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 casos de feminicidio en el Estado, para el 2016 se registraron 50   y 40 tentativas de este ilícito, mientras que el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres señala que hasta mayo de 2016 en Colima hubo un total de mil 216 casos registrados de violencia contra las mujeres”, concluyó.
 
17/PZB/GG