Derechos sexuales

El pasado 23 de enero se anunció la designación de Isabel Plá como la nueva Ministra de la Mujer y la Equidad de Género en Chile, en el gobierno que encabezará Sebastián Piñera, cargo del que tomará posesión en marzo próximo y que provocó reacciones negativas en el movimiento feminista chileno, y de otras agrupaciones que defienden los Derechos Humanos de las mujeres puesto que Plá se ha caracterizado por sus posturas conservadoras y su oposición a la despenalización del aborto.

Isabel Plá es diplomada en Comunicación de la Universidad Alberto Hurtado. Durante 20 años se desempeñó como asesora parlamentaria y trabajó también como concejala de Peñalolén, una comuna ubicada al oriente de la Ciudad de Santiago. Fue coordinadora de la Unidad de Coyuntura de la Secretaría General de la Presidencia entre 2010 y 2014, vicepresidenta de la Unión Demócrata General Independiente, panelista de radio y televisión, a la par de ser columnista de la Fundación “Avanza Chile”, entre otros medios.

En ésta última se caracterizó por su postura conservadora respecto al tema del aborto cuando se publicó el proyecto de ley para su despenalización, lo que la llevó a emitir diversas declaraciones polémicas como la publicada el 23 de junio de 2017 en el portal “El Líbero” en una columna de opinión donde escribió lo siguiente:

“Rechazo el aborto, con la absoluta convicción de que es una de las mayores injusticias de la humanidad (como fue antes la esclavitud, considerada legítima durante siglos; y como sigue siendo, a mi juicio, la pena de muerte). Admito, no obstante, el derecho a pensar distinto, a estimar que la voluntad de la madre debe prevalecer por sobre el derecho a nacer del hijo, e incluso, a negar la condición de persona a quien aún no ha nacido”.

Colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Chile, ya se pronunciaron sobre la necesidad de conjuntar esfuerzos y trabajo en conjunto para evitar retrocesos e impulsar legislaciones que quedaron pendientes de la administración anterior en materia de equidad de género como la Ley Integral de Violencia de Género.

El día de su nombramiento, Isabel Plá publicó un tuit donde dijo que impulsará una ruta que garantice la igualdad, la autonomía y una lucha en contra de la violencia contra las mujeres, ante lo que las feministas chilenas señalaron que aguardarán atentamente a marzo para vigilar que sus ideas personales no afecten su desempeño como una trabajadora del Estado que representará a las mujeres.

El gobierno militar de Augusto Pinochet prohibió en 1989 el aborto en todas sus formas y fue hasta el 14 de septiembre de 2017 cuando la firma de la presidenta Michelle Bachelet cerró un lapso de dos años de tramitación para obtener la aprobación de una de sus promesas de campaña en su segundo mandato. El aborto fue legalizado por tres causales para su ejecución: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y/o violación.

A 2015 la organización Amnistía Internacional- Chile estimaba que al año se practicaban, en promedio, 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

18/SRC/LGL

 “La bebé no está en posición, viene sentada, así que deberá nacer por cesárea”, sentenció sin más el ginecólogo al observar la ecografía.

A Ayram, la frase le cayó como un balde de agua fría. Rechazaba ser un número más en la estadística de que 45.5 por ciento de las mujeres en México da a luz por intervención quirúrgica, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta práctica es indispensable solo entre 10 y 15 por ciento de los casos.

Meses antes, de manera informada, ella y su esposo decidieron que su primogénita nacería en la comodidad de su hogar y acompañada de su familia; querían ejercer su derecho a un parto humanizado, en un ambiente de respeto y calidez.

Como su embarazo transcurría sin complicaciones y se había preparado para recibir a su hija bajo la guía de una partera profesional, el comentario del médico no tuvo resonancia en su decisión, pues estaba convencida de que la naturaleza obraría y que “el cuerpo de la mujer está hecho para parir”.

Tras su decisión, las críticas llegaron a raudales: “¡Estás loca!, y si hay una complicación, ¿qué vas a hacer?” “¡cómo nacerá en tu casa, si tienes un perro!” y “si el doctor dice que debe ser cesárea, pues que así sea”. Entre más las escuchaba, más segura estaba de lo que haría.

“Vivo en Tulum y aquí escuché hace tiempo de la partería. Cuando me embaracé, me puse a investigar lo relacionado a parir de manera natural, lo conversé con mi esposo y estuvo de acuerdo. Desde el principio tenía muy claro que, si no había ningún inconveniente, no iría a una clínica y lo haría sin la intervención de un doctor”, dice.

En México, las políticas públicas impusieron desde la década de los 50 que los partos fueran atendidos por médicos y enfermeras obstetras en centros de salud, diluyendo la labor de las parteras.

Entre 2002 y 2004 se estableció que todos los nacimientos debían ocurrir en hospitales de segundo y tercer nivel, con el propósito de disminuir los índices de muerte materna.

Actualmente, 94.5 por ciento de las personas mexicanas nace en hospitales y la mayoría bajo procedimientos sobremedicalizados, ejemplo de ello es la tasa de cesáreas practicadas que ubica al país en el cuarto sitio a nivel mundial, un lugar menos deshonroso como el que se ocupó en 2013, cuando se lideró el ranking.

Así que parir deliberadamente en casa, auxiliada de una partera, representa una transgresión a diversos parámetros sociales y enfrenta a las mujeres a una serie de críticas y obstáculos.

La sobremedicalización del embarazo y el parto también se refleja en la alta demanda de los servicios y en la atención de mala calidad que se da a las mujeres en los nosocomios, sobre todo en los generales.

El informe “El estado de las parteras en el mundo”, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2014, estimó que en México solo se satisfacía 61 por ciento de la demanda de profesionales para la atención de la salud matern

La saturación en estos servicios ha derivado en violencia obstétrica, es decir, una serie de prácticas de maltrato y de violaciones a los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres en labor de parto por parte de personal de salud, especialmente del sector público.

En las salas de parto de esos hospitales es común escuchar frases como: “Pero bien que te gustó que te lo hicieran ¿verdad?” y “aguántate, que tu hijo debe salir por donde entró”, en respuesta a aquellas que manifiestan signos de dolor.

Durante casi dos décadas, Roberto Castro y Joaquina Erviti han documentado estas y otras prácticas de violencia obstétrica en México; entre ellas, obtener “consentimiento” de las mujeres para ser operadas o que se les coloque un dispositivo intrauterino, no consultarlas sobre las decisiones que sobre su cuerpo se toman durante el trabajo de parto, el parto o la cesárea, ignorar sus inquietudes o reclamos, o el que hasta cinco residentes le hagan tacto a una mujer en plena labor, con el fin de “practicar”.

Además, han identificado que se realizan cesáreas solo porque las salas de expulsión están llenas, a otras mujeres se les niega el bloqueo epidural o alguna otra forma de anestésicos como medio de castigo o para “disciplinarlas”; pero también han mostrado que se les regaña, infantiliza, descalifica o se les intimida de diversas formas para obtener su “colaboración”, formular chistes e ironías que hacen de ellas objeto de risa, de burla o de comentarios sarcásticos, como lo presentan en el libro Sociología de la práctica médica autoritaria. Violencia obstétrica, anticoncepción inducida y derechos reproductivos.

Frente a este panorama, organismos internacionales e instituciones nacionales han visto en el impulso de la partería, el medio idóneo para mejorar la atención obstétrica en México y reducir los índices de mortalidad materno-infantil.

LA PARTERÍA, UNA PRÁCTICA DE AYER Y HOY

La partería se define como los servicios de salud y el personal para prestar apoyo y atención a las mujeres y los recién nacidos durante el periodo prenatal, el embarazo, el parto y el posparto.

Su práctica es ancestral como la historia misma del ser humano. En Historia general de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún refiere que a la partera se le llamaba “maestra y médica” y era considerada una “persona honrada y digna de veneración”, “muy amada señora y madre nuestra espiritual”.

La doctora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  Ana María Carrilloy quien ha documentado la historia de la partería en México, detalla que en la época de la Colonia los médicos universitarios pretendieron tener el control total de las actividades sanitarias, acusando de hechicería los saberes y prácticas médicas indígenas, incluso en lo relacionado con la salud sexual y reproductiva.

A lo largo de la historia, las parteras mexicanas se formaron de manera empírica, muchas de ellas dedicadas a esta profesión tras la revelación del conocimiento en sueños; en la actualidad, parteras tradicionales se dedican a esta práctica a partir de situaciones de este tipo.

Con el paso del tiempo se fue profesionalizando la atención médica a las mujeres. En 1867, se inauguró la primera clínica obstétrica en México, iniciándose la enseñanza práctica de atención a las embarazadas, parturientas y puérperas, aunque fue destinada exclusivamente a los hombres, dejando de lado a las parteras que, si algo tenían, era experiencia, detalla la investigadora universitaria.

Como las parteras seguían atendiendo partos, en 1833 se les ofrecieron cursos teóricos y en 1867 prácticos sobre la forma en que debían realizar su trabajo, graduándose en 1874 la primera partera capacitada; aunque siempre se delimitaron las actividades que les eran permitidas. En 1877, Matilde Montoya —una partera titulada— se convirtió en la primera mujer que obtuvo su título para ejercer la medicina, la cirugía y la obstetricia, marcando la inclusión de las mujeres en la medicina.

“En las maternidades construidas a partir de la Revolución, aunque vigiladas por los médicos, las parteras profesionales y las enfermeras-parteras estaban encargadas del control del parto y la atención del recién nacido. La carrera de partera profesional se suspendió en la década de los cincuenta y el ginecólogo, el pediatra y el anestesiólogo empezaron a desempeñar actividades que antes realizaban enfermeras y parteras”, destaca la investigadora universitaria en el libro “La condición de la mujer en el espacio de salud”.

A lo largo del tiempo, las parteras estuvieron atendiendo nacimientos de los mexicanos, todavía en la década de 1940, la mayoría de los partos en hospitales era atendida por parteras profesionales que estudiaron en escuelas de medicina, pero ya para 1980 atendían solo 25 por ciento de los partos en el país; actualmente atienden alrededor de dos por ciento.

“La razón de que no los estén atendiendo, no es porque las mujeres voluntariamente hayan dejado de ir con las parteras, sino porque en un tiempo cobraban menos que los servicios de salud, pero actualmente estos se han extendido a las comunidades más apartadas y no cobran nada. Por otro lado, las mujeres de escasos recursos lo hacen porque si no las vigilan durante el embarazo en instituciones públicas de salud, no les dan el apoyo económico o las sacan de la lista de programas sociales. Mientras que en los hospitales, cuando una partera se jubilaba o moría, se congelaba la plaza y ya no se contrataba a otra”, explicó Ana María Carrillo a la Agencia Informativa Conacyt.

Actualmente, en México la partería la practican parteras tradicionales que aprendieron de la experiencia y enseñanza de otras parteras, comúnmente se desempeñan en comunidades indígenas. También hay parteras profesionales, muchas de ellas formadas en el extranjero, donde se considera esta práctica como una profesión. Destacan las parteras técnicas, egresadas de escuelas de formación de partería, así como enfermeras obstétricas y perinatales, médicos generales y ginecoobstetras.

Y aunque se ha estimado que existen alrededor de 15 mil parteras tradicionales en nuestro territorio y alrededor de un centenar de profesionales, se registra que solo 78 parteras profesionales atendían nacimientos entre un total de 104 mil 379 prestadores de salud dedicados a la atención de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal, según el informe de UNFPA.

A octubre de 2013, solo había 23 parteras técnicas contratadas en hospitales de Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Tabasco, de acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

LAS MUJERES SON EL CENTRO

Tras el diagnóstico de que el feto tenía una posición al revés, Ayram se acercó a su partera. El apoyo vino con la realización de un masaje para que tuviera la posición adecuada, y una semana antes de que diera a luz “ya estaba acomodada”.

El plan de parir en casa siguió, por lo que preparó lo necesario para recibir a su primogénita.

Su labor de parto fue de dos días, pero todas esas horas estuvo en condiciones de seguridad, con supervisión de su partera y en la comodidad de su hogar, acompañada de su esposo, sus padres y suegros.

“Mi cuerpo no dilataba, sumábamos dos días de trabajo de parto y nuestros padres querían que nos fuéramos a la clínica, porque le faltaría el aire a la bebé. Mi partera Sabrina me decía que el cuerpo es sabio y que las condiciones de mi hija eran las adecuadas, por lo que decidimos esperar. Cuando mi pequeñita estaba lista para nacer, lo hizo, y llegó en una hora”, relató.

Poco tiempo después, la felicidad de un nuevo embarazo tocó nuevamente a su puerta, y la buena experiencia del primero confirmó su deseo de tener otro parto natural y humanizado.

En el segundo embarazo, el nacimiento fue muy rápido, tanto que no dio tiempo a que las parteras llegaran a su casa a auxiliarla.

“Mi cuerpo fue tan sabio y, recordando el primer proceso, mi segunda hija llegó casi sin avisar. Estaba sola en casa con mi hija mayor de un año y medio; nos fuimos a la ducha y ella estuvo a mi lado todo el tiempo, fue como mi partera. Esta segunda experiencia también fue increíble porque te das cuenta que somos perfectas”, refirió.

Su partera, a quien considera como “una segunda mamá”, la atendió tan pronto como pudo y no faltaron las atenciones tanto para ella como para la recién nacida. El cuidado y la revisión profesional le dieron la confianza de que este nacimiento había sido seguro y natural.

* Fragmento del Reportaje publicado por la agencia Conacyt. Leer artículo completo: http://conacytprensa.mx/index.php/reportajes-especiales/19524-dar-luz-partera-transgresion-derecho

18/LCH/LGL

Pareciere innecesario legislar una y otra vez en Guatemala sobre aspectos que buscan concretar una vida digna para las niñas y adolescentes, si se toma en cuenta que -según la Constitución Política- el Estado tiene la obligación de protegerlas y de garantizar sus derechos, además ha suscrito por lo menos 14 ordenamientos internacionales cuyo objetivo es garantizar su vigencia. De igual manera hay un conjunto de leyes que penalizan la violencia sexual, el embarazo y matrimonio forzados, los delitos de trata, por mencionar algunos.

A pesar del marco legal vigente, lo cierto es que existe una problemática -casi ignorada por la sociedad- que sufren las niñas en Guatemala cuando son violadas, la cual se agrava cuando producto de tales agresiones ellas tienen un embarazo no deseado y se les obliga a ser madres.

Las cifras de los centros de salud, principalmente públicos, reportan el número de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años de edad: en 2016, sumaron dos mil 500; y en este año, la cantidad será parecida. El número de exámenes médicos por delitos sexuales que se realizaron a niñas de ese mismo rango de edad, de enero a agosto superaron los dos mil 700. Ambos datos sólo representan una muestra, ya que no todos los nacimientos ni todas las violaciones sexuales se dan a conocer, como tampoco se tiene información de los embarazos que no terminan.

Contar con un panorama completo es difícil, pero lo que sí se conoce es que hasta ahora ninguna ley ni campaña a favor de una vida sin violencia para las niñas, ha inhibido que hombres adultos, principalmente familiares y conocidos, las agredan y de manera forzada las obliguen a truncar sus sueños porque las conviertan en madres a la fuerza.

Todos los hombres, de cualquier edad y posición social, deben reconocer que el cuerpo de las niñas no les pertenece. Mientras ellos cambian sus actitudes machistas que provocan tanto daño a las pequeñas, cobra relevancia una iniciativa de ley que permita una reparación digna a las víctimas de violación sexual (es decir, se otorgue previo a la sentencia que se dicte contra el inculpado), y transformadora (que va más allá de lo económico); eso significa, proteger a las niñas que enfrentan un embarazo forzado, garantizándoles la posibilidad de interrumpirlo en condiciones seguras y voluntarias.

Pareciera improcedente pensar que el Congreso vaya a aprobar una ley a fin de restituir los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual mediante “la reparación digna y transformadora”, de ahí la importancia de que la opinión pública exprese activamente su respaldo a la misma; además manifieste su indignación porque diariamente nacen hijas/os de niñas ultrajadas por padres, abuelos, hermanos, tíos o primos, pastores o maestros, vecinos o amigos, práctica impune que nunca más tiene que ser ignorada ni entendida como normal: a las niñas no se tocan, no se violan ni se les obliga a ser madres.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL

El 15 de octubre pasado, la señora Margarita, llegó al Hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán en la Costa Chica de Guerrero, porque llevaba cuatro días con diarrea y estaba en sus últimos días de embarazo. En el hospital, le dicen que su bebé aún no va a nacer y a la familia le solicitan la compra de medicamentos para la atención estomacal y una bata desechable, condicionando el derecho a la atención y poniéndola en una situación de riesgo.

Cuando se piensa en el presupuesto público, muchas veces parece un asunto lejano, en el que las y los diputados lo aprueban tal y como lo presentó el gobierno, o hacerle modificaciones fueran decisiones que no afectan a las personas que habitamos o transitamos por el país.

Sin embargo, agregar o quitar genera impactos, y uno de los ámbitos más sensibles es el sistema público de salud. Contar con más o menos recursos financieros y en insumos, incide en que haya una atención en salud de calidad, en el tiempo y de manera pertinente para que las personas se sientan bien, y se evite a toda costa que haya secuelas, con un trato respetuoso y digno. Propicia que el personal de salud labore también con dignidad, y tome las mejores decisiones en la atención.

Por ejemplo, a la familia de la señora Margarita se le pidió que gastara dinero de su bolsillo, para contar con insumos que están en el Cuadro Básico del Sector Salud (es decir, para todas las instituciones de salud) y también en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, esto implica que son insumos mínimos con los que obligatoriamente debe contar un hospital, por muy sencillo que sea.

Finalmente fue atendida en la Casa de Salud de la Mujer Indígena (CAMI), allí nació el bebé, y como el malestar continuó, las compañeras de la Casa la llevaron al hospital para que la atendieran del estómago y revisaran al recién nacido.

Esta situación de carencia de insumos esenciales, conlleva a que las familias se empobrezcan por gastar más de sus posibilidades económicas reales. También arrastra a que las personas dejen de acudir a los servicios, y evidentemente coloca en peligro la vida de las pacientes, como claramente lo refleja el caso de la señora Margarita, quien contó con la atención de un modelo comunitario en salud que logró resolver en forma la atención del momento antes, y durante el parto. Al esquema comunitario, igualmente el Estado mexicano tiene la obligación de asignarle presupuesto para su desarrollo y preservar los saberes de los pueblos indígenas.

A pesar de la existencia de estos compromisos constitucionales del Estado (Artículos 1, 2 y 4), en muchas ocasiones no se ven reflejados en los montos del presupuesto público, y aún menos en el proyecto del presupuesto para el año 2018.

Por ello las organizaciones agrupadas en la Coalición por la Salud de las Mujeres, presentamos a la H. Cámara de Diputados, propuestas de mejora en la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el cual incumple el principio de progresividad e irreductibilidad del presupuesto en salud, al establecer una disminución de un -4.49 por ciento del gasto en salud transferidos mediante la Secretaría de Salud federal a los 32 servicios estatales de salud, hospitales e institutos de especialidad; de -4.20 por ciento al Seguro Popular (principal fuente de financiamiento de los centros de salud y hospitales comunitarios), de -4.00 por ciento a acciones para asegurar la atención permanente en VIH a mujeres.

Es de llamar la atención la relevancia del presupuesto para el VIH en mujeres. Pese a que el VIH se presenta mayoritariamente en hombres, estos recursos son cruciales para que las mujeres con VIH continúen acudiendo a los establecimientos donde controlan su salud y proveen de antirretrovirales, al recibir un apoyo monetario para el traslado a los mismos (recordemos que las mujeres tienden a cuidarse en último lugar, y que el VIH las estigmatiza), asimismo, es un recurso para que organizaciones conocedoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desarrollen proyectos de prevención directamente en terreno.

Otro recorte de suma gravedad, es la propuesta de disminuir en un -5.17 por ciento para implementar mínimos para la promoción, prevención y atención en salud sexual y reproductiva. Recurso distribuido entre los programas en salud, que atienden a una enorme cantidad de mujeres a lo largo de su vida: Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud Integral para la Mujer, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Salud Materna y Perinatal, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, y Prevención y Control de Cáncer de la Mujer (Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino).

La desigualdad en el acceso efectivo al derecho a la salud y los derechos reproductivos, se profundiza en las mujeres pobres indígenas, urbano marginales, transgénero, trabajadoras sexuales, privadas de su libertad, discapacitadas y migrantes.

Para fortalecer las acciones en salud hacia mujeres indígenas —mediante estrategias desarrolladas desde sus organizaciones, como son las CAMI—, se destinaba un recurso específico a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no obstante lo valioso de este recurso, se decidió reducirlo a un mínimo, dejando a la Comisión con la mitad de su presupuesto, al pasar de 12 mil millones en 2016 a 6 millones de pesos en el proyecto 2018, debilitando su capacidad de coordinar y vigilar los presupuestos destinados a población indígena.

En resumen, la propuesta del ejecutivo federal, sólo profundizará la precariedad en los servicios en salud sexual y reproductiva, y más inequidades y sufrimiento en las mujeres pobres, y en las mujeres indígenas. Todavía es inexistente la asignación de presupuesto en salud, considerando la diversidad de mujeres.

La Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, elaboró una propuesta de aumentos en los presupuestos, para revertir los graves retrocesos en el presupuesto para VIH en mujeres, y salud sexual y reproductiva, ya que esta disminución presupuestaria, amplía las brechas en el acceso a la salud a una población que ya de por sí sufre una atención deficiente al acudir a servicios con una serie de rezagos en la calidad de la infraestructura, en insuficiencia de personal de salud capacitado por 24 horas los 365 días del año, traslados oportunos y la disponibilidad de equipamiento, medicamentos e insumos médicos.

La Coalición por la Salud de las Mujeres nos adherimos a esta propuesta y exigencia a que las y los diputados de la Comisión de Presupuesto las aprueben y sea votada satisfactoriamente por el pleno del Congreso. Propuesta a la cual sumamos adhesiones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, con el fin de una mayor transparencia de estos recursos, se identifique claramente para qué se destinaron y cómo se gestionaron hasta el nivel más local.

Es así que en el Decreto 2018 proponemos en:

Artículo 34. A. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, llevará a cabo lo siguiente: … La Comisión Nacional de Protección Social en Salud reportará en su portal de transparencia, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.

Capítulo IV De la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
Artículo 21. V. El Instituto Nacional de las Mujeres dará a conocer el ejercicio del gasto por Acción correspondiente a los Programas Presupuestarios de las Unidades Responsables del Anexo 13.

TRANSITORIOS
Quinto. Los recursos del Ramo Administrativo 12 Salud y del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, correspondientes a la Subfunción Protección Social en Salud, destinados a la prestación de servicios de salud a la persona, deberán ser considerados en la integración de la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal a la que hace referencia el artículo 77 bis 13, fracción II, de la Ley General de Salud. A la par la Secretaría de Salud federal deberá publicar en su portal de transparencia y en el formato de Datos Abiertos, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.

*Responsable del proyecto de Partería y presupuesto público en Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

17/DDE/LGL

Organizaciones civiles exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que no se olviden que “la salud sexual y reproductiva es un Derecho Humano y debe ser tratada como tal durante la respuesta ante cualquier contingencia” como los sismos, las lluvias y demás fenómenos naturales que han azotado la entidad.

Por ello se pronunciaron para que durante la respuesta a la contingencia por la que actualmente atraviesa Oaxaca, no se olviden las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres, para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia obstétrica o muertes por falta de medicamentos a pacientes con VIH.

Organizaciones como Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, Colectiva Feminista, Mujeres Lilas, y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar Grupo de estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, recordaron que 59 por ciento de la población menor de 18 años que vive en las entidades más afectadas por los sismos, son niñas.

También la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Oaxaca) y Servicios del Pueblo Mixe, mencionaron que en el país 6 de cada 10 menores de edad son víctimas de abusos o violencia; 9 de cada 10 no denuncian, y que en 5 de cada 6 de estos abusos las víctimas son niñas.

Mencionaron que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el país hay una falta de espacios y servicios que permitan a las mujeres decidir cuándo o qué tan frecuente embarazarse, exponiéndose a complicaciones que requieren atención médica, problemas de infertilidad, mortalidad infantil y Cáncer Cérvico uterino, entre otros.

Aunado a ello, la demanda insatisfecha por anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años es de 11 por ciento y alrededor de 54 por ciento de los embarazos no planeados en México son resueltos por un aborto inducido, cifra que representa más de un millón de abortos inducidos en mujeres de 15 a 44 años.

Sin embargo, en situaciones de emergencia como las actuales, las autoridades además de garantizar la seguridad en las zonas de riesgo deben evitar violencia sexual y asegurar el acceso a anti-retrovirales para mujeres en situación de violación sexual.

De igual manera, se debe garantizar el aborto a quienes como consecuencia de una violación presenten embarazos, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM046) Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.

Así también, consideran urgente comprometer el abasto de medicamentos, antirretrovirales, métodos anticonceptivos y su respectiva distribución.

Por consiguiente, hicieron un enérgico llamado para que las autoridades estatales activen y respeten los planes de emergencia, las donaciones hechas por organismos internacionales, por países y actores externos y por la sociedad civil local, para que trabajen por las mujeres, niñas y adolescentes como grupo prioritario de atención y actuación en las políticas públicas y programas y accionar con firmeza y estrategia, porque las mujeres, niñas y adolescentes no son ciudadanas de segunda.

Exigieron el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva porque representa un componente prioritario para garantizar calidad de vida, desarrollo colectivo y comunitario y el respeto a la dignidad humana.

Insistieron en que la salud sexual y la salud reproductiva forman parte de los Derechos Humanos fundamentales contenidos en Tratados y documentos internacionales que México ha firmado y ratificado.

17/PM/LGL

Martha es una mujer de 30 años, se enteró apenas hace unos meses que vive con VIH cuando su bebé de dos años se puso grave y tuvo que ser internado.  Martha, al igual que en su embarazo previo, acudió a todas sus consultas de atención prenatal, fue a un hospital de segundo nivel para atender su parto, amamantó a su bebé y siguió todas las indicaciones que su médico le dio. Sin embargo, lo que su médico nunca le dijo es que era importante realizarse la prueba de detección de VIH durante el embarazo para garantizar un adecuado estado de salud y en caso de vivir con VIH prevenir la transmisión a su bebé.
 
A lo largo de más de 30 años de la epidemia de VIH en México se han registrado 3 mil 697 casos de VIH y sida por transmisión perinatal, es decir, que sucedieron en algún momento del embarazo, el parto o la lactancia.
 
Mientras desde el 2015 algunos países del mundo han empezado a eliminar la transmisión perinatal del VIH, en México desde el 2015 se han registrado 174 casos de bebés que nacieron con VIH o sida. La existencia de estos casos es un reflejo de las fallas de coordinación que existen entre las redes de servicios de salud.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Casos de sida, sólo durante el 2016 se registraron 92 casos de transmisión vertical, 85 por ciento en la Secretaría de Salud. Este hecho resulta preocupante, sobre todo tomando en cuenta que nuestro país cuenta con los lineamientos técnicos más actualizados para la prevención de la transmisión perinatal. Éstos incluyen la oferta de la prueba al 100 por ciento de mujeres embarazadas, el acceso a los medicamentos antirretrovirales durante el embarazo, la cesárea electiva, así como la posibilidad de parto vaginal para las mujeres con VIH con el virus controlado (carga viral menor a 1,000 copias), y la sustitución de la lactancia materna para las mujeres con VIH.
 
Dentro de los documentos de política pública el gobierno ha manifestado el compromiso con la prevención de la transmisión perinatal del VIH, haciendo de este tema uno de los objetivos estratégicos del Programa Sectorial de Salud vigente. La oferta de la prueba de VIH a las mujeres embarazadas ha sido la única acción institucional de prevención del VIH en las mujeres y es justo esta acción el eslabón más débil en la cadena de prevención perinatal.
 
Así lo demuestra la baja cobertura de aplicación de la prueba a las mujeres embarazadas pues de los 2 millones de embarazadas que existen cada año, sólo 67.5 por ciento se hizo la prueba de VIH, lo cual quiere decir que casi 700,000 mujeres perdieron la oportunidad de saber que viven con VIH y prevenir la transmisión a su bebé.
 
Esta situación es escandalosa en un país donde 91 por ciento de las mujeres asiste al control prenatal, 88 por ciento de los nacimientos son atendidos por personal médico y donde el gobierno presume haber alcanzado el “acceso universal” a los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de VIH (DGIS, 2010; Gobierno de la República, 2005; Saavedra y Bravo, 2006).
 
Las políticas y los servicios de VIH y de salud reproductiva en México están estructural, funcional y financieramente separados. Cada tema se encuentra en el territorio de una dependencia que se hace cargo normativamente; el tema de VIH corresponde al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y sida, (Censida), mientras que la salud reproductiva, que incluye la salud materna y perinatal, está a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), ambos dependientes de la Secretaría de Salud Federal (Ss). La prevención de la transmisión vertical del VIH se encuentra en medio de esta división y son las mujeres embarazadas con VIH quienes enfrentan las consecuencias de la falta de coordinación entre ambas instituciones.
 
Como ya se comentaba el eslabón más débil en la cadena es la oferta de la prueba diagnóstica de VIH durante el embarazo, la cual corresponde a los servicios de primer y segundo nivel encargados de la atención prenatal como lo señala la Norma Oficial Mexicana para la atención del embarazo. La omisión de la oferta de la prueba durante el embarazo trae como consecuencias la mortalidad y morbilidad en las mujeres, sus hijas e hijos, además de graves consecuencias emocionales y económicas para las mujeres que sobreviven (Kendall, 2014).
 
La baja percepción de riesgo de VIH en las mujeres, por ellas mismas y por parte del personal de salud; así como problemas estructurales y de organización institucional no han favorecido la oferta de detección oportuna del VIH a toda mujer embarazada y la oferta de servicios de calidad e integrales, tanto en la atención del embarazo y el parto, como en otros aspectos estratégicos de la salud de las mujeres, incluyendo la salud reproductiva.
 
Sabemos que el sistema de salud mexicano está fragmentado y que presenta retos importantes para garantizar la calidad de la atención y el derecho a la salud de todas las personas. Por ello es necesario fortalecer la coordinación institucional del Censida y el CNEGSR y asegurar que ambos centros están destinando todos los recursos necesarios para asegurar el acceso de todas las mujeres embarazadas a los insumos y recursos necesarios para garantizar su derecho a la salud.
 
Como le sucedió a Martha, las mujeres embarazadas están acudiendo a servicios de salud que no cuentan con los insumos necesarios, ni personal capacitado para ofertar la prueba de VIH a las mujeres y garantizar su derecho a la salud. Nuestro sistema de salud sigue considerando que la atención al VIH no es un asunto que compete a todos los servicios de salud, sólo a servicios satélite que atienden a las personas con VIH, lo cual termina siendo un problema no sólo para la prevención sino para la atención integral de las mujeres con VIH.
 
*Coordinadora Programa Mujeres, Derechos Sexuales y VIH,
Balance A.C.
 
**Balance es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
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Miles de niñas y adolescentes anualmente son víctimas de diferentes tipos de violencias que han sido normalizadas en Latinoamérica, donde la cultura patriarcal impera. Con motivo del Día Internacional de las Niñas, a celebrarse este 11 de octubre, la Red de Periodistas con Visión de Género de Las Américas llama la atención sobre la problemática del embarazo temprano y algunas medidas de prevención.

América Latina es la segunda región del mundo con mayor cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, luego del África sub-sahariana. Varias feministas de Argentina, Colombia y Guatemala indican que este flagelo es resultado de múltiples factores políticos, económicos, sociales y culturales que vulneran -desde las edades más tempranas- los derechos de las mujeres a vivir una vida digna y libre.

Aspectos como la pobreza, la precaria educación, la falta de acceso a la salud, las escasas oportunidades para construir un proyecto de vida autónomo, entre otros, se configuran como formas de violencia ejercidas históricamente contra las mujeres, que afectan de manera específica a las niñas y adolescentes; no por casualidad son justamente las más vulnerables, las pobres, las menos educadas, las rurales, las indígenas y las afrodescendientes.

Al consultar con expertas en el tema, afirman que en la ocurrencia del embarazo temprano incide la transmisión social de una ideología sobre la maternidad: “como máxima expresión de la realización femenina o como un regalo de Dios”, en la que influyen y perpetúan las iglesias conservadoras.

En este sentido, una de las recomendaciones incluidas en el Informe Hemisférico de 2016 sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) es fortalecer el carácter laico de los Estados en la normativa y en las medidas a adoptar en los temas relacionados con la violencia sexual contra las niñas y el embarazo infantil en la región.

La ginecóloga y docente Gloria Penagos, quien participó durante 8 años en programas locales y regionales exitosos de prevención del embarazo en adolescentes en el departamento de Antioquia, Colombia, sostiene que “existe una cultura que no se modifica y en su base está la trasmisión de que uno de los trabajos grandes que hay en la vida es ser madre”.

La cultura machista que alcanza su máxima expresión en la violencia y el abuso sexual contra las mujeres, según la doctora Penagos, “es el nodo central de la problemática del embarazo en niñas y adolescentes, pues se oculta, no se reconoce”.

VIOLENCIA SEXUAL Y RELACIONES INEQUITATIVAS

Los embarazos en niñas menores de 14 años son consecuencia de relaciones asimétricas, obligadas o producto del abuso, afirman las voces feministas consultadas, aunque la Organización Panamericana de la Salud, en su Boletín Informativo de julio de 2015, sólo reconoce que entre 11 y 20 por ciento de los embarazos en niñas y adolescentes son resultado de la violencia sexual.

Para la doctora argentina Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, “preocupa el aumento del embarazo precoz en las menores de 15 años”, tomando en cuenta que en esa edad todas las relaciones sexuales se consideran no consentidas y, por lo tanto, son resultado de un abuso sexual.

Al coincidir con Bianco, la doctora y directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva guatemalteca Mirna Montenegro, enfatiza que ocurre el delito de violación sexual en todos los casos en que una niña se convierte en madre.

Agrega que “la mayoría de estos crímenes se comete dentro de la familia y los agresores son padres, abuelos, hermanos, padrastros, hermanastros, tíos o primos”; cuestión que -resalta- tiene que tomarse en cuenta en las propuestas de prevención.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia reportó, que en 2016, de los exámenes que se practicaron a niñas entre 10 y 13 años de edad por presunto delito sexual, 76 por ciento ocurrieron en el interior de las viviendas y en 88 por ciento de los casos, el presunto agresor fue una persona cercana a la víctima: se trató de un familiar (43.3 por ciento) o un conocido (26 por ciento), fueron los más frecuentes.

En contextos históricos marcados por conflictos internos con participación de varios grupos armados (guerrillas, paramilitares e instituciones de seguridad pública), las niñas y adolescentes han sido objeto de agresión sexual como táctica de guerra.

De acuerdo con la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en municipios afectados por el conflicto armado en Colombia, la incidencia del embarazo en adolescentes es dos veces mayor que el promedio nacional el cual se ubica en 20.9 por ciento.

En opinión de la integrante del grupo guatemalteco Mujeres Transformando el Mundo Paula Barrios, existe una indiferencia social sobre cómo apoyar a las niñas y adolescentes a quienes se les impone un embarazo como consecuencia de una violación sexual, “sólo se les obliga a permanecer en el ámbito doméstico, perdiendo así su proyecto de vida”.

REGISTROS DEFICIENTES

Contar con un panorama completo de las cifras que registran las instituciones gubernamentales se dificulta debido a que éstas solo incluyen los nacimientos de hijas e hijos de madres niñas y adolescentes, y no reportan aquellos embarazos que terminan por aborto espontáneo o por interrupción voluntaria.

A los subregistros que existen en Argentina, Colombia y Guatemala, se suma la falta o incongruencia de algunas categorías de los datos publicados por los organismos del Estado, lo que dificulta el análisis de estadísticas para determinar, por ejemplo, las afectaciones específicas de niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes.

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: ¿PERMITIDA O PROHIBIDA?

En lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, en Argentina y Colombia está despenalizado el aborto cuando existe una violación sexual, pero ello no significa que todas las niñas y adolescentes que así lo decidan tengan acceso a recurrir a esta medida en condiciones seguras.

Para el caso de Argentina, el Artículo 86 del Código Penal de la Nación determina que el aborto se encuentra despenalizado cuando el embarazo representa un peligro para la vida y la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación.

En Colombia, a partir de 2006 se despenalizó el aborto en tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual; cuando la vida del feto es inviable fuera del útero; y cuando peligra la salud o vida de la madre. La legislación en Guatemala lo permite únicamente cuando la vida de la madre corre peligro.

Con el propósito de que niñas y adolescentes guatemaltecas tengan acceso al aborto seguro, la agrupación Mujeres Transformando el Mundo, elabora un mecanismo legal que permita la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, como una medida de reparación digna hacia las víctimas para que continúen con su proyecto de vida, explicó la abogada Paula Barrios.

Los grupos feministas latinoamericanos que reivindican la despenalización del aborto aseguran que el embarazo forzado viola los derechos de las mujeres reconocidos en tratados internacionales, además perpetúa la violencia sexual y la violencia estructural, sobre todo cuando a niñas y adolescentes se les niega, dificulta, demora y obstaculiza la interrupción del embarazo.

Desde 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que la discriminación de género que sufren las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados es con frecuencia minimizada, pues dada su edad son consideradas como un mero objeto de tutela.

A las niñas se les coloca en situación de desventaja cuando presentan denuncias de violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil con la imaginación exacerbada, de modo que sus testimonios y declaraciones son utilizados para disminuir la sanción al agresor, señala la CIDH.

ALTERNATIVAS PARA DESESTRUCTURAR LA SUBORDINACIÓN

Para abordar la problemática de los embarazos tempranos, las feministas entrevistadas mencionan varias iniciativas, entre ellas, destacan: deconstruir la ideología patriarcal que reproduce la subordinación de las mujeres.

En opinión de la guatemalteca e integrante de la Organización de Mujeres Tierra Viva, Alma Odeth Chacón, hay que abordar esta problemática desde el ámbito de la violencia sexual porque se sigue sosteniendo que los cuerpos de las mujeres pueden ser usados sexualmente y esto está dañando las vidas de niñas y adolescentes.

La representante de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala, Marta Godínez, propone “establecer diálogos entre mujeres, niñas y adolescentes sobre las posibilidades de construir un mundo diferente, qué piensan sobre su sexualidad y sus afectos, qué quieren ser en la vida y cómo quieren ser tratadas”.

Precisa que cualquier medida de prevención tiene que tomar en cuenta sus opiniones, asimismo, reconocer que en Latinoamérica se han impuesto ideas y actitudes de subordinación a las mujeres, “nos han mandatado a ser objetos, a ser propiedad de otros y otras, si no comprendemos esa lógica va a ser muy difícil desestructurar esos pensamientos”, resalta Godínez.

La Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, recomienda, “garantizar la educación sexual integral desde una edad temprana y en los distintos niveles etarios”.

De igual manera sugiere: “proveer servicios de salud amigables que permitan a las niñas y jóvenes acceder a métodos anticonceptivos conforme a su edad y sin autorización de sus padres, hay que mejorar la consejería anticonceptiva y diversificar la información sobre métodos anticonceptivos, entre otros aspectos”.

Además hay que hacer extensiva la educación sexual a padres y madres, “dado que es en los hogares donde más se comenten los abusos sexuales y adicionalmente generar propuestas de masculinidades conscientes para que los hombres piensen en la responsabilidad que tienen sobre el embarazo y su paternidad”, afirmó la Directora Técnica del Centro de Desarrollo Social de Barranquilla, Colombia, Nazly Mulford.

Otras alternativas se refieren a que profesionales de la salud y la educación promuevan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no se limiten a compartir información sobre infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, opinó la doctora Penagos, quien asegura que es crucial superar barreras culturales que impiden que las mujeres tomen decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad, lo cual implica brindar herramientas para decidir cuándo sí y cuándo no, con quién y con qué medidas de protección.

Muchas alternativas quedan por ejecutar, pero quizás este reporte interpele a familiares, profesionales, activistas, personal de instituciones públicas y funcionarios de gobiernos locales y nacionales para que se comprometan en acciones que contribuyan a erradicar esta problemática que provoca dramáticas secuelas en la vida de miles de niñas y adolescentes en América Latina.

* Integrantes de la Red de Periodistas con Visión de Género de Las Américas

17/RHA/SVV/MB/LGL

El incumplimiento de algunas recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, por parte de diputados de Veracruz, sienta “un precedente que ofende la lucha que las mujeres en todo el país venimos emprendiendo para lograr que se respeten los Derechos Humanos” denunciaron diez organizaciones sociales colimenses.

A través de un pronunciamiento dado a conocer este martes, los grupos manifestaron que “en un acto de caciquismo legislativo y violando el propio marco jurídico interno, los diputados Bingen Rementería Molina, Gregorio Murillo Uscanga, Teresita Zuccolotto Feito (PAN) y Carlos Antonio Morales Guevara (PRI) desecharon, sin generar razonamientos jurídicos válidos” la iniciativa de reformas al Código Penal, incumpliendo el indicador principal del Informe de la AVG por agravio comparado.

Esta decisión elimina la posibilidad de que las niñas y adolescentes de Veracruz víctimas de violencia sexual puedan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que las mujeres que comprometan gravemente su salud a causa de un embarazo no puedan interrumpirlo y que a las mujeres, niñas y adolescentes se les siga criminalizando por no aceptar un embarazo forzado.

El pronunciamiento fue suscrito, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), Fundación con Equidad A.C., Calle Sin Acoso, Colectivo Rebeldía Violeta, Colectivo Inclusión, Espacio Feminista, Radar 4º y México Funciona.

De acuerdo con el documento, el dictamen legislativo no tomó en cuenta las consideraciones emitidas por el Grupo de Trabajo, cuyas recomendaciones evidencian un marco legal discriminatorio, restrictivo y transgresor de los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres en Veracruz.

“Las organizaciones de la sociedad civil en Colima que trabajamos por la protección, acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, manifestamos indignación por la falta de compromiso y en incumplimiento de obligaciones de las autoridades legislativas en el estado de Veracruz y exigimos garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas”, indicaron.

La integrante del CDHNG, María del Carmen García García, señaló en entrevista que los Derechos Humanos de las mujeres han requerido de un largo camino para ser construidos y ganados normativamente, pero “la lucha más difícil está aún en nuestro cuerpo, el de nosotras las mujeres, nuestra sexualidad y reproducción, pues son territorio dominado por un sistema y estructura patriarcal que los controla a través de la normatividad local y nacional, situándolos como territorios no libres”.

Indicó que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos “está tutelado simbólicamente por el padre, el marido, los hijos y jurídicamente por el Estado no laico a través de instituciones y de políticas públicas que, por ejemplo, criminalizan a las mujeres que interrumpen un embarazo, independientemente de cuáles sean las causas”.

Lo anterior, añadió García García, se ve reflejado en contextos como el de Veracruz donde, como en cualquier estado del país, hay un alto índice de embarazos en adolescentes y niñas, que en la mayoría de los casos son producto de violación sexual, quedando de manifiesto que las políticas públicas, las instituciones y el estado fallaron al no protegerlas.

“Lo más grave para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, es que se agrega la violencia institucional, por no contar con políticas y personal laico en las instituciones del Estado, pues en la mayoría de los casos impiden la interrupción de los embarazos, dando como resultado embarazos forzados”.

La activista consideró necesario que el Estado mande un mensaje de cero tolerancia para no permitir la violencia sexual e institucional o cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres, en el marco de las recomendaciones de la alerta de violencia de género por agravio comparado en Veracruz.

“Urge la despenalización del aborto para no permitir más embarazos forzados y muertes en niñas y mujeres por abortos clandestinos; es indispensable que quienes integran el Congreso, tengan voluntad política y ejerzan sus responsabilidades desde la laicidad del estado”, concluyó.

17/PZB/LGL

Además de ser uno de los cuatro países del continente americano donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y penalizada en todas sus formas, República Dominicana se encuentra entre los países de la región con mayor número de embarazos adolescentes; para los 19 años, casi la mitad de las dominicanas (43,9 por ciento) han tenido por lo menos un parto.
 
“La tasa de mortalidad materna es de 106 casos por cada 100 mil nacidos vivos” una alarmante cifra que supera la media de la región (77), indica la directora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), Lourdes Contreras. Las hemorragias y abortos son unas de las principales causas de muertes maternas, “en el caso de las menores de edad, cerca del 13 por ciento de las muertes son a causa de abortos inseguros”, señala Contreras. En este punto, como dice la consigna del movimiento de mujeres dominicanas, “el Aborto es Por La Vida”.
 
Desde hace veinte años se lleva debatiendo en el país sobre la necesidad de cambiar el actual Código Penal (que data de principios del siglo XIX). En el año 2014 se logró ratificar una ley que permitía la interrupción del embarazo en tres causales: en los casos de violación o incesto, cuando está en riesgo la vida de la gestante y cuando una malformación del embrión es incompatible con la vida, pero esta realidad nunca llegó a materializarse y el 15 de diciembre de 2016 volvió a quedar totalmente penalizado el aborto en el país.
 
Por ello, feministas dominicanas salieron a manifestarse frente al Congreso Nacional de Santo Domingo, la capital del país, cuando se discutió en mayo pasado, en el Senado, el derecho de las mujeres a decidir y donde una vez más, el hemiciclo compuesto principalmente por hombres se otorgaba el privilegio de dictar sentencia contra el derecho a la vida de las mujeres; rechazar el aborto por causales manteniendo la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas.
 
“Esto solo demuestra la misoginia de Estado”, lamentaba una de las mujeres allí presentes. “Vamos a acudir a todas las instancias necesarias, está en nuestra historia la lucha por la libertad y la justicia, no vamos a permitir que sustraigan nuestros derechos”, aseguró la representante del Foro Feminista Katherine Jaime.
 
“No es casualidad que ahora el Senado rechace las tres causales, están aprovechando que el Gobierno está involucrado en un escándalo de corrupción”, sentenció la activista. Y no. No es casualidad que en un país con unos índices de desigualdad alarmantes donde la pobreza tiene rostro de mujer todavía no se pueda ejercer el derecho al aborto ni siquiera cuando la vida de la gestante está en peligro. No es casualidad porque, en realidad, las únicas que están en peligro son las mujeres que no tienen recursos para costearse un aborto seguro en una clínica privada: una mayoría invisibilizada.
 
Han pasado cuatro años desde que Rosaura Almonte, más conocida como Esperancita, enfermó de leucemia y falleció en el mismo hospital que le negó el tratamiento por estar embarazada de un mes. Tenía 16 años. “Este tipo de casos siguen sucediendo”, explica la abogada del caso, Indiana J. Jiménez, “la impunidad en el país salpica a procesos como este en el que llevamos cuatro años solicitando el expediente al que todavía no hemos tenido acceso”. El asesinato legal de Esperancita es uno de tantos ejemplos que evidencian que las mujeres jóvenes con menos recursos son las más afectadas por la penalización del aborto; por lo que las feministas exclamaban frente al Hemiciclo: “¡Congreso Nacional, asesino de mujeres!”.
 
CONSPIRAR CON LA NATURALEZA
 
Ajena a todo el ajetreo de la ciudad, en el pequeño pueblo de la Ciénaga en la provincia de Barahona, vive María Esther. Ella tiene 28 años y tres hijos de 6, 5 y 3 años, respectivamente. Trabaja como secretaria de la única cooperativa de mujeres que existe en la localidad. “Aquí hay muchas mujeres que abortan pero de eso no se habla porque es un pecado mortal”, asegura antes de cambiar de tema cuando un hombre entra por la puerta de la cooperativa. “Mi prima abortó”, continua Esther, “ella se metió varias pastillas de Citek por ahí abajo y se tomó un jugo rojo. Pero si quieres votar un embarazo también hay gente que prepara botellas”.
 
“Las botellas generalmente se preparan de simples hierbas que todo el mundo sabe pa’ que son, ahora bien, pocas se atreven a reconocerlo en público, pero la utilizan”, explica Minerva Reyes, quien se define “como mujer, como Negra, como campesina y como abogada constitucionalista”. Ella vive en la capital de Barahona y conoce bien este tipo de remedios abortivos naturales: “Yo creo que el aborto es una opción ancestral que nos ha brindado la madre naturaleza en una forma de conspiración directa con ella. El aborto es una opción que debe existir, la posibilidad de traer o no una nueva vida a costa de nuestros cuerpos”.
 
Según el Código Penal vigente, la mujer que por cualquier medio cause la interrupción del embarazo será sancionada de 2 a 3 años de prisión. En el caso del personal médico, parteras y demás profesionales, la pena es mayor: de 4 a 10 años, siendo en ambos casos la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
 
FRENTE A LA MORAL CRISTIANA DOMINANTE, 28 LUNAS
 
Cansadas de un Estado que no las representa, un grupo de mujeres decidieron que no iban a obedecer leyes que vulneran sus derechos. Bajo el nombre de “28 Lunas” un grupo de activistas creó a finales de 2016 una línea telefónica (o hotline) para informar sobre “aborto seguro”. Según explica a través de esa misma línea Marina, una de las integrantes de la organización, ellas ofrecen a las mujeres información sobre cómo interrumpir un embarazo con misoprostol, un medicamento que en República Dominicana se vende bajo el nombre comercial de Citek.
 
 “Les damos las indicaciones médicas necesarias (basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y, sobre todo, apoyo emocional. De hecho, hay mujeres que ya conocen el proceso pero que igualmente nos llaman porque necesitan acompañamiento”. Marina explica que el apoyo que ofrecen a las mujeres es vital ya que a veces el sentimiento de culpa les duele más que el sangrado que provocan las pastillas.
 
Cuando Amanda (pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la entrevistada) se enteró de su embarazo, sintió cómo el futuro que estaba construyendo se tambaleaba. Habitante de una comunidad empobrecida de Monte Plata, al este del país, ella es estudiante y madre de una niña de dos años. Amanda sabía que no quería tener ese bebé pero ¿cómo? ¿en quién confiar para realizar algo en contra de la moral cristiana dominante?
 
En una pared de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encontró una posible solución: un grafiti que rezaba “Aborto seguro” y un número de teléfono. “Necesitaba hacerlo y decidí escribirles por Whatsapp”. Al otro lado de la línea la misma Marina recibió la llamada y le aportó la información necesaria para que Amanda pudiera decidir sobre su cuerpo y su futuro.
 
Las 28 lunas recomiendan el uso del Citek porque sus efectos son “exactamente iguales a los de un aborto natural”. Según asegura Marina, hasta ahora las mujeres atendidas por las 28 lunas han realizado el proceso sin complicaciones pero, teniendo en cuenta que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se arriesgan a penas de cárcel, tienen un protocolo para que sepan cómo actuar en caso de que, por ejemplo, un médico trate de interrogarlas: “Es importante que no se pongan nerviosas y que sepan que solo pueden ser descubiertas si declaran haberse inducido un aborto o si se encuentran restos del medicamento, de ahí que recomendemos el método sublingual ya que de este modo es más fácil eliminar los restos”.
 
SERMONES VS. DERECHOS
 
“Esas sucias lenguas quieren embaucar a nuestros jóvenes en la cultura de la fornicación”, ladra uno de tantos predicadores que lanzan sus discursos en las horas pico del metro de Santo Domingo. Con una temperatura media anual de 25 grados, la República Dominicana es un país caliente en todos los sentidos: la bachata, el merengue, el reguetón y el dembow, marcan los ritmos del ambiente caribeño.
 
A pesar de que la juventud dominicana comienza su vida sexual para los 12 ó 13 años, en las escuelas no se trata el tema de la salud sexual y reproductiva y esa es, según estudios sobre género y juventud, la causa fundamental por la que se perpetúa un imaginario de futuro desigual entre adolescentes. Mientras que las niñas enfocan su vida a la maternidad, los niños tienen otros referentes menos dependientes.
 
Esta realidad está tan naturalizada e interiorizada que “un artículo reveló que una de las abuelas más jóvenes del mundo era una dominicana de 26 años”, apunta la directora del CEG.
 
Hasta ahora la medida de prevenir el embarazo adolescente se limita a reforzar la conservadora idea de mantenerse virgen hasta el matrimonio, tratando de alejar a la juventud de su vida sexual con campañas superficiales que les dicen “Tú No Ta’ Pa’ Eso”.
 
Convencida del problema estructural que conlleva la falta de educación sexual, la ginecóloga obstetra Liliam Fondeur asegura que las dominicanas “queremos educación sexual basada en los derechos y no en el miedo”.
 
17/AM/IM

Katherine Murray Millet, Kate Millett, fue una escritora feminista estadounidense, cineasta, escultora, filósofa y activista. Conocida por su libro de 1970 “Política Sexual” una de las obras más relevantes del feminismo radical, su trabajo se enmarca en la segunda ola del feminismo. La tesis principal sería que el patriarcado, ni los papeles y posiciones sociales derivan de la naturaleza humana, el origen del patriarcado sería histórico y cultural. No existe una disparidad mental ni emocional entre los sexos.

Biografía

Kate Millett fue a la Universidad de Minnesota y se graduó cum laude en 1956. A continuación, realizó el posgrado en la Universidad de Oxford. Se trasladó a Japón en 1961, donde dio clases de inglés. Dos años más tarde, regresó a los Estados Unidos con el escultor Fumio Yoshimura con quien se casó en 1965, separándose en la década de 1970.

Fue una activa feminista desde finales de los 60 y en la década de 1970. En 1966, se convirtió en integrante del comité de la Organización Nacional de la Mujer (National Organitation of Women).

En 1967 publicó un panfleto titulado “Token Learnig” contra los planes de estudio en las universidades para mujeres. En agosto de 1970, publicó su tesis “Política Sexual“, donde ofreció una amplia crítica de la sociedad patriarcal en la sociedad occidental y la literatura. En particular, ataca lo que ella ve como sexismo y heterosexismo de los novelistas D. H. Lawrence, Henry Miller, y Norman Mailer, contrastando sus puntos de vista discrepantes con el punto de vista del autor gay Jean Genet.

En 1971, comenzó a comprar y restaurar edificios cerca de Poughkeepsie, Nueva York. El proyecto finalmente se convertiría en Women’s Art Colony Farm, una comunidad de mujeres artistas y escritoras.

Su libro Flying (En pleno vuelo) (1974) es una autobiografía no académica en la que se expresa la vena artística de Millet (escultora y cineasta). Habla de su matrimonio con Yoshimura y sus amores con mujeres. En 1979, Millett fue a Irán a trabajar por los derechos de las mujeres, fue pronto deportada, y escribió acerca de la experiencia en Going to Iran. Por su denuncia y activismo en contra de las condiciones de sometimiento de las mujeres en el Islam, fue la primera persona acusada de islamofobia. “Sita” (1977) es una reflexión sobre un amor atormentado. En “The Loony-Bin Trip” (1990) trata sobre el trastorno bipolar, que describe experiencias en hospitales psiquiátricos y su decisión de suspender su terapia de litio.

A finales de la década de 1990 y principios de 2000, Millett estuvo involucrada en una disputa con la ciudad de Nueva York porque las autoridades querían desalojarla de su casa, como parte de un plan de reconversión masiva. Millett y otros recurrieron, pero perdieron en los tribunales. Su edificio fue demolido, y los residentes fueron realojados.

* Este artículo fue retomado del portal Tribuna Feminista

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