Ciencia Social Alternativa “Kóokay”

Las organizaciones civiles que en junio pasado solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Yucatán urgieron al gobierno a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y reabrir las investigaciones de los asesinatos violentos que tengan indicios de no haber sido investigados con perspectiva de género.

En una conferencia de prensa efectuada este fin de semana, representantes de las organizaciones Ni Una Más; y Ciencia Social Alternativa Kóokay, instaron al gobierno del priista Rolando Zapata Bello a cumplir con las recomendaciones publicadas por la Conavim el pasado 8 de septiembre en el informe con el que da respuesta a la solicitud de la AVG en la entidad, que de no ser resultas en seis meses, derivarán en la declaratoria de la Alerta para el estado.

Entre las recomendaciones está que el gobierno yucateco incorpore a organizaciones civiles con experiencia en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres al Comité encargado de vigilar y evaluar la implementación del Protocolo de actuación ministerial y pericial del delito de feminicidio, demanda que las organizaciones solicitantes refrendaron.

La AVG fue solicitada el 23 de junio para los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá por la violencia física, sexual y feminicida que viven las mujeres, esta última perpetuada por la falta de voluntad de los agentes policiales y judiciales en la entidad para garantizarle a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia, así como por investigar y sancionar los casos.

Ejemplo de ello es el asesinato, en marzo de este año, de Emma Gabriela Molina Canto, orquestado por su ex marido y entonces funcionario público, Alberto Medina Sonda.

Emma denunció desde 2014 ante instancias estatales y nacionales -como la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que ella y su familia eran violentadas por Medina Sonda. El asesinato de Emma Gabriela se suma a las 63 muertes violentas de mujeres con signos de feminicidio cometidas en el estado de 2008 hasta lo que va de 2017, de acuerdo al registro de otra de las organizaciones solicitantes de la AVG, Yucatán Feminicida. Aún con esta cifra, obtenida del monitoreo de la prensa local, la Fiscalía yucateca constata que en esos años solo siete casos llevan un proceso penal por feminicidio y se han emitido dos sentencias por dicho delito.

En la conferencia y a través de un comunicado las demandantes refrendaron su exigencia para crear, junto con todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres del estado, una base de datos con el número de casos que permita generar información estadística y diagnósticos del contexto de la entidad y con ello realizar políticas públicas de prevención.

Lo anterior, dijeron, obligará a las instancias municipales a recopilar y proporcionar la información de los casos que atiendan.

17/MMAE/LGL

En Yucatán, de 2008 a 2016 se registraron 57 casos de feminicidio, pero la falta de homologación de causales entre el Código Penal estatal con el Federal no permite que se investigue con  celeridad ni que se sancione con las penas correspondientes al delito de feminicidio, denunciaron organizaciones civiles.
 
Una de las causales que el Código Penal de la entidad ignora es “la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima”, esto pese a que en la mayoría​ de los casos de feminicidio, de 2008 a 2016, existía una relación entre las dos partes: cinco de cada 10 casos los cometieron hombres que vivían​ con la víctima y siete de cada 10 eran personas conocidas por ellas.
 
Tampoco contempla si la mujer fue incomunicada, o si hubo amenazas relacionadas con el hecho, o acoso en contra de la víctima, o “si su cuerpo fue exhibido en un lugar público”.
 
Estos factores son los que  han causado el retraso, por ejemplo, en la investigación del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, delito por el que actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda.
 
Eso afirmó la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio - Yucatán, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. “Ligia Canto -madre de Emma Gabriela- sigue entregando pruebas a la Fiscalía del Estado para que el caso se investigue como feminicidio, pero también es trabajo del Congreso Estatal, deben legislar para considerar las causales que faltan en el Código Penal”.
 
Para Salas Salazar, el problema radica en que “las mujeres no están en la agenda del Congreso yucateco”.
 
El delito de feminicidio del Código penal yucateco “no responde del todo a la problemática que enfrenta el estado”, señaló en entrevista el coordinador de Investigación de  la organización Yucatán Feminicida, Efraín Tzuc Salinas, y añadió que no homologar las causales significa “la violación a los Derechos Humanos de las mujeres, porque se evita la implementación de los acuerdos internacionales y nacionales que los protegen”.
 
Desde 2014 se reformó el Código Penal yucateco y el feminicidio se incorporó a los delitos graves, sin embargo, la modificación también representó un retroceso en términos de armonización legislativa al eliminar las causales mencionadas, denunciaron Salas Salazar y Tzuc Salinas.
 
Por ello, desde el 25 de noviembre de 2016 las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida, han exigido a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello, que se homologue el delito de feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el Federal.
 
Al hacerse, mencionó Salas Salazar, tendría que reformarse el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, y los agentes ministeriales contarían con más elementos para investigar los homicidios de mujeres como feminicidio.
 
Grupos de la sociedad civil de Yucatán también han definido como una simulación la actuación de las autoridades en materia de feminicidio. Ejemplo de ello es su inconformidad por la integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, creado a la par del Protocolo, del que, aseguran, son parte organizaciones sin experiencia en la prevención, atención e investigación de la violencia feminicida.
 
De acuerdo con el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008-2016” en ese periodo se registraron 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos característicos de los casos de feminicidio, sin embargo, solo hubo una sentencia condenatoria por este delito.
 
17/MMAE/GG