Tribunal Superior de Justicia capitalino

Los representantes legales de la defensora de los Derechos Humanos, Nadia Vera Pérez; de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y del foto periodista Rubén Espinoza Becerril, señalaron que la recomendación 4/2017 que ayer emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) confirma la ineficacia en la esta investigación de este multihomicidio.
 
Al pronunciarse al respecto, los abogados de las victimas pidieron a los titulares de la Procuraduría General de Justicia local y al Tribunal Superior de Justicia capitalino aceptar la recomendación y continuar con una indagatoria que esclarezca los hechos ocurridos en 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
 
Los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2015 en un departamento de la Colonia Narvarte, cuando fueron asesinados Olivia Alejandra Negrete Avilés; Mile Virginia Martin; Yessenia Atziri Quiroz Alfaro; la defensora de los Derechos Humanos Nadia Dominique Vera Pérez, y Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista desplazado por la violencia de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
 
Los abogados Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción Urgente por los Derechos Humanos; Héctor Pérez, integrante de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM; Leopoldo Maldonado de Artículo 19; y la hermana de Rubén, Patricia Espinoza, exigieron que se garantice su derecho a la verdad. 
 
Explicaron que la recomendación va en el mismo sentido de las exigencias de los representantes legales que han solicitado que se apliquen los Protocolos para investigar feminicidio y agravios a periodistas, y se agoten las líneas de investigación relacionados con el activismo y la libertad de expresión. 
 
El abogado Héctor Pérez señaló que esta recomendación es relevante porque muestra que, a pesar de que hay tres inculpados, la autoridad no ha logrado dar una explicación de las motivaciones de este crimen y además evidencia que hubo un trato deficiente hacia las víctimas.
 
En ese sentido llamó al organismo y a la sociedad a dar seguimiento al caso, acompañar está recomendación y exigir que, como un acto de dignidad, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia la acepten y cumplan en un plazo de 15 días cómo lo señala la ley.

Por su parte, la abogada Karla Micheel Salas, dijo que los coadyuvantes han estado litigando en contra de la Procuraduría e incluso el procurador, Rodolfo Ríos Garza, ha declarado que parecen abogados de la defensa, aunque en realidad solo piden que se desahoguen pruebas para esclarecer los hechos. 
 
De acuerdo con el abogado Leopoldo Maldonado, representante de la familia de Rubén Espinoza, esta recomendación es una bocanada de aire fresco y un primer paso para reabrir el diálogo con la Procuraduría, porque hasta ahora parece no haber intención de esclarecer el crimen. 
 
En tanto que Patricia Espinoza dijo que espera que todos los puntos señalados por la CDHDF se cumplan en tiempo y forma, y que el organismo vigile que así sea, porque daría un "poco de luz y de justicia" y ayudaría a que se tome en cuenta el trabajo periodístico de Rubén en esta indagatoria.
 
Los abogados expusieron que entre las irregularidades de la investigación están las necropsias mal practicadas, tres presuntos culpables con distintas narraciones de los hechos y ahora la posibilidad de interrogar a Arturo Bermúdez, actualmente detenido por otros delitos.  
 
17/AGM/GG
 

Ni los gritos ni los jaloneos de los trabajadores sociales impidieron que Agustín Gonzáles Guerrero dejara de jalonear a V, su hija de seis años de edad, quien llorando se aferró al abrigo de su madre, Vivian Carmina Huerta Álvarez.
 
La escena ocurrió el 27 o 28 de agosto de 2016 en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, ubicado en Plaza Juárez, en la delegación Cuauhtémoc, donde Vivian y Agustín se reunían cada 15 días para que sus dos hijos, V y A, de 9 años de edad, se fueran de fin de semana con su padre.
 
“Salió su verdadero yo. Mi hija empieza a decir que no se quiere ir. Él dice te vas a ir, la empieza a jalonear. Haga de cuenta que estaba sometiendo a un delincuente. Se la lleva arrastrando. Mi hija gritando auxilio. Salen policías, el personal, el subdirector”, narra Vivian.
 
Ese día, finalmente, la niña no se fue con su padre, pero Vivian y Agustín todavía mantienen un litigio en los tribunales peleando la guarda y custodia de sus dos hijos, un proceso que ya lleva tres años y que, a decir de ella, está marcado por tráfico de influencias y corrupción.
 
Después de pasar por tres jueces, una sentencia judicial determinó que la guarda y custodia de V y A sería para el padre y que la señora debe dar el 40 por ciento de su sueldo a su ex pareja como concepto de pensión alimenticia.
 
La sentencia, dice Vivian Huerta en entrevista con Cimacnoticias, fue producto de una serie de favores que muchas personas le debían a Gonzáles Guerrero, quien ocupó altos cargos en la Procuraduría General de la República (PGR), el último como coordinador de asesores del ex procurador Jesús Murillo Karam.
 
HISTORIA DE VIOLENCIA
 
Vivian y Agustín se conocieron en el año 2000, cuando ambos trabajaban en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se hicieron amigos, comenzaron una relación, vivieron juntos y más tarde, en 2006, ambos entraron a trabajar en la PGR.
 
Con la relación ya desgastada y mientras en PGR comenzaban las campañas internas sobre violencia de género, Vivian hizo conciencia de que los golpes, las burlas y las fotos o videos tomados sin su consentimiento no eran normales y decidió separarse de su pareja.
 
Vivian se fue con sus dos hijos a rentar un departamento pero decidió mantener una relación cordial con el padre de sus hijos. “Al ver que no iba a regresar, empezó a acosarme, llamaba a compañeros para saber mis horarios, me mandaba flores”, dice.
 
Un día de septiembre de 2013 ambos se vieron para hablar de sus hijos. Ese día Vivian subió al Jetta rojo de Agustín y llegaron al Monumento a la Madre. Ahí, ayudado por su chofer, la bajaron y la obligaron a entrar a un hotel. Después del forcejeo, ella se liberó y se fue.
 
Al negarse a más encuentros, comenzó a recibir amenazas y el 17 de septiembre de 2013 se le notificó que tenía una demanda por la guarda y custodia de los niños. Ese mismo día, él fue a su casa para decirle que si no regresaba se defendiera con todo lo que pudiera, porque a él mucha gente le debía favores. 
 
El expediente se registró con el número 1749/13 en Juzgado 39 familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
 
En esa demanda, que Vivian califica de infame, su ex pareja se describe como un padre modelo que preparaba el desayuno a sus hijos, los llevaba y recogía de la escuela y comía con ellos mientras que la madre era “bipolar” al grado que un día “confesó” que le rompió la cabeza a su ex novio con un palo.
 
Gonzáles Guerrero también denunció que Vivian lo golpeó en el estómago, lo amenazó de muerte y que, a pesar de eso y de que ella no atendía sus obligaciones como madre  –porque prefería trabajar y estudiar–, el siguió apoyándola y comprándole ropa cuando terminaron la relación.
 
A la demanda le siguieron amenazas por correo. El 9 de septiembre de 2016 al correo institucional de PGR de Vivian le llegó un mensaje con tres fotos de ella desnuda donde se leía: “llevemos la fiesta en paz, borra todo, evitemos que vean estas fotos tus amigos, familiares, compañeros, papás de la escuela de tus niños, saludos, que tengas buen día”.
 
Además de ese mensaje electrónico, en otra ocasión Gonzáles Guerrero le dijo: “Voy a hacer que te suicides y me voy a quedar con los niños”, frase que ella recuerda con claridad.
 
En este proceso, Vivian ganó la guarda y custodia temporal de su hija e hijo, después la jueza se excusó de seguir con el caso y a la par se presentaron peritajes psicológicos, donde ella fue diagnosticada con rasgos esquizoides.
 
PRUEBAS IGNORADAS
 
La demanda sobre la custodia  de los niños ha pasado por tres jueces. Primero por la titular del Juzgado 39, María Félix Sánchez Porras, quien se excusó. El caso pasó a otro juez y, por temas administrativos, éste también lo dejó. El expediente llegó al Juzgado 40, en materia familiar, a cargo de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo.  
 
A esta última autoridad Vivian entregó una memoria USB con las amenazas y fotos que recibió por correo, un informe del Centro de Convivencia donde se expone lo sucedió el día que la niña no quiso irse con su padre y los peritajes donde se cataloga a su ex pareja como “generador de violencia”.
 
También entregó evidencia de un video casero que Agustín grabó, donde sus dos hijos menores de edad salen a cuadro llorando, diciendo que su madre les aconsejaba que no debían querer a su padre. “Me dolió tanto ver ese video, sólo le faltaba el tehuacán”, dice la mujer al asegurar que los niños fueron obligados a “dar esa declaración”.
 
Dice además que la juez ha permitido que durante las audiencias Gonzáles Guerrero le haga preguntas que no se relacionan con la demanda, por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales con otra persona y, cuando ella solicitó pensión alimenticia, su ex pareja trató de esconder sus ingresos como abogado de un despacho y profesor de la Universidad Anáhuac.
 
Cuando la niña se quejó por maltrato, el 4 de octubre de 2016, Vivian solicitó al Tribunal Superior de Justicia capitalino que modificara el régimen de visitas para que fueran supervisadas, pero antes de resolver este asunto la jueza dictó sentencia para otorgar la custodia al padre.
 
El 24 de octubre Vivian recibió una notificación del cambio de guarda y custodia a favor de él y un escrito donde se decía que el 25 de noviembre de 2016 debía entregar a los niños con toda su ropa y juguetes.
 
La jueza Sánchez Cedillo también giró un oficio a la PGR para iniciar el descuento del salario de Vivian, a pesar de que la sentencia estaba siendo apelada, y de que el padre todavía no tenía a los niños.
 
17/AGM/GG