Amnistía Internacional

La “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la representante de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, comentó que la semana pasada se entregó una carta con más de 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto.

Actualmente hay dos iniciativas, una que demanda reformar el Código Penal (CP) para armonizarlo con la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” y la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra la Mujer” y que pide la despenalización por 4 causales.

La segunda iniciativa solicita reformar el CP, con base en los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país, donde se “refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”…()… “con el fin de proporcionar la pena de violación a un bien jurídico digno de tutela penal como es la vida prenatal”, que penaliza a quienes faciliten los medios para llevar a cabo un aborto.

La primera iniciativa – presentada por la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), Lorena Peña- plantea anexar al artículo 133 del Código Penal un apartado “A”, el cual permita legalizar el aborto con el consentimiento de las mujeres en cuatro causales:

cuando corra riesgo su vida (para este efecto deberá presentarse un dictamen médico con el consentimiento de la mujer); cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y en el caso de menores de edad, por violación y estupro, el cual podrá ser realizado con consentimiento de la menor de edad con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).

La segunda iniciativa –presentada por el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista, (ARENA) Johnny Wright- propone reformar el texto del artículo 133, de la siguiente forma: “El que provocare un aborto con el consentimiento de la madre o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de treinta a cincuenta años”.

Al artículo 139 del CP, se añada que de las “lesiones descritas” en el Art. 133 cuando estas “se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de seis meses a dos años” se excluya de la penalización a las mujeres en gestación.

La propuesta también propone reformar los artículos 373 y 374 del CP para sancionar a las personas que de manera ilegal vendan o suministren sustancias o productos que provoquen la interrupción del embarazo, con penas de 1 a 3 años de prisión.

En el caso de las personas que anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar aborto no serán multados económicamente, sino sancionados con prisión de 6 meses a 2 años.

Las dos inactivas deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para que entren en vigor ocho días después en el Diario Oficial.

PROHIBICIÓN TOTAL IGUAL A MUERTE MATERNA

La defensora Moreno Herrera dijo que la prohibición absoluta del aborto ha conllevado a un aumento en los números de mortalidad materna. “Cuando el embarazo es producto de una violación el Estado obliga a las mujeres a seguir con el embarazo. El envenenamiento y el suicidio son las primeras causas indirectas de muerte materna en adolescentes”.

Cabe recordar que el aborto en este país estaba permitido hasta 1998 (cuando se reformó el Código Penal para penalizarlo) por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.

A la par, en 1999, se reformó el artículo 1º de la Constitución salvadoreña para reconocer “a la persona humana desde la concepción.”

En 2016, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil del país, se recibieron 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales: 47 fueron por violaciones, la mayoría de ellas correspondían a menores de15 años de edad.

Morena Herrera señaló que la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y vida de las Mujeres -agrupación de médicos y médicas de diversas especialidades-  se ha incorporado a la labor de generar y difundir información científica que explique el impacto de la penalización absoluta del aborto y la necesidad de cambiar la Ley.

Esta Unión Médica, dijo, ha realizado conversatorios con profesionales de la salud -nacionales e internacionales- para exigir crear leyes que garanticen la seguridad jurídica de su profesión. De acuerdo con el Artículo 135 del CP se  penaliza de 6 a 12 años de prisión e inhabilitación de sus facultades al médico o personas auxiliares que realicen un aborto.

La Agrupación Ciudadana exigió al Estado salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en las cuatro causales propuestas.

RESTRICCIONES NO ABATEN CIFRAS

La organización internacional Amnistía Internacional estima que al menos 27 mujeres continúan encarceladas por tener un aborto. “Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia”.

La organización explicó que las mujeres con abortos espontáneos o por complicaciones son “habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto. Los fiscales suelen acusarlas de homicidio u homicidio agravado”, delitos con pena de prisión de hasta 50 años.

La investigación “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: Impacto de la criminalización del aborto en El Salvador” realizada por la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” evidenció que de 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado, 88 tenía entre 18 y 25 años.

De los 129 casos, la mayoría de las denuncias provenían de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con 74; 13 por vecinos; 11 por la familia directa y 6 por anónimos.

La investigación revela cómo la criminalización absoluta del aborto genera estigmas contra las mujeres y violaciones a sus Derechos Humanos en tres niveles: el sector de salud, judicial y penitenciario. “El estigma que existe alrededor del aborto ha hecho que deje de considerarse como una práctica médica necesaria en determinados casos”.

Al ser considerara una práctica ilegal, no se tienen registros del número de muertes por complicaciones en el embarazo o abortos, señala el estudio.

18/AEG/LGL

En medio de la discusión sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación en Argentina, organizaciones civiles evidenciaron que  las instancias de salud no tienen un registro desagregado de cuántas mujeres interrumpieron un embarazo bajo las tres causales legales: violación, riesgo a la vida o salud de las mujeres.

A propósito del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que este martes 20 de marzo comienza a discutirse en las comisiones de la Cámara Baja del Congreso Nacional de Argentina, las agrupaciones civiles el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) presentaron el informe “Las cifras del aborto en la Argentina”.

En éste exponen que el Ministerio de Salud informó en 2013 que hubo 48 mil 701 egresos hospitalarios por “aborto” pero solo se sabe que menos del uno por ciento (362 casos) fue alguna de las tres causales legales, sin precisar cuántos corresponden a cada causal.

En el resto de los casos de aborto, las agrupaciones denuncian que son incluidos en una sola categoría, donde lo mismo están las mujeres que perdieron el producto por un embarazo espontáneo que mujeres hospitalizadas por complicaciones derivadas de un aborto realizado en condiciones inseguras.

Desde 1992 el Código Penal de Argentina establece la legalidad del aborto únicamente por las causales de violación, peligro de vida y salud de las mujeres.

Por ello la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” impulsó por séptima ocasión el proyecto legislativo IVE para ampliar las causales. La iniciativa presentada ante el Congreso Nacional el pasado 6 de marzo busca incluir las razones de malformaciones fetales y el riesgo psíquico o social de la mujer, además de la decisión voluntaria de las mujeres de abortar dentro de las 14 semanas de gestación.

En el reporte, las organizaciones mostraron que únicamente la provincia de Buenos Aires en los últimos siete años ha llevado un registro de los abortos practicados bajo las causales existentes; detallan que entre 2010 a 2016 se internaron un total de 2 mil 14 mujeres por “abortos legales”. Sin embargo, las instancias de salud de Buenos Aires tampoco tienen disponible información desagregada por cada causal.

Las organizaciones de la sociedad civil explicaron que debido a la falta de registros gubernamentales, la “Red de Acceso al Aborto Seguro” se ha dado a la tarea de documentar los casos de abortos por las tres causales en Argentina. Con la participación de 11 instituciones de salud públicas encontraron que desde 2015 hasta febrero de 2018 se realizaron mil 545 interrupciones legales del embarazo.

En promedio, dos de cada 10 mujeres tenía menos de 19 años de edad, y tres de cada 10 entre 20 a 24 años de edad. Asimismo, un tercio de las mujeres consultaron por lo menos a más de una institución de salud previo a acceder al aborto, lo que a decir de las organizaciones “muestra la poca capacidad del sistema de salud de responder apropiada y oportunamente a la demanda de atención”.

Añadieron que actualmente 15 provincias y la ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar el aborto por las causales legales, no obstante no todos establecen estándares y procedimientos seguros, de calidad y oportunos, que incluyen el uso de medicamentos como el misoprostol y la mifepristona recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que no son utilizados para el aborto. 

ARGENTINA, 13 AÑOS DE LUCHA

En vísperas de iniciar formalmente la discusión sobre la interrupción del embarazo este 20 de marzo las integrantes de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto” convocaron a un “pañuelazo” (una manifestación) frente al Congreso Nacional para exigir el tratamiento y aprobación del Proyecto IVE.

En esta reunión inicial las comisiones que intervendrán en el debate son la de Acción Social y Salud Pública, Familia y Mujeres, Adolescencia y Niñez, quienes únicamente establecerán la metodología de trabajo.

El icónico pañuelo verde se ha vuelto la marca de esta articulación de mujeres que desde 2005 ha buscado a través de la redacción de siete proyectos legislativos la despenalización del aborto en este país, por lo que la Campaña rechazó la idea de que se someta a consulta popular el proyecto de despenalización del aborto.

Con la firme convicción de que “los Derechos Humanos no se plebiscitan, ni se consultan”, la Campaña recordó en el comunicado que la decisión de las mujeres de continuar o no con la maternidad es un “asunto de salud pública, justicia social y Derechos Humanos” que debe ser abordado y garantizado por el Estado.

Al llamado igualmente se sumó en un pronunciamiento Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, quienes celebraron el inicio del debate parlamentario y demandaron que se realice de forma franca dejando a un lado fundamentalismos religioso.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) en colaboración con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad presentaron el reporte “Situación de la opinión pública con respecto al aborto”.

Realizaron mil 561 entrevistas a la población mayor de 16 años en Argentina; 50 por ciento respondió que el debate legislativo debe estar enfocado en los derechos de las mujeres, 18 por ciento cree que en evidencias científicas y sólo nueve por ciento en “creencias religiosas”.

18/HZM/LGL

La organización Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el incremento de la violencia de género en México, la falta de estadísticas sobre feminicidio y las deficientes investigaciones en los asesinatos de mujeres y niñas y su clasificación.

Al presentar su informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo” en el capítulo dedicado a México, presentado esta mañana, AI señaló que el problema de la violencia de género se sigue generalizando, muestra de ello, dijo, es que los asesinatos de mujeres se investigan como homicidios, en 2016, señaló, 2 mil 668 asesinatos de mujeres se consideraron homicidio.

De acuerdo con su informe, la violencia contra mujeres y niñas sólo se registró en la encuesta 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual estimó que dos tercios de las niñas y mujeres mayores de 15 años han vivido violencia en espacios públicos o comunitarios a lo largo de su vida; y que la violencia más frecuente es la sexual (acoso, abuso o violación).

En este sentido, AI retomó lo dicho por el Relator Especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Juan E. Méndez quien en su última visita a México en 2014, dijo que la violencia sexual es el método de tortura más frecuente.

El informe también se refiere a la Alerta de Violencia de Género (AVG) implementada en 12 entidades federativas, sin embargo, destaca la falta de resultados en la disminución de la violencia contra las mujeres.

En el tema de desapariciones, AI destaca la falta de información sobre las 8 mil 974 mujeres desaparecidas y advirtió que esta cifra puede ser aún más alta, ya que no están contemplados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) los casos anteriores a 2014 y los clasificados como secuestro o tráfico de personas, lo cual, dijo, ha conllevado a que persista la impunidad en estos delitos.

La organización defensora de los Derechos Humanos, también se refirió a la libertad de expresión y precisó que las amenazas, hostigamientos, agresiones y homicidios contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) no ha descendido a causa de las deficientes investigaciones por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quien no ha esclarecido si existe una relación entre los asesinatos y la profesión de la persona, como ocurrió con el caso de la defensora de DH (cuya hija está desaparecida) Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en mayo de 2017 en Tamaulipas, al norte del país.

AI señaló que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas no ofrece protección a las defensoras ni a los periodistas.

Con este informe, Amnistía Internacional documentó la situación de los DH en 159 países y territorios durante 2017 así como el cumplimiento de los gobiernos en su protección y respeto.

18/AEG/LGL

En México las mujeres migrantes centroamericanas se exponen al peligro de la detención y deportación por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) pero prefieren emprender el viaje a vivir la violencia que persiste en Guatemala, El Salvador y Honduras, sus países de origen.

Sin embargo, en el informe “Personas ignoradas y sin protección”, la organización Amnistía Internacional encontró que el INM no toma en cuenta aquellas personas que huyen de la violencia recrudecida que viven en sus países de origen para solicitar asilo o refugio en México.

Tras levantar y analizar 500 encuestas a migrantes y solicitantes de asilo en 2017, Amnistía encontró que 17 por ciento de las personas encuestadas eran mujeres que trataban de escapar de la violencia en sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras; la mayoría tenía como destino final México.

De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) cada año 20 mil mujeres transitan la frontera sur de México con la finalidad de solicitar asilo por cuestiones de seguridad, mejorar las condiciones económicas o como paso para llegar a la frontera norte del país.  

La Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, reporta que 25 por ciento de personas detenidas en la frontera sur del país son mujeres, dato que se basa en las estadísticas oficiales del INM y el cual no reflejan las rutas precarias o clandestinas que las mujeres toman para evitar las deportaciones y que además son difíciles de evaluar.  

Por ejemplo, la presencia de maras (grupos organizados de delincuencia) y la impunidad con que estos actúan en los países afectados obligan a los residentes a solicitar refugio en un país que no cuenta con protocolos efectivos para acoger a las personas que corren peligro en sus lugares de origen.

Un caso que ejemplifica el informe, publicado en enero pasado, es el de Emilia, originaria de El Salvador, país clasificado como uno de los lugares más peligrosos con tasas de homicidio entre ocho y diez veces más altas que las que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este contexto violento orilló a Emilia a abandonar su país de origen tras perder a dos de sus hijos y a su hermano, asesinados por grupos de maras.

Emilia migró de su país de origen buscando asilo humanitario en México en compañía de sus siete hijos e hijas. Al llegar a Chiapas, su hija adolescente inició labores de parto y fue trasladada a un hospital; el resto de la familia se hospedó en un hotel.

Emilia fue detenida por agentes del Instituto Nacional de Migración cuando regresó al hospital en un autobús para tramitar la vacunación de su nieta recién nacida. El personal de migración ignoró por completo sus suplicas y después de unos días la deportaron.

Al llegar a El Salvador, Emilia localizó a uno de sus hijos y a una persona que le prestó dinero para regresar a México. Una vez en el país buscó al resto de su familia y hacinados en una habitación de la frontera esperaron la aprobación de asilo. En abril de 2017 la familia obtuvo protección internacional en México y se mudaron al norte del territorio mexicano donde dijeron sentirse seguros y a salvo.

Como en este caso, las personas encuestadas por Amnistía Internacional dijeron que los agentes migratorios del INM no respetan los lineamientos regionales para la identificación de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad al momento de la detención y omiten preguntar qué les orilló a abandonar sus lugares de origen, y cuando lo hacen, los agentes ignoran o se burlan de las respuestas proporcionados por las personas detenidas.

Amnistía Internacional recomendó al gobierno mexicano ordenar una revisión urgente de los procedimientos de identificación aplicados por el INM con la finalidad de garantizar que las personas detenidas en situación irregular sean informadas sobre su derecho a solicitar asilo en México, así como garantizar su acceso a los procedimientos para acceder al mismo.

Con esta información la organización internacional emitió una serie de recomendaciones, entre ellas instó a las autoridades mexicanas a detener las prácticas ilegales de deportación de personas y garantizar que los funcionarios que incurran en estas prácticas sean objeto de sanciones administrativas.

Al Instituto Nacional de Migración recomendó mejorar la integración de bases de datos y los procesos para la coordinación interna y garantizar los derechos de las personas detenidas, proporcionarles fotocopia de la documentación del expediente generado al ingresar a los centros de detención, así como la copia del documento de retorno asistido y de la resolución del procedimiento migratorio.

La situación de vulnerabilidad de las personas en tránsito por las fronteras de México, en especial la zona sur, expuso la organización, es una muestra de la urgencia de atención en materia de Derechos Humanos para las personas que abandonan su país de origen para buscar condiciones de seguridad y mejores ingresos económicos.

18/SRC

Organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Amnistía Internacional, el encuentro-debate sobre el aborto en la agenda legislativa desbordó la sala del Congreso, donde se realizó el martes pasado. 
 
El encuentro fue convocado para tratar el panorama del aborto en la región y por qué en Argentina no se trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo; el rol de las organizaciones y los números que revelan un grito urgente: #AbortoLegalYA. Esta es la crónica:
 
El auditorio está lleno, tanto que traen sillas de otras salas para que se sienten las mujeres que están paradas. No alcanza: siguen llegando, el auditorio desborda para escuchar este encuentro debate: “Es la violencia de género, que se extiende en toda la región, la que sigue siendo uno de los fracasos más deplorables de los Estados en las Américas”, dice Erika Guevara Rosas, directora Ejecutiva de la Oficina Regional para las Américas en Amnistía Internacional, en la conferencia inaugural.
 
Sigue: “Los Estados de la región no sólo tienen una deuda pendiente para atender la violencia contra las mujeres y las niñas en manos de terceros, sino que sus legislaciones, sus políticas públicas y prácticas están causando daños y sufrimiento a millones de mujeres y niñas en toda la región, constituyendo una de las más graves formas de violencia estructural”.
 
FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
 
Erika anuncia la fortificación de alianzas con movimientos de mujeres para apoyar la lucha por la despenalización del aborto en toda la región y traza un mapa de la situación:
 
Más de la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados en América Latina o El Caribe, tasa que se mantiene sin cambios desde los años 80.
 
El 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y El Caribe viven en países donde el aborto está severamente restringido por la ley o, en muchos casos, penalizado totalmente y bajo cualquier circunstancia.
 
En el año 2016, al menos el 10 por ciento de todas las muertes maternas en la región se debieron a abortos clandestinos e inseguros.
 
El Salvador es uno de los países en el mundo donde las muertes maternas no han disminuido, sino que se han incrementado desde el 2013.
 
En Argentina, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa desde los años 80.
 
Alrededor de 760 mil mujeres fueron hospitalizadas el año pasado por complicaciones de aborto inseguro en toda la región.
 
Se calcula que alrededor de 2 mil mujeres latinoamericanas mueren cada año debido a abortos inseguros.
 
Agrega Erika Guevara: “Tradicionalmente, las recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres están centradas en una serie de medidas que el Estado debe tomar para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres perpetradas por terceros, sin embargo hoy en día son los propios Estados de la región los que promueven y facilitan un ambiente regresivo de Derechos Humanos para las mujeres y las niñas, y su causa más próxima es la existencia de leyes, políticas públicas o practicas violatorias de los derechos sexuales y reproductivos”.
 
La situación, alarmante, tiene de la vereda de enfrente la organización y lucha. Erika rescata la experiencia  de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como un “hito importantísimo en las formas de organización de las mujeres por la demanda de sus derechos” y concluye: “El Estado no sólo debe aprender de la fuerza de este movimiento, sino asegurarse de que sus demandas se conviertan en políticas claras”.
 
PROYECTO EN ARGENTINA
 
En Argentina, el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentó por sexta vez el 30 de junio de 2016. El recorrido legislativo que debe hacer para convertirse en ley empieza por la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado nacional, Daniel Lipovetzky, quien en diálogo con lavaca se manifestó a favor, pero aún no trató el proyecto.
 
Desde el panel de debate que comenzó con Susana Chiaroti, miembro del Comité de Expertas en violencia contra la mujer (OEA), se recalcó la necesidad del tratamiento urgente del proyecto. Edurne Cárdenas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue la encargada de continuar con el debate, planteando a cinco años del caso FAL los avances y obstáculos de la implementación del fallo.
 
Mario Sebastiani, director de obstetricia del Hospital Italiano fue contundente: “No se puede permitir decir que hay salud pública en un país donde el aborto está penalizado. Es inadmisible que cuando estoy en la función pública lleve mis creencias en vez de poner en marcha políticas públicas que beneficien a la población. Quitémosle a los que tienen cargos públicos la inmoralidad de traer acá sus creencias”.
 
La encargada de cerrar el panel fue Ruth Zurbrigen, quien explicó el trabajo de Socorristas en Red, que en los últimos tres años acompañaron en su decisión de abortar a 7 mil 958 mujeres.
 
*Este artículo fue retomado del portal lavaca.org
 
17/RED/GG

La plataforma del 7N condenó los nuevos asesinatos de mujeres este fin de semana en Madrid y Murcia a manos de sus parejas, en medio de la indignación mostrada en Madrid en la marcha, bajo el lema “Sin presupuestos ni participación las violencias machistas no serán Cuestión de Estado”, que exigió la urgente asignación de  partidas presupuestarias para combatir esta lacra.

La indignación y denuncia de la pasividad de las instituciones y de quienes pueden hacer algo para amortiguar ese tipo de violencia ha sido compartida desde voces expertas, organizaciones feministas y mujeres que se niegan a ubicar el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres como una catástrofe natural, como prolongación de lo irremediable, como destino al que resignarse.

Si los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno central, no habilita de inmediato recursos y presupuestos para hacer frente al terrorismo machista, que este año ha matado a 37 mujeres y 9 niñas y niños, tendrá que asumir la responsabilidad que les corresponde, denuncia el Movimiento del 7N .

Poco antes de que comenzara este fin de semana trágico, cientos de personas, principalmente mujeres, pedían al Gobierno y a los grupos parlamentarios que incrementen en unos 120 millones de euros la partida específicamente destinada a combatir la violencia de género en los PGE para 2017.

La movilización, convocada por la Plataforma 7N, contó con el apoyo de más de 40 asociaciones feministas, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que marcharon desde la puerta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la madrileño Paseo del Prado, hasta la plaza de la Cibeles.

Los colectivos reclamaron la modificación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, denunciando que las políticas contra la discriminación y la violencia suman 47.47 millones de euros, es decir, un 0.01 por ciento del presupuesto de 2017, lo cual, en un Estado donde 2.5 millones de mujeres ha sufrido alguna vez violencia de pareja y 1.5 millones sufre violencia sexual fuera de la pareja, supone una ofensa para las víctimas y una vergüenza para todas.

Pero los conservadores rechazaron el jueves en la comisión de presupuestos todas las enmiendas presentadas por la oposición para mejorar la prevención y atención a las víctimas y para reforzar las políticas de igualdad. Ni siquiera aceptaron una propuesta que pedía desgravaciones fiscales para los donantes del Fondo de Becas Soledad Cazorla, unas becas promovidas por la familia de la primera fiscala contra la violencia sobre la mujer fallecida en 2015 con el objetivo de ayudar a las víctimas más olvidadas e invisibles: las huérfanas y los huérfanos de las madres asesinadas.

PACTO DE ESTADO

Llevamos meses escuchando declaraciones en torno a un pacto de Estado que no verá la luz si no se destinan recursos para su implementación. Expertas han participado en la subcomisión del Congreso aportando sugerencias e iniciativas, basadas en una valiosa experiencia de años de lucha. Pero nos encontramos con el muro de la indiferencia, el desconocimiento y la falta de voluntad política para poner la cuestión en un lugar prioritario. Y no es tolerable que en nuestro país hayan sido asesinadas 34 mujeres en cinco meses. Que la violencia sea estructural no puede relegarla a un lugar terciario, aparentemente inexistente.

Eso ha querido denunciar el informe de Amnistía Internacional que lleva por título “El llanto invisible”. La diferencia entre el número de mujeres que refieren ser víctimas y el número de denuncias contra sus agresores es tal que pone en evidencia una realidad invisible, mayor y más sobrecogedora aún que la conocida.

En primer lugar, las cifras dinamitan la falacia de las denuncias falsas, falacia con la que violentos y cómplices enmascaran las verdaderas causas de la violencia y la legitiman. En el marco de esta campaña, hoy 30 de mayo, en una única representación en el Teatro Maravillas, María Lavalle canta contra la violencia de género. Amnistía Internacional quiere volver a llamar la atención sobre la necesidad de evaluar la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género desde su entrada en vigor en 2004.

IMPLICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS  

El asesinato de mujeres provoca la reacción inmediata de las instituciones más cercanas (ayuntamientos y comunidad) con minutos de silencio y concentraciones a las puertas de las sedes; pero esta respuesta, con ser necesaria, ya no basta, porque la legítima e indispensable indignación social se estrella una y otra vez contra la fría estadística de los números y de un terrorismo machista que debe ser combatido con toda la fuerza del Estado.

“Si las formaciones políticas, las instituciones, los poderes públicos y la sociedad civil no consiguen a la mayor brevedad convertir el terrorismo machista en cuestión de Estado, las herramientas para combatirlo siempre serán insuficientes y así no se puede seguir”, advierte el Movimiento del 7N.

Por otro lado, las organizaciones feministas agrupadas en torno al 7N reiteran su llamamiento a los medios de comunicación para que eviten abordar la violencia de género con la frivolidad de una página de sucesos. El tratamiento de los medios deja mucho que desear. En las noticias se deshumaniza a las mujeres, e incluso es habitual culpabilizar a la víctima de su destino y encontrarnos con la frase: “ninguna de las tres mujeres había denunciado”, como si por no denunciar tuvieran que ser asesinadas. En lugar de culpabilizarnos se debería averiguar por qué las mujeres no denunciamos y qué sucede cuando lo hacemos.

La última Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer analiza las razones por las cuales las mujeres no denuncian, y una de esas razones es que “piensan que no les van a creer”. La idea de que las mujeres mentimos y que tenemos que demostrar lo que decimos sigue pensando demasiado en la sociedad actual.

“Las mujeres no mueren, son asesinadas”, y no estamos ante la simple crónica de un trágico suceso, sino ante una plaga de atentados machistas que constituye un verdadero problema social y político, recuerdan desde la Plataforma 7N.

17/RED

Tras la liberación de más de 80 adolescentes secuestradas por Boko Haram en Nigeria, organizaciones de derechos humanos expresaron públicamente su preocupación por sus derechos y su futuro.
 
El gobierno de Nigeria logró mediante negociaciones liberar a las 82 colegialas, secuestradas en Chibok, una localidad del estado nigeriano de Borno, a cambio de cinco líderes de Boko Haram. Es una buena noticia, aunque las organizaciones internacionales lo recibieron con un relativo optimismo.
 
“La liberación de las 82 escolares secuestradas en Chibok es un gran alivio. Pero ahora es fundamental que reciban una atención física y psicológica adecuada y apoyo para que puedan reintegrarse a sus comunidades”, alertó Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional en Nigeria.
 
En abril de 2014, Boko Haram secuestró a 276 adolescentes en una escuela de Chibok, lo que generó un malestar internacional y motivó la campaña #BringBackOurGirls (devuelvan a nuestras niñas) en las redes sociales. Hasta ahora, 161 de ellas fueron puestas en libertad o escaparon de sus captores.
 
Poco después de la última liberación, el gobierno divulgó los nombres de las jóvenes, incluso en Twitter.
 
La experimentada investigadora de la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, Mausi Segun, criticó la medida y la consideró un “lamentable fracaso” en la protección de la privacidad de las jóvenes.
 
“No podemos ni imaginar el tipo de abusos al que estuvieron expuestas. Esperábamos que se concentrarán en su reintegración y en el retorno a sus familias o a cualquier tipo de normalidad, pero al divulgar sus nombres como lo hizo el gobierno, creo que le prestaron muy poca atención a los derechos y a las necesidades de las jóvenes”, explicó Segun a IPS.
 
Esa información circuló en los medios, sin embargo, agregó, las familias no sabían nada, pues no tuvieron acceso a ninguna información ni lista de nombres. “Creo que es una vergüenza”, continuó. Además, se mostró preocupada por el estatus legal de las adolescentes.
 
En otro acuerdo similar a este, entre el gobierno y Boko Haram, 21 adolescentes fueron liberadas en octubre de 2016. Pero todavía no pueden regresar con sus familias y a sus comunidades. El gobierno dice que reciben educación y que les ofrecen otros servicios, pero “una cárcel es una cárcel”, dijo Segun a IPS.
 
“No son libres para irse. Tienen derecho a la libertad y hay una obligación legal del gobierno de explicar por qué las retiene. Nos preocupa que las 82 adolescentes que acaban de ser liberadas reciban el mismo trato”, prosiguió.
 
Ojigho coincidió y urgió al gobierno a garantizar la privacidad de las jóvenes liberadas y a no mantenerlas en detención por mucho tiempo y bajo un control de seguridad, que podría “sumarse a su sufrimiento y difícil situación” vivida.
 
Segun subrayó la necesidad de que las familias de las adolescentes reciban información y puedan ver a sus propias hijas. Y no solo ellas, “virtualmente, toda persona afectada por el conflicto tiene un hijo, una hija, una madre o un padre desaparecidos y de cuyo paradero no sabe nada”, explicó a IPS.
 
No se conoce con exactitud el número exacto de personas desaparecidas, pero Amnistía Internacional documentó por lo menos 41 casos de secuestros masivos por Boko Haram desde principios de 2014. Muchas de esas personas sufren abusos, desde violación, pasando por golpes y hasta misiones suicidas forzadas.
 
En el último informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre niños y conflictos armados en Nigeria, el foro mundial comprobó que se emplearon 90 menores de edad, la mayoría niñas, en atentados suicidas en Nigeria, Camerún, Chad y Níger. También pudieron verificar casos de violencia sexual contra 217 niñas entre 2013 y 2016, pero las estimaciones sugieren que son miles las mujeres y niñas que podrían haber sufrido esa terrible experiencia.
 
“Boko Haram causó un horror indescriptible a niños y niñas del noreste de Nigeria y países vecinos”, señaló la representante especial del secretario general de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba.
 
Además, HRW señaló la falta de medidas gubernamentales para resolver esos casos.
 
Por ejemplo, en noviembre de 2014, 500 menores de edad fueron secuestrados del pueblo de Damasak, en Borno, y la población local no recibió respuesta del gobierno ni las autoridades reconocieron públicamente el hecho ni revelaron información sobre los esfuerzos realizados para recuperarlos, concluyó la organización.
 
“El gobierno no los atendió, quizá porque no concentran una gran atención de los medios, como sucedió con las adolescentes secuestradas en Chibok”, estimó Segun, quien subrayó la necesidad de ampliar el alcance de las negociaciones para incluir a las miles de escolares desaparecidas aparte de las de Chibok.
 
La ONU anunció que está a la espera de ofrecer un apoyo integral a las sobrevivientes, como atención de emergencia en salud sexual y reproductiva, además de psicológica. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también se comprometió a ayudar a las niñas a reunirse con sus familias y a proseguir sus estudios en un entorno seguro.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG

La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
 
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
 
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
 
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
 

Imagen: Nelson Rodríguez.

 
La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
 
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
 
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
 
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
 
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
 
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
 
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
 
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
 
17/NR/GG

México cerró 2016 con una severa problemática de violencia generalizada en todo su territorio y la impunidad persistió en la violación de Derechos Humanos (DH), sobre todo en los casos de tortura y malos tratos cometidas por militares, como violaciones y agresiones sexuales hacía las mujeres.
 
Así lo dice el informe anual de Amnistía Internacional (AI) 2016-2017 “La situación de los derechos en el mundo”, donde señala que  después de 10 años del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, iniciada por Felipe Calderón, la actuación de personal militar en las calles para operaciones de seguridad pública ha generado el aumento de violencia y malos tratos.
 
Y la mayoría de estas violaciones son cometidas contra mujeres, comunidades indígenas y personas defensoras de DH.
 
TORTURA Y MALOS TRATOS POR MILITARES
 
Como otras organizaciones lo han reportado, la violencia sexual fue la forma de tortura más habitual durante las detenciones de mujeres, sin embargo la impunidad contra estos malos tratos se mantuvo absoluta en 2016.
 
De acuerdo con el recuento de AI, sólo se presentó un avance significativo durante ese año, cuando en abril la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentaría cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un video en el que se observa a políticas y soldados torturando a una mujer.

La organización considera que esta sentencia podría presentar un avance mínimo pero significativo, ya que han reportado que ni un sólo soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)  de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha sido consignado o suspendido del servicio por violación o abuso sexual contra mujeres entre los años 2010 a 2015.

ATENCO, 10 AÑOS
 
Asimismo, dice el reporte de AI, en el caso de las 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco en 2006, se mantuvo la impunidad hasta la fecha del reporte, 2016, ya que Gobierno federal no aplicó “las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, por lo que el caso fue remetido en septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
AI observó que existe una intolerancia cada vez mayor por parte del Gobierno mexicano para atender las críticas de organismos internacionales ante estas violaciones. “En México, las autoridades se mostraron tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al extremo de negar la crisis de derechos humanos que vivía el país”, señala.
 
Asimismo otro de los casos emblemáticos que se mantuvo en la impunidad fue el de Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculparla por crimen organizado. En septiembre del mismo año fue liberada, pero a pesar de tener identificados a los agresores hasta el momento ninguno ha sido detenido.
 
CASOS EN REVISIÓN
 
Por otra parte, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la PGR, informó que tenía en revisión, en 2016, a nivel federal, 4 mil 115 expedientes de investigación por casos de tortura cometida por autoridades.
 
Sin embargo, en la mayoría de estos casos existían irregularidades en las investigaciones, porque no cuentan con dictámenes forenses especializados que comprueben que se cometió tortura. Sin dictamen médico oficial, es imposible que las investigaciones avancen, destacó el reporte.
 
LEY CONTRA TORTURA SEXUAL
 
La organización internacional asevera que, en particular, en México   prevalecen los casos de tortura por parte de fuerzas armadas, pese a que dispone con legislación en contra de estas acciones.
 
La agrupación internacional ha señalado que la Ley General contra la Tortura, que se ajusta a norma internacionales, puede ser un mecanismo clave para evitar y sancionar la tortura sexual, pero se registró un estancamiento en su aprobación. En abril, el Senado de la República aprobó la iniciativa, pero para el cierre del año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.
 
17/HZM/GG