CIDH

INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Lamenta CIDH impunidad en México ante agresiones al gremio
Mujeres periodistas en AL en doble riesgo: por su profesión y su sexo
CIMACFoto: Rosa María Rodríguez Quintanilla
Por: Rosa María Rodríguez Quintanilla, enviada
Cimacnoticias | Nueva York.- 22/03/2018

En América Latina imperan prácticas corruptas, antidemocráticas y sexistas, que dejan a las mujeres periodistas expuestas a un doble riesgo, afirmó la abogada senior de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ona Flores.

En el panel sobre “Violencia contra mujeres periodistas”, organizado por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), durante el 62 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), representantes de las Redes de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) y de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG), hicieron un llamado a los Estados a mostrar mayor voluntad política para revertir la violencia e impunidad estructural, que está matando y silenciando a las mujeres, por el sólo hecho de ejercer su derecho a expresarse.

En ese contexto, Ona Flores señaló que “la conjunción de las prácticas antidemocráticas y sexistas “es brutal, silencia, tiene efectos muy severos en el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres periodistas en sus dos dimensiones, porque no sólo impide que éstas puedan ejercer el periodismo sino que la sociedad en su conjunto, tampoco puede recibir la información que las mujeres están produciendo”.

Refirió que “las periodistas tienen que hacer frente a esas prácticas que buscan que la mujer sea invisible, que sea pasiva, que sea callada, que no revele información”

Ona Flores recordó que la CIDH a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, ha exigido a los Estados, “tomar en cuenta los riesgos especiales y los obstáculos particulares, desde la experiencia de las mujeres periodistas, para poder establecer políticas de prevención, protección y procuración de justicia, con medidas específicas, porque las políticas generales no funcionan, si partimos del reconocimiento de un doble riesgo y que puede darse una triple discriminación o más”.

Dijo que al Mecanismo de Protección para periodistas en México, se le exigió que las medidas que otorguen atienda las distintas dimensiones de violencia de género, como las familiares, personales, de la carrera, sicológicas y emocionales.

Lamentó el alto grado de impunidad que presenta México en agresiones a periodistas, superior al 97 por ciento  y la ineficacia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Libertad de Expresión (FEADLE).

“En su reciente visita conjunta a ese país, los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y OEA, concluyeron que presenta nulos resultados”, dijo.

Destacó que México, Argentina y Colombia, son los países que cuentan con más diagnósticos sobre violencia contra periodistas en comparación con Guatemala, Nicaragua, El Salvador y otros, donde no existen mayores indicadores sobre la realidad que viven.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH fue creada en 1997, pero recién incorporó la perspectiva de género al derecho a la libertad de expresión.

En ese sentido, Ona Flores reconoció que en México, fue debido al impulso de organizaciones como CIMAC y las Redes de periodistas, que la violencia y la discriminación contra las mujeres en el periodismo, se colocó en la agenda de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el 2013, la Relatoría dedicó un capítulo específico a la violencia contra mujeres periodistas en el informe regional sobre libertad de expresión. Ona Flores adelantó que ya se prepara el primer informe especial sobre las mujeres en los medios de comunicación con una perspectiva más amplia, para aportar a la agenda que se está tratando en la CSW y en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el panel sobre “Violencia contra mujeres periodistas” participaron la presidenta de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG), Aimeé Vega Montiel; la periodista y Directora General de CIMAC. Lucía Lagunes Huerta; la periodista e integrante de la Coordinación Colegiada de la Red Nacional de Periodistas en México, Rosa María Rodríguez Quintanilla; y la periodista y  Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (Suecia) Jenny Rönngren. Como moderadora fungió la periodista y Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, Liliana Hendel.

18/RMRQ/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Feministas repudian crimen de Marielle Franco
Mitin en Nueva York por asesinato de defensora brasileña
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta, enviada
Cimacnoticias | Nueva York.- 20/03/2018

En la tradicional plaza de la resistencia, como se le puede denominar a Union Square, la comunidad brasileña que radica en Nueva York, acompañada de feministas internacionales, se unieron en un grito contra el autoritarismo: “Marielle Presente”.

En punto de 18 horas del pasado viernes fueron llegando mujeres y hombres con carteles, fotografías y por supuesto la bandera brasileña. La indignación por el asesinato de la defensora feminista y lesgisladora Marielle Franco, arrancó gritos pese al frío.

¡Alto ya! 60 mil asesinatos en Brasil anuales, dice uno de los carteles hecho en alguna computadora casera donde se mira el rostro sonriente de Marielle Franco (1979-2018) y donde se remata: Brasil falla a la democracia.

Poco a poco se cerró el círculo de un centenar de personas que llegaron a Union Square para mostrar el repudio contra este asesinato político de la feminista brasileña.

La noticia le llegó a la defensora Andrea Biseo, en medio de una reunión política de la organización Abrazo Brasileño, que se conformó hace dos años y medio, para denunciar los ataques a la democracia y Derechos Humanos en Brasil. Andrea llegó hace 30 años a estudiar a Estados Unidos y se quedó.

Autodefinida como feminista, el crimen de Marielle atenta contra el futuro político de Brasil pues “ella tenía todo de un nuevo liderazgo” que unió agendas políticas nodales, racial, de mujeres, de las favelas, de las juventudes y de la diversidad.

La pregunta de Andrea también se reflejó en los carteles ¿cuántas mujeres más serán asesinadas para que se acabe la guerra?

Para esta defensora brasileña radicada en Estados Unidos, el asesinato de Marielle es el mensaje para quienes buscan la democracia en Latinoamérica.

De acuerdo con el informe presentado en enero de este año por la organización internacional Front Line Defenders, 73 por ciento de los crímenes contra personas defensoras en América ocurrió en Brasil y Colombia, quienes juntos congregan 156 víctimas latnoamericanas de las 212 registradas en el año 2017.  La región concentra  dos tercios de los crímenes contra personas defensoras del mundo (312), de acuerdo con los registros de la organización.

Laila también tomó la palabra en el mitin: “hoy yo me siento muy abatida, triste, perseguida, Marielle significa esa energía que las personas negras sentimos para salir y ocupar espacios”.

Su historia con Marielle Franco tiene dos vías, la que conoce a través del trabajo que realiza su hermana en el grupo de “Creadoras Negras” que se articulaban con Marielle y por el contacto con otras amigas que están dentro del movimiento afro en Brasil.

El mensaje que deja el asesinato de la defensora, aseguró Laila, es que la dictadura ha regresado a Brasil.

Finalmente para la feminista uruguaya, Lilián Celiberti, representante de la organización regional MarcoSur, la ejecución de la legisladora es el regreso de la violencia política que se vivió en la región con el Plan Cóndor que unió a las dictaduras en los años setentas.

Si bien Celiberti reconoce que la democracia latinoamericana esta en jaque y que por eso es necesario redoblar energía, advierte que hay instituciones autónomas como la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que hay que fortalecer porque son necesarias para la democracia.

18/LLH/LGL

 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   CIDH denuncia omisión de Estado para atender a niñez
Lenta e incompleta respuesta de Guatemala a un año de incendio en Casa Hogar
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2018

A un año del incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala –que cobró la vida de 41 niñas- el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” a las recomendaciones que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la protección y el bienestar de las familias y las sobrevivientes.

El 7 de marzo de 2017, cuando miles de mujeres se preparaban para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, un incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala cobró la vida de decenas de niñas. Días antes, habrían iniciado protestas y un intento de huida por los abusos, incluso sexuales, que padecían al interior de esta casa hogar.

A un año de los hechos, la CIDH advirtió en una comunicación pública que el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” para cumplir las medidas que le solicitó a fin de reparar el daño a las familias y a las sobrevivientes. Estas acciones están contenidas en la medida cautelar No, 958.16 que el organismo internacional otorgó a las familias el 12 de marzo de 2017.

Entre las medidas se encuentran: prestar atención y tratamientos adecuados a las niñas que habían resultado con graves quemaduras u otras afectaciones psicológicas por el incendio; emprender medidas efectivas para promover la reintegración de las niñas a sus familias cuando sea posible y con los apoyos necesarios, además de identificar alternativas de cuidado que sean más protectoras; y que informe sobre las acciones para investigar los hechos y evitar su repetición.

La Comisión observó que hasta ahora el Estado ha ignorado el grave contexto de desprotección de la niñez que prevalece en Guatemala y que reclama una respuesta urgente.

También alertó sobre la falta de apoyo integral en términos médicos, materiales y psicológicos para las sobrevivientes y las familias de las víctimas, además de una demora en el proceso judicial contra las personas responsables.

La Comisión se dijo seriamente preocupada ante la ausencia de información sobre las niñas que dejaron de formar parte del Hogar “Virgen de la Asunción” y reintegradas a sus familias, además de la falta de apoyos adecuados para que las familias puedan hacerse cargo de ellas.

La CIDH exhortó al Estado a que acelere la implementación efectiva del plan de respuesta para atender de modo integral a las sobrevivientes y familiares; y adopte un mayor compromiso con el proceso de “desinstitucionalización” de la niñez en el país y a promover formas de resguardo alternativo en familias de acogida y centros residenciales especializados, de pequeñas dimensiones, que cumplan los estándares internacionales.

Respecto al acceso a la justicia, llamó a impulsar procedimientos para determinar responsabilidades sobre los hechos, así como garantizar la debida diligencia con respecto a las denuncias de violencia, explotación y trata sexual anteriores.

Esta tragedia –dijo la CIDH- es sintomática de un sistema fallido de protección a la niñez en Guatemala. Para acabar con ello, “el Estado, de modo prioritario y sin dilación, debe realizar profundas transformaciones al modelo actual”.

Guatemala tiene que adoptar un marco normativo y políticas para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tenga los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y apropiados, con un fuerte enfoque en la prevención en los servicios en el ámbito local, y en las políticas sociales destinadas a las familias.

MÁS DE 4 MIL NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO

Una de las integrantes de la Coordinadora 8 de marzo– una coalición de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres en Guatemala- confirmó en entrevista la pertinencia de las recomendaciones y observaciones de la CIDH.

Sin embargo, recordó, el Estado Guatemalteco tiene pendiente el cumplimiento de las recomendaciones que en años anteriores hicieron otros organismos internacionales y la propia sociedad civil tras observar incumplimientos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, dijo, se alertó sobre la necesidad de reformar el sistema de protección para niñas y niños institucionalizados en Guatemala.

La defensora de los derechos de la infancia dijo que hoy existe una ausencia de informes dirigidos a la sociedad civil para aclarar los hechos, y señalar las acciones que está llevando a cabo el Estado para garantizar la no repetición de nuevas tragedias, ya que se trata de un problema estructural que pone en riesgo la seguridad y bienestar de las 4 mil 500 niñas que permanecen en albergues públicos y privados en Guatemala.

Para empezar, dijo Godínez, a un año de los hechos no existe un informe circunstanciado sobre cuál ha sido la atención y acompañamiento que se ha dado a las víctimas; no hay informe que diga qué ha pasado con las niñas desaparecidas; y no hay respuesta sobre la atención para el resto de niñas y niños que están bajo su resguardo.

Agregó que tampoco hay un informe detallado que dé certeza sobre las investigaciones que debieron abrirse por los casos de tortura y violencia sexual que denunciaron las niñas y las familias de las niñas. Esto es elemental –dijo- dado que en Guatemala la violencia sexual, la violencia contra las mujeres y la desacreditación de quienes la denuncian es un patrón que se extiende en todo el país.

A decir de ellas, la causa de este incumplimiento en las recomendaciones es la debilidad institucional para atender debidamente las necesidades de las niñas y niños que quedan a resguardo del Estado; la falta de un enfoque integral de Derechos Humanos en la atención; y la intromisión de grupos conservadores en las políticas de este tema.

De acuerdo con Martha Godínez, el Estado guatemalteco ha caído en demoras, “litigios maliciosos” y negligencia respecto a este caso. Ello con la intención de quitar responsabilidad a los altos mandos de las instituciones implicadas, incluyendo al mismo poder ejecutivo, implicadas en la tragedia ya sea de forma directa o por omisión.

Hasta ahora, el Estado guatemalteco acusó penalmente al exsecretario de Bienestar Social de la presidencia, Carlos Rodas; a la exsubsecretaria de Bienestar Social Anahí Keller; y al antiguo subdirector del orfanato, Santos Torres, por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

Sin embargo, aseguró, las responsabilidades van más allá, ya que se sabe que muchas otras instituciones habrían tenido conocimiento de las condiciones de esta casa hogar, así como de otras, pero no actuaron en su momento o tomaron acciones contraproducentes. Un caso, es el de la Policía Nacional Civil, a quienes se les acusa de haber encerrado a las niñas y de no haber actuado durante la emergencia.  

De acuerdo con el balance que hizo el movimiento feminista que integra esta Coordinadora, a un año de los hechos Guatemala sólo resolvió la emergencia pero no atendió las medidas de mediano y largo plazo que garantizarían bienestar y protección a las familias.

Y ha sido la misma sociedad civil, -entre defensoras de los derechos de las mujeres, de la infancia y de las personas con discapacidad-, quienes se han hecho cargo de atender albergues, y de buscar alternativas, lo que evidencia que el Estado Guatemalteco está rebasado.

18/AJSE/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   El caso de feminicidio de su hija llegó a la CIDH por la omisión de autoridades
Sistema de justicia mexicano ya no me engaña: Norma Andrade
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/03/2018

Desde hace 17 años, Norma Andrade emprendió un largo camino en la búsqueda de justicia para su hija Lilia Alejandra García Andrade. A lo largo de este tiempo ha tocado puertas en diferentes instancias de justicia en el país para conseguirla, pero sin éxito. Se volvió una experta en investigaciones y derecho, y ahora conoce muy bien este ineficiente sistema de justicia mexicano, que asegura, ya no la engaña.

Norma Andrade recibió a Cimacnoticias en sus oficinas a propósito del aniversario luctuoso número 17 de su hija y del proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien desde hace 6 años tiene el caso en sus manos y pronto deberá definir si emite un informe de fondo o lo envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde podría obtener una sentencia contra el Estado mexicano (sería la segunda por feminicidio en Ciudad Juárez).

En entrevista, narró lo que ha encontrado en estos 17 años de indagatorias que le permitan responder las preguntas que la rondan desde entonces: quién o quiénes mataron a su hija y por qué.

LOS HALLAZGOS EN 17 AÑOS

Lilia Alejandra tenía 17 años de edad cuando desapareció, un 14 de febrero de 2001 luego de salir de trabajar de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA, ubicada entre la Avenida Ejército Nacional y la Carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, donde abordaba un camión para regresar a su hogar. Su cuerpo fue hallado, el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío, dentro de una sobrecama enfrente de una plaza comercial y cerca del lugar donde laboraba.

Dejó en orfandad a su hija de 5 meses, y a un niño de 1 año 8 meses de edad. Acababa de reiniciar sus estudios en la preparatoria abierta con el anhelo de convertirse en periodista; y para lograrlo, como la mayoría de las mujeres en la frontera norte del país, se empleaba en la industria de la maquila.

En el certificado de autopsia se determinó que Lilia Alejandra fue asesinada por asfixia aproximadamente 24 horas antes de que fuera hallado su cuerpo. Además, había sido víctima de violación tumultuaria por un tiempo prolongado y eran evidentes las marcas de tortura.

Norma Andrade recordó que antes del asesinato de su hija hubo una llamada al 060 alertando que una joven huía semidesnuda sobre la Avenida Ejército Nacional. La mujer que realizó la denuncia aseveró que un grupo de hombres la alcanzó, sometió y subió a un coche blanco.

Ante la angustia y desesperación, Norma pegó volantes en la zona para localizar a Lilia pero cuando fue al Ministerio Público éste desestimó su denuncia diciéndole que su hija seguro regresaría por su pago a su trabajo. Recordó que pasó escondida todo el día enfrente de la maquiladora. Lilia Alejandra nunca apareció.

Narró que se enteró del asesinato de su hija por la llamada funesta de un hombre que aseguró estar en el lugar donde fue hallado el cuerpo de una mujer que correspondía con la descripción de Alejandra. Al identificar la llamada, las autoridades corroboraron que eso era imposible pues provenía de una distancia mucho más larga de donde hallaron el cuerpo. Nunca se supo quién la hizo.

Desde entonces, siguió todos y cada uno de los supuestos testimonios que aseguraban haber visto escapar a una joven de una tienda de televisiones (ubicada a 50 metros del lote baldío donde fue encontrada su hija). Vigiló por días la entrada del supuesto lugar donde la tuvieron cautiva, constató el ir y venir de droga, pero ninguna pista que le asegurara que en ese lugar explotaban sexualmente a mujeres.

También- continúa- siguió la línea de investigación de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FIB, por sus siglas en inglés) que aseguraba que el feminicidio de Lilia Alejandra estaba vinculado con presuntos narcotraficantes de la zona. Salió a la calle a realizar entrevistas con los vecinos pero tampoco pudo comprobar tal hipótesis.

¿ASESINOS SERIALES?

Tuvieron que pasar nueve años y la intervención de varios abogados expertos para tener un poco de luz sobre quiénes podrían ser los responsables. Fue así como Norma Andrade solicitó la ayuda de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y el abogado David Peña Sánchez -quien conjuntamente con la abogada Karla Micheel Salas-litigó uno de los casos de feminicidio del Campo Algodonero ante la CoIDH- tomó el caso. La primera acción que hizo, recuerda Norma, fue pedir de inmediato al Ministerio Público realizar un peritaje a la cobija en la que Lilia Alejandra fue envuelta.

Esta prueba, afirmó Norma Andrade, arrojó seis perfiles genéticos por medio de los cuales no sólo se corroboró que fue un grupo de hombres quienes la privaron de la libertad, violaron y asesinaron, también se identificó que estuvieron relacionados con otros tres casos de feminicidio. En suma, dijo la defensora, al cotejar con las bases de datos, resultó que uno de los agresores era familiar de un Fiscal de la procuraduría de Chihuahua.

Norma recordó que después se identificaría otra víctima más de este grupo, hecho que se constató porque el cuerpo fue expuesto de manera similar y tenía los mismos patrones de las otras víctimas: niñas y adolescentes entre 10 y 17  años de edad que eran privadas de la libertad alrededor de tres días y encontradas asesinadas con signos de violencia sexual y tortura.

La primera de ellas fue en 1994, se llamaba María del Rocío Cordero Esquivel, tenía 10 años de edad y fue identificada por el patrón de operación de los agresores y exposición del cuerpo; hubo otras dos víctimas en 1995 y 1996. Alejandra fue la cuarta mujer asesinada en 2001 y la última fue en 2005, Coral Arrieta Medina también de 17 años de edad y trabajadora de la maquila.

Norma Andrade mencionó que sólo conoce a la familia de una de las víctimas de los mismos asesinos de su hija. Las autoridades se han negado a darle la información sobre las demás. “Las sigo buscando”, dijo firme la también impulsora, junto con Marisela Ortiz, de la organización pionera en registrar el feminicidio en Ciudad Juárez y hacer búsquedas con otras mujeres, “Nuestras hijas de regreso a casa”.

LA ESPERANZA: LA CIDH

El 9 de abril de 2003 la CIDH recibió la petición de admisibilidad del caso, “por la falta de investigación en la desaparición y posterior muerte de Lilia Alejandra García”. Norma Andrade argumentó la serie de irregularidades que hubo en la investigación del feminicidio de su hija: pérdida de evidencias, negligencias, falta de personal calificado y malos tratos, y -como se requiere previo a acudir a la Comisión- que había agotado todos los recursos legales dentro del país sin obtener justicia.

Norma Andrade argumentó ante la CIDH que se perdió la posibilidad de hallar con vida a Alejandra debido a los retardos y omisiones de las autoridades. De acuerdo con la petición de admisibilidad, Andrade indicó que sólo había dos agentes a disposición del área de desapariciones y no había evidencia que constatara que se buscó a Lilia Alejandra. La investigación comenzó hasta que encontraron su cuerpo.

El Estado mexicano defendió la inadmisibilidad del caso. Justificó que la averiguación (4324/2001) “se encontraba en etapa de investigación” y que contaba con el perfil genético del posible feminicida de Alejandra pero “no correspondía a las muestras biológicas que tomó de las personas señaladas como presuntas responsables”, describe el documento de admisibilidad del caso.

Asimismo el Estado alegó que de los 33 servidores públicos que intervinieron en la investigación sancionó a dos por posible responsabilidad penal y a otros siete por violaciones administrativas, y que realizaba esfuerzos para mitigar el fenómeno del feminicidio en Juárez.

Pero estos dichos no fueron suficientes para la Comisión Interamericana, quien el 19 de marzo de 2012 finalmente resolvió atraer la petición de Norma Andrade y sin entrar en el análisis del caso, refirió que a (entonces) 11 años del feminicidio de Lilia Alejandra “el Estado mexicano no había proporcionado información concreta sobre la conclusión del proceso o medidas sobre el avance en la investigación más allá de la etapa inicial”.

La CIDH no sólo concluyó admitirlo por la violación a las garantías de acceso a la justicia para la víctima, también por las violaciones a los derechos de la familia de Lilia Alejandra: de sus dos hijos, de su madre, Norma Andrade; de su padre, José García; y su hermana, María Luisa García; entre los que se encuentra el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez y protección judicial.

Hoy, la única salida para que Lilia Alejandra obtenga justicia y se dé celeridad con la investigación es que la CIDH se pronuncie al respecto y pueda dar paso a que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

17 AÑOS DE IMPUNIDAD

A lo largo de 17 años, la maestra de profesión, ha visto a personal ministerial irse y entrar, pero la investigación del caso de su hija nunca avanzó. Ahora, obligada a vivir en el exilio tras los intentos de asesinato de que fue víctima, sus visitas a Ciudad Juárez para revisar el expediente de su hija son “exprés”. Sólo tiene unas horas para revisar el expediente y retornar a la Ciudad de México.

En diciembre de 2011, en Juárez, Norma Andrade recibió cinco disparos de arma de fuego cuando abordaba su camioneta para ir a trabajar provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó al exilio. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, con un arma blanca que la hirió en el cuello. Ambos incidentes fueron presenciados por sus nietos.

En enero de este año, visitó la frontera norte. Ahí le informaron de la Fiscalía sobre la posibilidad de que cierren la línea de investigación que ubica al grupo de hombres con los registros genéticos encontrados en la cobija donde envolvieron a Lilia y que es la única esperanza que tiene de saber quiénes la asesinaron.

El argumento que le dieron para cerrar la línea de investigación es que “sería como encontrar una aguja en un pajar”, le dijeron que es “muy complicado” llegar a la o las personas responsables, pues eso les implicaría tener que hacer pruebas a cada hombre que ha sido señalado como responsable de feminicidio.

“Ellos tienen perfiles genéticos y lo único que tienen que hacer es la prueba a la persona indicada y cotejar quién fue” asevera Norma Andrade, pero no quieren.

Por ello, dice, es que el caso se encuentra donde está, en la CIDH donde espera que pase a la Corte. Mientras tanto afirmó contundente que “no se va a cuadrar” como ha ocurrido con otras madres y activistas de Juárez, hasta que obtenga justicia para su hija.

18/HZM/LGL

 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Fue planeado desde 2015, afirma Grupo de Expertos
A dos años del asesinato de la defensora Berta Cáceres no hay responsables
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/03/2018

A dos años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos hondureña, Berta Cáceres, el Ministerio Público de aquél país sigue impidiendo el acceso a documentos, diligencias y pruebas que acreditan la participación de cuatro personas más, además de las ocho ya procesadas por el crimen  de Cáceres.

Berta Cáceres, quien era víctima de persecución, intimidación y criminalización por actores estatales y no estatales debido a su labor de defensa del pueblo Lenca, era Coordinadora General del Consejo Indígena hondureño (Copinh). Dedicó su vida a la defensa de los derechos territoriales y culturales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. Además, fue reconocida por su lucha en defensa de los territorios y los bienes naturales con el Premio Goldman en 2015.

El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa en la Ciudad de Esperanza, y desde entonces sus familiares y compañeros defensores de Derechos Humanos esperan justicia por su crimen.

El informe presentado en 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas (GAIPE) -creado a partir de las demandas de familiares de la defensora y organizaciones ante la ineficiencia de las investigaciones realizadas por el MP- confirmó que éste sí ha cometido irregularidades en el caso de Berta Cáceres al concluir hipótesis sin fundamento como que se trató de un “crimen pasional”.

En el informe, consultado por Cimacnoticias, el GAIPE afirmó que pese a las pruebas que ha presentado que acreditan ataques contra integrantes del Copinh, y de las comunidades indígenas por parte de empleados de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) quien tiene a su cargo el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta Cáceres luchaba, éstas no han sido investigadas como un móvil del asesinato.

El GAIPE documentó que la empresa DESA, estableció estrategias como campañas de desprestigio, infiltración, amenazas, seguimiento y sabotaje al equipo de comunicaciones del Cophin con el fin de controlar y eliminar cualquier resistencia hacia su proyecto.

Desde el 2009, Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo en el informe se evidenció que la Secretaría de Seguridad de la entidad sólo protegió al personal de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca y omitió a la lideresa, pese a conocer el riesgo que corría.

Según el GAIPE, de acuerdo con la información recabada el asesinato de la defensora fue planeado desde 2015 durante las movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh que se oponían al Proyecto Agua Zarca.

El informe “Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica 2012-2014”, registró un aumento en las agresiones a mujeres defensoras de DH, donde Honduras ocupó el tercer lugar con más defensoras agredidas, después de Guatemala, con un total de 318 agresiones.

18/AEG/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Pide medidas cautelares para ella y su familia
CIDH acredita riesgo contra defensora Bettina Cruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la defensora de Derechos Humanos, Bettina Cruz y su núcleo familiar.

Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación de riesgo que vive Bettina por el trabajo que realiza en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, informó la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.

La defensora oaxaqueña Bettina Cruz, enfrentó casi 3 años de juicio acusada de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 1 de diciembre de 2014, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, determinó que Bettina Cruz era inocente de los delitos que se le fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz y el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la región del Istmo.

Aunque la también cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien enfrentó el proceso en libertad– fue exonerada,  aseguró que su vida y la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio “estaban en peligro”.

La Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca le otorgó medidas de protección desde el 14 de noviembre de 2011, luego de ser atacada por la policía estatal por informar a las comunidades indígenas sobre su derecho a la propiedad de la tierra.

A decir de la defensora, por ello el gobierno trata de frenar la labor de las y los activistas que defienden la riqueza natural de los pueblos indígenas, pues son quienes denuncian que en Oaxaca la CFE apoya a las empresas eólicas para que entren a las comunidades a instalarse sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

En ese estado hay por lo menos otros 50 casos de procesos penales contra defensores, por lo que Bettina aseguró que aunque haya sido exonerada aún está en riesgo, y a pesar de tener medidas de seguridad, consideró que es “muy fácil que un empresario o un funcionario paguen” para asesinarla.

De acuerdo con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, la defensora representa al pueblo zapoteco que mantiene una lucha incansable contra la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca, proyecto que anteriormente pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar por medio del consorcio “Mareña Renovables”.

Los pueblos zapotecos han llevado con éxito ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo los reclamos sobre la falta de respeto y garantía de Derechos Humanos por parte del gobierno de México como por las empresas involucradas.

Sobre el llamado de la CIDH, Alejandra Gonza, directora de la Clínica, expresó en un comunicado que se trata de una advertencia y una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente “tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”.

Durante meses los estudiantes de la Clínica documentaron el peligro constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender su territorio, enfrentándose al Estado mexicano y a las empresas.

La decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso, expuso la abogada.

Los pueblos indígenas representados por Bettina Cruz, denunciaron ante la Suprema Corte la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur, caso por el cual la Corte podría fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas frente a la implementación de mega proyectos.

El hostigamiento contra Bettina se da en un contexto donde la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU ha señalado la falta de atención a la situación de riesgo de los defensores que se enfrentan a las empresas. En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México el estado de Oaxaca se ubica en el primer lugar de agresiones contra defensoras al sumar 58 por ciento de los casos registrados a nivel nacional.

18/AGM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Exige que se cumpla medida provisional de CoIDH
   
Confirma Corte Suprema de Justicia de la Nación, prisión domiciliaria para Milagro Sala
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/12/2017

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prisión preventiva de la diputada del Parlasur Milagro Sala y ordenó que se cumpla la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la dirigente social debe abandonar el penal de Alto Comedero y cumplir prisión en su “domicilio habitual”.

La Corte dejó firme por unanimidad un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había convalidado la prisión preventiva de Milagro Sala. La defensa planteaba que la detención era arbitraria porque no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento y porque se violaron los fueros que tenía como diputada del Parlasur.

El máximo tribunal -con votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- ordenó a los jueces jujeños que “con urgencia” cumplan la resolución dictada el 23 de noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El argumento fue que ante una situación de “extrema gravedad y urgencia” y ante la posibilidad de que se produzcan daños irreparables, el Estado argentino debe adoptar medidas para “garantizar la vida, integridad personal y salud”.

Según detalló la CoIDH, el Estado debe sustituir la prisión preventiva por “el arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive” o cualquier otra medida menos restrictiva. Esta aclaración no es inocente: ante un planteo anterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Justicia jujeña había resuelto que cumpliera prisión domiciliaria en un inmueble que estaba destruido y que había sido construido para que funcionara un centro de rehabilitación para jóvenes.

La medida dispuesta por la Corte Interamericana fue adoptada a partir de una solicitud de la CIDH por el incumplimiento de una medida cautelar ordenada en julio por ese organismo.

Milagro está en reclusión desde el 16 de enero de 2016, cuando la justicia jujeña ordenó su detención por participar de un acampe frente a la Gobernación. A los quince días, dictó la libertad y también la prisión preventiva en otra causa. Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en su contra que van desde asociación ilícita hasta amenazas. Aún no hay ninguna condena firme en su contra.

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja

17/RED/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Ante CoIDH sostiene haber reparado daño a mujeres torturadas sexualmente
Niega Estado mexicano “tortura generalizada” en Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR.- 22/11/2017

Como hace 11 años, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco denunciaron los hechos de tortura sexual cometida en su contra por agentes de los 3 niveles de gobierno.

Ahora, frente a las y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y como hace 11 años, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, insistió en que los operativos obedecieron a un “enfrentamiento entre dos bandos: policías y manifestantes”, negó que hubo tortura generalizada y enfatizó que el daño a las mujeres se había reparado.

Durante las audiencias públicas realizadas este 16 y 17 de noviembre, en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, por el caso de tortura sexual contra 11 mujeres peticionarias de Atenco, la comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, trató de justificar el contexto de las violaciones sexuales.

Desde el jueves 16, cuando cinco de las 11 mujeres presentaron su testimonio oral para dar cuenta de que fueron detenidas de forma arbitraria, golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, los funcionarios mexicanos trataron de “contextualizar” los hechos y aclarar que ya habían tomado medidas de reparación por este caso.

Incluso cuando el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo trató de dar un discurso sobre el respeto a los Derechos Humanos (DH), fue interrumpido por la abogada de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Florencia Reggiardo, quien lo objetó toda vez que en esa etapa del proceso solo se debían hacer preguntas a las sobrevivientes que declaraban.

Asimismo el director del Área de Casos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Carlos Uriel Salas Segovia y la directora de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la misma dependencia, Karla Victoria Jones Anaya, cuestionaron a las víctimas si conocían los informes donde ofrecieron medidas para reparar el daño.

Para afianzar esta posición, el viernes 17 el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo destacó que había 52 policías “consignados” y que en una audiencia realizada el 14 de marzo de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció violaciones a DH y negó que el caso Atenco ocurriera en un contexto de “tortura generalizada”.

También dijo que, de acuerdo con una investigación realizada en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo y no hay elementos para juzgar a mandos superiores jerárquicos, no hubo una orden para violar DH y que el uso de la fuerza fue una acción legítima y legal, aunque reconoció que hubo “excesos”.

NUEVAS REPARACIONES

En voz del embajador, el Estado mexicano pidió que no se ordenen “nuevas medidas de reparación” adicionales a las propuestas por el gobierno mexicano, y acusó a la CIDH, organismo que envió el caso a la Corte, de incurrir en errores graves y violaciones procesales en este caso.

Como respuesta a los alegatos de la comitiva mexicana, las litigantes de Cejil y del Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompañantes legales de las denunciantes, aclararon que ningún autor de los crímenes ha sido sancionado. La abogada del Prodh, Araceli Olivos Portugal, dijo que la información vertida era un ejemplo de la “retórica de la impunidad” para justificar la brutalidad policial de hace once años.

Para desmentir los dichos del Estado, la abogada Stephanie Erin Brewer precisó que la investigación de la SCJN, que no era penal, encontró que la violencia en los operativos policiales de Atenco fue tolerada por omisión por la cadena de mando, es decir, por los jefes de la policía que conocieron y toleraron los hechos.

Al contrastar las versiones, los jueces del alto tribunal, Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza Elizabeth Odio Benito, notaron una radical y distinta forma de ver los hechos.

Por esa razón una pregunta en la que insistieron fue saber si había o no responsables condenados. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tuvo que matizar los dichos y señalar que las 52 personas imputadas eran probables responsables y que en realidad no había ninguna condena.

El fiscal destapó la verdad negada cuando afirmó que en un principio hubo una sentencia por el delito de actos libidinosos que finalmente fue revocada. Además, dijo, de los 52 imputados, sólo 18 siguen en proceso. “No hay impunidad porque los procesos legales siguen”, consideró.

Los jueces pidieron que en la siguiente etapa, deberán enviar alegatos por escrito, las víctimas deberán informar por qué consideran que hubo una estrategia (avalada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto) para ejercer tortura sexual ya que “una cosa es solicitar la intervención de la fuerza pública y otra masivas violaciones” y pidió al Estado informar cuántos policías participaron y cuántos civiles había, entre otros datos.

Las 11 mujeres de Atenco piden reparación para ellas pero también para evitar la repetición de los hechos. Es por ello que demandaron que se reconozca el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica.

En su camino hacia la justicia, Mariana Selvas Gómez; Georgina Edith Rosales Gutiérrez; María Patricia Romero Hernández; Norma Aidé Jiménez Osorio; Claudia Hernández Martínez; Bárbara Italia Méndez Moreno; Ana María Velasco Rodríguez; Yolanda Muñoz Diosdada; Cristina Sánchez Hernández; Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; han encontrado más víctimas de tortura sexual, una técnica que consideran, se usa para desmovilizar a la sociedad, reprimir o fabricar culpables.

Por ello, durante tres años mantuvieron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que actualmente está integrada por 24 mujeres de diferentes regiones del país.

17/AGM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Su situación es grave, alerta CIDH
   
Piden medidas provisionales para Milagro Sala
Imagen retomada de Prensa Latina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/11/2017

Debido a que el Estado argentino no cumplió con las medidas cautelares a favor de la lideresa social Milagro Sala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió emitir medidas provisionales, pues su situación actual la coloca en extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de estas medidas.

En un comunicado, la Comisión Interamericana recordó que en julio de este año a través de la Resolución 23/17, otorgó medidas cautelares para la activista, luego de visitar la cárcel de Alto Comedero en la provincia de Jujuy (ubicada en el extremo noroeste del país), en donde se encuentra. Ahí constató, que existía hostigamiento y estigmatización que ponían en riesgo su vida, salud e integridad personal de Sala. 

En la Resolución 23/17, se mandató al Estado argentino a adoptar medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la beneficiaria; concertar con ella las medidas a tomar; y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la detención preventiva, adoptar medidas alternativas, tales como el arresto domiciliario o que la activista enfrentara el proceso en libertad.

La Comisión constató que las autoridades de la provincia de Jujuy no cumplían con las medidas que dictó ya que ordenaron la detención domiciliaria en la Casa del Carmen, el 31 de agosto, bajo un estricto régimen de seguridad que reproducía las condiciones de la Penitenciaría en su domicilio, señaló en el comunicado. Posteriormente, el 16 de octubre, la Cámara de Apelaciones y Control de la Provincia de Jujuy ordenó el retorno de Sala a la Penitenciaría.

En enero de este año, organizaciones de Derechos Humanos argentinos pidieron a la CIDH medidas cautelares a favor de Milagro Sala, al considerar que ha sido motivo de amenazas e injusticia tras su acusación de participar en una protesta en contra del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009, cuando le lanzaron huevos y provocaron un tumulto.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 bajo el presunto cargo de incitación a la violencia. Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en donde se le acusa de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, amenazas y extorsión.

La CIDH tiene el objetivo de promover la defensa de los Derechos Humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la materia

17/GMV/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Tras 13 años de espera, “la justicia llega tarde”, dice madre de víctima
Sentencian a feminicida de Nadia Muciño por homicidio agravado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Es una mezcla de sentimientos los que invaden a María Antonia Márquez Hernández: rabia, alegría, impacto, cansancio… pero predomina la tristeza. Los 42 años y seis meses de prisión que dictó el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a uno de los asesinos de su hija, Nadia Alejandra Muciño Márquez, no harán que la recupere. “La justicia llegó tarde”, dice con voz enérgica y en tono molesto.

Es lunes 16 de octubre, Antonia, acompañada de su hija Viviana Muciño, salió del Juzgado al que pacientes han acudido durante 13 años de lucha implacable para recibir oficialmente la noticia que hasta hace unos meses no esperaban escuchar: Bernardo López Gutiérrez, asesino y entonces pareja de Nadia Muciño, fue sentenciado por la Jueza Verónica Contreras Marín, por el delito de “homicidio agravado”, a 42 años 6 meses de prisión, además de la reparación del daño para sus tres hijos.

Por primera vez en mucho tiempo irrumpen las lágrimas en Antonia. Quizá porque recordó el 12 de febrero de 2004, aquél día funesto en el que abrazó el cuerpo inerte de su hija, atada con una soga al cuello, la que colocaron Bernardo y su hermano, Isidro alías “El Matute”, para simular que Nadia “se había suicidado”.

Pero el llanto contenido de Antonia es realmente por sus nietos…“no hay nada que celebrar” dice con voz firme a Cimacnoticias. Nada podrá resarcir el daño que causó a los hijos de Nadia, ver y narrar hasta el cansancio a las autoridades mexiquenses cómo su padre y su tío, asesinaron a su madre.

Los hijos de Nadia han pasado años de terapia psicológica pagada por la familia. Ahora ya son adolescentes y trabajan para pagar sus estudios y otros gastos básicos. Nunca recibieron alguna ayuda del Estado.

RECONOCER EL FEMINICIDIO

Pese a cumplir con todos las características de feminicidio la sentencia no fue por este delito sino por homicidio agravado. La razón: porque la tipificación del delito de feminicidio fue hasta 2011 y por ley, todos los casos anteriores a la tipificación, no pueden ser juzgados ni reclasificados por este delito, explicó a esta agencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien litigó el caso de Nadia Muciño en una primera etapa.

No obstante, precisó, las pruebas de la investigación con las que contaba el poder judicial sí tuvieron que ser analizadas desde la perspectiva de género porque así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, con la sentencia del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido también el Estado de México.

Con ello, explicó Pérez Garrido, la sentencia se da por homicidio agravado, con lo que se reconoce la alevosía del asesinato y la relación de concubinato con la víctima, lo que también permite una sentencia mayor, aunque, no se compara con la de feminicidio, que es de 40 a 70 años de prisión.

EL EDOMEX Y LA HISTORIA DE NEGLIENCIAS

El caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que desde 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), razón por la cual se activó en 2015, la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios.

Un año antes de ser asesinada, Nadia denunció que su entonces pareja la había golpeado y privado de su libertad durante casi una semana, pero ninguna autoridad la escuchó para prevenir el feminicidio.

El día de su asesinato, una vez que las autoridades de la Procuraduría mexiquense recogieron el cuerpo, determinaron que Nadia se había suicidado, por lo que la casa donde ocurrieron los hechos no quedó bajo resguardo y muchas pruebas “se perdieron”, pues “alguien” entró al inmueble que quedó sin vigilancia, y quemó evidencias del feminicidio: objetos, ropa y la soga con la que presuntamente Nadia “se suicidó”.

Tampoco realizaron pruebas a los restos de sangre encontrada en el lavadero de la casa, y en la blusa que portaba la hija de Nadia (de dos años de edad), por considerar que “eran muestran insuficientes”. Fue la presión y el peregrinar de Antonia Márquez en las instituciones de justicia, lo que hizo que en 2005 se ampliara la investigación para comprobar que a Nadia la había asesinado su pareja.

La sentencia que hoy obtiene el caso de Nadia, es la lucha de la familia Muciño, reconoció la abogada Ana Yeli Pérez.

IMPUNIDAD

Al no existir la figura penal del feminicidio, el Ministerio Público (MP) consignó la averiguación previa el 9 de agosto de 2005 por el delito de “homicidio” en contra de Bernardo e Isidro. El 8 octubre de 2009 el Juzgado Tercero Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, dictó sentencia condenatoria por “homicidio calificado” únicamente a Isidro alias “el matute”  (cuñado de Nadia).

Pese a los 14 testigos que declararon en contra de los acusados –incluidos los hijos de Nadia- 4 meses después, el 5 de febrero de 2010, tras un recurso de apelación presentado por la defensa “del matute”, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, revocaron la sentencia en su contra y ordenaron su inmediata libertad. Actualmente sigue libre y no volvió a ser juzgado.

EL RETO: LA CIDH

El 5 de octubre de 2010 la asociaciones que representan legalmente a la familia de Nadia: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y en litigio interno la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI), presentaron una petición de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las omisiones e irregularidades cometidas en la investigación del caso (con el numeral caso P-1402-10).

En ella, argumentaron los derechos que les fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”).

Al ser testigos del feminicidio de su madre, en la denuncia se reconocen también los derechos violentados de sus tres hijos, el interés superior de la niñez y la protección familiar.

El 27 de mayo de 2016 la CIDH comunicó a las organizaciones peticionarias que había solicitado información al gobierno mexicano respecto al caso de Nadia para analizar su responsabilidad, concediéndole un plazo de tres meses para remitir su informe.

El 31 de enero de 2017  la CIDH notificó a las organizaciones peticionarias, que el Estado mexicano ya había contestado a la denuncia, sin precisar la fecha en la que cumplió con dicha obligación.

“Mi hija no está” dice Antonia con la voz entrecortada, intentando no quebrar en llanto. El “juego perverso de la PGJEM” -como ella le llama- terminó. Y aunque obtuvo la sentencia por la cual luchó 13 años, tras un suspiro largo repite “mi hija no está”, porque sabe que nada que haga ahora la autoridad le devolverá a Nadia.

17/HZM/LGL








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