Sonora

La Red Feminista Sonorense exhortó al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a revisar la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, y decretar el mecanismo.

Cajeme, argumentaron, es el tercer municipio con la tasa más alta de casos de feminicidio del país, 5.59  por cada 100 mil mujeres, según las cifras relevadas la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 26 de enero las integrantes de la red enviaron un oficio a Navarrete Prida, donde describen que de acuerdo con los datos del SESNSP, Cajeme quintuplicó la media nacional de 1.6 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, colocándose como el tercer municipio más peligroso en 2017, sumó un total de 13 casos de feminicidio.

La violencia también ocurre en el resto de Sonora, según los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia estatal al Secretariado Ejecutivo, el año pasado en toda la entidad ocurrieron 32 casos de feminicidio y 37 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por esta razón la Red Sonorense apeló al nuevo titular de Segob a revisar el proceso de la Alerta de Género solicitada por las organizaciones civiles en mayo 2015 y negada por la Secretaría dos años después, el 4 de agosto de 2017.

En esta decisión Segob aseguró que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” para activar el mecanismo en Cajeme y que el gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, había atendido las recomendaciones del Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a la AVG.

Sin embargo, la cifras reportados por el Secretariado Ejecutivo y las documentadas por las activistas sonorenses demuestran que la violencia contra las mujeres no ha cesado. En el documento indicaron que en lo que va de este año llevan el registro de cinco asesinatos de mujeres y otros tres intentos.

Según un comunicado emitido por la Red Feminista Sonorense como evidencia entregó al titular de Segob el registro de los casos que han documentado, esta información también fue enviada al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal para ampliar las pruebas del amparo que interpuso la asociación Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) en contra de Segob el 7 de junio de 2017.

Este amparo indirecto presentado por ACEG, se debió a la prórroga de seis meses que otorgó en septiembre de 2016 la Segob al gobierno de Sonora para atender la Alerta de Género, a pesar de que la ampliación del tiempo para cumplir con las recomendaciones de las expertas no está establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Las integrantes de ACEG –una de las organizaciones peticionarias de la Alerta para Cajeme– consideraron que esta decisión trasgredía la normativa de la AVG y no decretar el mecanismo incumplía con la protección de la vida y derechos de las sonorenses, sin embargo, Segob pidió en septiembre del año pasado a Juzgado Séptimo que terminará el proceso en su contra.

Aún las activistas están en espera de que el Juzgado resuelva el amparo a su favor, en caso de hacerlo, ordenaría a Segob a decretar la AVG en Cajeme, por lo que siguen aportando pruebas para demostrar que la violencia feminicida en este municipio se mantiene.

17/HZM

El estado de Sonora se ubicó en 2017, en el quinto lugar del país en feminicidio, con una tasa de 2.13, muy por encima de la media nacional que fue de .06 por cada 100 mil, de acuerdo con datos del reporte “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte consultado por esta agencia destaca que el municipio de Cajeme aparece en tercer lugar de entre los cien municipios con mayor incidencia de feminicidio. Al 31 de diciembre de 2017, se registraron 13 casos de feminicidio, mientras que su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Cabe recordar que en 2015, las organizaciones civiles solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG), sin embargo ésta se rechazó con el argumento de que “no había elementos para declararla”.

En lo que concierne a los llamados “incidentes”, derivados de las llamadas de emergencia a la línea 911, Sonora se coloca en primer lugar en Violencia familiar con 82 mil 331 llamadas. Mientras, la tasa de violencia familiar por cada 100 mil mujeres, conserva a Sonora en primer lugar con 5 mil 470.9.

En tanto las llamadas de emergencia con “incidentes” de violación colocan a Sonora en el séptimo lugar nacional con 168 casos de enero a diciembre de 2017.

Esos eventos de violación reportados al 911, indican que la tasa por cada 100 mil mujeres eleva a Sonora al sexto lugar nacional con 11.2, en tanto la nacional es de 5.7.

Los incidentes reportados al 911 incluyen violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Por otra parte, el homicidio doloso contra mujeres, clasificado así por las autoridades investigadoras y juzgadoras, tuvo una incidencia de 37 casos, que sumados a los 32 casos de feminicidio  reportados en el informe, hacen un total de 69 asesinatos de mujeres durante 2017.

El informe sobre violencia contra las mujeres da cumplimiento al acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) con el objetivo de poner a disposición del público en general en una sola plataforma, datos estadísticos sobre el tema.

Las cifras se obtienen de la incidencia delictiva reportada por las procuradurías y fiscalías de los estados, mientras que los incidentes de violencia contra las mujeres, son tomados de los registros de los Centros de atención de llamadas de emergencia en las entidades federativas.

Todo lo relativo a incidencia delictiva es tomado con base en denuncias presentadas o tomadas de oficio, y a partir de este año se publicará un reporte actualizado cada día 25 de cada mes.

El reporte de violencia contra las mujeres del SESNSP puntualiza que la información es resultado de una nueva metodología para el  registro y clasificación de los delitos y las víctimas, la cual está alineada con la Norma Técnica para la clasificación nacional de delitos del fuero común para fines estadísticos y al catálogo de delitos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, especifica que la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 32 entidades federativas.

No obstante, en su apartado V, hace notar la obligatoriedad de las autoridades ministeriales de toda la república de seguir puntualmente los protocolos de investigación del delito de feminicidio, pero no así el registro como tal en el sistema que este 20 de enero se dio a conocer.

18/SNE/LGL

La asociación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, acudió este 7 de noviembre al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en la entidad, para aportar evidencias de que la Secretaría de Gobernación (Segob) omitió proteger la vida de las sonorenses al no declarar la Alerta.

El 7 de junio de 2017 la organización ACEG interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Séptimo en contra de la Segob por demorarse más de dos años para resolver la solicitud de AVG que hicieron en mayo de 2015 para la localidad de Cajeme y por transgredir el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), al otorgar prórrogas a los gobiernos estatales para que cumplan con las recomendaciones que den los Grupos de Trabajo.

En este caso, en septiembre de 2016, la Segob dio un plazo adicional de seis meses para que el estado cumpliera las 12 observaciones de las expertas.

Esta dilación de Segob para dar respuesta a la AVG resulta violatoria a los “Derechos Humanos, acceso a la justicia, y dignidad de las mujeres” pues no garantiza “la paz social y la protección de la vida y libertad de la población femenina”, denunció la agrupación civil en el amparo del cual Cimacnoticias tiene copia.

A pesar del amparo, el pasado 4 de agosto la Segob negó la Alerta para Cajeme argumentando que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” que permitieran proseguir con su declaratoria y porque el gobierno estatal estaba haciendo un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

Las integrantes de ACEG, también señalaron como responsables de la dilación a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, por ser las instituciones responsables del funcionamiento de la AVG.

SEGOB PIDE DETENER JUICIO DE AMPARO

En tanto, la Segob pidió el pasado 4 de septiembre al Juzgado Séptimo, que terminara con el proceso judicial en su contra (con número 640/2017)  porque “no son ciertos los actos” que denuncia la organización civil -señala en el documento del que tiene copia esta agencia- y enumeró las acciones que realizó el gobierno de Sonora.

Argumentó que el amparo no procede porque una eventual sentencia en su contra obligaría a la Secretaría no sólo a reparar el daño a la persona que impulsó el amparo, sino a la población de Sonora en general, situación que violenta el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que únicamente se ocupan de quien denuncia.

Para continuar con el proceso, el Juzgado Séptimo citó este 7 de noviembre a las activistas de ACEG, con el objetivo de ampliar la demanda y aportar nuevas evidencias que sustenten los niveles de violencia feminicida, desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en Cajeme, informó en entrevista la integrante de la asociación, Leticia Burgos Ochoa.

Entre las pruebas, dijo la defensora de DH, presentaron el registro hemerográfico de 55 casos de feminicidio ocurridos en Cajeme desde septiembre de 2016, cuando Segob amplió el plazo de cumplimiento al gobierno encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, al 28 de octubre de 2017.

Las víctimas de feminicidio reportadas tienen entre 17 y 35 años de edad y 2 eran niñas; mientras de las 11 mujeres reportadas como desaparecidas, se localizaron 7 sin saber las condiciones en las que fueron presentadas, ni los responsables, precisan los registros.

Asimismo las integrantes de ACEG realizaron un informe en que el analizaron cada una de las recomendaciones que no cumplió el gobierno de Claudia Pavlovich, y presentaron declaraciones del jefe municipal de Cajeme, Fausto Félix Chávez, en las que reconoce ante medios de comunicación los altos niveles de violencia en la localidad y la descoordinación de los tres poderes que conforman el Estado para atenderla.

Con estos aportes, precisó Burgos Ochoa, las activistas esperan que el Juzgado cuente con los elementos suficientes para resolver el amparo a su favor y ordene a la Segob decretar la AVG en el municipio de Cajeme, aunque aún no se sabe cuándo podrían obtener una sentencia.

Cabe mencionar que no es la primera vez que las organizaciones civiles recurren a amparos judiciales para que la Secretaría acepte los niveles de violencia feminicida y declare las Alertas. El caso emblemático es el Estado de México donde las agrupaciones feministas emprendieron un proceso jurídico de cinco años que culminó en la aceptación del amparo que ordenó activar la Alerta en la entidad en 2015.

Actualmente, en Veracruz la asociación Equifonía, también presentó un amparo derivado del incumplimiento del estado por no seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. 

17/HZM/LGL

Es contundente que el municipio de Cajeme concentra más de la mitad de incidencia de violencia feminicida en la entidad.
 
El territorio para el que la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitó la Alerta de género, ha presentado un recrudecimiento del feminicidio, tal como lo ha hecho la violencia social generalizada.
 
Las armas de alto poder son herramientas de trabajo cotidianas, y medio con el que mayormente se asesina a las personas, incluidas las mujeres.
 
Los hombres mueren en enfrentamientos armados, las mujeres son blanco de las armas de esos mismos hombres que se enfrentan entre sí.
 
La diferencia es abismal, pues a ellas las buscan para acribillarlas dentro de sus casas o a las puertas de éstas, en sus trabajos, en sus carros, incluso si están acompañadas de sus hijas, las asesinan a todas las que alcanzan y hieren al resto, o las queman y tiran a la basura.
 
Este lunes 17 de julio era una fecha importante en el proceso de definición rumbo a la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme  y tal vez otros puntos del Estado de Sonora.
 
Se trataba del día en que el Grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para Cejeme, sesionaría para presentar su dictamen sobre el informe del gobierno del Estado, entregado en marzo de 2017.
 
Cuarto meses después, el grupo de trabajo integrado por académicas y académicos, así como por representantes de las comisiones de derechos humanos y los institutos de las mujeres estatal y nacional, no pudo exponer su opinión, pues Conavim suspendió la reunión hasta nuevo aviso.
 
Y es que las instituciones a las que pertenecen las y los miembros del grupo se encuentran de vacaciones.
 
Aunque no es la razón aducida públicamente, -no se ha dado explicación- si el dictamen está listo, no se ve motivo razonable para posponer lo que es urgente desde hace dos años: Definir, con base en el dictamen si se declara o no la AVGM en Cajeme y otros municipios de Sonora.
 
La prontitud con la que la fiscalía resolvió el triple feminicidio ocurrido el pasado 5 de julio en una de las principales avenidas de Ciudad Obregón, habla de una preocupación por responder a la ciudadanía que cada vez está más desolada por el estado de indefensión en el que se siente.
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos que culminaron en la detención de dos autores materiales, se anuncia que serán vinculados a proceso por homicidio agravado.
 
El asesinato de una joven de 23 años y dos niñas, ambas de tres años de edad, y la tentativa de asesinato de otra joven que la acompañaba en el auto, así como un bebé de meses, cuentan como homicidio, más no como feminicidios consumados y en grado de tentativa.
 
¡Murieron tres mujeres! Otra más sufrió atentado y sobrevivió, pero no se consideran feminicidios.
 
Y eso abona a la impunidad. No porque nos se investigue el caso, sino porque no se le confiere la gravedad que tiene.
 
El delito de feminicidio garantiza un mínimo de sanción de 30 años de cárcel a partir de la cual se puede llegar hasta la pena máxima de 60 años.
 
Pero no tiene convalidaciones que puedan rebajar el mínimo de la pena más adelante, como sí las tiene el homicidio.
 
El triple feminicidio con lujo de superioridad en armamento, por el estado de indefensión al no estar alertas, por ser unas niñas y una joven desarmada, pasan a ser supuestos del contexto desechados para la vinculación al proceso.
 
La importancia que institucionalmente se le dio a ese caso, no converge con la laxitud que se toma la urgencia de declarar la alerta de género para poder prevenir los feminicidios.
 
Una vez más se carga la responsabilidad hacia la fiscalía para que investigue y resuelva los casos cuando ya tenemos los cuerpos sin vida.
 
Pero nadie trabaja para que todo lo que pasó antes no suceda y así evitar que sigan cayendo más mujeres por razones de género y por otras causas.
 
Además, se busca aparentar que el detonante para la reacción inmediata es que en el carro que fue blanco del ataque iban tres niñas y un bebé, y a Sonora “le importan mucho sus niñas y niños”.

Sin embargo, un día después se encontró a otra menor de edad golpeada, torturada, quemada y aventada en un basurero.
 
Nayelly Guadalupe y las demás, no ha sido motivo de tanta movilización, como si su vida valiera menos que la de la joven y las niñas mencionadas.
 
La solicitud de Alerta de Género camina en línea paralela a los acontecimientos. Toda la población se da cuenta de la gravedad de la violencia feminicida y de su incremento. En tanto, el gobierno del Estado se concentra en cumplir el check list que le sugirió en doce recomendaciones el Grupo de trabajo, entregado por la Conavim.
 
Bien por las instituciones, porque eso dará sustento  al trabajo en el futuro. Sin embargo, a pesar de las vacaciones, necesitamos que paren los asesinatos. Reconózcanlo, hay una crisis feminicida en Cajeme, y hay que atenderla. Evitar es la única forma de prevenir.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SN

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

Se active o no la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada desde hace dos años, el gobierno de Claudia Pavlovich debe generar acciones de emergencia contra la violencia de género, afirmó la coordinadora de la Red Feminista Sonorense AC, Leticia Burgos Ochoa.
 
Esto es urgente, señaló Burgos, porque la violencia feminicida, desde que se pidió la AVG, no cesa: 107 casos de feminicidio de 2015 a 2016, 20 de los cuales se cometieron e Cajeme, según el  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.  
  
La solicitud para la AVG en Cajeme fue presentada el 25 de mayo de 2015 por la agrupación Alternativa Cultural por la Equidad de Género, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y un mes después fue remitida a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que la aceptó en junio del mismo año.
 
Luego se conformó el Grupo de Trabajo que inició la investigación y  emitió en noviembre de 2015 su informe con 12 recomendaciones para el gobierno estatal, para ser ejecutadas en un periodo de 6 seis meses a partir de diciembre.
 
Sin embargo, el Gobierno estatal pidió y se le concedieron seis meses más de prórroga para aplicar dichas recomendaciones, lo que  generó el reclamo de consejeras sociales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pues viola la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), porque las acciones “han sido marcadamente insuficientes” y no cesa la violencia feminicida: desde entonces han sido asesinadas 11 mujeres. 
 
La decisión sobre la AVG para Cajeme será anunciada en los próximos días por la Secretaría de Gobernación (Segob), pero sea cual la respuesta, la posición de la Red ante la Conavim, dependiente de la Segob, quedó clara en la reunión que tuvieron el 20 de abril en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme: exigir acciones, informó en entrevista telefónica Burgos Ochoa
 
En esta reunión, informó Burgos, el Grupo de Trabajo debería de haber dado su dictamen sobre emitir o no la alerta, pero no fue así y solo dijo que se reuniría en los próximos días, sin dar una fecha exacta, para discutir sobre la declaratoria y remitir la información a la Segob, encargada de dar el fallo correspondiente.
 
El Grupo presentó a Conavim un “informe sombra” con 13 apartados sobre el seguimiento que dan a la AVG desde que la solicitaron y que contienen: antecedentes de violencia de género, observación a las acciones del Gobierno estatal y propuestas para prevenir la violencia contra las sonorenses.
 
INACEPTABLE DILACIÓN DEL GOBIERNO
 
Entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo, estaban: crear un sistema de información sobre violencia de género, fortalecer las instancias públicas para la mujer; elaborar protocolos especializados para investigar casos de feminicidio y desaparición de mujeres; impartir capacitaciones para funcionarios; y crear campañas y programas para prevenir y erradicar la violencia contra las sonorenses.
 
El 1 de junio de 2016 el Gobierno estatal remitió a la Conavim la información sobre la implementación de las propuestas, donde solo cumplió 5 del total, por lo que Segob extendió a 6 meses más el plazo para terminar de cumplirlas, pues el tiempo “no era suficiente”, determinó.
 
La coordinadora de la Red, Leticia Burgos, indicó que es “inaceptable” la espera de 2 años, y dijo en este tiempo el gobierno local no ha implementado acciones contundentes ante la violencia contra las sonorenses, que no acaba.
 
VIOLENCIA DOCUMENTADA
 
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico de la Red Feminista Sonorense, desde el momento en que se otorgó la prórroga para cumplir con las recomendaciones, hasta mayo de 2017, ocurrieron 11 casos de feminicidio en Sonora; 6 muertes de mujeres calificados como suicidio; un intento de feminicidio y la desaparición de una mujer adulta.
 
El reporte que brindó la Red a esta agencia y que fue entregado al personal de Conavim en la reunión de ayer indica que estos casos se concentraron en la localidad de Ciudad Obregón y en los municipios del Valle del Yaqui, Bacúm y Benito Juárez.
 
Explicó Burgos que los funcionarios de Conavim “no tenían conocimiento detallado de hechos concretos de feminicidio porque la autoridad no reconoce este tipo de violencia”. Pero ante las cifras, los presentes en la reunión coincidieron y aceptaron que existía un problema de violencia contra las mujeres en la entidad y “había mucho por hacer”.
 
Además, aseveró, existe un sub-registro, pues esta es la información que recuperan a través de los medios de comunicación locales. Pero tiene conocimiento de otros casos no mediáticos que acompañan agrupaciones civiles de la entidad.
 
La directora de la Red Sonorense dijo que si bien la solicitud de la AVG se pidió sólo para Cajeme, será responsabilidad de las autoridades determinarla en otras localidades, porque también se observa un patrón de violencia feminicida muy alto.
 
SE UNEN CONSEJERAS DE INMUJERES
 
Al llamado para exigir la declaración de la Alerta, se unieron las Consejeras Sociales de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes a través de un comunicado exigieron la inmediata aplicación del mecanismo, y condenaron la prórroga que otorgó Segob al Gobierno sonorense, pues “viola la norma vigente, establecida en el Artículo 38 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal cumpla con las observaciones del grupo de trabajo”. 
 
“Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora, para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia”, afirmaron las firmantes del Consejo; Rosa Verónica Terrazas Aragonez, Raquel Arely Torres Mirnado, Magaly Reyes Chávez, Claudia María Vélez Londoño, María Dores Ybone Candilla Echeverría; Natalia Reyes Andrade, Enma Obrador Garrido; Marigarita Camacho Rodríguez; Violeta Lagunes Viveros; Ofelia Torres, Diana Ibarra Soto y Luordes Elizabeth Murgía Ferreira.
 
Al concluir la reunión con Conavim, integrantes de la Red se manifestaron enfrente al Palacio Municipal de Cajeme para mantener y visibilizar la exigencia. “Esperamos que la deliberación de Segob sea apegada a las exigencias y el contexto que vivimos de zozobra y falta de paz social en la localidad, bajo esta idea se debe declarar la alerta”, concluyó Burgos.
 
17/HZM/GG

Periodistas de Ciudad Obregón, Sonora, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de la Ciudad de México, se manifestaron ayer en las calles para exigir el cese a la impunidad y para que las autoridades competentes protejan con acciones concretas a las y los integrantes del gremio periodístico en todo el país.
 
Esto, en respuesta a las recientes agresiones contra periodistas, como el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Río Doce y corresponsal del diario La Jornada, cometido la mañana del pasado lunes 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.
 
A continuación les presentamos el trabajo de Claudia Pérez R. en Ciudad Obregón, Sonora, de Sandra de los Santos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de Lucía Lagunes Huerta en la Ciudad de México, integrantes de la Red Nacional de Periodistas.
 
Ciudad obregón, Sonora
 

Imagen Claudia Pérez R.

Imagen Claudia Pérez R.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 

Imagen Sandra de los Santos

Imagen Sandra de los Santos

Imagen Sandra de los Santos

 
Ciudad de México
 

Periodistas protestan en Secretaría de Gobernación (Segob). CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta

Imagen Lucía Lagunes Huerta

 
17/RED

A un mes de aprobada en el Congreso del Estado, fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 181 del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM).
 
Fue el pasado 4 de abril cuando la 61 Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen presentado por las comisiones de Igualdad de Género y la de Gobernación y Puntos Constitucionales, en forma unida.
 
La Ley del ISM surgió a raíz de una iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich, que fue modificada en puntos sustanciales por la propuesta del Colectivo Organizaciones de Mujeres.
 
Las integrantes del Colectivo solicitaron a las Comisiones Dictaminadoras participar de las discusiones rescatando las propuestas realizadas por mujeres de la sociedad civil y funcionarias de gobierno, en los años noventa.
 
El colectivo Organizaciones de Mujeres sostuvo varias reuniones tanto con las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa, así como con autoridades gubernamentales que presentaron la iniciativa de ley.
 
La nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres fue producto de un diálogo entre el Poder Legislativo y las mujeres de la sociedad civil.
 
La iniciativa de abril de 2016 fue discutida en conjunto y las modificaciones que se hicieron se enfocan en la participación con voz y voto de las mujeres del sector no gubernamental en los órganos de gobierno.
 
A diferencia de la configuración anterior, que emanaba del decreto de octubre de 1998, el nuevo ISM contará no solo con un Consejo Consultivo, sino con un Consejo Social y un Consejo Consultivo.
Ambos estarán compuestos por mujeres con un perfil relacionado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
 
Para el colectivo esto era lo más importante de lograr pues la instancia de la mujer tendrá una reorientación desde sus propios órganos de gobierno.
 
Esto es porque  las integrantes de los consejos,  como las mujeres que a su vez participen en la Junta de Gobierno, deberán contar con una trayectoria de incidencia y trabajo a favor de los derechos de las mujeres.
 
Otra aportación es el nombramiento de la coordinadora general  que se realizará por convocatoria abierta de la cual se elegirán los perfiles idóneos para seleccionar una terna de la cual la o el titular del poder ejecutivo la nombrará.
 
Hay un salto cualitativo importante, ya que la forma de nombrar a directora y la conformación de los órganos de gobierno abre la puerta a la participación de perfiles acordes a los Derechos Humanos de las mujeres.
 
La inclusión con voz y voto en la Junta de Gobierno, máxima autoridad para tomar las decisiones de una cantidad de defensoras de derechos humanos de las mujeres, casi paritaria a la de los representantes gubernamentales, no tiene precedente.
 
Con la nueva configuración, el rumbo del ISM se definirá de manera más equilibrada entre gobierno y sociedad civil.
 
Las tareas inmediatas que se derivan de la entrada en vigencia de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres es el nombramiento de las integrantes no gubernamentales de la Junta de Gobierno.
 
Esto recaerá por única ocasión en el Congreso del Estado, para posteriormente ser el propio instituto el que convoque a la conformación de los consejos Consultivo y Social, de donde saldrán las integrantes futuras de la Junta de Gobierno.
 
La otra gran tarea es la de la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley del ISM, lo cual es prerrogativa del Poder Ejecutivo.
 
No obstante, las mujeres impulsoras de la ley esperan ser consultadas para poder dar su punto de vista en lo que será el complemento que facilitará la operación de la Ley del ISM, publicada en el Boletín Oficial el 4 de mayo de 2017 y en vigencia un día después.
 
17/SNE/GG 

En su visita a México, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, mostró su preocupación por la situación de personas defensoras en nuestro país.
 
En particular, hizo una distinción para Martha Solórzano, defensora de Derechos Humanos radicada en San Luis Río Colorado, Sonora. Martha es una incansable piedra en el zapato de las corporaciones policiacas de ese municipio ubicado en el noroeste del país, limitando con Baja California y con Estados Unidos.
 
Con su lucha anticorrupción policiaca, ha visibilizado actos de abuso de los policías a través de los trienios y sexenios gubernamentales.
 
La gente que acude a ella para que le ayude en caso de abusos de la policía y violaciones a sus Derechos Humanos, le agradece que la policía le devuelva su carro que algún elemento en funciones le robó.
 
Agradecidas se encuentran madres de familia cuyos hijos han sido desaparecidos, o encarcelados injustamente, en actos de suprema prepotencia para lograr obtener algún beneficio económico o de otro tipo por parte de algunos policías municipales.
 
No pocas personas han podido acceder a la justicia por violaciones sexuales o tortura policiaca que han quedado al descubierto por la difusión y denuncias que Martha ha acompañado hasta lograr el castigo a los responsables.
 
Por eso a Martha Solórzano los policías le temen, pero también la agreden. Ejemplos hay varios, destacando el encarcelamiento de su hijo.
 
Éste fue liberado del encierro ilegal, gracias a una lucha sin tregua que dio la defensora, quien pudo demostrar ante un tribunal colegiado la ausencia de elementos para que su hijo estuviera preso.

Sufrió tortura, aislamiento y amenazas mientras estuvo preso, pero nunca perdió la esperanza de que su madre y otros familiares  estaban de su lado para defenderlo.
 
Manifestaciones por fuera del penal, denuncia pública local y nacional, fueron algunas de las tácticas, que aunadas a la batalla legal, devolvieron la libertad al hijo de Martha.
 
Eso fue fundamental para que el Relator de la ONU considerara que el riesgo por el trabajo que desempeña la defensora de Derechos Humanos de San Luis Río Colorado sea de alto nivel.
 
EL INFORME DE FORST
 
En su informe de 24 de enero de 2017, Michel Forst expresó que en muchos casos se criminaliza a las defensoras y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas.

Enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, explica su informe.
 
“El caso de Martha Esthela Solórzano de San Luis Río Colorado, Sonora, es emblemático. Debido a sus repetidas denuncias en contra de la policía por abuso  y de poder, corrupción y malos tratos enfrentó repetidas amenazas de la policía municipal”.
 
Y procede a narrar lo ocurrido: “En 2012 su hijo, Jorge Luis Zavala Solórzano, fue detenido y condenado por presuntamente haber cometido varios delitos graves. En 2015, después de varios años de sufrimiento, Jorge Luis fue liberado y absuelto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora”.
 
Según la apreciación del Relator, esto se debió a las claras contradicciones entre las acusaciones y los testimonios utilizados para sustentar la sentencia inicial.
 
En el documento, Forst hace además 17 recomendaciones al Gobierno de México relacionadas con la protección a personas defensoras de Derechos Humanos. Igualmente hace recomendaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de Derechos Humanos.
 
Los organismos y agencias de la ONU, las universidades, las empresas y otros actores no estatales, la comunidad internacional en México y la sociedad civil, son también objeto de recomendaciones en el informe derivado de su visita a México.
 
LA  SEGURIDAD DE MARTHA
 
El pasado 28 de marzo, Martha Solórzano, quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo una mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, con instancias responsables de velar por su seguridad y la de todas las personas.
 
Con la presencia de servidores públicos de la Consejería Jurídica, del jurídico de la Secretaría de Gobierno, el abogado de víctimas, un visitador de la CEDH, un representante de la CNDH, un representante de Seguridad Pública del municipio de San Luis Río Colorado, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, y un representante del mecanismo de protección de la Segob, Martha pudo dar seguimiento a su petición de que regrese la medida de protección, sus escoltas.
 
Y es que en el sexenio de Guillermo Padrés, por decisión unilateral del Gobernador se retiraron los escoltas que, entre otras medidas, acompañaban a la defensora a realizar sus actividades.
 
A más de un año en que Martha planteó a la nueva administración su situación de riesgo, el Gobierno del estado no ha atendido aún la necesidad que ella considera urgente.
 
Más aún, el acuerdo de dar seguimiento a la reunión los días 27 y 28 de abril ha sido incumplido, ya que el encuentro se ha pospuesto sin fecha definida. Un año de agresiones en su vivienda, amenazas y otras violaciones a sus derechos, no son suficientes.
 
Asegurar condiciones para que las y los defensores realicen su labor es una de las principales responsabilidades del Estado. Políticas y mecanismos de protección efectivos, aplicando un enfoque sensible al género, son recomendaciones del Relator Especial.
 
En México el Relator de la ONU se reunió con más de 800  defensores, provenientes de 24 estados, de los que aproximadamente 60 por ciento son mujeres. Martha Solórzano sigue defendiendo los Derechos Humanos, pero sus escoltas no regresan.             
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG