Corte Suprema de Justicia
VIOLENCIA
Otra propone dar recursos a mujeres para alejarse de agresor
Ley argentina podría alejar a padre agresor de hijas e hijos de víctima

En enero de 2008, Rosana Galliano fue asesinada a balazos por encargo en Exaltación de la Cruz, un municipio rural a 80 kilómetros de la capital de Argentina. Quien ordenó su muerte fue su exmarido, José Arce, condenado por la justicia a prisión perpetua.
Nueve años después, Arce goza del beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud y vive con los hijos de la pareja, dos varones que hoy tienen 13 y 12 años.
Organizaciones de mujeres sostienen que hay decenas de situaciones parecidas en Argentina, cuya sociedad se ha mostrado particularmente sensibilizada en los últimos años por casos de violencia de género.
La respuesta fue salir a las calles: desde 2015, una extraordinaria movilización social que se mantiene hasta hoy ha instalado el tema en la agenda pública y ha obligado a los políticos a ocuparse del fenómeno de las altas cifras de feminicidios o femicidios, como se tipifica a los asesinatos de mujeres por razón de su género.
Así, el caso de los hijos de Rosana Galliano fue el principal disparador de una ley sancionada el 31 de mayo por el legislativo Congreso de la Nación, que priva de la responsabilidad parental a quien sea condenado como autor, instigador o cómplice del asesinato de la madre/padre de sus hijas o hijos.
El mismo castigo se le aplica, dice la ley, al responsable de lesiones graves contra el otro progenitor o contra los hijos/hijas y de delitos sexuales contra estos últimos.
“Hemos recibido consultas por una cantidad de casos similares al de los hijos de Rosana Galliano, que no llegan a los medios de comunicación porque las familias de las mujeres asesinadas no quieren hacerlos públicos”, dijo Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, una organización con sede en Buenos Aires que combate la violencia, el abuso y la discriminación hacia las mujeres.
FEMINICIDAS, SIN RESPONSABILIDAD PARENTAL
“Nosotras presentamos en 2014 un proyecto orientado a privar a los femicidas/feminicidas de responsabilidad parental, se discutió junto otros siete similares y se alcanzó un consenso. Es una norma que seguramente va a ser copiada por otros países”, añadió en diálogo con IPS.
La Casa del Encuentro comenzó en 2008, ante la ausencia de estadísticas oficiales, a recopilar la información publicada por los medios de comunicación sobre muertes violentas de mujeres por razones de género en este país sudamericano con una población cercana a los 44 millones de personas.
Se trata de lo que, ese mismo año, fue definido como femicidio, durante una reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, el instrumento interamericano sancionado en 1994 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
El Congreso argentino se puso en sintonía en 2012, cuando impuso la pena de reclusión perpetua a quien mate “a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
Hasta entonces, un hecho de esas características encajaba dentro de la definición de homicidio simple, penado con un máximo de 25 años de prisión.
Sin embargo, esta novedad no sirvió para que disminuyera la violencia contra las mujeres en el país. Las estadísticas de la Casa del Encuentro demuestran que los femicidios/feminicidios se han mantenido medianamente estables en un muy alto nivel: 255 en 2012, 295 en 2013, 277 en 2014, 286 en 2015 y 290 el año pasado.
Entre los cientos de casos, hubo uno que alteró por completo la vida de una comunidad del interior del país y terminó por sacudir al país. Chiara Páez, una adolescente de 14 años, desapareció un domingo de mayo de 2015 en Rufino, provincia de Santa Fe.
Buena parte de los 20 mil habitantes de la localidad salieron a buscarla, pero finalmente la policía la encontró enterrada en la casa de los abuelos de su novio, un chico de 16 años que confesó que la había matado a golpes. La autopsia reveló que Chiara estaba embarazada y que había tomado una medicación para abortar.
Unos días más tarde, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país para exigir un freno a la violencia machista. “Ni una menos” fue la consigna ideada por un grupo de activistas feministas y periodistas, que buena parte de la sociedad argentina hizo suya de inmediato.
Desde entonces, la marcha de “Ni una menos” se realiza anualmente, con convocatorias multitudinarias y su última edición fue el 3 de junio. Mujeres y hombres coparon la emblemática Avenida de Mayo –que une el Congreso Nacional y la Casa de Gobierno, en Buenos Aires- y una de las oradoras centrales fue Nora Cortiñas, prestigiosa dirigente de la organización humanitaria de Madres de Plaza de Mayo.
En el documento de la movilización se advirtió que muchas mujeres son asesinadas a pesar de haber denunciado ser víctimas de violencia y se señaló que, por eso, “el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el femicida/feminicida”.
Además, se reclamó el cese de la discriminación a las mujeres en el ámbito laboral y se exigió la despenalización del aborto, de manera que éste sea “libre, legal, seguro y gratuito”.
“La violencia contra las mujeres no va a disminuir rápidamente porque está vinculada principalmente a factores culturales muy marcados en la sociedad, como el mayor valor del hombre en todos los ámbitos”, dijo a IPS la médica presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Mabel Bianco.
“Además aún falta las respuestas gubernamentales. Se debe diseñar un protocolo que unifique las conductas a seguir en todo el país ante las denuncias de violencia de género”, explicó.
Actualmente, detalló la especialista, “en la mayoría de los casos la mujer hace la denuncia pero no hay un acompañamiento para saber qué le pasa después. Y cuando los jueces ordenan el alejamiento o exclusión del domicilio del agresor, esto no se cumple y la mujer no tiene defensa”.
Entre los resultados de la movilización social se incluye que, en 2015, finalmente el Estado comenzó a realizar estadísticas de femicidios/feminicidios. Están a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que a fines de mayo presentó sus números correspondientes a 2016: fueron asesinadas por razones de género 254 mujeres, 19 más que el año anterior.
En el informe de este año la Corte discriminó por primera vez entre “mujeres biológicamente femeninas” y travestis, un colectivo en el que se registraron cinco asesinatos por cuestiones de género el año pasado.
El Congreso, por su lado, no se quedó solo en la ley de responsabilidad parental. El mismo día en que esta fue aprobada, se le dio media sanción en el Senado a otras dos normas vinculadas con la violencia de género.
Una de ellas establece una ayuda económica estatal para las mujeres que, por falta de recursos, no puedan alejarse del agresor.
La otra instrumenta un subsidio para las familias que críen a los niños cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios/feminicidios. Los dos proyectos deben ser debatidos ahora en la Cámara de Diputados para convertirse en leyes.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
17/DG/GG
Aborto
OSC denunciarán ante instancias internacionales
Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud

La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico, el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.

La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
17/NR/GG
