Buenos Aires

INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Presentarán una denuncia contra Ministerio de Seguridad
Fotógrafas agredidas por la policía tras marcha 3J en Buenos Aires
Imagen retomada del portal lavaca.org | imagen: Polly Palacios
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 06/06/2017

Cuando ya se dispersaba la marcha del 3J --realizada el sábado en la capital argentina con las consignas #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos y con el reclamo de que El Estado es responsable de la violencia hacia las mujeres-- un grupo de fotógrafas fueron reprimidas por la Policía Federal con gases, agua y balas de goma.  
 
Alelí Acuña, de 32 años de edad, periodistas de Télam y una de las agredidas, informó al sitio lavaca que la acción de la policía sucedió entre las 8:15 y las 8:20 de la noche, al finalizar la marcha del 3J, que había sido “esplendorosa y pacífica”, encabezada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal. 
 
Ella estaba cerca del metro (subte D), donde había un grupo pequeño de mujeres “en tetas” en torno a una pequeña fogata, cantando. Estaba ahí junto con un  grupo de 10 fotógrafos cuando se escuchó el primer disparo de gas y fueron a registrar lo que ocurría, junto a la Catedral. 
 
Eran entre 40 y 50 policías, entre civiles y uniformados, formados detrás de una valla con la Catedral atrás. Se acercó y, buscó un hueco entre ellos, tomó la primera foto, era una mujer oficial. Cuando iba a sacar la tercera fotografía, de la tercera fila le dispararon gas pimienta, en la boca.  
 
Logró fotografiar al policía, pero se empezó a ahogar, los ojos irritados. “Me entró en la boca y de a ratos me arde y siento el gusto. La cámara y el celular me quedaron todos impregnados”. Aun así siguió al policía, quien se refugió en la valla y regresó con una escopeta.
 
Lanzaron entonces agua y volvieron a lanzar gases. “El objetivo puntual era que no sacáramos fotos, porque tiraban al grupo de fotógrafos y fotógrafas”, relató.  
 
Polly Palacios, fotógrafa free-lance relató a lavaca que “los policías se armaron todos atrás de la valla. Ahí veo a muchos fotógrafos que se acercan y empiezan a sacar fotos. Me acerqué para ver lo que estaba pasando: sólo estaban tomando imágenes.
 
Entonces, continuó su relato, veo que llega caminando un policía y le tira a una chica que estaba pegada en la valla. Era Alelí. No había nadie tirando cosas, sólo tomando fotos. Ya habían tirado gas desde antes, no te podías acercar mucho: estaban como manteniendo una distancia. Incluso le tiraron gas a una señora que era asmática”.
 
La señora es Mónica Buján, motociclista (motoquera), de 55 años que sufre asma y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Dijo que ella tomó fotografías de cuando tiraron gas a Alelí y aclaró  que no fue la policía la agredida sino al revés. Sus imágenes, junto con las de Polly Palacios, Aleli Acuña y otras fotógrafas dan cuenta ello.  
 
Buján relató a lavaca entre toses: “No soy fotógrafa profesional, sólo cubro estas movilizaciones porque me interesa dejar registro. Soy motoquera y fumigadora. “Tengo asma, EPOC y estoy con nebulizaciones. A mí también me tiraron”.
 
Denuncia que cuando se acercó a tomar fotografías a los policías,  le tiraron gas pimienta a menos de 10 centímetros de distancia. “Yo respiro por la boca, así que tragué todo el gas. Me ahogué mal, muy mal. Creí que me iba a dar un paro: ya tuve dos en mi vida y no quiero un tercero”.
 
Buján sacó su puff (nebulizador). “Quería darme aire pero no entraba. En ese momento las chicas que estaban enfrente responden a la agresión que yo sufro”. Que quede bien claro, dijo,  “no es que la policía fue agredida y por eso ´respondió´, como informaron por ahí, sino recibieron una reacción producto del ataque que me hicieron. Ahí empezaron a tirar. Balas, agua, gas, pero que quede escrito que la situación se detona cuando ellos o ellas me tiraron gas”.
 
Buján no se fue porque “no quería dejar a las chicas que me estaban defendiendo. Tenía miedo de que pase lo que ocurrió después del Encuentro Nacional de Mujeres o la cacería después del Paro del 8 de marzo. Ahí veo que a Alelí, que no sabía quién era porque no la conocía, le tiran en la cara. También vi a una compañera que estaba vomitando mal”.
 
Alelí señaló que los policías violaron el protocolo de seguridad, estaban además sin identificación. Luego, cuando todo “se ponía más denso”, escucharon sirenas y llegaron patrulleros.
Recordó que dos compañeras, Ana Laura Torna, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), Ana Laura Torna y Nancy Acosta, de la Secretaría de Mujeres y Géneros del gremio, se tuvieron que refugiar en el metro. “El ambiente era de terror”, dijo.
 
PERMISOS PARA MARCHAR 
 
Para realizar la marcha  del 3J --tras la cacería policiaca del #8M, cuando se realizó el Paro Internacional de Mujeres y 20 mujeres fueron detenidas sin orden judicial--, el grupo Autoconvocadas presentó una semana antes, junto al movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), un hábeas corpus colectivo y preventivo para garantizar el derecho de mujeres, lesbianas, trans y travestis a manifestarse el 3 de junio, relata lavaca.org.
 
El habeas corpus solicitó que el Ministerio de Seguridad se abstuviera de portar armas de fuego y de realizar acciones represivas, homofóbicas y criminalizadoras, y que estableciera personal policial mayoritariamente femenino y debidamente identificado.
 
El sindicato de prensa SiPreBa repudió los hechos  y dijo en un comunicado: “Este ataque por parte de la Policía es un claro intento de cercenar la libertad de prensa. Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos y la separación de los responsables materiales y políticos de la represión”.
 
Las mujeres agredidas adelantaron que presentarán una denuncia conjunta contra la acción policial. 
 
*Texto basado en la crónica publicada en el sitio argentino lavaca.org
 
17/RED








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Violencia institucional en detenciones, dice ProcuVIn
#8M en Argentina: sigue cacería de mujeres con 15 procesos judiciales
Imagen de Estefanía Galará.
Por: María Florencia Alcaraz*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 26/04/2017

Las mujeres detenidas por la policía durante las acciones el Primer Paro Internacional de Mujeres, el #8M,  recibieron balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógeno, revisiones vejatorias, manoseos, insultos y maltratos, actos de violencia institucional; sin embargo 15 están siendo procesadas por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Ningún policía detenido.
 
Mientras, los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) juntan pruebas para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el accionar de la Policía de la Ciudad; cómo se desató la cacería desde el día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar mujeres.
 
La madrugada anterior al Paro,  que reunió a más de 50 países en simultáneo, un grupo de seis jóvenes -en su mayoría lesbianas- fueron perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas.
 
El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires y recrudeció esta imagen: veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Tanto en la Comisaría Novena, como en la Primera, la 30 y la Comuna Cuarta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas hubo vigilias hasta que las liberaran.
 
Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26 personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su contra.
 
La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de protección para víctimas de violencia machista.
 
LAS PAREDES ESTÁN BIEN
 
En el caso de las jóvenes del 7 de marzo, la causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rozas. Hay  tres denunciantes –los defensores de las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos aerosoles de las calles.
 
Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las sendas peatonales, ya que solo había pintadas convocando al paro,  que figuran como imágenes en el expediente. Pero ellos actuaron casi como un grupo parapolicial, por lo que la abogada de las jóvenes, Gabriela Carpinetti, pidió por escrito la nulidad de la causa.
 
A partir de la declaración de una de las detenidas, el fiscal Rozas resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar la eventual comisión de delitos de acción pública, es decir, si hubo violencia institucional al momento de la detención y durante las horas que duró el encierro.
 
De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales abiertas.
 
LAS DETENIDAS EL 8
 
La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se bifurcó en dos caminos. El primero, tiene como imputadas a las víctimas detenidas,  mujeres y 5 varones, imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”.
 
El expediente está en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal Número 8, a cargo de Fernando Fiszer. Actúan distintos abogados en defensa de las víctimas: la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad -dos de las detenidas son trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros particulares.
 
El segundo es un conjunto de expedientes que se tramitan en el Juzgado de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. Ahí, gracias a un habeas corpus presentado la madrugada de la represión la abogada Luciana Sánchez, todas las detenidas en las comisarías y estas fueron liberadas, 
 
La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, sorteó la denuncia y fue recayó al Juzgado de Instrucción 59. Ahí se tramita una denuncia penal hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y el Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
 
La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la PROCUVIN, basado en 20 declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), a partir del cual se elaboró un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron.
 
Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración.
 
Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y la paliza que recibió de los agentes armados.
 
Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
 
Todas las detenidas en la Comisaría 30, por ejemplo, eran mujeres lesbianas y de tez morocha (morena), por lo que la PROCUVIN concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en  los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.
 
Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.
 
Dice el dictamen, firmado por el titular de PROCUVIN, Félix Crous, y por el fiscal Maximiliano Medina: “Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”.
 
Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien abrió una investigación administrativa, pero no separó de su cargo a ningún elemento, dijo a los medios que “actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”. Nada de esto se observa en los vídeos y fotos.
 
*Artículo retomado del sitio argentino lavaca.org

17/MFA/RED








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