Conavim
VIOLENCIA
Grupo de Trabajo documenta deficiencias de Procuraduría
Miguel Ángel Mancera deja malas cuentas en la capital por feminicidio

El Grupo de Trabajo para la Alerta de Género en la Ciudad de México, confirmó en su informe, lo que han sostenido las organizaciones peticionarias: la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) tiende a no clasificar e investigar con perspectiva de género los casos de feminicidio, falta de capacitación de funcionarios, desconocimiento del Protocolo y actuación tardía en caso de desapariciones y feminicidio.
De la información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México al grupo de Trabajo para la elaboración de su informe, destaca que durante la administración de Miguel Ángel Mancera, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se cometieron 292 casos de feminicidio y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres.
Sin embargo, menos de la mitad de estos asesinatos fueron tipificados como feminicidio pese a que la Ciudad cuenta, desde 2011 con la tipificación de este delito en el Código Penal así como con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de Feminicidio, y la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres.
Y ello se explica, dice el Grupo de Trabajo, porque las normativas no se aplican en la práctica, hay un desconocimiento generalizado en las autoridades de la Procuraduría respecto al feminicidio y los protocolos que existen para atenderlo.
Este informe de trabajo que tanta polémica generó debido al atraso en su entrega, pese a que desde noviembre de 2017 estaba en manos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se hizo público ayer, posterior a la conferencia de prensa dada por las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX, quienes acusaron a esta instancia de Gobernación de retrasar los informes y obstaculizar el avance de los DH de las mujeres.
Así, en este escenario, a seis meses de la solicitud de la AVG, la presión de las organizaciones civiles encima, y cuando Miguel Ángel Mancera está a un paso de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Conavim anunció que tras las entrega del informe las autoridades de la Ciudad tienen 15 días para aceptar o rechazar las 20 recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.
PGJDF IGNORA FEMINICIDIO Y SUS PROTOCOLOS
El Grupo de Trabajo estuvo conformado por académicas. De la UNAM, Aleida Hernández Cervantes; de la UAM, Iris Rocío Santillán Ramírez; y de El Colegio de México, Marta Walkyria Torres Falcón y Carlos Javier Echarri Cánovas.
Del Instituto Nacional de las Mujeres, José Luis Peña Colín; de la Conavim, Claudia Isela Alvarado Covarrubias; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Maribel Becerril Velázquez; y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad, Teresa Incháustegui Romero.
En la metodología el equipo de trabajo explicó que entrevistó a varios funcionarios ministeriales y policiales quienes tenían un conocimiento “superficial” del Protocolo de Investigación de Feminicidio, ya que al pedirles detalles de cómo lo aplican en las investigaciones, “se limitan a contestar generalidades y evasivas”.
El personal de la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres, manifestó que tiene dificultades para acreditar el feminicidio sobre todo cuando el cuerpo no presenta lesiones infamantes, mutilaciones o signos de violencia sexual.
Además de la falta de competencia del personal de la Agencia Especializada para indagar el feminicidio, éstos no intervienen de forma inmediata cuando se conoce el asesinato de una mujer, por lo que el Grupo reiteró “la necesidad de que siempre esté presente al inicio de la investigación, un representante de la Agencia Especializada a fin de coordinar la investigación y de garantizar la aplicación del Protocolo”.
REVICTIMIZACIÓN Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL, UNA CONSTANTE
El equipo de especialistas también documentó, a través de entrevistas a familiares de víctimas cómo se ha vuelto común que se pierdan indicios y pruebas en el lugar de los hechos y la venta de fotografías de las víctimas a medios, sin que haya consecuencias legales; no se investiga con perspectiva de género; las coordinaciones territoriales desconcentradas de la PGJDF inician las carpetas de investigación por suicidio u homicidio doloso, y no cuentan con personal especializado en feminicidio; además de la insensibilidad por parte del personal de la Procuraduría en el trato de las víctimas indirectas.
Otra constante es la filtración de información sesgada para desacreditar a las víctimas y justificar la violencia ejercida en su contra; se obstaculiza a las familias el acceso a la carpeta de investigación; los peritajes se elaboran “a modo” a fin de que cuadren en las hipótesis de suicidio u homicidio; los probables feminicidas son tratados como víctimas indirectas.
NO SE SABE QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS
A estos problemas se suma la sistematización de los casos de feminicidio. El Grupo de Trabajo reveló en su informe que la PGJDF no cuenta con información detallada de las víctimas.
Apenas se sabe que de estas 292 mujeres asesinadas por razón de género de 2012 a septiembre de 2017, 44 por ciento tenía entre 18 a 30 años de edad; 40 por ciento entre 31 a 60 años. 8.6 por ciento eran menores de 17 años y 6.2 por ciento tenía más de 60 años. Del uno por ciento restante se desconoce su edad.
La Procuraduría fue incapaz de aportar mayores datos sobre el estado civil de las víctimas, su ocupación, lugar origen, nivel de estudios, condición socioeconómica, lugar y causa de muerte de la víctima y por si fuera poco dijo que “carece de información sistematizada respecto de si existía alguna relación entre la víctima y el victimario”, una de las características que definen al feminicidio.
Destaca que 21 por ciento de los casos de feminicidio se concentraron en la delegación Iztapalapa (62 casos) y descienden casi a la mitad en las delegaciones Gustavo A. Madero con 32 casos, Cuauhtémoc son 27 casos, Tlalpan 25 y Coyoacán 22 casos.
La situación no es menor en el resto de las delegaciones, en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco, suman 124 casos de feminicidio.
CAPEA: “LA DESAPARICIÓN DE MUJERES NO ES UN DELITO”
Las deficiencias en la Procuraduría para feminicidio, son similares en los casos de desapariciones, constató el Grupo de Trabajo. El personal del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) contestó al Grupo de Trabajo que no consideran “la desaparición de una mujer como un delito”, por lo que no tiene registro de los casos, ni tampoco de cuántas mujeres reportadas como desaparecidas han sido localizadas.
Capea reportó que solo inician “carpetas de investigación especiales” e informaron que abren entre 12 a 15 investigaciones diarias, la mayoría se trata de desapariciones de menores de 17 años. No obstante, el personal de este Centro no relaciona estas desapariciones con algún ilícito (feminicidio o trata) solo refirieron a las expertas que es parte de la “violencia familiar”.
Los familiares de víctimas de mujeres desaparecidas también expresaron ante el Grupo de Trabajo los malos tratos a los que se enfrentan con el personal en Capea (dependencias de la PGJDF) quien califica la desaparición de mujeres como “extravíos” o “ausencias voluntarias”; minimiza la información que proporcionan los familiares; dejan pasar más de 24 horas para iniciar la investigación de los casos; además de que la instancia no cuenta con mecanismos de búsqueda claros.
Sin ahondar más en esta información, el Grupo de Trabajo refirió que en promedio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas recibe mensualmente entre cinco a 10 denuncias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas víctimas oscilan entre los ocho a 30 años de edad.
A este tipo de violencias extremas se agrega la que viven las capitalinas cotidianamente. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, destacó en la Ciudad de México 61.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad han sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida (calles, parques, entre otros) y 37 por ciento lo fue en los últimos 12 meses.
En tanto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) muestran una tendencia creciente de los egresos hospitalarios de mujeres relacionados directamente con la violencia: mientras en 2004 se registraron 14 mil 303 casos, para 2014 la cifra subió a 20 mil 669.
LAS RECOMENDACIONES
Ante este contexto de violencia generalizada contra las capitalinas el Grupo de Trabajo presentó 20 conclusiones y recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de México.
Entre estas destacan establecer protocolos de supervisión estricta en hoteles o moteles de la Ciudad de México, ya que en estos lugares se ha tenido conocimiento de casos de violencia extrema, incluyendo casos de feminicidio y trata de personas.
Revisar los procedimientos de investigación en criminalística y forense en los casos de feminicidio, y la operatividad del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación del Feminicidio, además de revisar los expedientes de muertes violentas de mujeres para verificar si se aplicó este instrumento.
Que las Agencias de Delitos Sexuales de la PGJDF generen un protocolo de actuación y asegurar que los prestadores de los servicios de salud que tienen el primer contacto con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, apliquen la Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación, y que se genere un Protocolo para que se dé aviso al Ministerio Público de estos casos.
Evaluar la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres; y entregar informes públicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con o sin vida) y no localizadas.
Fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia familiar, sobre todo en el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar (Cavi) y los Centros de Justicia para las Mujeres. Además de garantizar la protección de la infancia que viven en estos entornos de violencia y son víctimas indirectas.
El gobierno capitalino deberá responder en el plazo indicado a estas 20 recomendaciones. Es importa señalar que estas no sustituyen a las seis medidas provisionales emitidas por Conavim anteriormente y por las cuales el gobierno creó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atenderlas.
18/HZM/LGL
VIOLENCIA
OSC denuncian freno en avance a protección de DH de mujeres
Denuncian irregularidades y omisiones de Conavim en AVG

Organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de diversos estados del país, denunciaron la existencia de irregularidades y omisiones en los procedimientos de las AVG, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la nueva administración de la Conavim –desde enero 2018 a cargo de Ángela Quiroga Quiroga- ha frenado el avance por proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres debido al “dudoso y deficiente desarrollo de sus facultades”.
Las organizaciones señalaron que tienen conocimiento que a casi tres meses de la llegada de la titular a la Conavim, ésta se ha reunido con los representantes de los gobiernos sin la participación de los Grupos de Trabajo, ni de las organizaciones peticionarias de las AVG para acordar las situaciones relacionadas con las Alertas.
Lo anterior enfatizaron, es una de las muchas irregularidades realizadas por esta instancia, ya que los gobiernos no están contemplados dentro del procedimiento de AVG y por tanto, dijeron, atenta contra el objetivo de las AVG, pues el emitir informes de recomendaciones y declarar las Alertas, “no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia”.
Ante ello consideraron que la administración de Ángela Quiroga Quiroga pone en riesgo el avance para disminuir la violencia contra las mujeres, como en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, entidades donde no ha dado un seguimiento a las Alertas ya emitidas por desaparición y feminicidio de mujeres.
Reprocharon que desde hace meses Conavim ha limitado su participación en el proceso de las AVG, sigue sin aplicar los indicadores de resultado para medir el funcionamiento del impacto de las recomendaciones y ha retrasado de manera injustificada los informes sobre las AVG en las entidades donde la desaparición y el feminicidio son problemas graves, como la Cuidad de México, Tlaxcala y el estado de Puebla.
Destacaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien documentó, de 2015 a 2017, el asesinato de 8 mil 190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio, lo que demuestra, dicen las organizaciones, el desinterés por parte de las autoridades federales de desarrollar acciones para erradicar la violencia feminicida en las entidades.
En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, registraron 8 mil 940 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales 2 mil 188 casos han sido investigados bajo el delito de feminicidio.
Por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como atender y resolver “los pendientes, vacíos y seguimientos” a las alertas emitidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, y eliminar las barreras para la implementación de la AVG como lo establece la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones que... ()…que el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos”.
18/AEG/LGL
VIOLENCIA
“Coincide” con salida de Mancera de la jefatura de gobierno
El informe de AVG para la CDMX estará a finales de febrero

El aún jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no tendrá que hacer frente al proceso de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, toda vez que la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), anunció a las agrupaciones peticionarias que entregará el informe del Grupo de Trabajo -el cual está listo desde enero- hasta el 28 de febrero, es decir, cuando Mancera deje el cargo.
Durante el gobierno de Mancera en la Ciudad de México (2012-2018) se cometieron, a decir de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 260 casos de feminicidio, pero destacan por lo menos, cinco casos que dan muestra de la saña con la que son asesinadas las mujeres en la capital.
Se trata de los casos de la estudiante de la UNAM Karen Joanna Sánchez Gochi, asesinada en un hotel en Azcapotzalco el 11 de junio de 2012, que fue litigado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y clasificado por la deficiente investigación de la Procuraduría, como homicidio, por lo que su agresor obtuvo 35 años de prisión.
También se encuentra el de Lesvy Berlín Osorio, estudiante universitaria encontrada asesinada en la UNAM, el 3 de mayo de 2017, en el que la Procuraduría concluyó que se trató de un “suicidio” y por el cual aún no hay sentencia para su presunto feminicida, quien está acusado de homicidio simple culposo.
En estos últimos meses el feminicidio de Victoria Pamela Salas ha evidenciado la incapacidad de las autoridades de la Ciudad para capturar a los presuntos feminicidas; el presunto agresor, Mario Sáenz, permanece prófugo mientras emprende una campaña de desprestigio contra la víctima en redes sociales, aunque está fichado por la Interpol y las autoridades “lo buscan”.
En el recuento de estos casos está el de Campira Camorlinga Alanís, perpetrado en diciembre de 2016 en la delegación Coyoacán. Su agresor, Jorge Humberto Martínez, había sido acusado dos años antes del feminicidio de María Sun Borrego, pero la Procuraduría, como en el caso de Lesvy, dijo que ella se había suicidado permitiendo que Jorge Humberto repitiera una vez más los hechos, con otra mujer.
Destaca también en el 2014, el feminicidio de Angélica Trinidad Romero, asesinada en la tienda Liverpool del centro comercial Perisur, por Marco Antonio Ochoa Almazán, donde las autoridades afirmaron en un principio “que había fallecido por asfixiarse con comida”, hasta que los familiares revelaron que presentaba golpes y señales de tortura. Cuando el expediente del caso se trasladó a la unidad especializada de feminicidio, ya se habían “perdido” las evidencias del asesinato.
¿COINCIDENCIA O PROTECCIÓN?
Durante la reunión de ayer de la Conavim con las organizaciones que pidieron la AVG para la capital, se les informó que aplazará la entrega de este reporte porque “se deben realizar modificaciones y agregar otros temas”, informó a Cimacnoticias la abogada e integrante del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido.
Entre las organizaciones se encuentran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Si bien no aseguran que el tema de la Alerta se esté politizando –como ocurrió en el Estado de México- para la integrante del área de incidencia del Centro Fray Francisco, Selene González Luján, sí puede haber obstáculos para la AVG en medio del proceso electoral.
La abogada Pérez Garrido, contó que externaron a Conavim su temor de que el proceso de Alerta de Género se retrase más con la salida de Mancera y mientras alguien ocupa la jefatura de gobierno.
Por su parte, la doctora en derecho de la UNAM e integrante del Grupo de Trabajo, Aleida Hernández Cervantes, señaló en entrevista con Cimacnoticias que el equipo de trabajo entregó el reporte de la AVG la primera semana de diciembre y tras una serie de modificaciones había sido aprobado para entregarlo desde enero a Mancera, pero el cambio de titular de Conavim, ahora presidida por Ángela Quiroga Quiroga, frenó el proceso.
Hernández Cervantes aseveró que al asumir el cargo, la Comisionada Quiroga planteó al Grupo de Trabajo la posibilidad de extender el periodo de investigación, pero tres integrantes del equipo votaron en contra pues argumentaron que este proceso ya lo habían concluido, además de que agregó, esto no puede realizarse por tratarse de un mecanismo de emergencia.
Cabe recordar que el reglamento de la AVG contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece que el equipo de expertas creado para atender la solicitud de Alerta, tiene un plazo de 30 días para realizar el informe, después procede a Conavim entregar el reporte al gobierno estatal y éste en un plazo de 15 días, avisar si acepta las recomendaciones que contiene para cumplirlas a lo largo de seis meses.
Con este retraso, finalmente Mancera no tendrá que acatar las recomendaciones que den las expertas, ni afrontar una posible declaratoria de Alerta de Género en la Ciudad de México, donde también destaca el elevado número de desapariciones de mujeres.
De 2015 a 2016 según datos de la Procuraduría se reportaron “ausentes o extraviadas” 2 mil 494 mujeres, de ellas, no se ha localizado al 26 por ciento, es decir, 644 capitalinas continúan desaparecidas.
18/HZM/LGL
VIOLENCIA
Gobernación pide a juzgado terminar con proceso judicial
Amplían pruebas por amparo contra Segob por AVG en Cajeme

La asociación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, acudió este 7 de noviembre al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en la entidad, para aportar evidencias de que la Secretaría de Gobernación (Segob) omitió proteger la vida de las sonorenses al no declarar la Alerta.
El 7 de junio de 2017 la organización ACEG interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Séptimo en contra de la Segob por demorarse más de dos años para resolver la solicitud de AVG que hicieron en mayo de 2015 para la localidad de Cajeme y por transgredir el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), al otorgar prórrogas a los gobiernos estatales para que cumplan con las recomendaciones que den los Grupos de Trabajo.
En este caso, en septiembre de 2016, la Segob dio un plazo adicional de seis meses para que el estado cumpliera las 12 observaciones de las expertas.
Esta dilación de Segob para dar respuesta a la AVG resulta violatoria a los “Derechos Humanos, acceso a la justicia, y dignidad de las mujeres” pues no garantiza “la paz social y la protección de la vida y libertad de la población femenina”, denunció la agrupación civil en el amparo del cual Cimacnoticias tiene copia.
A pesar del amparo, el pasado 4 de agosto la Segob negó la Alerta para Cajeme argumentando que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” que permitieran proseguir con su declaratoria y porque el gobierno estatal estaba haciendo un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
Las integrantes de ACEG, también señalaron como responsables de la dilación a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, por ser las instituciones responsables del funcionamiento de la AVG.
SEGOB PIDE DETENER JUICIO DE AMPARO
En tanto, la Segob pidió el pasado 4 de septiembre al Juzgado Séptimo, que terminara con el proceso judicial en su contra (con número 640/2017) porque “no son ciertos los actos” que denuncia la organización civil -señala en el documento del que tiene copia esta agencia- y enumeró las acciones que realizó el gobierno de Sonora.
Argumentó que el amparo no procede porque una eventual sentencia en su contra obligaría a la Secretaría no sólo a reparar el daño a la persona que impulsó el amparo, sino a la población de Sonora en general, situación que violenta el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que únicamente se ocupan de quien denuncia.
Para continuar con el proceso, el Juzgado Séptimo citó este 7 de noviembre a las activistas de ACEG, con el objetivo de ampliar la demanda y aportar nuevas evidencias que sustenten los niveles de violencia feminicida, desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en Cajeme, informó en entrevista la integrante de la asociación, Leticia Burgos Ochoa.
Entre las pruebas, dijo la defensora de DH, presentaron el registro hemerográfico de 55 casos de feminicidio ocurridos en Cajeme desde septiembre de 2016, cuando Segob amplió el plazo de cumplimiento al gobierno encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, al 28 de octubre de 2017.
Las víctimas de feminicidio reportadas tienen entre 17 y 35 años de edad y 2 eran niñas; mientras de las 11 mujeres reportadas como desaparecidas, se localizaron 7 sin saber las condiciones en las que fueron presentadas, ni los responsables, precisan los registros.
Asimismo las integrantes de ACEG realizaron un informe en que el analizaron cada una de las recomendaciones que no cumplió el gobierno de Claudia Pavlovich, y presentaron declaraciones del jefe municipal de Cajeme, Fausto Félix Chávez, en las que reconoce ante medios de comunicación los altos niveles de violencia en la localidad y la descoordinación de los tres poderes que conforman el Estado para atenderla.
Con estos aportes, precisó Burgos Ochoa, las activistas esperan que el Juzgado cuente con los elementos suficientes para resolver el amparo a su favor y ordene a la Segob decretar la AVG en el municipio de Cajeme, aunque aún no se sabe cuándo podrían obtener una sentencia.
Cabe mencionar que no es la primera vez que las organizaciones civiles recurren a amparos judiciales para que la Secretaría acepte los niveles de violencia feminicida y declare las Alertas. El caso emblemático es el Estado de México donde las agrupaciones feministas emprendieron un proceso jurídico de cinco años que culminó en la aceptación del amparo que ordenó activar la Alerta en la entidad en 2015.
Actualmente, en Veracruz la asociación Equifonía, también presentó un amparo derivado del incumplimiento del estado por no seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado.
17/HZM/LGL
Ley no precisa qué instancia debe realizar asignación presupuestal
Pide CNDH transparentar recursos para AVG

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos locales a transparentar los recursos asignados para implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) toda vez que existen casos en donde se asignó dinero específico para ello, y en otros, si bien no existe un recurso, sí cuentan con un presupuesto para implementarla.
Así lo destaca en su “Diagnóstico como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la AVG” presentado hoy, en el cual revisó en qué fases están las AVG, los retos para su implementación y los recursos destinados para ello.
En el reporte, la CNDH señala que los estados deben planear, solicitar y ejercer con transparencia el presupuesto para fortalecer la AVG.
La Comisión hizo una recopilación de los informes entregados por los gobiernos locales a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de hacer funcionar la AVG, y encontró que durante los últimos tres años (de 2016 a 2018) se designó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 13, dedicado a la Igualdad entre mujeres y hombres, de un total de 81 mil millones de pesos (mdp), únicamente tres por ciento (2 mil 400 mdp) al rubro de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.
De este monto (3 por ciento) el informe no detalla cuánto dinero se otorgó a las AVG, aunque en la página de la Conavim, ésta señala que en 2017 asignó 27 millones 992 mil 357 pesos a seis estados con AVG: el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, y Veracruz.

La situación se agrava, indica la CNDH, pues el Artículo 23, fracción cuarta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no explica cómo y qué nivel de gobierno debe realizar la asignación presupuestal de la AVG.
Sólo expresa que se le debe “asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”, sin dar mayores especificaciones del procedimiento.
El recurso asignado a las AVG es más preocupante en el ámbito local, precisa la CNDH en el diagnóstico, pues en la práctica han observado que la mayoría de las entidades con procedimiento de Alerta no prevén un presupuesto para prevenir la violencia de género, y las instituciones dedicadas a atenderla (Institutos de las Mujeres, Centros de justicia, entre otras) reciben en su mayoría presupuesto federal del Anexo 13.
La CNDH advirtió que la falta de recursos no debe ser una excusa o condicionante de los gobiernos para cumplir con la tareas de la AVG y recordó que en 14 entidades donde ya hay un informe del Grupo de Trabajo, se recomendó “etiquetar mayor presupuesto a la atención y procuración de justicia en situación de violencia, tanto estatales como municipales”.
Cabe recordar que de las 28 solicitudes de AVG en 12 entidades ya se decretó (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit); 9 estados esperan la decisión de la Segob para conocer si se emitirá; y en 7 se decidió no declararla (Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla ,Tabasco, Baja California y Guanajuato).
17/HZM/LGL
MUJER SONORA
Alertas que sirven. Sonora y la AVG

El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
El Fortaseg enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención. Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
17/SNE
VIOLENCIA
En meses pasados rechazó decretar AVG por considerar que no era necesaria
Ante situación de violencia contra poblanas, Conavim pide más acciones de prevención

A raíz de las exigencias sociales por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda ocurrido en Puebla, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) determinó otorgar de manera adicional a las propuesta realizadas por el Grupo de Trabajo que atendió la Alerta de Violencia de Género (AVG), seis nuevas medidas al gobierno estatal, entre las que destaca la urgencia de diseñar acciones para prevenir y atender la violencia que enfrentan las mujeres en el transporte público.
Mara Castilla fue privada de la libertad en el municipio de San Andrés Cholula y asesinada el pasado 8 septiembre por el conductor de un taxi privado que abordó. La situación ocasionó la cancelación de la concesión de la empresa Cabify responsable del servicio y desencadenó una serie de protestas por parte de la sociedad civil para que se active el mecanismo de la AVG, que negó en julio la Conavim, por considerar que no era necesaria.
En un oficio firmado por su titular Alejandra Negrete Morayta, y enviado el 9 de octubre de 2017 a la organización civil “Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal” (Igavim), una de las peticionarias de la Alerta, la comisionada refirió que ante la situación de violencia contra las mujeres que prevalece en Puebla, la institución decidió volver a establecer acciones al gobierno de José Antonio Gali Fayad, para combatir la situación; pero no decretar la AVG.
Además de la vigilancia al transporte público de Puebla, la segunda exigencia de Conavim al gobierno poblano es crear una “Unidad de contexto para la investigación de feminicidio, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres”, que deberá estar conformada por personal experto en antropología, sociología y temas psicosociales, para identificar las dinámicas delictivas de la violencia contra la población femenina.
También tendrán que crear una segunda unidad especializada con personal de procuración e impartición de justicia que revise los expedientes y carpetas de investigación de los últimos ocho años sobre casos de feminicidio, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos de violencia sexual ocurridos en la entidad.
Tras el análisis y diagnóstico de los expedientes, la unidad debe detectar las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los delitos cometidos contra mujeres, precisó Conavim.
Otra de las gestiones que deberá realizar el gobierno de Antonio Gali es fortalecer con recursos económicos, materiales y personal profesionalizado, las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia de género, particularmente a los Centros de Justicia para las mujeres y las agencias de Ministerio Público.
TLAXCALA Y PUEBLA DEBEN TRABAJAR JUNTOS
En el documento, la Conavim mandata que los gobiernos de Puebla y Oaxaca deben trabajar en conjunto para erradicar la trata de niñas, adolescentes y mujeres, por lo que deberán crear una política pública para las rutas de movilidad de personas que van de Tlaxcala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de México, señaló.
Es decir, el gobierno de Puebla tendrá que cumplir además de las recomendaciones desprendidas de la AVG que solicitó en marzo de 2016 las organizaciones civiles, estas nuevas instrucciones, que serán evaluadas dentro de seis meses, indicó la Conavim, quien cabe recordar, negó en dos ocasiones, la solicitud de AVG para Tlaxcala.
CDH: OPACIDAD POR EXIGIR AVG
Mientras el gobierno de Puebla se ocupa en cumplir con la AVG, las organizaciones civiles y el Senado de la República han pedido a la Comisión de Derechos Humanos poblana (CDH) que vuelva a tramitar otra solicitud para que esta vez se active la alerta. Sin embargo la CDH sigue sin dar respuesta a la presión social.
Cimacnoticias consultó a la Comisión de DH poblana para conocer si ya tomó una decisión final sobre volver a presentar la segunda petición de AVG a lo que la responsable del área de comunicación social, Asuania López Díaz, respondió que “aún se encontraban analizando la propuesta”.
17/HZM/LGL
VIOLENCIA
Comisión niega haber presentado segunda solicitud de Alerta
Se contradicen Segob y CDH de Puebla sobre AVG

La Comisión de Derechos Humanos Estatal de Puebla negó que haya presentado ya la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género para la entidad, como lo afirmó ayer la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Isabel Allende Cano, durante un evento público.
En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos poblana informó que sigue “evaluando todos los elementos para tomar la mejor decisión para Puebla”, pero que en ningún momento envió la solicitud de Alerta.
Y es que ayer, durante un evento público, Allende Cano aseveró que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ya contaba con la solicitud de la AVG que envió la CDH la semana pasada, y que era seguro que en esta ocasión se concluyera declarar la AVG en la entidad.
Cabe recordar que la petición para presentar una nueva solicitud de AVG para esta entidad, se dio como consecuencia del feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada por el conductor del transporte privado Cabify) y fue hecha por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, quien envió un escrito a la Comisión Estatal para que presentara nuevamente la solicitud de AVG, toda vez que en un primer intento de solicitud hecho por las organizaciones civiles en marzo de 2016, la Segob determinó que no había razones para proceder a declarar la Alerta en la entidad.
El exhorto para que el órgano de DH de Puebla solicite la AVG también fue apoyado por el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del PRI presentó el 25 de septiembre de 2017 un punto de acuerdo con el mismo fin.
En tanto, la CDH reportó que si bien el 18 de septiembre de 2017 recibió el exhorto de la diputada Silvia Tanús, aún estaban en el análisis de presentar la solicitud; mientras que en Puebla continúan sumándose casos de feminicidio. En lo que va de este año, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos lleva registrados 85 casos de feminicidio perpetrados en esta entidad.
En medio de las discusiones por la segunda solicitud de AVG las organizaciones civiles recordaron el pasado 26 de septiembre en una carta dirigida al gobierno de Puebla que aún tiene pendiente de cumplir las 11 recomendaciones que hicieron el grupo de expertas de la primera AVG, como crear el Protocolo Investigación del Delito de Feminicidio y Trata de Personas, la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia y la capacitación de los servidores públicos.
17/HZM/LGL
VIOLENCIA
Piden renuncia de titular del Instituto estatal de las Mujeres
Organizaciones exhortan al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto

En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.
En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.
En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.
Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.
Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.
Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.
El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.
Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.
Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.
17/HZM
VIOLENCIA
Mecanismo se decretó en 5 municipios de Nayarit
Frenan Alerta de Género en Sonora, Tlaxcala y Tabasco

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.
En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.
Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.
EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO
El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.
La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.
Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.
La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.
En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.
Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.
RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA
Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.
Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.
Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.
Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.
CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS
Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.
En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.
Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.
Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.
Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.
De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:
Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.
Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.
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