Alberto Medina Sonda

La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a "quienes resulten responsables" por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra - ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

17/MMAE/LGL

La Fiscalía General de Yucatán determinó que las condenas de los dos autores materiales y el coautor intelectual del feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, se reducirán de 50 a 20 años, porque los culpables entregaron pruebas que demuestran que el ex funcionario de Tabasco y ex esposo, Alberto Medina Sonda, planeó el crimen desde una prisión de Tabasco.

La fiscalía dio a conocer esto a la familia y defensa legal de Emma Gabriela el 9 de octubre, cuando cerró el periodo de investigación para inculpar a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como autores materiales del feminicidio cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán, ambos cumplen prisión preventiva por el delito de homicidio agravado y a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio.

Los abogados de los inculpados acordaron con la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, que entregarían pruebas que involucran a Medina Sonda en el feminicidio si la Fiscalía aceptaba reducir las condenas. Canto Lugo aceptó las pruebas, por lo que fueron remitidas al juez de control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, quien deberá fijar la fecha para un juicio abreviado, donde los acusados admitirán su culpabilidad en el feminicidio y se les dictará sentencia.

Esto informó en entrevista con Cimacnoticias la titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar. La defensora dijo que las pruebas fueron admitidas por la familia de Emma Gabriela ante el temor de que se absuelva a Medina Sonda y pueda planear, como lo hizo con Emma Gabriela, el asesinato de su madre, Ligia Canto.

Actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años y seis meses en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) en Tabasco, por operar con recursos ilícitos durante el sexenio del príista Andrés Granier. Cuando su ex esposa Emma Gabriela fue asesinada él se encontraba dentro del penal, por lo que Ligia Canto y diversas organizaciones han pedido en actos públicos que sea trasladado a un penal de alta seguridad.

Desde 2012, cuando Emma Gabriela decidió divorciarse de Medina Sonda y buscar la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron víctimas de violencia institucional que derivaron en la Recomendación 54/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México. Durante esos años la defensora señaló a Medina Sonda y a su familia como los principales responsables.

Adelaida Salas recordó que aún sigue libre otro coautor intelectual del feminicidio a quien César Reyes acusó. “Hay dos autores materiales a los que la cámara afuera de la casa de Emma captó luego de asesinarla, pero hay tres intelectuales: Medina Sonda contrató  a César Reyes, César a un hombre al que llama “El Cachorro” y este último a los dos ejecutores del crimen”, explicó.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS INEFICIENTE

Parte de la violencia institucional de la que fue víctima Emma Gabriela estuvo encabezada por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), mencionó Adelaida Salas. Ejemplo de ello es que en 2012, cuando Emma fue detenida, golpeada y encarcelada por autoridades tabasqueñas sin motivo alguno la CODHEY determinó en un informe que las autoridades no habían violentado ningún derecho.

Por ello y para denunciar la indiferencia del órgano defensor para atender las demandas de las mujeres de la entidad, organizaciones civiles yucatecas clausuraron ayer por dos horas la CODHEY.

Posteriormente representantes de La Voz de los Sin Voz, la Asociación Estatal De Padres de Familia, Ni Una más- Yucatán y el Observatorio Ciudadano, acudieron al Congreso estatal para pedir a diputados y diputadas que convoquen a la ciudadanía y diversas organizaciones para analizar la actuación de la CODHEY y la instancia comience a trabajar “por la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y hombres que acuden a él en busaca de ayuda”, concluyó Adelaida Salas.

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A seis meses del feminicidio de Emma Gabriela  Molina Canto, en Yucatán, sus familiares y organizaciones civiles clausuraron simbólicamente el Tribunal Superior de Justicia de la entidad para exigir a las autoridades a cargo del caso, que juzguen con perspectiva de género y sentencien a su ex esposo y empresario tabasqueño Alberto Medina Sonda por la autoría del crimen.

Emma Gabriela fue asesinada el pasado 27 de marzo frente a su casa en Mérida, Yucatán. Desde 2012, cuando inició la búsqueda por la custodia de sus dos hijas e hijo. Ella y su madre, Ligia Canto Lugo, fueron víctimas de campañas de desprestigio y hostigamiento orquestadas por Medina Sonda.

Ambas denunciaron ante diversas instancias las violencias ejercidas en su contra, pero fueron ignoradas, por lo que en 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 54/2014, dirigida a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, en la cual acreditó violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, Ligia Canto, y de sus hijos entre las que destacó la violación a la legalidad, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, al trato digno y a una vida libre de violencia. Todas fueron incumplidas por las 3 instancias.

Durante la protesta en la que participaron las organizaciones acompañantes del caso, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio(OCNF) y “Ni Una Más-Yucatán”, Ligia Canto urgió a las autoridades de Yucatán y de Tabasco -en donde actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años por operar con recursos ilícitos durante el sexenio de Andrés Granier- “justicia integral” y la garantía de seguridad para ella y su familia porque, aseguró, Medina Sonda planeó el crimen mientras estaba preso y temen que busque agredirlos de nuevo.

“Todo fue planeado desde un reclusorio, él tenía la libertad de hacer llamadas, (las autoridades) deben voltear  a ver esos lugares y mandarlo a un penal de alta seguridad”, mencionó.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del OCNF en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, informó que este miércoles concluyó el plazo para integrar a la carpeta de investigación las pruebas que involucran a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como ejecutores del crimen bajo el delito de homicidio agravado.

Por lo anterior, el próximo 2 de octubre se realizará en el Centro de Justicia Oral de Mérida la audiencia donde el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, determinará las sentencias en su contra, con las que podrían alcanzar 40 años de prisión.

También mencionó que desconocen la fecha de la audiencia en la que se juzgará a Medina Sonda y al tabasqueño vinculado a proceso por la coautoría del feminicidio, César Rogelio Reyes Barrueta, pero aseguró que la familia y defensa legal de Emma Gabriela cuentan con elementos suficientes para probar la culpabilidad de ambos.

Entre las pruebas se encuentra la confesión de César Reyes, donde afirma que Medina Sonda le solicitó contratar a otras personas para asesinar a Emma Gabriela.

Ligia Canto ha recabado los 187 amparos que su hija tuvo que solicitar desde 2012 a instancias locales y federales por las acusaciones de su ex esposo “todas ellas falsas”, opinó Adelaida Salas, y que demuestran los antecedentes de violencia que ejerció en su contra por años. 

Además, Adelaida Salas recordó que a seis meses del feminicidio, las manifestantes se reunieron en la Plaza Grande de Mérida, donde exhortaron al juez Mugarte Guerrero a velar por la justicia en el feminicidio de Emma Gabriela y no favorecer los intereses del  agresor.

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A más de tres meses del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos en Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, familiares de su ex esposo acusado como autor intelectual del crimen, Alberto Medina Sonda,  fueron citados en la Fiscalía General estatal para informales que serán sujetos a investigación por su posible coalición en el feminicidio.
 
En entrevista con Cimacnoticias la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, afirmó que la familia Medina Sonda “debe ser investigada porque la violencia que ejerció por años contra Gaby los hace sospechosos”.
 
La tarde del pasado 20 de julio la madre y el padre de Medina Sonda, Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel; así como sus hermanas Ericka y Lizbeth, fueron llamadas para declarar en la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Agencia 30 de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Fiscalía General estatal. Un día después fueron citadas otras seis personas cercanas a la familia del empresario.
 
El 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio luego de enfrentar, desde 2014, una serie de actos violentos orquestados por su exesposo, quien actualmente está preso en Tabasco por operar con recursos ilícitos durante el gobierno de Andrés Granier,  en la búsqueda de la custodia de sus dos hijas e hijo. Pese a las exigencias de Emma Gabriela y Ligia Canto las autoridades yucatecas y tabasqueñas ignoraron el riesgo que enfrentaba.
 
La abogada Natalia Paola Punab de la O, quien a partir de hoy asumió el caso, explicó en entrevista con esta agencia que durante los citatorios la familia Medina Sonda “reservó su derecho a rendir entrevistas” sobre el feminicidio de Emma Gabriela porque, aunque fueron citados en calidad de imputados, las entrevistas solo tienen validez cuando son expuestas en audiencia oral delante de un juez. Por lo que, informó, el personal de la Agencia 30 “solo recabó sus datos generales”.
 
La directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, denunció en entrevista con Cimacnoticias que las declaratorias fueron ordenadas por la Fiscalía con tres meses de retraso y bajo la presión de la también defensora Ligia Canto, quien denunció desde marzo la coalición de la familia Medina Sonda en el feminicidio de su hija y solicitó, mediante un escrito, que fueran citados.
 
“Ligia tuvo que presentar todas las pruebas y ayudarse de la presión ejercida por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –organismo que desde 2014 emitió la Recomendación 54/2014 por la violencia institucional de la que Emma Gabriela y su familia fueron víctimas- y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –que tras el feminicidio  atrajo el caso- para que por fin hicieran su trabajo: seguir agotando todas las líneas de investigación”, dijo Salas Salazar.
 
Entre las pruebas que Ligia otorgó al fiscal que lleva el caso, Fernando Caamal López,, se encuentran fotografías de los desplegados que la mamá y el papá de Medina Sonda realizaron para difamar, en 2014,  la lucha de Emma Gabriela por la custodia de sus hijos. Además de los videos que las hermanas de Medina Sonda difundieron en plataformas digitales donde la ofendían.
 
A ello se suma que Emma Gabriela externó días previos a su muerte que familiares de su ex esposo la seguían a ella y a sus hijos.
 
La abogada Paola Punab denunció la falta de voluntad de la Fiscalía General ya que, dijo,  las autoridades sólo han realizado los actos solicitados por la familia de Emma Gabriela. “De no haber sido por la presión el fiscal Fernando Caamal hubiera concluido la investigación cuando se culpó a los dos autores materiales, un coautor –todos actualmente detenidos- y a Medina Sonda como autor intelectual del caso”.
 
La abogada señaló que la investigación no debe enfocarse solo al feminicidio de Emma Gabriela. “Tenemos que visibilizar el contexto violento e institucional que vivió Gaby durante años y la persecución por parte de las autoridades de procuración de justicia. porque ella fue victimizada y revictimizada. Un asunto familiar que debería ser sencillo de resolver como un divorcio detonó en un feminicidio”, expuso.
 
El caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria por lo que ahora la familia de Emma Gabriela y su defensa legal seguirán entregando datos de prueba que vinculen a la familia Medina Sonda en el feminicidio.
 
También están en espera de que el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, resuelva en la próxima semana si procede el amparo que Alberto Medina presentó contra su vinculación a proceso como autor del feminicidio, mismo que solicitó con argumento de que no está involucrado porque está preso en Tabasco.
 
DESINTERÉS
 
Hasta hoy Ligia Canto no tenía un abogado fijo en Yucatán solo recibía asesoría legal de la CEAV cada quince días, cuando la instancia enviaba abogados de la Ciudad de México para reunirse con ella. La defensora señaló: “El apoyo de la CEAV no ha sido contundente”
 
Salas Salazar comentó que esto dejó “en indefensión” a Ligia Canto porque “no tenía a quien consultar, incluso tuvo que presentarse a las reuniones en la Fiscalía sin abogado”, expuso.
 
Además, Ligia Canto denunció que aunque su familia, al ser víctimas indirectas, tienen derecho a recibir un “fondo emergente” -un apoyo económico mensual otorgado por la CEAV-, este solo se les entregó para el mes de junio.
 
La defensora recordó que desde 2014, cuando la CNDH emitió la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán   debió iniciar el trámite para la inscripción al registro de víctimas de Emma y su familia, pero, dijo “la instancia defensora de Derechos Humanos local fue omisa, por lo que mi hija y yo tuvimos que juntar dinero para trasladarnos, hasta 2016, a la Ciudad de México para solicitar la inscripción”.
 
Además, manifestó, “todo quedó en papel porque la Ley general de Víctimas indica que una vez registradas se nos tuvo que haber dado  medidas de protección y mi hija nunca las recibió”.
 
Paola Punab informó que en otro momento evidenciarán legalmente la “responsabilidad penal del Estado” en el feminicidio y la violencia que ejercida hacia los familiares de Emma.
 
17/MMAE

Autoridades de Yucatán rechazaron el amparo que interpuso Alberto Medina Sonda, exesposo de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada el pasado 27 de marzo, y por el cual buscaba que no lo vincularan a proceso como autor intelectual del feminicidio de la activista.
 
El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán notificó por escrito a la madre de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, y a su representación legal que negó el amparo interpuesto por Medina Sonda, quien junto a su familia encabezó desde 2014 una campaña de desprestigio y agresiones hacia Emma y Ligia ante la búsqueda de la custodia de sus hijos. 
 
Asimismo, durante una audiencia efectuada el pasado 2 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) el juez Segundo de Control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, amplió hasta el 2 de octubre el terminó de la investigación.
 
Esto “para dar oportunidad a que se realicen más diligencias, entre ellas algunas que puedan vincular a la familia de Medina Sonda como autores”,  explicó a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañándote del caso, Adelaida Salas Salazar.
 
El pasado 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio a fuera de su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo. Hasta ahora la Fiscalía estatal emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los culpables, una para Medina Sonda, dos más dirigidas a los autores materiales y otra para arrestar al tabasqueño César Rogelio Reyes Barrueta, por la coautoría del crimen.
 
Este último reveló que recibió órdenes del empresario Medina Sonda para asesinar a Emma por lo que en abril se le informó que sería investigado como el autor intelectual. El exesposo de Emma Gabriela permanece en prisión en Tabasco cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses por operar con recursos de procedencia ilícita durante la administración del priísta Andrés Granier.
 
La ampliación de la investigación se informó luego de que los padres y hermanas de Medina Sonda fueran citados en la Fiscalía General estatal para informales que serían investigados por su posible coalición en el feminicidio, misma que Ligia denunció a esta agencia días después del asesinato de su hija.
 
Ligia Canto expuso que Emma Gabriela expresó días antes que la seguían familiares de su exesposo.
 
Desde 2014 Emma y su madre fueron víctimas de diversas violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades al no atender las denuncias que hicieron de las agresiones de Medina Sonda y porque se prestaron a la fabricación de delitos contra las defensoras. Esto derivó en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, las cuales fueron incumplidas.
 
17/MMAE

Organizaciones civiles y académicas de Yucatán solicitaron que se decrete en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, violencia física y violencia sexual en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá.
 
La solicitud para que se active la AVG en Yucatán fue presentada  el 23 de junio ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de un escrito dirigido a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y a la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y del cual Cimacnoticias tiene copia.
 
El documento fue suscrito por la representante legal de la organización Ni una más, Clemencia Adelaida Salas Salazar, y las organizaciones Ciencia Social Alternativa, el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C. y Yucatán Feminicida. También se sumaron las académicas Gina Irene Villagómez Valdés y Ligia del Carmen Vera Gamboa.
 
La AVG es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia implementadas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente se han admitido 24 solicitudes de la Alerta y se ha declarado en 10 entidades, entre ellas Veracruz, Chiapas, y el Estado de México, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
En Yucatán la AVG se solicitó porque, aseguraron las organizaciones y académicas, en la entidad son sistemáticas las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Ejemplo de ello es el caso de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio el pasado 27 de marzo y por el cual se acusa a su ex esposo, Alberto Medina Sonda, como de autor intelectual, quien está encarcelado por el delito de operación con recursos ilícitos en Tabasco durante el gobierno del priista Andrés Granier.
 
Emma Gabriela denunció desde 2012 la violencia física y psicológica, la sustracción de sus dos hijas e hijo y el hostigamiento del que fue víctimas ella y su madre, la también defensora, Ligia Canto Lugo, por parte de su exesposo y la familia del mismo.
 
Por ello, en 2014,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó a las autoridades federales, de la Ciudad de México, de Yucatán y Tabasco garantizar la protección, seguridad e integridad de Emma y su familia. Sin embargo, expusieron las OSC en el documento de solicitud de AVG, “las autoridades nunca hicieron nada para protegerlos”, por lo que el caso es “paradigmático” y refleja “la falta de garantías y protección para las mujeres en el estado de Yucatán”, así como la falta de investigaciones con perspectiva de género.
 
CONTEXTO VIOLENTO
 
De acuerdo con las organizaciones y académicas, urge emitir la Alerta por el contexto de violencia física y sexual que viven las mujeres en el estado, mismo que ocupa el cuarto lugar nacional en violencia contra mujeres casadas o unidas, ya que 47 por ciento de ellas aseguran haber sido violentadas: 26 por ciento han sido víctimas de violencia física y 11 por ciento de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
 
Además, se registran al menos cinco casos de violencia intrafamiliar al día, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la entidad, con datos del 1 enero de 2008 al 31 de diciembre de 2016. En total en ese periodo se registraron 16 mil 404 casos. 
 
En cuanto a la violencia feminicida, las organizaciones han denunciado la falta de cifras oficiales de los casos y  emprendieron desde 2014 una serie de exigencias para que el Congreso local pudiera homologar las causales de investigación consideradas para el delito con las establecidas en el Código Penal Federal. Esto, con el fin de que se dictaminen como feminicidio diversos casos de muertes violentas de mujeres.
 
En Yucatán, de 2008 al 15 de junio de 2017 las organizaciones Yucatán Feminicida el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 62 de ellas clasificadas como feminicidio.
 
Las solicitantes de la AVG afirmaron que en la entidad las mujeres son también víctimas de violencia institucional porque el Gobierno local generan información “fragmentada e incompleta” sobres los casos de violencia, con lo que incumple las recomendaciones nueve y 12 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Comité CEDAW).
 
Ejemplo de ello es que desde hace nueve años el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán no ha integrado ni implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General del estado.
 
Además, las organizaciones y académicas solicitantes denunciaron que la omisión del Poder Legislativo de Yucatán que, en 2016, eliminó del Código Penal estatal a la violencia sexual de la lista de delitos graves.
 
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En Yucatán, de 2008 a 2016 se registraron 57 casos de feminicidio, pero la falta de homologación de causales entre el Código Penal estatal con el Federal no permite que se investigue con  celeridad ni que se sancione con las penas correspondientes al delito de feminicidio, denunciaron organizaciones civiles.
 
Una de las causales que el Código Penal de la entidad ignora es “la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima”, esto pese a que en la mayoría​ de los casos de feminicidio, de 2008 a 2016, existía una relación entre las dos partes: cinco de cada 10 casos los cometieron hombres que vivían​ con la víctima y siete de cada 10 eran personas conocidas por ellas.
 
Tampoco contempla si la mujer fue incomunicada, o si hubo amenazas relacionadas con el hecho, o acoso en contra de la víctima, o “si su cuerpo fue exhibido en un lugar público”.
 
Estos factores son los que  han causado el retraso, por ejemplo, en la investigación del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, delito por el que actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda.
 
Eso afirmó la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio - Yucatán, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. “Ligia Canto -madre de Emma Gabriela- sigue entregando pruebas a la Fiscalía del Estado para que el caso se investigue como feminicidio, pero también es trabajo del Congreso Estatal, deben legislar para considerar las causales que faltan en el Código Penal”.
 
Para Salas Salazar, el problema radica en que “las mujeres no están en la agenda del Congreso yucateco”.
 
El delito de feminicidio del Código penal yucateco “no responde del todo a la problemática que enfrenta el estado”, señaló en entrevista el coordinador de Investigación de  la organización Yucatán Feminicida, Efraín Tzuc Salinas, y añadió que no homologar las causales significa “la violación a los Derechos Humanos de las mujeres, porque se evita la implementación de los acuerdos internacionales y nacionales que los protegen”.
 
Desde 2014 se reformó el Código Penal yucateco y el feminicidio se incorporó a los delitos graves, sin embargo, la modificación también representó un retroceso en términos de armonización legislativa al eliminar las causales mencionadas, denunciaron Salas Salazar y Tzuc Salinas.
 
Por ello, desde el 25 de noviembre de 2016 las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida, han exigido a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello, que se homologue el delito de feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el Federal.
 
Al hacerse, mencionó Salas Salazar, tendría que reformarse el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, y los agentes ministeriales contarían con más elementos para investigar los homicidios de mujeres como feminicidio.
 
Grupos de la sociedad civil de Yucatán también han definido como una simulación la actuación de las autoridades en materia de feminicidio. Ejemplo de ello es su inconformidad por la integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, creado a la par del Protocolo, del que, aseguran, son parte organizaciones sin experiencia en la prevención, atención e investigación de la violencia feminicida.
 
De acuerdo con el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008-2016” en ese periodo se registraron 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos característicos de los casos de feminicidio, sin embargo, solo hubo una sentencia condenatoria por este delito.
 
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