mujeres indígenas

El poder de las mujeres es resistir pero también cosechar, por eso desde hace tres años Francisca Rodríguez se adentró en el mundo de la biodiversidad y comenzó a cultivar hongos para uso comestible y medicinal, un aprendizaje que lleva a otras mujeres.

“Nuestros abuelos tienen un conocimiento muy bueno. Hay plantas que son curativas, se pueden ramear, eso es lo que he visto. Vive mi abuelo de 98 años y dice que ellos no están enfermos porque todo lo que había en monte, en la montaña, era comida”.

Francisca, una mujer adulta, fue parte de las decenas de mujeres que participó en el “Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan” que se realizó en el Carol de Morelia, en Chiapas, del 8 al 10 de marzo pasado.

Ella junto con el Colectivo Chiquinte, del que forma parte, llegó a esta región zapatista a hablar sobre la siembra y la cosecha de los hongos, a compartir lo que ha aprendido porque considera necesario rescatar las tradiciones indígenas, alimentarias y medicinales. 

Cuando le tocó tomar la palabra en medio de una amplia estancia que de día sirvió de sala de conferencias simultáneas y de noche de dormitorio para los cientos de mujeres que se dieron cita en esta localidad, las más interesadas fueron las indígenas.

Son las choles, tseltales, tzotziles, tojolabales, mames y zoques quienes tiene mayor cercanía con las plantas, son quienes han aprovechado los frutos de la naturaleza, por eso Francisca no les contó nada nuevo, sólo les explicó más alternativas para producir hongos.

Las indígenas y mestizas la escucharon con atención. “Ahora todo está contaminado con todos los químicos pero mi experiencia está en los hongos: verlos crecer, sembrarlos y cosecharlos. Cuando estás con mucho estrés, te desestresas”, señaló.

Con un tronco en mano mostró a las mujeres cómo trabajar. Para Francisca hay que hablar de derechos. Ella trabajó en un Centro de Derechos de las Mujeres en Chiapas, hay que saber para exigir pero también considera que otra forma de resistir es cosechar.

“El hongo es comestible pero también es medicinal, hay dos tipos de hongo, es pleutorus (seta) el schiitake (de origen asiático)”, menciona mientras muestra el tronco.

En realidad hay muchos tipos de hongos pero ella solo habla de dos porque son los que se pueden aprovechar en Chiapas, donde ella vive y cosecha. Esta vez si las mujeres tienen dudas pueden preguntar en confianza porque Francisca habla chol y tzeltal.

Es hábil con el chol, la lengua que hablaba su padre; y con el tzeltal, la lengua que hablaba su madre, aún sigue practicando porque cuando era niña no le enseñaron y estuvo a punto de no aprender pero en sus viajes con las indígenas se dio cuenta que es una herramienta valiosa para comunicar.

“El pleutorus se siembre en el caña o en el rastrojo de maíz y lo que hacemos es que se recoge los rastros, se pica, se limpia y se hidrata, se escurre y se siembra, son tres etapas, al mes ya está haciendo el hongo. El schiitake se siembra del tronco”, sigue explicando.

Mientras las demás le preguntan por los tiempos y las cantidades de agua, ella responde en chol. Hay que aprovechar, dice, que el schiitake se puede tomar en pequeñas dosis para el colesterol, los triglicéridos y que si las personas se sienten débiles estos hongos pueden darles vitaminas.

En el Colectivo Chiquinte se producen hongos comestibles pero también se hacen jornadas para recuperar las lenguas originarias, “para recuperar la cultura y los conocimientos ancestrales”, asegura.

Aunque para ella es importante hablar de la violencia, aquella que hizo que en noviembre del año pasado se decretara la Alerta de Violencia de Género en siete municipios de Chiapas, también hay que cuidar el cuerpo, la salud y la diversidad de la que podemos vivir.

18/AGM/LGL

Durante el Primer Encuentro de Mujeres que luchan, realizado por las mujeres zapatistas en El Caracol Morelia, en Chiapas del 8 al 10 de marzo, en la que se dieron cita mujeres de todo el mundo pero también las concejalas que acompañaron a la candidata indígena Marichuy, quien contendió de manera independiente por la Presidencia de la República en México, Cimacnoticias habló con ellas.

Osvelia Quiroz es concejala del pueblo Nahua, de Tepoztlán, Morelos. Ella acompañó a Marichuy en sus giras y habló de cómo las zapatistas son vistas como un ejemplo de que es posible alzar la voz como indígenas y ganar dignidad, en tanto que la concejala Marisela Mejía, de la comunidad otomí que radica en la Ciudad de México, quien también fue parte de la campaña de Marichuy, adelantó que el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) todavía está en el proceso de analizar la candidatura de su vocera, y que pronto se darán a conocer las conclusiones a que llegaron.

- Sonia Gerth (SG): ¿Por qué vino a este encuentro?

- Marisela Mejía (MM): “Cuando conocimos la propuesta (de las zapatistas) la abrazamos y dijimos, pues a echarle y si ellas pueden pues, unirnos a ellas para que seamos más fuertes, para que el gobierno vea que los pueblos nos estamos levantando y que los pueblos originarios aquí estamos para reclamar lo que es nuestro, que nos están arrebatando, porque ellos van con sus promesas, sus trabajos que ellos hacen, piensan que con eso nos engañan, duermen al pueblo.

¡No! Aquí estamos los pueblos más atentos y despiertos para decirle a ese mal gobierno que ya basta ¿no? Y por eso precisamente nosotras nos organizamos, dijimos abrazamos la propuesta de la compañera (Marichuy), más que nada que si es mujer. Pues que es una gran lucha como mujer, para que también los hombres vean que no nada más las mujeres servimos para estar en la casa, criar a los hijos y ser amas de casa. También vean que así como nosotros nos enfrentamos la vida día a día, trabajando, estando el sustento del hogar, somos políticas, y también sabemos y podemos gobernar.

Por eso el Concejo se fundió pareja, hombre y mujer, porque tenemos diferentes modos de pensar. Y no discriminamos a los hombres, pues al contrario. La lucha es pareja. Decimos que así vamos a caminar, y así vamos a avanzar. Abrazar la propuesta e invitar a más compañeros de otros países que se organicen. Que se unan y que digan, estamos con ustedes, con la gente indígena. Porque solamente así se va a dar cuenta este mal gobierno que si nos organizamos no nos pueden destruir.

- SG: Durante el viaje por todo el país ¿sí se han dado cuenta que Marichuy es un ejemplo para las mujeres y que para ellas ha sido muy positiva esta campaña?

Mejía: Sí, demasiado. Yo estuve casi veinte días en la campaña con ella, cuando estuvo en su recorrido. Los lugares en donde nosotros recorríamos, las mujeres nos decían que cómo era posible que nos organizábamos, y cómo era posible que era pura mujer la que abrazaba la propuesta de la compa, y nosotros decíamos que también al igual que ellas había miedo por el feminicidio, la desaparición de la mujer, y entonces también decíamos que al igual salíamos con miedo al recorrido y estábamos con ese miedo. Pero una cosa lo dijo nuestra vocera y lo tengo grabado en la mente: que no tiene miedo. Todos tenemos miedo, pero si no nos organizamos y no alzamos la voz, nadie nos va tomar en cuenta. Y nadie va a ver por nosotras, si no lo hacemos nosotras. Hagámoslo por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros ancianos. Organicémonos como mujer”.

- SG: Y entonces en las comunidades indígenas alrededor esta campaña ha tenido un impacto…

- MM: ¡Éxito¡ ¡Éxito¡ porque donde hemos ido muchas compas: “Pásame tu número, yo te marco”. Y las mujeres están entrando. Le están entrando y están abrazando la propuesta, que es lo importante. Entonces nosotros como Concejo dijimos, ‘dejamos huella’. Sembramos algo, y ese árbol tiene que dar fruto. Y vamos a pasar a cosechar ese fruto. Y es lo que se está esperando.

- SG: Dijo que la lucha ni siquiera ha empezado. Entonces ¿qué se va a ver con todas las demandas que les vienen ahora, que van a armar en conjunto?

- MM: “Pues, es eso, vamos a ir recogiendo la problemática de cada pueblo, meter nuestras demandas junto con nuestra compañera y como siempre lo hemos dicho, ella sola no está, está el Concejo con ella y todo lo vamos a hacer colectivamente, organizarnos pues. Junto con ella vamos a alzar la voz y decir ya basta. Ya basta con los pueblos originarios. Decir que aquí estamos y que la lucha de nosotros no ha terminado como el gobierno lo había propuesto o lo había pensado.

Más que nada nosotros no hemos empezado nuestra lucha porque tenemos que hacer nuevamente recorrido, a fortalecer nuestros pueblos, fortalecer a nuestra gente. Ahora sí que a cosechar nuestra semilla que nosotros fuimos sembrando.

- SG: ¿Y creen que van a tener una voz mucho más fuerte, no importa qué gobierno venga en diciembre?

- MM: Se está logrando. A este gran encuentro nos hemos encontrado y veo que hay logro. Hay mucho logro. Se han acercado compañeros extranjeros a escuchar la propuesta. Cambio hay. Y se está logrando porque ustedes también llevan una gran parte compartir en su país que sí se puede. Ellas pueden ¿por qué nosotras no? Entonces eso es la espinita que cada una llevamos de cómo vamos a debatir el mal gobierno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Organizadas, solamente así vamos a debatir el mal gobierno, todas que vinimos aquí vivimos esa experiencia de decir ‘Sí se puede’, si nos organizamos y platicamos con las compañeras, sí va haber un cambio.

18/SG/LGL

A sus 68 años, Antonia Rodríguez sigue yendo todas las semanas a la sede de la asociación de artesanía que ella misma fundó hace casi 30. Cuando se construyó el edificio de tres plantas, que aún conserva esa apariencia a medio hacer con ladrillo descubierto y tejado de calamina de la mayoría de edificios del Altiplano, alrededor no había más que campo. Ahora el Primero de Mayo, donde se encuentra, es un barrio más en El Alto, la segunda ciudad más grande de Bolivia que crece sin parar desde los años 80 con la llegada de migrantes rurales como ella.

Doña Antonia, como la conocen las vecinas, fundó la asociación Asarbolsem porque quería dar trabajo a las mujeres de su barrio produciendo artesanía para venderla, a través de iniciativas de comercio justo, en diversos países. Quería “cuidar su autoestima y tener la igualdad de derechos de la mujer”. Se hizo tan conocida en el barrio que, en 2010, después de ser nombrada presidenta del Concejo (el órgano legislativo municipal), Evo Morales, el presidente de Bolivia, le llamó para que jurase cargo como Ministra, y se uniese al primer y único Gobierno paritario que ha tenido el país.

“Si la mujer empieza a ganar, el hombre o los hijos comienzan a valorar. Pero si la mujer no gana, siempre está humillada, no tiene voz, no tiene su derecho o su autoestima”. El discurso de doña Antonia está lleno de críticas a las desigualdades que ha sufrido por ser mujer y también por ser indígena quechua. Además, en su contexto, una cultura y una lengua propia suele suponer un motivo de discriminación y un predictor de pobreza.

La exministra habla y le pone cuerpo a las cifras de violencia y exclusión que sufren las mujeres en el país. En Bolivia, un 75 por ciento de las mujeres que conviven con sus parejas reconocen haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su relación y un 20.7 por ciento sufrió violencia física de su pareja en los últimos doce meses, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística publicado en 2017.

Al mismo tiempo, por cada 100 hombres que viven en la pobreza extrema en Bolivia, hay 113 mujeres en la misma situación, de acuerdo con datos de la Cepal de 2014. Este organismo de Naciones Unidas mostró que la reducción general de la pobreza en países como Bolivia, que tiene los indicadores de crecimiento económico más altos de Sudamérica, ha incidido menos en las mujeres.

Doña Antonia habla duramente del machismo que impera en Bolivia “que no deja el desarrollo de la mujer o no le da la oportunidad que se merece”. Su historia, que cuenta desde la sede de la asociación, es la de una mujer que ha liderado a otras para empoderarse económicamente y así también hacerse respetar en sus familias. Cuando puso en marcha la organización de artesanas, hace casi 30 años, su mentalidad chocó de frente con la de los maridos de sus compañeras.

En las primeras reuniones de organización y aprendizaje cuenta que muchas mujeres “venían golpeadas” y sus maridos se las llevaban a casa de forma violenta. “Nos comenzamos a ayudar entre nosotras y si una mujer venía bien pegada al día siguiente nosotras íbamos en grupo a confrontar al marido”. Comenzaron a cuestionar algo que no era habitual cuestionar y, juntas, se enfrentaron a los maridos.

Entonces también invitaban a los hombres a las llamadas reuniones de reflexión. “Hacíamos ante los maridos la lista de trabajo de las mujeres”, cuenta. “La mujer desde que se levanta ¿qué hace? Prepara el desayuno, limpia, atiende a los niños, lava la ropa… ¡un montón de cosas! Llegábamos al día como a 35 o 38 tareas que hacía la mujer. Al ladito poníamos lo del hombre ¿qué hacía él? ¡No llegaba ni a ocho!”.

El marido de Antonia murió hace casi 40 años y ella confiesa que no sabe si podría haber hecho todo lo que hizo si él siguiese con vida. No oculta que él la humillaba: “Siempre mi marido, si la camisa estaba lavada, quería ponerse otra que estaba sucia y ahí me discriminaba”, pone como ejemplo. Tampoco le dejó aprender a conducir. Cuando se casaron ella era joven y se habían mudado a la ciudad de Potosí, donde trabajó limpiando en un hogar. Dice que por aquel entonces no dominaba el español, ya que su lengua materna y la que usaba regularmente en el campo era el quechua.

Él le decía que una mujer no podía conducir, que se tenía que dedicar a las tareas del hogar. Ella le contaba que iba a talleres de costura, pero en realidad se gastaba sus ahorros en aprender a conducir. Doña Antonia no oculta su enojo: “El hombre dice que la mujer no va a poder, y, sin embargo, la mujer puede dos veces más que el hombre”.

Esta mujer quechua nació en una comunidad rural muy pequeña cercana a Potosí donde dice que “era más feliz, más libre”, pero se trasladó primero a la ciudad minera y, unos años después, a El Alto. “Cuando uno emigra a la ciudad se siente como en la cárcel”, recuerda. Crió a sus tres hijos sola, sacó adelante la organización y se fue convirtiendo en una referencia local. 

El Alto era por entonces una ciudad joven que crecía sin ningún tipo de planificación y que acogía a migrantes procedentes de las zonas rurales y mineras de todo el Altiplano boliviano. Por ello, un 81 por ciento de sus 827 mil habitantes se reconocía indígena en el censo de 2012, la inmensa mayoría aimaras, la otra gran nación andina.

Hoy sigue siendo una urbe caótica, mitad mercado callejero y lugar de producción y paso de las mercancías que se mueven entre Perú, Bolivia y Chile. Las construcciones enormes y llamativas de la llamada arquitectura neoandina se mezclan con fachadas de ladrillo sin pintar, zonas sin saneamiento de agua y pequeños vertederos al aire libre. La poca presencia del Estado y sus servicios contrasta con la importancia que adquieren las federaciones de comerciantes y las juntas vecinales, de donde acaban saliendo líderes políticos.

Gran bastión del partido del Gobierno cuya población tiene mucho que ver con el triunfo de Evo Morales, sorprendió hace dos años nombrando alcaldesa a una mujer joven, indígena y de la oposición: Soledad Chapetón.

En ese contexto, el trabajo de doña Antonia no pasó desapercibido. “Tú tienes muchas mujeres alrededor de ti, estás liderando, estás como un emprendedor, manejando a las mujeres ¿por qué no te sumas?”, le dijeron desde la ya extinta Izquierda Unida cuando le añadieron en las listas para las elecciones legislativas en 1997, las mismas listas en las que Evo Morales fue elegido diputado por primera vez. Nunca llegó a tener un escaño en el Parlamento —aunque se quedó a poquísimos votos en las siguientes elecciones—, pero se siente una de las fundadoras del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobierna el país desde hace 12 años.

Ella recuerda el orgullo del barrio cuando fue candidata por primera vez. “Yo no soy del MAS, el MAS es de mí”, bromea. Entonces sólo obtuvieron dos diputados, pero se abrió un espacio en la que personas de origen indígena y popular entraron de manera masiva a la política nacional los años siguientes.

Años después, una noche de enero de 2010 sonó su teléfono. “Mañana a las cinco de la mañana vas a estar porque vas a hacerte cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural”, fueron las palabras con las que el presidente Morales le anunció la noticia. Sólo estuvo un año en un cargo que parecía venirle como anillo al dedo: crear políticas para hacer una economía más justa que involucre a toda la población. La presión y la división de la gente, explica, pudo con ella. No podía darles la razón a unas personas y quitársela a otras o darle lo que pedían algunos grupos y no a otros. A pesar del poco tiempo que estuvo en el puesto, Antonia fue una de las diez ministras que pasarán a la historia por formar parte de uno de los primeros gobiernos paritarios de Latinoamérica.

“Ese año fue el mejor”, afirma alegando que el mundo valoró la decisión del presidente y la labor de las ministras. Y, a pesar de que aún apoya al Gobierno, lamenta que se está equivocando al quitar cada año a más ministras del gabinete. Actualmente sólo hay cuatro mujeres para 20 ministerios. 

En el edificio de Asarbolsem aún quedan recuerdos de ese tiempo: fotografías con “el hermano Evo”, con el exmandatario brasileño Lula Da Silva o con la presidenta chilena Michelle Bachelet, y extractos de noticias de la época.

En un año como ministra a Antonia no le dio tiempo a demasiado, aunque sí comenzó proyectos que ahora ven la luz como la aprobación de la construcción de la primera planta de transformación de lana de alpaca y llama. Pero sus compañeras diputadas, que ocupan más de la mitad de escaños en el Parlamento, han conseguido grandes conquistas como la aprobación de la ley de identidad de género, la de feminicidio o que se considere delito agravado la violación por parte de la pareja, un hecho que resultando obvio pocos países consideran en el ámbito penal.

No obstante, la puesta en práctica de las políticas tiene muchas sombras. Un estudio del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza concluyó que sólo 0.33 por ciento del total de los presupuestos municipales en 2015 se dedicó a la prevención, atención y reparación de la violencia machista; un presupuesto que debería emplearse para, entre otras muchas cosas, crear centros de atención legal para mujeres en situación de violencia en cada ayuntamiento.

En total, poco más de seis millones de euros. Y mientras que se han alcanzado las cotas más altas de representación en el legislativo, con mayoría de mujeres a escala estatal y local, las leyes con enfoque de género no están resolviendo los problemas que deberían y las mujeres como Antonia Rodríguez pierden peso en el poder ejecutivo.

En la sede de la asociación que fundó doña Antonia ya no quedan ni un tercio de las 350 personas que llegaron a trabajar en ella en sus mejores tiempos. Tejen guantes, bufandas, jerséis, gorros y otras prendas de lana de alpaca y oveja y fabrican piezas pequeñas de cerámica. En la actualidad siguen siendo fundamentalmente mujeres, y en su mayoría mayores. Cada grupo de artesanas, compuesto por entre 15 y 20 personas, llega a ingresar algo menos de 22 mil euros al año sólo por mano de obra, una cantidad equivalente a casi 95 salarios mínimos del país.

A pesar de que la asociación no está tan bien situada como las tiendas turísticas del centro de La Paz que venden productos de una dudosa lana de alpaca, por la sede pasan embajadores, personalidades y multitud de grupos de turistas, en gran parte por los contactos y el buen nombre de la exministra. “Es probable que se nos haga de noche”, dice doña Antonia.

Junto a otras siete personas —seis mujeres y un hombre— están preparando un pedido para una asociación de comercio justo italiana, Ad Gentes. Queda el lavado, el planchado, el etiquetado, el tarjetizado y el embalaje de las prendas, y el pedido sale al día siguiente. Desde la entrada de la sala, supervisa que todas las prendas cumplan los estándares de calidad. El mando que no quiso o no pudo retener en la política, lo mantiene en su taller.

* Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

18/IEP/CH/AC/LGL

Ejidatarios de la comunidad Carmen Tonapa del municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas, pretenden imponer una “cuota” de 30 mil pesos a las mujeres que se hayan casado con hombres que no son originarios del lugar.

En una asamblea ejidal realizada el pasado 10 de febrero, el comisariado ejidal, Eleuterio Gómez Aguilar, habló sobre la posibilidad de aplicar esta “multa” para un total de 46 mujeres que viven con sus esposos en la comunidad y que no sean originarios de la misma.

La comunidad Carmen Tonapa se fundó en 1982 con población zoque desplazada por la erupción del volcán Chichonal. Debido a la erupción unas 20 mil personas salieron de sus lugares de origen. Hay comunidades de personas desplazadas en diferentes estados y municipios.

La medida es desigual para mujeres y hombres en esta condición, pues ellas, deberán pagar la “multa” pero los varones no, aunque estén casados con mujeres de otras comunidades. Hay mujeres que llevan entre 13 años y meses de casadas con hombres de otro sitio.

Los ejidatarios que están de acuerdo con que se cobre la multa, advirtieron que en el caso de que las mujeres se nieguen a pagar la “multa” se les quitarán los servicios de agua y energía eléctrica.

De acuerdo al reglamento interno, las personas que lleguen a vivir a Carmen Tonapa –sin ser originarios de ahí- tienen que pagar una cuota de 2 mil pesos, entregar las cooperaciones de las festividades y apoyar los acuerdos de la asamblea ejidal.

En la asamblea las propias mujeres se negaron a pagar la multa por considerarla discriminatoria y por no haber una razón que justifique hacerlo; por lo que se propuso disminuir la cantidad a mil 500 pesos, a lo que ellas se volvieron a oponer.

Debido a que no llegaron a ningún acuerdo, el comisariado ejidal suspendió la asamblea y la pospuso para este sábado sábado 17 de febrero donde se volverá a discutir si se impone la multa y bajo qué condiciones.

DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, esta acción constituye violencia comunitaria la cual es definida en su artículo 16, como “los actos

individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

En su artículo 17 establece que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria y propone un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.

La propia Ley de Chiapas, también reconoce la violencia en la comunidad a la cual define como “los actos individuales o colectivos que transgreden o menoscaban los derechos fundamentales de las mujeres, sobre todo aquellas de origen indígena; propiciando su denigración, discriminación,

marginación o exclusión en cualquier ámbito.

El informe de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Chiapas, elaborado por el Grupo de Trabajo, reconoce que la mayoría de la población en Chiapas vive en una situación de pobreza.

Hasta el año 2012, señala el documento, el porcentaje de pobreza extrema de la población en Chiapas era del 32 por ciento, lo que equivale a 1 millón 629 mil 197 personas que vivían en esta condición y de esta población, las mujeres indígenas representaron 30.43 por ciento.

Más aún, del total de mujeres indígenas del estado de Chiapas, 73.99 por ciento vive en pobreza extrema.

18/SS/LGL

De 2015 a 2017 cada vez más mujeres indígenas de Chiapas y la Península de Yucatán se “han apropiado de sus derechos para defenderlos” gracias al trabajo de defensoras de los Derechos Humanos (DH) de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas (REMIAC), que trabajan por incrementar la presencia de mujeres indígenas en puestos políticos, y de la Red Péepeno’ob, en Yucatán, con el análisis y difusión de las leyes que las defienden.

Esto expusieron en entrevista con Cimacnoticias la defensora de DH Diana del Rocío Rodríguez, de REMIAC, y la coordinadora de la Red Péepeno’ob, Esther Noemí Tuz Canté, al hacer un balance sobre la incidencia de su trabajo en los últimos tres años, mismos en los que estuvieron acompañadas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Fondo Semillas como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea.

MUJERES INDÍGENAS EN PUESTOS POLÍTICOS

Los estereotipos de género que califican a las mujeres de “incapaces” para ocupar cargos públicos son los principales obstáculos enfrentan para ejercer sus derechos políticos, señaló antropóloga social y defensora de DH de REMIAC, Diana Rodríguez. Para hacerles frente, la red trabaja en la formación de chiapanecas indígenas de 25 a 50 años “para que conozcan sus derechos y progresivamente vayan ejerciéndolos en cargos de elección popular”, dijo.

La incidencia de la REMIAC se vio reflejada principalmente en San Miguel Mitontic, el municipio tzotzil de los altos de Chiapas que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de población hablante de lenguas indígenas (99.6 por ciento) de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ahí, contó Diana Rodríguez, las defensoras centraron su labor los últimos tres años y las mujeres que previamente ocuparon cargos importantes en la comunidad son capacitadas para que inviten a más mujeres a participar en la toma comunitaria de decisiones.

Como resultado del trabajo actualmente ya hay mujeres laborando en el Patronato de Obras Públicas de Mitontic, “un área de la presidencia municipal tradicionalmente ocupada por hombres”, informó la defensora de DH y añadió que esto “permite naturalizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos”.

Pese a que en México desde 2014 la paridad es un principio constitucional que obliga a los partidos políticos a postular en sus candidaturas a 50 por ciento de mujeres y hombres, en los pueblos indígenas de Chiapas no se ha visto reflejado pues siguen sin ocupar cargos políticos como las presidencias municipales y sus regidurías y, en caso de tenerlos, son menospreciadas, indicó Diana Rodríguez.

El Fondo Semillas y el ILSB han señalado que el trabajo de estas defensoras es esencial porque tan sólo en las elecciones de 2015 en Chiapas resultaron electas 779 regidoras, pero muchas de ellas renunciaron a sus cargos en el primer año de gestión para ser suplidas por hombres.

La REMIAC también busca la participación activa de más mujeres indígenas en la toma de decisiones pues aunque varias de ellas han liderado los comités de educación, salud y cocina comunitaria –en este último una mujer puede coordinar hasta a 40 mujeres más- es necesario que “dejen atrás el miedo y no sólo asistan a las asambleas municipales, sino que también hablen”, afirmó Diana Rodríguez.

En Chiapas sólo 29 por ciento de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres y tienen 33 por ciento de las diputaciones en el congreso estatal, según muestra el Atlas de Género del Inegi basado en datos actualizados hasta el 2015.

ASUMIRSE SUJETAS DE DERECHO: YUCATÁN

En los últimos tres años en Campeche y Yucatán las mujeres mayas de la Red Péepeno’ob analizaron cuatro instrumentos internacionales y siete leyes nacionales e internacionales que nombran los derechos indígenas y concluyeron que los estatutos legales vigentes en México “fueron hechas sin perspectiva de género, pues aunque existen leyes que hablan de los pueblos indígenas no asumen a la mujeres como sujetas de derechos”, denunció la defensora Esther Noemí Tuz Canté.

El estudio derivó en la Cartilla: “Derechos de las mujeres indígenas mayas”, la cual enumera 21 derechos con los que cuenta esta población con el objetivo de visibilizarlos y compartirlos con las diferentes comunidades de la Península yucateca. Posteriormente buscan que  se difunda a otros estado cercanos como Quintana Roo.

Para ello la Red Péepeno’ob presentará la cartilla en Yucatán el próximo 9 de diciembre. Ahí solicitarán que las instituciones gubernamentales “cumplan su papel” y difundan el documento en las instancias públicas como los centros de salud y las procuradurías de justicia de la entidad. “Esa es la parte que sigue, no solo debemos saber cuáles son nuestros derechos, también debemos saber quiénes nos los garantizan y a dónde dirigirnos para exigir que se ejerzan”, afirmó.

17/MMAE/LGL

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, pidió a los magistrados electorales del país, hacer una introspección y revisar sus condicionamientos a la hora de dictar sentencias, para abonar en la lucha de las mujeres indígenas a que se respeten sus Derechos Humanos y político-electorales.

“Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Por eso, quienes impartimos justicia debemos hacer una introspección y revisar nuestros condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización. Sólo así estaremos en posibilidad de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes, desde su autonomía”, aseveró la magistrada Otálora Malassis.

Al participar en la clausura del Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la magistrada presidenta del TEPJF sostuvo que, ante la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la participación de las mujeres indígenas, los juzgadores habrían de formularse cuando menos cuatro preguntas.

Desde dónde juzgan, desde qué realidades y desde qué concepciones preconstruidas, sobre quiénes son, qué aspiraciones y de qué forma deben comportarse las mujeres indígenas; cómo detectan y se hacen cargo de las asimetrías que implica el dictar una sentencia; de qué forma las y los jueces deben de construirse a fin de lograr una verdadera justicia electoral; y cuáles son los referentes adecuados para juzgar casos que involucran a mujeres indígenas sin estereotiparlas, ni esencializarlas.

“De las respuestas que demos a estas preguntas al momento de pronunciar una sentencia depende que la justicia no sea una justicia impuesta. Impuesta desde lo que somos, por como fuimos formadas; impuesta desde la inercia colonialista que tanto daño ha hecho al pueblo y territorio de las mujeres indígenas”, aseveró Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior insistió en que quienes imparten justicia tienen que aproximarse a las demandas de las mujeres indígenas, dado que tienen la inmensa responsabilidad de materializar y de hacer viable todos sus derechos.

“En nuestras manos está el hacer posible las promesas constitucionales de igualdad, representación y participación, de materializar las aspiraciones de un país que pretende vivir en democracia, y que se reflejen en los mandatos de los tratados internacionales”, subrayó.

Otálora Malassis afirmó que los juzgadores tienen que darse cuenta si su formación limita el entendimiento de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos políticos y que, para ello, deben ser conscientes dónde se encuentran y en dónde deben colocarse cada vez que tengan que analizar y resolver un juicio en el que están involucradas.

“Esto no significa el hecho que, de no ser personas indígenas, nos impida juzgar adecuadamente, en el mismo sentido; tampoco podemos afirmar que el hecho de que sea una mujer la que tenga que juzgar, garantice una relación apegada a un enfoque de género. Afirmar que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, implica esencializarnos y descartar que los hombres cuentan con la capacidad de juzgar con tal perspectiva, lo cual sería un error”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.

17/JG/LGL

Los servicios de salud sexual y reproductiva de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, así como de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán ignoran a las niñas, adolescentes y mujeres indígenas pues no cuentan con traductores, y el personal desconoce los Derechos Humanos de esta población.

Esto reveló la investigación “Lo público es nuestro”, elaborada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y presentada la semana pasada, la cual determinó que en estas 10 entidades es deficiente el acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos para niñas y adolescentes indígenas.

El ILSB encontró que en las unidades de salud de primer nivel de atención de Aguascalientes, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán las niñas y adolescentes indígenas no son tomadas en cuenta pues las instancias carecen de servicios de traducción y tampoco se capacita ni sensibiliza al personal sobre cómo atenderlas.

La falta de “interculturalidad” en los centros médicos representa un problema porque son miles las niñas y mujeres indígenas que acuden por atención durante sus gestaciones, señaló la organización.

Tan sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud (Sinac) de la Secretaría de Salud (Ss) mostró que 9.9 por ciento (mil 111) de los 11 mil 219 nacimientos de niñas de 9 a 14 años en el país y 7.2 por ciento (27 mil 675) de los 384 mil 378 partos de madres entre 15 y 19 años fueron de mujeres originarias de algún pueblo indígena.

El ILSB resaltó que a nivel nacional los embarazos de niñas indígenas se concentraron en las menores de 9 a 14 años, con 9.9 por ciento, lo que, consideró, representa “un alto nivel de vulnerabilidad y posibles situaciones de violencia sexual”.

Sin embargo no se sabe cuántos de los embarazos de indígenas fueron consecuencia de una violación sexual pues no hay un cruce de datos entre el registro de gestaciones reportadas ante las Secretarías de Salud y las cifras del delito de violación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde no hay información sobre la edad de las víctimas ni de su pertenencia a un grupo indígena.

En estados como Aguascalientes y Oaxaca las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual están más expuestas que en otras entidades a presentar embarazos no deseados y afectaciones en su salud por la gestación, pues la investigación reveló que el personal de las unidades de salud desconoce que debe otorgarles anticoncepción de emergencia y servicios de profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual, una obligación estipulada en la NOM-046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

El ILSB obtuvo estas conclusiones a través de diversas solicitudes de información dirigidas a las Secretarías de Salud de las 10 entidades revisadas, entrevistas al personal de las unidades y tras recorrer diversos centros médicos.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La organización también calificó de “alarmante” que en los estados analizados únicamente en Aguascalientes el máximo de condones disponibles por adolescente fue de 3.16. En Quintana Roo fue de 0.07 condones, en Yucatán de 0.23 y en Chiapas de 0.27 preservativos.

Las cifras otorgadas por las Secretarías de Salud de Veracruz y Puebla no permiten identificar cuántos anticonceptivos destinan para cada adolescente. Además en Puebla las mujeres reciben consultas sobre sexualidad basadas en estereotipos pues, según constató el ILSB, en las unidades de salud aún recomiendan la abstinencia sexual como “método anticonceptivo”.

Por otra parte en Yucatán las unidades no cuentan con condones femeninos mientras que en los otros estados si tienen.

En el área de prevención de embarazos la organización denunció que los gobiernos estatales no enfatizan la responsabilidad que tienen los hombres pues para ellos sólo se promueve, mediante folletos, opciones como la vasectomía, mientras los anuncios gubernamentales de radio y televisión siguen dirigidos exclusivamente a las adolescentes. 

Con los resultados obtenidos el ILSB solicitó, por medio de un comunicado, que los gobiernos federales y estatales actúen de inmediato para erradicar los embarazos de niñas y adolescentes pues, dijo, al paso al que va difícilmente cumplirán los objetivos que adquirieron en 2014 con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

Esto porque, destacaron, el número de gestaciones de niñas y adolescentes entre 9 y 19 años de edad va en aumento: En 2014 el Sinac registró más de 364 mil 500 nacimientos en este grupo poblacional, mientras que en 2016 fueron 395 mil 597, es decir, un aumento de 31 mil nacimientos.

17/MMAE

La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) celebró su primer coloquio en la Ciudad de México para visibilizar la participación de las jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas y “fortalecer los diálogos intergeneracionales”.

El coloquio “Mujeres jóvenes indígenas. Identidades, derechos y diálogos” de ANPMI, conformada en septiembre del año pasado por 80 mujeres de distintos pueblos originarios y organizaciones, inició ayer y concluye hoy 4 de septiembre.

En un comunicado la Asamblea informó que como parte de las conclusiones se elaborará un informe sombra el cual será entregado a la relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, durante su visita a México que está programada del 8 al 17 de noviembre próximos.

Los temas a tratar serán los derechos sexuales y reproductivos, el de la tierra y territorio y el derecho a la participación política. “Queremos reconocernos, visibilizarnos y hacer que toda la gente de afuera también nos vea y nos respete”, mencionó la representante de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas, Maricela Zurita Cruz

En el evento participaron 50 mujeres indígenas jóvenes y adultas de todo el país que a través del diálogo buscan transmitir sus conocimientos sobre los procesos organizativos de lucha, de defensa y promoción de sus Derechos, señaló la integrante del Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Larisa Ortiz Quintero, para evitar con ello una “brecha generacional.

Las mujeres se reúnen en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas (9 de agosto), fecha en la que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas recuerdan los retos que aún tienen para garantizar el ejercicio pleno de los Derechos y Humanos de quienes representan poco más de la mitad (51 por ciento) de las 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, de acuerdo al Inegi.

Para el cierre del coloquio la ANPMI, conformada por colectivos y redes como el  Colegiado Interdisciplinario de mujeres indígenas (COIMIN) y Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), expondrá las conclusiones a las que llegó a las y los funcionarios públicos que invitaron para que las escuchen, se establezcan reuniones para discutir los puntos y se les dé seguimiento.

El coloquio representa “una plataforma de diálogo con las autoridades y fortalece la agenda de las mujeres indígenas”, concluyeron las integrantes de la Asamblea.

17/MMAE

El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
17/GR/GG

Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.
 
Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.
 
“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.
 
Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.
 
Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.
 
Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”
 
En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.
 
Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.
 
Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.
 
A pesar de estar a unos 12 mil 900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.
 
PETRÓLEO ENVENENA, DESTRUYE
 
La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.
 
“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.
 
“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.
 
Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
 
Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.
 
Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.
 
“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.
 
Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.
 
En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.
 
“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.
 
Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.
 
En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.
 
Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.
 
“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.
 
El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG