António Guterres

En un momento en que la situación es muy peligrosa para las y los periodistas en numerosos países, el secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, anunció la creación de un canal de comunicación con organizaciones de defensa de la libertad de prensa, destinado a incrementar la seguridad de periodistas en situaciones de emergencia.
 
Es, señala en un comunicado el organismo internacional, una medida concreta a favor de la seguridad de las y los periodistas, que busca también una mejor coordinación de las instancias de la ONU en esta área.
 
Este nuevo canal de comunicación, que será “directo y permanente”, se originó luego de que en febrero pasado Guterres se entrevistó con Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA), organismos que se expresaron en nombre de una coalición internacional que trabaja a favor de la seguridad de  las y los periodistas.
 
Desde que se adoptó el Plan de Acción de las Naciones Unidas, en 2012, han sido asesinados en el mundo 508 periodistas y personas que trabajan con periodistas, según datos de RSF. En la mayoría de los casos la impunidad sigue siendo la norma. En los últimos 10 años sólo se ha hecho justicia en 3 por ciento de los casos de asesinato de periodistas, según estudios del CPJ.
 
PUESTO DE PROTECTOR
 
RSF, CPJ y WAN-IFRA desarrollaron la campaña de sensibilización #ProtectJournalists que promueve la creación del puesto de protector de los periodistas en la ONU y la adopción de una legislación internacional para la seguridad de los periodistas.
 
Esta coalición de organizaciones participa en las discusiones, junto con los representantes del Secretario General, para que este nuevo modo de comunicación permita una movilización eficaz de las más altas instancias de la ONU en caso de emergencia. En las consultas también se aborda cómo llevar a cabo una mejor coordinación entre los fondos, los programas y las instituciones de la ONU, como lo recomienda el Plan de Acción de las Naciones Unidas.
 
MEDIDAS INMEDIATAS
 
Las organizaciones informaron que Guterres les expresó su voluntad de que se tomen medidas inmediatas para mejorar la seguridad de las y los periodista que trabajan en el lugar de los hechos y que sus colaboradores más cercanos trabajan en este sentido.
 
Le dijo también que, en una segunda fase, continuará estudiando su propuesta inicial de crear el puesto de Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas.
 
Esta propuesta es apoyada por una gran coalición internacional  conformada por numerosos medios de comunicación, periodistas, ONG y personalidades públicas”, señaló Christophe Deloire, secretario General de RSF.
 
“Apreciamos mucho su compromiso en esta área y celebramos su decisión. No podremos encontrar soluciones a los mayores problemas a escala mundial, como la cuestión medioambiental o la lucha contra el extremismo, sin el trabajo de los periodistas”, añadió.
 
“En un periodo en que las amenazas contra periodistas alcanzan un nivel sin precedentes en el mundo, agradecemos la decisión del Secretario General, que demuestra su voluntad de defender la importancia de la prensa a escala internacional con la creación de este canal de comunicación permanente destinado a situaciones de emergencia”, afirmó el director del CPJ, Joel Simon.
 
RSF y otros miembros de la coalición #ProtectJournalists definirán un procedimiento para recabar información en caso de emergencia y comunicarla a la Secretaría General de la ONU
 
En las próximas semanas RSF realizará una consulta con las organizaciones de defensa de la prensa que actúan a escala internacional y local, para establecer cuál es el mejor método para dar a conocer este tipo de situaciones al Secretario General lo más rápido posible.

17/RED

Varias sobrevivientes de abusos sexuales a manos de efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz en República Centroafricana siguen sin recibir la atención debida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó un equipo de investigación sueco.
 
Tres años después de que surgieran los primeros casos de abusos sexuales y de explotación por efectivos de la misión de paz en ese país africano, un equipo de documentalistas suecos se contactó con varias sobrevivientes, quienes dijeron que nunca llegaron los fondos prometidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
 
“Lo que exponemos no es que se hayan cometido esas atrocidades, sino que entonces les prometieron un apoyo y simplemente desapareció”, explicó una de las directoras del AIDS-Free World y de la Campaña Código Azul, Paula Donovan, al ser consultada por IPS.
 
La organización primero documentó los casos de abuso sexual cometidos por efectivos de las fuerzas de paz en 2015 y que causaron indignación pública.
 
Niñas de entre ocho y 15 años, residentes de un campamento de refugiados, denunciaron que las obligaron a tener relaciones sexuales a cambio de alimentos y de otros bienes. Hay 14 soldados franceses implicados en los hechos.
 
Tras reunirse con representantes de Unicef en República Centroafricana, quienes dijeron que las niñas estaban atendidas y los casos seguidos, la periodista Karin Mattisson y su equipo hablaron con algunas víctimas que dieron una versión diferente de los hechos.
 
Una de las sobrevivientes, Martha, presentó un embarazo y contrajo el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), cuando tenía 14 años, a raíz del abuso perpetrado por un efectivo de la misión de paz.
 
“Al principio, Unicef dijo que se aseguraría que el soldado fuera detenido, y que se ocuparían de la madre y del bebé para ayudarnos. Pero luego, nada, nadie vino a vernos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo del niño”, relató su amiga.
 
Martha dijo que lo único que recibieron fue un “regalo” monetario de unos 15 dólares, un saco de arroz, leche y azúcar. Mientras, el soldado fue repatriado y no se sabe si se tomaron medidas punitivas.
 
Dos niños, también violados y que declararon en el marco de la investigación inicial de la ONU, también dijeron que no habían recibido ninguna ayuda. “Estamos tratando de salir adelante por nuestra cuenta. Le vamos a buscar agua a la gente, lavamos autos, así hemos vivido desde entonces”, relató uno de ellos.
 
La portavoz de Unicef, Najwa Mekki, dijo a IPS que la agencia ofreció asistencia a los menores de los casos que conocen y que reforzaron su procedimiento de denuncia, de asistencia a las víctimas y la capacitación del personal desde 2015.
 
“Hacemos un seguimiento de los niños identificados en el programa de televisión sueco, ofrecemos asistencia cuando corresponde y seguiremos otorgando el apoyo necesario a cualquier víctima de explotación sexual y de abuso que se presente o del que nos informen”, dijo a IPS.
 
El ex secretario general adjunto y alto representante de la ONU, el embajador Anwarul Chowdhury, quien participa en la Campaña Código Azul, explicó que la burocracia de la ONU perjudica la implementación de medidas al impedir en ese tipo de casos que la información clara y concisa siga la cadena de mando.
 
“Para cuando la información finalmente llega al secretario general, está totalmente diluida”, dijo a IPS. Y sin todas las pruebas, cualquier investigación se vuelve un “estudio falso”, añadió.
 
Y a pesar de las medidas tomadas por el foro mundial en 2015 para hacer frente al escándalo, como la creación un grupo de revisión que calificó de “enorme fracaso institucional” la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual, no se tomaron medidas de sanción.
 
De hecho, en enero, concluyó una investigación francesa sobre esos casos sin imputaciones. Además, los altos funcionarios de la ONU acusados de abuso de autoridad por eliminar información en vez de denunciar los casos, también permanecen impunes, observó Donovan.
 
El “enorme fracaso institucional” no hizo más que continuar, añadió. “La justicia se demora y se les niega”, subrayó, por su parte, Chowdhury.
 
Donovan también señaló el uso problemático de “gente de adentro de la ONU” para hacer frente al problema debido a sus preocupaciones por su propio legado y reputación.
 
“Las personas que forman parte del problema quedaron encargadas de la solución. No quieren presentarse y decir ‘esto es lo que está tan mal y es horrible de la ONU y decidí arreglarlo’ porque ellos estuvieron a cargo de todo”, explicó.
 
A principios de este año, el secretario general António Guterres anunció la creación de un grupo de investigación para analizar la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual.
 
Entre los integrantes del equipo se encuentra la subsecretaria general para las fuerzas de paz Jane Holl Lute y el asesor militar del Departamento de Operaciones de Paz, teniente general Carlos Humberto Loitey.
 
Pero según Chowdhury, ningún grupo de investigación servirá para nada. “Si es con gente de adentro de la ONU, no harán nada para poner lo propio en el abuso”, explicó a IPS.
 
Donovan y Chowdhury pidieron un mecanismo judicial especial para atender los abusos sexuales de efectivos de las fuerzas de paz.
 
Chowdhury, por su parte, subrayó la necesidad de una unidad independiente para realizar investigaciones y denunciar casos, y así contribuir a que se tomen medidas contra los responsables y cuyas acciones suelen gozar de la protección de sus compañeros.
 
“La ONU necesita salvarse de sí misma”, resumió Donovan.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG