Centroamérica

Un total de 3 mil 615 niñas menores de 14 años de edad fueron víctimas de violación sexual en 2015 y 2017 en los países de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, todas ellas fueron obligadas a embarazos forzados ante las restricciones en estos países para interrumpirlos, aún por violación.

Lo anterior fue expuesto por organizaciones civiles especializadas en derechos sexuales y reproductivos de estos países, ante integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las audiencias públicas que se realizan en Bogotá, Colombia.

Las organizaciones destacaron el panorama de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 14 años de edad; señalaron que según el Observatorio de violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en ese país tan sólo en el primer semestre de 2017 se registraron mil 249 víctimas de violencia sexual, de las cuales, 61 por ciento tenía entre 10 a 19 años de edad y 22 por ciento eran menores de 10 años.

De acuerdo con los datos desagregados presentados por las defensoras, la Policía Nacional Civil de El Salvador registró mil 376 niñas víctimas de violación en 2017. En Nicaragua, durante 2015 alrededor de mil 600 niñas presentaron un embarazo producto de una violación; en tanto, el Instituto Nacional de Ciencia Forenses de Guatemala registró en 2017 un total de 409 casos de violación en niñas entre 7 y 12 años de edad y otras 230 contra menores de 6 años.

Las organizaciones de mujeres denunciaron ante la Comisión Interamericana que esta expresión de violencia de sexual contra las niñas “es promovida por la impunidad y la ausencia del Estado atendiendo cada uno de estos casos”, pues dijeron, “los agresores sexuales no son investigados, sancionados, ni juzgados”.

En suma, las niñas en Centroamérica son obligadas a continuar con estos embarazos forzados ya que es una las regiones del mundo con las mayores restricciones para acceder al aborto legal y seguro.

Explicaron que en Honduras, Nicaragua y el Salvador no se puede interrumpir un embarazo bajo ninguna circunstancia, ni en casos de violación o riesgo a salud de las mujeres.

Inclusive, ejemplificaron, en países como Honduras está totalmente prohibida la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia aún para víctimas de violencia sexual, el mismo protocolo de atención en estos casos que tiene el Estado excluye el método, indicaron.

“Ante la ausencia de los Estados de manera pasiva se naturaliza la agresión sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, quienes además de cargar con el peso de la impunidad de su agresor y sufrir psicológicamente, son obligadas a continuar con embarazos no deseados atentando con el derecho de desarrollar un proyecto de vida”.

Frente a la nueva presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, la Comisionada de la CIDH en derechos sexuales y reproductivos, Esmeralda A. Troitiño y la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, las agrupaciones solicitaron la despenalización del aborto en El Salvador, Nicaragua y Honduras, e implementar la legislación existente en Costa Rica y Guatemala.

Además pidieron a la Comisión que solicite a los Estados promover leyes y políticas públicas que permitan garantizar el derecho a la salud de las mujeres, acceso a la educación sexual integral y anticoncepción de emergencia.

Otros temas abordados fueron la estilización forzada en mujeres indígenas, la criminalización de las mujeres que abortan en Centroamérica y la médica salvadoreña, Xiomara Argueta, dio su testimonio sobre las dificultades que tienen los prestadores de salud para atender a las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo por cuestiones de salud.

Las agrupaciones participantes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derechos a Decidir Nicaragua, Centro de Derechos de Mujeres Honduras, Agrupación Ciudadano por la Despenalización del Aborto en El Salvador, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras.

18/HZM/LGL

Estados Unidos (EU) tiene la obligación internacional de garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes, pero decidió ausentarse de los espacios donde organizaciones y sociedad civil discuten el problema, lo que evidencia la falta de compromiso de la administración de Donald Trump por proteger estos derechos, lo que afecta principalmente a las mujeres y niñas.
 
Así lo indican 14 organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en una carta dirigida al secretario del Estado de EU, Rex Tillerson, quienes han insistido y destacado el riesgo que enfrentan mujeres y niñas en su trayecto hacia EU: pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral, incluso asesinadas.
 
En el documento critican la deserción de las autoridades estadounidenses para participar en las audiencias celebradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 21 de marzo de 2017, lo que marca un “peligroso precedente” y contraproducente para abordar las violaciones de los derechos de personas migrantes en toda la región.
 
Las agrupaciones recordaron al Secretario de Estado que no debe eludir a estas responsabilidades, pues han pasado dos décadas consecutivas desde que EU participa en este proceso de la CIDH, hasta ahora.
 
El cierre de las fronteras, como la construcción del muro fronterizo con México, y la regulación de la participación política y económica de EU, tal como sucede con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), son acciones características de regímenes autoritarios, contrarias a naciones democráticas que velan por los derechos universales, cuestiones que se deben tomar con severa precaución, indicaron las organizaciones.
 
Entre los temas discutidos ante el organismo del Sistema Interamericano –donde el lugar reservado para las autoridades estuvo vacío- se destacó la participación de las mujeres y niñas en los procesos migratorios, quienes, dijeron las organizaciones especializadas, son las principales afectadas por las políticas migratorias ejecutadas por Trump.
 
De acuerdo con datos de Imumi, cerca de 20 mil mujeres cruzan cada año la frontera sur de México con intensión de llegar a EU, sin embargo, en su trayecto es peligroso, pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral.
 
De la misma manera, en la audiencia de la que se ausentaron autoridades estadounidenses, se planteó la falta de acceso al derecho de asilo en EU, lo que significa para ellas y sus familias, condenarlas a la muerte o desaparición, ya que se verían obligadas a retornar a los territorios de lo que huyeron por violencia como El Salvador, Honduras y Guatemala.
 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indicó que en 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, a quienes, en su mayoría, se les niega el derecho al asilo a pesar de las razones por las que migraron.
 
Por último, en el documento hicieron un llamado a la administración estadounidense en general para  defender los Derechos Humanos y reafirmar su compromiso internacional ante instituciones como la CIDH.
 
17/HZM/GG