violencia contra defensoras

Aunque cada vez son más frecuentes los casos de violencia en línea contra mujeres, aún faltan registros estadísticos que permitan conocer la magnitud de la violencia, destacaron especialistas en el tema, al presentar el informe “La violencia en línea contra las mujeres en México, presentado el día de ayer.

El documento fue elaborado por organizaciones civiles que trabajan por una red libre de violencia, encabezadas por la organización Luchadoras, para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU, Dubravka Šimonović y presentado en conferencia de prensa.

En él, destaca la falta de estadísticas que permitan conocer la dimensión de esta violencia, no obstante, mencionaron que el único levantamiento que se ha hecho en México hasta ahora fue una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, la cual señala que al menos nueve millones de mexicanas han vivido el ciberacoso.

Ya sea a través de envío de spam o virus, de mensajes con insultos o amenazas, daño por publicación de información vergonzosa, falsa, o íntima, o el envío de videos e imágenes con contenido sexual, las mujeres viven diversas violencias en línea.

“La cifra de afectadas muy seguramente es más alta”, dijo la coordinadora del informe e integrante de Luchadoras, Lourdes Barrera, ya que ante la falta de recursos legales, de atención por parte de autoridades o las empresas de internet, muchas mujeres no denuncian los ataques en su contra.

“Es importante reconocer que es una violencia real, que tiene consecuencias reales en los cuerpos, en las vidas, y en las emociones de las mujeres”, resaltó Barrera. Su organización ha detectado muchos efectos dañinos en las afectadas, por ejemplo, náuseas, dolor de cabeza, angustia, miedo, o hasta depresión. Las afectadas pensarían dos veces antes de publicar algo en Twitter o Facebook, agregó.

El informe menciona que la violencia en línea puede violar los derechos a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión, y de acceso a la justicia. Las más vulnerables son las mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años de edad.

En el caso de imágenes intimas difundidas sin consentimiento, por ejemplo, muchas veces en lugar de apoyar a las mujeres y sancionar a la persona que difundió estas imágenes, se critica y se revictimiza a las mujeres. Por eso, una de las recomendaciones de Barrera es que las comunidades en red cambien su postura.

Los ataques contra defensoras de Derechos Humanos y periodistas son otra preocupación. La organización Artículo 19 ha observado varias tendencias preocupantes en los últimos dos años, entre ellas, el odio viral. Cuando una mujer vive una agresión en la vía pública y la denuncia en las redes, se genera una oleada masiva de odio contra ella.

Emblemático fue el caso de la periodista Andrea Noel. Después de vivir una agresión sexual en la Ciudad de México y publicar los hechos, vivió una oleada de ataques en redes sociales que incluyeron amenazas de muerte. “Existe el peligro que la violencia se pase al lado físico”, señaló el encargado de Derechos digitales, de la organización Artículo 19, Vladimir Cortés, quien participó en la conferencia.

El informe agregó en este caso que en una ocasión, estando en su casa (Andrea) sintió la luz de un láser en su frente, y en otra, un usuario de Twitter le envió una fotografía con su ubicación.

Quienes elaboraron el documento consideraron que una respuesta punitiva no puede ser la principal solución a esta problemática, ya que México tiene altos niveles de impunidad, y que la acción efectiva por parte de las autoridades encargadas de investigar y sancionar violencia contra las mujeres es “prácticamente nula”.

Otra tendencia preocupante es que ahora existen campañas organizadas de ataque, por ejemplo, de ciertos grupos, o también de los llamados bots, desde cuentas falsas automatizadas. En la mayoría de los casos, las víctimas de estas campañas fueron defensoras de tierra y territorio, o defensoras de la libertad de expresión.

Ellas también sufrieron espionaje por parte del Estado. Que se utilice este tipo de tecnología, que inicialmente tendría que ser dirigida para el combate al terrorismo, al crimen organizado, y termina convirtiéndose en una forma de atacar directamente a mujeres periodistas o activistas sería sumamente preocupante, concluyó Vladimir Cortés.

Cabe señalar que entre otros, fue espiado el hijo de la periodista Carmen Aristegui, y que una de las formas de violencia de género son las amenazas a familiares. También fueron víctimas dos abogadas defensoras de los Derechos Humanos de mujeres, Stephanie Brewer que en ese entonces trabajaba el caso Atenco, y Karla Micheel Salas que representaba a mujeres en el “caso Narvarte”.

Para este año electoral, las organizaciones advirtieron que hay que poner especial atención a la violencia política contra las mujeres. “El país quiere tener mayor representad de las mujeres, por eso se cambiaron las leyes”, indicó Erika Smith, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones.

Para ella, el primer paso sería visibilizar la violencia política en línea contra las mujeres. Expresó que espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) encuentre una manera de documentar estos ataques. “Si están hablando de la apariencia física de una persona, de su sexualidad, si están violando su derecho a la privacidad e intimidad, este tipo de cosa se puede monitorear, en cooperación con los partidos políticos”, indicó.

En su opinión, las plataformas como Twitter y Facebook, entienden la importancia de sus espacios para el debate político, pero no han hecho suficiente para contrarrestar la violencia. “No se puede suponer que si yo me lanzo a ser candidata, tengo que tragar todo lo que me pasa. Debe de ser documentado, visibilizado y cuestionado”, apeló Smith.

El informe puede ser consultado en línea en la dirección www.internetesnuestra.mx

18/SG/LGL

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenaron cualquier amenaza o agresión a activistas en nuestro país.
 
Después de la primera visita oficial que hizo el Relator Especial a México, del 16 al 24 de enero, ambas instancias emitieron un boletín para reconocer ampliamente la importante y legítima labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.  
 
Rechazaron cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.
 
Sin embargo, a menos de un mes de la visita, ayer en la Ciudad de México, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, sufrió el  allanamiento de sus oficinas en la colonia San Pedro de los Pinos, lo que calificó como un “acto intimidatorio e inaceptable”.
 
El también ex Ombudsman de la Ciudad de México, denunció la agresión ante la Procuraduría capitalina (PGJ) y publicó un video en redes sociales en donde explica que quienes allanaron no se robaron nada, hecho que se dio horas antes de que la PGJ informó que la Secretaría de la Función Pública investiga a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por presuntamente alterar pruebas en el caso Ayotzinapa, que fue atraído por la CIDH, cuando Álvarez Icaza era secretario.  
ACTIVISMO, PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN 
 
La Relatoría y el Mecanismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, recordaron en su comunicado que la Constitución Política federal reconoce el derecho a defender DH y la responsabilidad del Estado de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
 
Ante ello hicieron un llamado para que las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, rechacen categóricamente cualquier acto de criminalización, estigmatización o intimidación de las personas defensoras y que atiendan a grupos en situación de riesgo específico.
 
Entre estas personas están las que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes y personas de la comunidad LGBTI, así como las personas defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, la tierra y el medio ambiente y los familiares que buscan verdad y justicia para las víctimas.
 
Sobre el trabajo del Mecanismo de Protección, señalaron que debe contar con recursos financieros y se debe fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección como alertas tempranas y planes de contingencia.
 
También llamaron a las autoridades de procuración y de administración de justicia a garantizar que los crímenes contra personas defensoras y periodistas sean debidamente investigados y sancionados.
 
17/AGM/GGQ

Tras conocer el informe preliminar del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, 43 organizaciones y 3 redes de organismos civiles llamaron al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones y exigieron un alto a las agresiones hacia este grupo de la población.
 
En un comunicado, las agrupaciones recordaron que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a defender Derechos Humanos y condenaron el asesinato del defensor de los bosques del pueblo rarámuri en Chihuahua, Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman y quien el 15 de enero fue asesinado cuando comenzaba la visita oficial del relator. 
 
Durante la gira de trabajo del experto, del 16 al 24 de enero, integrantes de Centros de Derechos Humanos y del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas; el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, expresaron las dificultades que enfrentan para desarrollar su labor.

Al concluir esta revisión del relator de Naciones Unidas, las agrupaciones dijeron que entre las recomendaciones a destacar está la de investigar y castigar las violaciones a los Derechos Humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras; en particular porque policías de todos los niveles, militares y marinos son parte de los agresores.
 
También coincidieron con el experto en la necesidad de garantizar medidas de reparación y no repetición, fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción e impunidad en las agresiones que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado.
 
Las organizaciones señalaron que una de las observaciones es retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar así violaciones hacia civiles; reconocer la labor de defensa de los Derechos Humanos y la libertad de opinión y expresión; y cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia.
 
El informe preliminar del relator, que forma parte de un documento más amplio que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018, exhorta a reforzar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que opera la Secretaría de Gobernación (Segob) y adoptar medidas de protección diferenciadas para indígenas, mujeres, personas desplazadas y la comunidad LGBTTTI.
 
También hace referencia a mejorar el trabajo de los organismos públicos de Derechos Humanos e incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; por lo que a decir de las organizaciones, es necesario que en el cumplimiento de estas recomendaciones haya amplia participación de la sociedad civil.
 
Exigieron al Estado mexicano volver a invitar al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 
 
17/AGM/LGL
 

La defensora de la etnia Yaqui, María Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad el pasado martes 13 de diciembre por un grupo armado, informó en entrevista con Cimacnoticias.
 
A Carlón Flores la liberaron tras la presión mediática local, pero al varón se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construyen en la comunidad de Loma de Bácum y en territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora. Hasta el momento desconocen el paradero del hombre.
 
La afectada sospecha que la Policía Estatal Investigadora del gobierno de Sonora estaría detrás del plagio. Carlón Flores ha participado de manera directa en las acciones legales en contra de la construcción del gasoducto de la transnacional IEnova Sempra Energy.
 
LOS HECHOS
 
La defensora indígena narró que atentado contra su libertad sucedió en la carretera federal en el tramo de Bácum, con dirección al sur de Sonora, cuando ella y su pareja sentimental se dirigían rumbo a su hogar, también ubicado en la Loma de Bácum.
 
Eran las 19:00 horas cuando se percataron que una camioneta blanca los seguía desde que habían dejado la Guardia Tradicional de Bácum, en donde tuvieron una reunión. Las autoridades tradicionales de ese pueblo Yaqui alertaron que esa misma camioneta los había vigilado también a ellos.
 
En el tramo carretero los interceptó la camioneta junto con otros dos vehículos. Un grupo armado los bajó de su automóvil, les quitó sus celulares y los obligó a subir en el asiento trasero de uno de los vehículos - identificó que uno era un Sedán-, cubiertos con un “tapasol” para evitar que conductores que pasaban pudieran ver hacia el interior.
 
Carlón Flores dijo que antes de ser obligada a subir al Sedán, alcanzó a ver una patrulla de la Policía Estatal Investigadora (PEI) cerca y pensó que ellos podrían ayudarlos, pero no sucedió.
 
La activista sintió que dieron vueltas porque que el coche giró de regreso al norte, rumbo a Bácum, luego se regresaron y cree que tomaron una vía que se dirige hacia Ciudad Obregón.
 
En el camino, el conductor les dijo: “déjense de chingaderas”. Después se detuvieron y los obligaron a bajarse a un lado del canal que se ubica en el poblado de Providencia.
 
El testimonio de María Anabela Carlón Flores narra que le ordenaron que se hincara y le taparon la cabeza con su propio saco; luego se marcharon llevándose al hombre, a Isabel Lugo Molina con ellos.
 
En consulta con la abogada que da seguimiento al amparo 312/2016 interpuesto en contra de la construcción del gasoducto en el Juzgado Séptimo de Distrito (nombre que Cimacnoticias aún conservará bajo anonimato), dijo que este suceso se relaciona con las acciones legales que la activista ha promovido, pero otros abogados se encargarán de interponer la denuncia ante un Juzgado Penal.
 
Mientras estuvo incomunicada, defensoras de la Red Feminista Sonorense y periodistas que laboran en el sur de la entidad, activaron su búsqueda. La desaparición de la activista de la etnia Yaqui se publicó en las páginas de Facebook de la Marcha de las Putas Sonora y el medio Nainari Digital.
 
Carlón Flores acudió junto con las integrantes de la agrupación de mujeres Yaquis Jamut Boo’o, a interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP).
 
También pondrá una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Gobernación (Segob), en específico para el subsecretario de la Segob, René Juárez Cisneros, por amenazar a la comunidad de Loma de Bácum ante la construcción del gasoducto. También incluirán a las empresas encargadas de la obra.
 
¿Qué derechos se violentaron con estas acciones (amenazas y secuestro)?, preguntó Cimacnoticias en la entrevista a Carlón Flores, quien respondió que “el derecho a la vida y a la libertad”.
 
La activista consideró que estas medidas de presión, tanto de los funcionarios públicos del gobierno estatal y federal en apoyo a la transnacional IEnova Sempra Energy, son para amedrentar a la comunidad Yaqui y hacerlos desistir del amparo.
 
“Creo que a ninguna empresa y creo que tampoco a los servidores públicos les interesa el respeto a las leyes mexicanas. Lo que les interesa aquí es hacer negocio, no importan los derechos de los mexicanos y mexicanas, menos de los pueblos indígenas”, concluyó la defensora.
 
María Anabela Carlón Flores es licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Indígenas, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Sonora y cuenta con amplia experiencia como defensora de los pueblos indígenas y de las mujeres en ese estado.
 
16/GVV/AMS

Con pequeñas luces en mano, danza con velos y música, las mujeres reunidas en Bahía, Brasil, rindieron tributo a las defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas o que simplemente perdieron la vida por una enfermedad o problemas de salud.
 
Para recordar la herencia combativa de sus antecesoras, la tarde- noche de este jueves las asistentes al XIII Foro convocado por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), que se realiza del 8 al 11 de septiembre en esta localidad, se congregaron para recordar a las defensoras.
 
El tributo fue para las defensoras afrodescendientes, las activistas indígenas, las que trabajan para erradicar la violencia de género y todas aquellas que apuestan por la igualdad; por cada una de ellas las mujeres encendieron una luz para recordar que sus esfuerzos no fueron invisibles.
   
Yolanda, Nadia, Ana Alice, Paola, Jacky, Vivian, Rebbeca, entre muchos otros, fueron los nombres que las mujeres escribieron en un lienzo donde dejaron constancia de que cada una de ellas murió haciendo de su vida una constante lucha por la igualdad y los derechos para todas y todos.
 
En un breve discurso leído en varios idiomas las asistentes señalaron que aquellas defensoras que fueron asesinadas, son crímenes que no se investigaron, donde se negó la justicia y se envió un mensaje a las otras activistas de lo que puede pasar si siguen en sus movimientos.
 
No obstante dijeron, “el legado de sus vidas y sus luchas continúa en nuestra memoria colectiva y contribuirán a la fuerza y resiliencia de las mujeres activistas y defensoras en las generaciones por venir. Reconocemos la importancia de mantenernos a nosotras y a cada una seguras”.
 
Así lo mencionaron porque saben que sus identidades de género y sus ideas desafían las normas sociales, políticas y de género; pese a esto se mostraron dispuestas a no perder la esperanza y como reflejo de ello, organizaron este homenaje a modo de celebración.
 
Mientras una artista danzaba para mostrar la viveza de los movimientos del cuerpo, en el fondo de la pantalla ubicada en el escenario principal del auditorio, se proyectaba un video con música; a la par las asistentes decidieron levantarse y tomar el lienzo que permanecerá como un memorial con imágenes y frases, que celebren y honren la vida y la lucha de las defensoras.
 
Así lo decidieron porque los crímenes contra ellas se cometen igual en México, en Honduras, en Nicaragua que en Marruecos, Irán o Kenya. 
 
Entre 2012 y 2014 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de agresiones contra activistas,  registró un total de mil 688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; de las cuales 414 corresponden a 2012, 512 a 2013
y 762 a 2014.
 
De acuerdo con el informe, hubo un incremento respecto a 2012, de casi el doble en el número de agresiones registradas (45.7 por ciento). Este aumento también se percibe en algunos de los países contemplados en el registro, como Guatemala, México y El Salvador
 
16/AGM/LGL