Alerta de Género

A dos años y medio de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Morelos, el gobierno del estado no sólo no ha erradicado esta violencia sino que sumó cinco municipios más a la lista de los más violentos para las mujeres y el estado se mantiene con altos niveles, en 2017 cerró con 202 casos de feminicidio.

Esto sucedió como consecuencia de que el gobierno morelense no ha cumplido ninguna recomendación a nivel estatal para implementar la AVG y a que son sólo dos municipios los que están cumpliendo algunas de las recomendaciones, determinó un análisis de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM).

La CIDHM A.C. presentó hoy en conferencia de prensa en la Ciudad de México, su informe de balance de la AVG en Morelos. Ésta se declaró el 10 de agosto de 2015 sólo para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapara, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

No obstante, en 2017 el gobierno de Morelos sumó cinco municipios más a la lista: Axochiapan, Atlahuacan, Jojutla, Miacatlán, y Huitzilac.

De acuerdo con la coordinadora de Investigación del CIDHM, Paloma Estrada Muñoz, esto es porque “no se están haciendo acciones en todo el estado, lo que se ve reflejado en otros municipios”. Destacó que si bien la (la AVG) estaba focalizada, se harían políticas públicas para todo el estado, pero ahora observan un incremento en el feminicidio y manifestó su preocupación de que estos focos rojos “se extiendan a otros municipios.”

NO HAY LUGAR QUE SE SALVE

De acuerdo con la CIDHM, 32 de los 33 municipios de Morelos han presentado al menos un caso de feminicidio del año 2000 a la fecha. Durante 2017, los municipios con mayor número de feminicidio fueron: Cuernavaca con 19 casos; Temixco con 8; Tlaltizapan con 5, Atlatlahuacan, Axochiapan, Jojutla y Miacatlán con 4 cada uno; Cuautla, Huitzilac, Jiutepec y Yautepec con 3, cada uno.

Sólo en tres municipios en los que se decretó la AVG se registró una disminución en la violencia feminicida, entre ellos Puente de Ixtla y Xochitepec, que -según Estrada-  fueron los únicos municipios en los que se cumplió de una a dos recomendaciones de las 8 que les impuso la AVG, y el resto está en proceso.

Las medidas cumplidas fueron la implementación de campañas de difusión, la recuperación de espacios públicos y sanciones para servidores públicos.

Por el contrario, el municipio de Temixco no sólo aumentó de 6 a 8 los casos de feminicidio, sino que no reporta ningún cumplimiento en las recomendaciones de la AVG y tiene sólo 3 medidas en proceso.

La investigadora señaló que en el caso de Emiliano Zapata, las autoridades responsables del cumplimiento de la Alerta le informaron vía telefónica que no hay avances por problemas organizacionales y porque no existe una coordinación con el gobierno del estado.

Estrada observó que esta situación se extiende a otros municipios y al gobierno del estado, a lo que se suma el proceso electoral que se avecina en la entidad y que ya hizo que algunos servidores públicos encargados de la AVG abandonaran su puesto sin avisar a las organizaciones quién dará continuidad.

Otros factores, señaló la investigadora, son la ausencia de comunicación y coordinación interinstitucional, la falta de transparencia, e incluso la ignorancia de algunas personas responsables de esta política.

Por otro lado, dijo, el gobierno del estado y sus instituciones a nivel estatal no han cumplido tampoco con las recomendaciones que le tocan, como establecer una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo, crear un programa estatal con perspectiva de género para la atención de personas generadoras de violencia, revisar la legislación estatal sobre los derechos de las mujeres, entre otras. 

VIOLENCIA FEMINICIDA EN AUMENTO

Con base en investigación de campo, recopilación de informes, documentación de cifras oficiales e investigación hemerográfica, la CIDHM corroboró que a dos años y medio de esta declaratoria “la violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles”.

Tan sólo en 2017 ellas registraron 74 casos de feminicidio, mientras que en el 2015 –cuando se decretó la AVG- contaban 57. El 2016, muestra el informe, fue el año más cruento con 97 casos, pero la Fiscalía de la entidad sólo reconoció 33 durante ese año.

A esto hay que agregar que cuando se solicitó la AVG, las organizaciones de la sociedad civil identificaron que la Fiscalía había emitido sólo dos sentencias por feminicidio. Actualmente no se puede saber si estas cifras han cambiado, ya que la dependencia no les ha proporcionado la información que solicitan. 

En total, durante estos dos años y medios que el gobierno de Morelos ha contado con una AVG se registraron 202 casos de feminicidio, por lo que la CIDHM pidió al gobierno del estado que realice ya las mesas de trabajo con los municipios para saber por qué no están informado sobre el avance y por qué no han cumplido.

Asimismo, pidió llevar a cabo mesa de trabajo con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y con autoridades del Tribunal de Justicia de la entidad para saber el estado de las investigaciones en cada caso.

La CIDHM también exigió que se haga un plan gubernamental para que las siguientes administraciones dan seguimiento y continuidad a las acciones realizadas; se publiquen cifras estatales sobre feminicidio; repare el daño a las víctimas; garantice el acceso pleno a la justicia; se investiguen todos los casos de muertes violentas de mujeres de acuerdo al Protocolo de Feminicidio, entre otras.

18/AJSE/LGL

La activista Lucero Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas contra la Violencia A.C. y promotora de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán fue vinculada ayer a un proceso penal por “delito contra el honor”.

Un juez de oralidad en Morelia, Ariel Montoya Romero, ordenó que se abriera el proceso por la acusación presentada ante la Procuraduría General de la Justicia del Estado por un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, cuyo nombre no es público ante los medios de comunicación.

El hombre la acusó porque la defensora de Derechos Humanos lo señaló como presunto acosador sexual.

El caso se remonta a la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que Humanas Contra la Violencia presentó ante la Secretaría de Gobernación en 2014. Con esta petición se creó un grupo de trabajo para sustentar si había o no elementos para emitir la declaratoria. El profesor fue incluido en este grupo. Estos son los nombres de los integrantes del grupo.

En entrevista con Cimacnoticias Circe López narró que vía correo electrónico le llegaron dos denuncias de acoso sexual donde se acusaba como presunto responsable al profesor. En un caso, una universitaria afirmó que lo denunció ante la universidad por acoso sexual pero la casa de estudios nunca informó cuál fue la resolución. En otro correo, de una mujer que pidió el anonimato, se delató un segundo caso de presunto acoso sexual.

López consideró natural llevar el asunto ante el grupo de trabajo y demandar que el profesor fuera sustituido. La defensora presentó una carta firmada por organizaciones y feministas; sin embargo, sólo ella es acusada de la presunta difamación. Es aquí donde la Procuraduría y el juez vieron indicios para un delito contra el honor, que contrario a otros estados, todavía forma parte del derecho penal en Michoacán.

La Fiscalía sigue los argumentos del profesor, que la activista debió  acompañar a presentar la denuncia con la presunta víctima ante las instancias correspondientes y no exponerlo públicamente durante la referida reunión.

La defensa de la activista argumenta que López Riofrío no tenía intención de dañar su honor, sino de informar que se pretendía incluir en el grupo de trabajo a una persona que en ese momento tenía denuncias de acoso sexual sin saber si había sido encontrada inocente o culpable. No obstante estas denuncias no se habían llevado ante instancias penales, “y ahora, las afectadas van a tener mucho más miedo de hacerlo, viendo lo que me está pasando a mí”, dijo López.

En su opinión, el hecho de que el juez abriera este proceso es un mensaje a las defensoras de Derechos Humanos que pueden ser criminalizadas. “Cualquier mujer que sea defensora y venga a Michoacán puede incurrir en el ‘delito’ de ataque al honor. Esto es un retroceso para la libertad de expresión.”

Por otra parte, preocuparía la manera en que se utiliza esta ley, cuando justo la omisión de una lectura a favor de las mujeres era una de las razones por las que se pidió la Alerta de Género.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) pidió ante el juez que se reforzaran las medidas cautelares hacia ella, para proteger al profesor en su calidad de víctima.

López tiene que presentarse en audiencia para presentar su defensa a inicios de Abril.

18/SG

Ni la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, ni la tipificación del feminicidio a nivel federal y mucho menos los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han logrado crear una barrera para para prevenir los asesinatos violentos de mujeres.

Por el contrario, a pesar de los avances normativos el estudio “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, indica que en los últimos seis años se registraron 15 mil 535 homicidios y 29 mil 707 personas desaparecidas, aunque los datos varias dependiendo de la fuente.

En este contexto las organizaciones de la sociedad civil han buscado la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), una de las herramientas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2017, para implementar medidas de urgencia en una zona determinada para proteger la vida de las mexicanas.

Actualmente los estados en la mira son Puebla, donde ocurrió el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda, joven asesinada después de abordar un taxi privado de la empresa Cabify el pasado 8 de septiembre; y la Ciudad de México donde el pasado 3 de mayo fue encontrada sin vida Lesvy Berlín Osorio.

Con el empuje de agrupaciones y familiares de víctimas en 2017 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), declaró siete estados en Alerta: Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz, esta última ya contaba con una Alerta por los índices de violencia feminicida. 

En 2017 la Segob también negó cuatro Alertas que causaron la indignación de la sociedad civil: primero en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron los altos números de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas; y después en Tabasco y el municipio sonorense de Cajeme. 

Tras estas resoluciones las agrupaciones y sociedad civil se organizaron y manifestaron en calles, palacios municipales y en oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la Alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. Por su parte, en Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.

Otro precedente que marcó el año fue la declaratoria de la primer Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos sexuales y reproductivos al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigarlas con tratamientos psicológicos.

Esta decisión no sólo colocó al estado como el primero en acumular dos Alertas (agravio comparado y feminicidio), también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.

Con esta declaratoria se espera que en 2018 el Gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob, una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual Veracruz podría ser la segunda entidad del país (además de la Ciudad de México) en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.

PANORAMA 2018 

En el año que inicia la Conavim tendrá que asegurar que se implementen de forma de correcta y transparente las 13 Alertas de Género hasta ahora emitidas y resolverá ocho solicitudes que están pendientes en Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán, Jalisco,  Ciudad de México, Coahuila y Durango.

Cabe mencionar que para esta tarea y para la creación de otros programas y política pública enfocada en prevenir la violencia contra las mujeres, la dependencia de Segob contará con un presupuesto de 256 millones de pesos.

Una vez que las agrupaciones de la sociedad civil presentan una solicitud de AVG, la Conavim lanza una convocatoria para integrar Grupos de Trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben implementar. Una vez que se cumple con estas observaciones la dependencia de la Segob decide si procede o no la declaratoria de emergencia.

El próximo año los estados de Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco deberán informar si cumplieron con las recomendaciones que en 2017 les hicieron los expertos en violencia de género; mientras que en la Ciudad de México, Coahuila y Durango los grupos de especialistas entregarán los informes con las políticas públicas a implementar.

Hasta el cierre de 2017 los gobiernos de cinco estados: Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco cuentan con un periodo para implementar las políticas públicas de urgencia recomendadas por la  en materia de seguridad, prevención, justicia y para visibilizar la violencia cometida contra la población femenina.

Asimismo, para 2018 se resolverá la solicitud de Alerta para la Ciudad de México. Hace dos meses trascendió que el informe del Grupo de Trabajo se daría a conocer en las primeras semanas de diciembre y aunque concluyó el trabajo de revisión de los expertos, la Conavim no lo publicó y dejó a la sociedad civil a la expectativa.

En este caso la petición de Alerta de Genero en la capital ha generado opiniones encontradas entre las autoridades y las cuatro organizaciones civiles que la solicitaron, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas, el El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la  Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Las agrupaciones a favor de la implementación señalan que la AVG es necesaria ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio pero el Gobierno capitalino se niega a tener esta declaratoria aludiendo a que “no se necesita” porque ya existe política pública para atender la situación y porque considera que el número de asesinatos no es alarmante.

Por otra parte Coahuila y Durango también esperan tener un resolutivo en 2018 ya que en ambos casos los Grupos de Trabajo entregarán su informe. Una vez que estos documentos se publiquen las autoridades de las entidades tendrán seis meses para acatar las recomendaciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.

De declararse el mecanismo de emergencia en las ocho entidades, se sumarían a las 12 que ya cuentan con una Alerta: 11 municipios del Estado de México; ocho municipios de Morelos; 14 de Michoacán; siete de Chiapas; 11 de Veracruz (que cuenta con dos Alertas: una por Agravio Comparado y otra por violencia feminicida); cinco de Sinaloa, Nuevo León y Colima, respectivamente; seis de San Luis Potosí; ocho de Guerrero; tres de Quintana Roo; y siete de Nayarit.

18/HZM

Es contundente que el municipio de Cajeme concentra más de la mitad de incidencia de violencia feminicida en la entidad.
 
El territorio para el que la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitó la Alerta de género, ha presentado un recrudecimiento del feminicidio, tal como lo ha hecho la violencia social generalizada.
 
Las armas de alto poder son herramientas de trabajo cotidianas, y medio con el que mayormente se asesina a las personas, incluidas las mujeres.
 
Los hombres mueren en enfrentamientos armados, las mujeres son blanco de las armas de esos mismos hombres que se enfrentan entre sí.
 
La diferencia es abismal, pues a ellas las buscan para acribillarlas dentro de sus casas o a las puertas de éstas, en sus trabajos, en sus carros, incluso si están acompañadas de sus hijas, las asesinan a todas las que alcanzan y hieren al resto, o las queman y tiran a la basura.
 
Este lunes 17 de julio era una fecha importante en el proceso de definición rumbo a la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme  y tal vez otros puntos del Estado de Sonora.
 
Se trataba del día en que el Grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para Cejeme, sesionaría para presentar su dictamen sobre el informe del gobierno del Estado, entregado en marzo de 2017.
 
Cuarto meses después, el grupo de trabajo integrado por académicas y académicos, así como por representantes de las comisiones de derechos humanos y los institutos de las mujeres estatal y nacional, no pudo exponer su opinión, pues Conavim suspendió la reunión hasta nuevo aviso.
 
Y es que las instituciones a las que pertenecen las y los miembros del grupo se encuentran de vacaciones.
 
Aunque no es la razón aducida públicamente, -no se ha dado explicación- si el dictamen está listo, no se ve motivo razonable para posponer lo que es urgente desde hace dos años: Definir, con base en el dictamen si se declara o no la AVGM en Cajeme y otros municipios de Sonora.
 
La prontitud con la que la fiscalía resolvió el triple feminicidio ocurrido el pasado 5 de julio en una de las principales avenidas de Ciudad Obregón, habla de una preocupación por responder a la ciudadanía que cada vez está más desolada por el estado de indefensión en el que se siente.
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos que culminaron en la detención de dos autores materiales, se anuncia que serán vinculados a proceso por homicidio agravado.
 
El asesinato de una joven de 23 años y dos niñas, ambas de tres años de edad, y la tentativa de asesinato de otra joven que la acompañaba en el auto, así como un bebé de meses, cuentan como homicidio, más no como feminicidios consumados y en grado de tentativa.
 
¡Murieron tres mujeres! Otra más sufrió atentado y sobrevivió, pero no se consideran feminicidios.
 
Y eso abona a la impunidad. No porque nos se investigue el caso, sino porque no se le confiere la gravedad que tiene.
 
El delito de feminicidio garantiza un mínimo de sanción de 30 años de cárcel a partir de la cual se puede llegar hasta la pena máxima de 60 años.
 
Pero no tiene convalidaciones que puedan rebajar el mínimo de la pena más adelante, como sí las tiene el homicidio.
 
El triple feminicidio con lujo de superioridad en armamento, por el estado de indefensión al no estar alertas, por ser unas niñas y una joven desarmada, pasan a ser supuestos del contexto desechados para la vinculación al proceso.
 
La importancia que institucionalmente se le dio a ese caso, no converge con la laxitud que se toma la urgencia de declarar la alerta de género para poder prevenir los feminicidios.
 
Una vez más se carga la responsabilidad hacia la fiscalía para que investigue y resuelva los casos cuando ya tenemos los cuerpos sin vida.
 
Pero nadie trabaja para que todo lo que pasó antes no suceda y así evitar que sigan cayendo más mujeres por razones de género y por otras causas.
 
Además, se busca aparentar que el detonante para la reacción inmediata es que en el carro que fue blanco del ataque iban tres niñas y un bebé, y a Sonora “le importan mucho sus niñas y niños”.

Sin embargo, un día después se encontró a otra menor de edad golpeada, torturada, quemada y aventada en un basurero.
 
Nayelly Guadalupe y las demás, no ha sido motivo de tanta movilización, como si su vida valiera menos que la de la joven y las niñas mencionadas.
 
La solicitud de Alerta de Género camina en línea paralela a los acontecimientos. Toda la población se da cuenta de la gravedad de la violencia feminicida y de su incremento. En tanto, el gobierno del Estado se concentra en cumplir el check list que le sugirió en doce recomendaciones el Grupo de trabajo, entregado por la Conavim.
 
Bien por las instituciones, porque eso dará sustento  al trabajo en el futuro. Sin embargo, a pesar de las vacaciones, necesitamos que paren los asesinatos. Reconózcanlo, hay una crisis feminicida en Cajeme, y hay que atenderla. Evitar es la única forma de prevenir.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SN

Familiares de víctimas de feminicidio exigen Alerta de Género en Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Familiares de víctimas de feminicidio en Chiapas, exigieron a las autoridades decretar la Alerta de Violencia de Género en el estado, luego de que el registro asciende a 48 casos en lo que va de este año.
 
Durante la “Marcha de las Catrinas” realizada como parte de la conmemoración del 2 de noviembre, donde habitantes de la capital chiapaneca marcharon por las calles para recordar a las víctimas de feminicidio, el Colectivo de Mujeres (Colem), dijo que el protocolo de Alerta de Violencia de Género es necesario debido a la deficiencia en la procuración para la prevención de los delitos de género. (Con información de Chiapas Paralelo)

Preocupación por asesinatos de defensoras de Derechos Humanos
Nueva York, EU.- El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por el contexto de criminalidad, violencia e impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos contra defensoras de Derechos Humanos de Honduras, lo que refleja, dijeron, la alarmante situación.
 
Informaron que la investigación sobre el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016, continúa abierto y se vinculó al sospechoso con los proyectos a los que la activista se oponía. (Con información de ONU Noticias)

Cineteca abre Muestra Internacional de Cine de Mujeres
Ciudad de México.- Del 3 al 6 de noviembre se realizará la XII Muestra Internacional de Cine de Mujeres 2016 “En el cine y la TV”, en la Cineteca Nacional.
 
La muestra contará con la proyección de cortos y largometrajes de cineastas mexicanas, con funciones a las 16:00 y 19:00 horas, así como talleres sobre realización y producción cinematográfica, impartidos por destacadas documentalistas.
 
Para consultar las actividades ir a: http://www.mujerescineytv.org/comunicados-de-prensa/xii-muestra-internacional-de-cine-de-mujeres-2016/

“Mujer, hombre de letras, o la imposibilidad de un cuerpo”: conversatorio en el PUEG
Ciudad de México.- La Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invitaron a la conferencia y conversatorio “Mujer, hombre de letras, o la imposibilidad de un cuerpo”.
 
Será impartida por la doctora en letras y literatura de la Universidad del Norte de Carolina, Claudia Cabello Hutt. La cita es el jueves 10 de noviembre a las 13:00 horas en la Torre II de Humanidades, piso 7, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

16/HZM/LGL

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM) informó que este día entregó al Subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, un informe de seguimiento y cumplimiento de acciones, a un año de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 8 municipios de la entidad.
 
En un comunicado, la organización que defiende y promueve los Derechos Humanos de las mujeres en el estado, aseveró que la institución emisora de la AVG (la Secretaría de Gobernación) debe vigilar de manera eficaz el cumplimiento de todas y cada una de las medidas emitidas para atender, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.
 
Criticaron que a un año de la declaratoria de la AVG sus objetivos no se hayan cumplido y que las demandas sigan siendo las mismas: el derecho a justicia pronta, expedida e imparcial; garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos gratuitos para la recuperación de las víctimas, la aceptación del Estado mexicano de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso por repararlo, entre otras.
 
Agregaron que el objetivo del informe que se entregó hoy es analizar las medidas emitidas por la alerta, las medidas de verificación y cumplimiento, el informe de gobierno de Morelos, así como brindar recomendaciones que pongan un alto a los casos de feminicidio ocurridos en el estado, que ya suman 86 desde que se decretó la Alerta.
 
La CIDHM exigió a los tres niveles de gobierno asumir plenamente su responsabilidad jurídica y social, para garantizar los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
 
En agosto de 2015 la Segob decretó la AVG para ocho municipios (de 33) de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
 
La CIDHM quien ha dado seguimiento puntual al proceso de la AVG, ha reiterado en varias ocasiones que los casos de feminicidio no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y tampoco hay justicia mientras que el gobierno federal no da seguimiento y tampoco vigila el cumplimiento de las medidas contra el feminicidio.
 
Entre las acciones que el gobierno de Morelos debería realizar destaca la creación de un Banco de Datos por parte del Instituto de la Mujer del estado, pero la CIDHM denunció a principios de este año, que las autoridades locales no lo han podido concretar debido a que no se le han asignado recursos.
 
16/HZM/LGL

Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
 
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres crecen y crecen. Y son tan graves, que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
 
En un pincelazo hecho por varias organizaciones el pasado 24 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” -que se realizó del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-
las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
 
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66 por ciento del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas del funcionariado que busca cuidar las espaldas a su gobernador.
 
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
 
En Chiapas, por ejemplo,  12 por ciento de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa, durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres sino de la saña con la cual se les asesina; por ejemplo, en Guerrero, donde las mujeres están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
 
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres; situación que se ha visto agravada en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para el 2018.
 
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016; de acuerdo con investigaciones hechas por la doctora Lourdes Enriquez, en 8 años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco -que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no- pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
 
De estas 600 mujeres en reclusión, 60 por ciento fueron juzgadas por aborto y de ellas, 40 por ciento bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo cual implica una aberración jurídica, explicó Enriquez.
 
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la ausencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el ejecutivo federal para los próximos 2 años.
 
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que mandata nuestra Constitución.
 
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
 
16/LLH/LGL

A un año de haber sido declarada  la Alerta de Violencia de Género en Morelos, suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios de esa entidad y las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, según el informe “sombra” de la Comisión Independiente  de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
 
En conferencia de prensa efectuada en la Ciudad de México, integrantes de diversas asociaciones civiles, presentaron el informe “sombra” del primer año de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que elaboró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), en el cual indican que pese a la AVG los asesinatos de mujeres continúan.
 
La AVG fue declarada en Morelos el 10 de agosto del 2015, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
 
La coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz, dijo que desde el 10 de agosto del 2015 al 31 de julio del 2016, registraron un total de 86 casos de feminicidio, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.
 
Paloma Estrada Muñoz indicó que los casos documentados durante el primer año después de haberse declarado la AVG en Morelos, han sucedido en 22 municipios de los 33 que conforman el estado de Morelos, lo que indica que la violencia feminicida se presenta no sólo en los municipios en los que se declaró el mecanismo.
 

Paloma Estrada Muñoz, coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos | CIMACFoto: Gema Villela Valenzuela

La activista explicó que el informe -de 90 páginas- detalla por autoridad y acción, lo que se ha cumplido y lo que no durante este primer año y agregó que lo que sí detectaron es que no es el mecanismo el que está fallando (la AVG) sino que existe un desconocimiento de la Alerta y falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.
 
La CIDHM destaca en su informe que la Fiscalía General del estado de Morelos, se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que explicó, muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.
 
Las activistas criticaron que a las sesiones de trabajo sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y la Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.
 
Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.
 

 
De acuerdo con las organizaciones, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidio.
 
16/GVV/LGL

Organizaciones civiles solicitantes de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 18 entidades de la República Mexicana, pedirán una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigir que la violencia feminicida sea atendida como un problema de seguridad nacional.
 
Durante la “Primera reunión de los organismos solicitantes de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Consejo Social del Instituto Nacional de la Mujeres” (Inmujeres) efectuada en Guadalajara, Jalisco, el pasado viernes 5 de agosto, las representantes de la sociedad civil expusieron los obstáculos que han experimentado en el proceso de solicitud de activación del mecanismo de atención urgente a la violencia de género.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la vocal y consejera de la Junta de Gobierno del Inmujeres, Magaly Reyes Chávez, explicó que esta fue la primera vez que se reunieron organizaciones civiles y el Inmujeres, para hablar del proceso para solicitar y activar la AVG en diferentes estados del país.
 
Magaly Reyes Chávez, destacó que la mayoría de las activistas coincidieron en que han sido excluidas después del proceso de solicitud y documentación para realizar los informes con recomendaciones para los estados; y de que existe una simulación de las autoridades a la hora de subsanar las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
Sólo Guanajuato cumplió con las 13 recomendaciones emitidas en su informe, pero eso, advirtieron, no resuelve el problema de feminicidio.
 
Por ello solicitarán una reunión de trabajo de carácter urgente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de la situación de cada una de las entidades solicitantes y que este problema ya sea atendido como un “problema de seguridad nacional”.
 
Otro de los acuerdos que concluyeron en la reunión fue agendar una reunión nacional para revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Protocolo de activación de la AVG, toda vez que señalaron, los 6 meses de espera para que se emita el dictamen con las recomendaciones es demasiado tiempo, ya que la AVG es un mecanismo de protección para las mujeres que tiene que ser activado de manera urgente.
 
Durante la reunión las organizaciones emitieron un pronunciamiento dirigido a Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las entidades federativas y municipales, para pedirles que tanto las organizaciones promoventes del mecanismo, como las que trabajan los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, sean incluidas en todo el proceso de seguimiento de solicitud de AVG.
 
También solicitaron la asignación de presupuestos etiquetados para los procesos de declaratoria de alerta, la eliminación de toda norma que agravie los DH de las mujeres y las niñas en el marco jurídico federal y de las entidades federativas, así como la armonización legislativa en DH con perspectiva de interculturalidad y género, de los marcos estatales.
 
Las organizaciones que acudieron a la reunión son las promoventes de las AVG de Colima, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Michoacán,
Querétaro, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Estado de México, Puebla, también las representantes de las Comisiones Estatales Derechos Humanos de San Luis Potosí y Colima.
 
16/GVV/LGL