Michoacán
Acceso a la justicia para las mujeres
Denunció a supuesto acosador sexual y ahora la acusan a ella
Defensora enfrenta proceso por “delito contra el honor”

La activista Lucero Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas contra la Violencia A.C. y promotora de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán fue vinculada ayer a un proceso penal por “delito contra el honor”.
Un juez de oralidad en Morelia, Ariel Montoya Romero, ordenó que se abriera el proceso por la acusación presentada ante la Procuraduría General de la Justicia del Estado por un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, cuyo nombre no es público ante los medios de comunicación.
El hombre la acusó porque la defensora de Derechos Humanos lo señaló como presunto acosador sexual.
El caso se remonta a la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que Humanas Contra la Violencia presentó ante la Secretaría de Gobernación en 2014. Con esta petición se creó un grupo de trabajo para sustentar si había o no elementos para emitir la declaratoria. El profesor fue incluido en este grupo. Estos son los nombres de los integrantes del grupo.
En entrevista con Cimacnoticias Circe López narró que vía correo electrónico le llegaron dos denuncias de acoso sexual donde se acusaba como presunto responsable al profesor. En un caso, una universitaria afirmó que lo denunció ante la universidad por acoso sexual pero la casa de estudios nunca informó cuál fue la resolución. En otro correo, de una mujer que pidió el anonimato, se delató un segundo caso de presunto acoso sexual.
López consideró natural llevar el asunto ante el grupo de trabajo y demandar que el profesor fuera sustituido. La defensora presentó una carta firmada por organizaciones y feministas; sin embargo, sólo ella es acusada de la presunta difamación. Es aquí donde la Procuraduría y el juez vieron indicios para un delito contra el honor, que contrario a otros estados, todavía forma parte del derecho penal en Michoacán.
La Fiscalía sigue los argumentos del profesor, que la activista debió acompañar a presentar la denuncia con la presunta víctima ante las instancias correspondientes y no exponerlo públicamente durante la referida reunión.
La defensa de la activista argumenta que López Riofrío no tenía intención de dañar su honor, sino de informar que se pretendía incluir en el grupo de trabajo a una persona que en ese momento tenía denuncias de acoso sexual sin saber si había sido encontrada inocente o culpable. No obstante estas denuncias no se habían llevado ante instancias penales, “y ahora, las afectadas van a tener mucho más miedo de hacerlo, viendo lo que me está pasando a mí”, dijo López.
En su opinión, el hecho de que el juez abriera este proceso es un mensaje a las defensoras de Derechos Humanos que pueden ser criminalizadas. “Cualquier mujer que sea defensora y venga a Michoacán puede incurrir en el ‘delito’ de ataque al honor. Esto es un retroceso para la libertad de expresión.”
Por otra parte, preocuparía la manera en que se utiliza esta ley, cuando justo la omisión de una lectura a favor de las mujeres era una de las razones por las que se pidió la Alerta de Género.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) pidió ante el juez que se reforzaran las medidas cautelares hacia ella, para proteger al profesor en su calidad de víctima.
López tiene que presentarse en audiencia para presentar su defensa a inicios de Abril.
18/SG
VIOLENCIA
24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio con Alerta
Sin justicia, víctimas de feminicidio en entidades con AVG

El “Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, realizado por la asociación civil Articulación Ciudadana (Aced) para analizar el impacto de la AVG en el acceso a la justicia para las víctimas, reportó que no hay mejoras y continúa la impunidad.
La Aced presentó este diciembre dicho Observatorio en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG): Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas.
Aunque hasta ahora hay 12 declaratorias en todo el país, este proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se enfocó en el impacto que ha tenido el mecanismo en estas seis entidades por estar activo desde hace un año o más.
Con las obligaciones que se desprenden de la AVG en algunos estados se han creado unidades especiales para investigar este delito y mesas de trabajo para revisar los casos de asesinatos de mujeres que permanecen en la impunidad, sin que se observen mejoras en el acceso a la justicia pronta y expedita para las víctimas, indica el reporte.
De acuerdo con datos proporcionados por las Fiscalías de Justicia sobre casos de feminicidio y el acceso a la justicia, se observa que en el Estado de México, la primera entidad en la que se decretó la AVG en 2015 para 11 municipios, de los 217 casos de feminicidio que registró la Fiscalía General de Justicia local de 2013 a 2016, 76 por ciento sigue sin sentencia, es decir, sólo 52 víctimas de feminicidio accedieron a la justicia.
En la investigación llama la atención que en estos cuatro años, la incidencia de casos de feminicidio ha aumentado en el Edomex. En 2013 la Fiscalía estatal registró 40 víctimas, para 2016 los asesinatos violentos de mujeres incrementaron a 69, en este año se obtuvo la menor cantidad de sentencias, únicamente nueve del total de casos.
Lo mismo ocurre en Morelos. En 2016 sólo seis por ciento de los 31 casos de feminicidio culminaron en una sentencia, es decir, dos. En años anteriores la tendencia fue similar; de las 64 víctimas reportadas de 2013 a 2015, sólo hubo 21 sentencias.
En el mismo periodo la Fiscalía de Justicia de Michoacán reportó a la organización 29 casos de feminicidio, de los cuales, únicamente tres obtuvieron una sentencia.
En Chiapas tan sólo 16 por ciento de las 142 mujeres asesinadas por razón de género accedieron a la justicia (23 sentencias). Respecto a Nuevo León, la Fiscalía únicamente informó a la organización de una sentencia por este delito desde 2013 a 2016, de un total 5 casos. Este estado tiene el conteo de 217 asesinatos de mujeres de 2014 a 2016 calificados como homicidios.
Estas entidades tienen ya más de un año con la AVG. Morelos fue la segunda en la que se decretó (agosto de 2015), después siguió Michoacán en junio de 2016; en Chiapas y Nuevo León se emitió el mismo día, 18 de noviembre de 2016.
Sin embargo, en todos se refleja la falta de acceso a la justicia para las mujeres asesinadas y un incremento considerable de los casos. La investigación indica que entre los motivos de solicitud de la Alerta para estos estados se hacía referencia a la falta de justicia y simulación de las autoridades por investigar el feminicidio.
“Al no haber sanciones ejemplares para los feminicidas se envía un mensaje de impunidad y de permisibilidad frente a estos actos contra las mujeres”, señala el documento de Aced.
OTRAS VIOLENCIAS
El reporte de Aced contiene también otras modalidades de violencia de género en estos seis estados con AVG: desapariciones de mujeres, trata y violencia sexual.
Los números de estos tipos de violencia se incrementan año con año, por ello, subraya la organización han incrementado también las declaratorias de Alerta: en 2015 se decretaron dos, en 2016 cuatro, en lo que va de 2017 se han emitido seis más.
De acuerdo con el análisis que hace la asociación 24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio declarado en Alerta Violencia de Género.
Los otros estados con Alerta son Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit.
17/HZM/LGL
VIOLENCIA
No quiere “numeralia”, sino medidas y resultados
Pide Senado a Segob informe detallado sobre AVG en el país

