educación

Las adolescentes de 15 años de edad tienen mejores resultados que sus compañeros varones al resolver problemas en conjunto, y es una tendencia que se puede hacer en todo el mundo, afirma un reciente informe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el estudio participaron cerca de 125 mil jóvenes de 15 años de 52 países, entre ellos, México. El propósito del estudio fue evaluar la capacidad de las y los estudiantes para trabajar en conjunto pues hasta ahora, todos los exámenes PISA que realiza la OCDE sólo han evaluado el rendimiento individual.

“En un mundo que aprecia cada vez más las competencias sociales, los sistemas educativos tendrán que trabajar mucho mejor en fomentar estas competencias de manera sistemática en todo el plan de estudios”, explicó Ángel Gurría, secretario General de la OCDE.

El estudio dio tareas a resolver a grupos de estudiantes y midió los resultados pero además evaluó cómo vieron el trabajo colaborativo, por ejemplo, si estaban interesadas en las opiniones de otros y si les gustaba ver a otras personas ser exitosas. El resultado fue que las jóvenes mostraron interés por las otras personas y por su éxito pero los varones vieron el trabajo en conjunto como una ayuda para si mimos y para trabajar de manera más efectiva.

El informe de la OCDE indica que esto puede ser un tema de intervención para las escuelas: podrían fomentar las amistades entre niñas, niños y jóvenes y la apreciación del trabajo de las demás personas. “Para trabajar en conjunto los niños tienen que aprender a escuchar a otras personas y tomar su punto de vista en cuenta. Sólo de esta manera se pueden aprovechar todas las habilidades que cada miembro del equipo ofrece,” describió el director educativo de la OCDE, Andreas Schleicher.

En promedio, en los países participantes las niñas tienen 1.6 veces más probabilidades que los niños de alcanzar los mejores resultados en la resolución colaborativa de problemas. Esto representa un marcado contraste con los resultados de la prueba de resolución individual de problemas de 2012, la cual detectó que el rendimiento de los niños era mejor que el de las niñas.

En general, los países que han sacado los mejores resultados en las pruebas individuales de PISA ahora también destacaron en el estudio sobre trabajo colaborativo. Se trata de Japón, Corea y Singapur en Asia; Estonia y Finlandia en Europa; y Canadá en América del Norte. En México y Chile, participantes de América Latina, se dieron resultados por debajo del promedio.

En México, el 53.4 por ciento de las y los estudiantes son capaces de resolver en colaboración sólo problemas sencillos, si acaso. En cambio, en Japón, sólo el 10.1 por ciento obtiene bajos resultados en la resolución colaborativa de problemas.

Quienes realizaron las pruebas también estudiaron el entorno de las y los estudiantes y encontraron que las escuelas que fomentan la libre interacción entre estudiantes, la generación de debates y prácticas para fomentar la argumentación del estudiantado obtienen mejores resultados.

También destaca que estudiantes que desarrollan una actividad social o deportiva después de la escuela y que hablan con sus madres y padres sobre su desempeño en clases son mejores en esta prueba, por lo que las y los analistas instaron a instituciones de los gobiernos a fomentar estas actividades en el currículo escolar.

18/SG

El pasado 22 de julio se presentó a nivel nacional el Atlas de Género, iniciativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El sitio interactivo recopila datos de distintas encuestas y censos del Inegi, que muestran las brechas de género en temas como educación y trabajo.
 
De toda la información que reúne el Atlas, LADO B presenta ocho puntos que reflejan la situación de las mujeres en Puebla, estado que está entre los primeros lugares de violencia y desigualdad.
 
Violencia física y sexual
 
Puebla es el primer lugar nacional en cuanto a violencia y física y sexual dentro de la pareja. Los datos del Inegi revelan que 9.92 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante, casadas y/o unidas con sus parejas, han sufrido estos tipos de violencia.
 
Violencia total contra las mujeres
 
Respecto de la prevalencia de la violencia total contra mujeres de 15 años o más, son 62.83 por ciento de las poblanas quienes han sido violentadas. Aunque la entidad está en el lugar 12, el porcentaje rebasa la media nacional, que es de 62.77 por ciento.
 
Ingreso y salario
 
La brecha de ingresos entre mujeres y  hombres por hora trabajada es la menor del país, de apenas 0.11 pesos de diferencia. Sin embargo, el estado ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a ingreso más bajo por hora trabajada para mujeres: 25.92 pesos por hora.
 
La situación para los hombres en esta categoría es igual de precaria, siendo la entidad el segundo lugar nacional con menor ingreso, de 25.81 pesos por cada hora trabajada.
 
Participación económica
 
Sólo 43.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más participan activamente en la vida económica de la entidad.
 
Puebla está en el lugar 23 de todo el país en cuanto a participación económica de las mujeres, y es el séptimo estado con la brecha más amplia respecto a ocupación laboral.
 
Puestos públicos
 
En cuanto a diputaciones, presidencias municipales y regidurías, las mujeres ocupan menos puestos públicos que los hombres.
 
Apenas 36.4 por ciento del total de curules es ocupada por mujeres, mientras que sólo 28.6 por ciento de los puestos de regidores de ayuntamientos los ocupan mujeres. Y del total de presidencias municipales, sólo 6.5 por ciento son presididas por mujeres.
 
Pobreza
 
Las poblanas están en tercer lugar nacional en condición de pobreza multidimensional: 65.44 por ciento de las habitantes de la entidad viven con un conjunto de carencias tanto sociales como económicas.
 
Escolaridad
 
El estado es el quinto con una mayor brecha de escolaridad entre hombres y mujeres. El promedio de años de asistencia a la escuela de las mujeres es de 8.28, apenas hasta segundo de secundaria.
 
Trabajo del hogar no remunerado
 
89.77 por ciento de las poblanas de 12 años o más realizan trabajo del hogar no remunerado, lo que pone al estado en el lugar 14 de trabajadoras del hogar sin sueldo.
 
Puebla es el noveno estado con una mayor brecha en porcentaje de hombres y mujeres que realizan trabajo del hogar no remunerado, con una diferencia de 35.6 por ciento. El promedio nacional de la brecha en este rubro es de 31.68 por ciento.

* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

17/AAM

Si usted vio las fotografías de los diarios en que la policía mete perros que detectan “sustancias ilegales” en las mochilas de niñas y niños de las escuelas del país, entenderá la evidente e inaceptable violación a la ley por los derechos de niñas, niños y jóvenes y la inmensa farsa a la que ahora nos enfrenta el Secretario de educación Aurelio Nuño, a quien le dio por hacer de policía en lugar de dedicarse a lo suyo: mejorar la educación, asegurar mejores pagas para el profesorado, mejorar la infraestructura escolar, fortalecer las redes de bibliotecas escolares, crear escuelas públicas para niños y niñas invidentes, sordas, con autismo, y preparar a las redes de escuelas en todos los estados para recibir estudiantado mixto que sepa convivir y educarse con la diversidad de estudiantes, como aquellos con síndrome de Down y otras discapacidades. Chicos y chicas capaces de aprender ciencia, de convertirse en grandes profesionales si al Estado le importara en verdad mirar y educar a toda su población infantil con respeto y sin lástima o exclusión. Se habrá dado cuenta usted, como la mayoría de nosotras, que el petulante secretario Nuño no ha hecho un solo esfuerzo notorio por implicarse, ya, en que todas las escuelas públicas tengan los servicios adecuados para la movilidad de estudiantes con sillas de ruedas. Inauguran una, se toman la foto y a lo que sigue.
 
¿Por qué deberíamos de rebelarnos masivamente en contra del operativo Mochila Segura? muy sencillo: porque criminaliza a nuestros hijos, hijas, sobrinas y nietos les expone a un estrés inmerecido, en el que (ellos y ellas me lo han dicho), se sienten culpables de algo que nunca han hecho; vigilados por el Estado como si fueran delincuentes. Porque si usted tiene prole de entre 9 y 16 años y les escucha, sabe muy bien que entienden lo que la injusticia significa. Tal vez no todas nuestras hijas e hijos puedan verbalizar la impotencia de sentirse vistos como delincuentes dentro de la escuela, mientras saben que allá afuera, en la esquina, hay un dealer protegido por la policía del barrio; o que el director de la escuela sabe que hay un chico hijo de padres vinculados con la delincuencia organizada que probablemente tenga acceso a un arma letal; pero las personas adultas tampoco dicen nada, porque tienen miedo y el miedo hace irresponsables a las y los adultos y pone en riesgo a sus estudiantes.
 
Que no se equivoquen las autoridades y que los periodistas no celebren la estulticia de la flagrante violación a las nuevas leyes y al sistema de protección y prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes; es decir que los colegas y editores se informen antes de celebrar un operativo que a todas luces es la teatralización de la prevención de la violencia en las escuelas. Es a la PGR, SEIDO y a la Policía Federal a quienes les corresponde asegurarse de que las redes de delincuencia organizada y policía corrupta que vende drogas y armas en las calles sean vigilados y procesados como debe ser. Los perros entrenados, la policía especializada en detectar armas, explosivos y drogas, debería estar en aquellas zonas donde grupos de adultos se encargan de fortalecer el abasto. Es afuera y no adentro de las escuelas donde le toca a la policía actuar.
 
El estrés postraumático al que ya están expuestos niños, niñas y jóvenes debido a la violencia social, criminal y política, a la persecución estudiantil, a la criminalización de la diversidad sexual e ideológica, es más que suficiente para causar estragos que van desde actitudes de rebeldía iracunda precoz, hasta desatar episodios de violencia que desenmascaran algún padecimiento psiquiátrico en niños y niñas sin acceso a servicios adecuados de salud mental, esos que deberían tratarles con dignidad y no con desprecio criminalizante y exclusión escolar ¿Queremos escuelas seguras? Que cada quién haga su trabajo, pero que saquen a la policía de las escuelas, que persigan a los culpables y no a las víctimas. Ya niñas y niños mexicanos soportan suficiente miedo y angustia diariamente, exponerles a esto es ilegal, inmoral e inaceptable; Mochila Segura es una farsa desatinada que vulnera su libertad, protección y ciudadanía a que tienen derecho constitucional. Lo que niñas y niños precisan es intervenciones colectivas para procesar sus miedos, explicaciones claras sobre la guerra y las balaceras, no tratarles como potenciales asesinos.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
17/LCR

En Sonora viven 767 mil 802 niñas y niños de 0 a 14 años de edad que representan 29 por ciento de la población total del estado. Las niñas conforman menos de 50 por ciento (375 mil 953), mientras los niños son más de la mitad (391 mil 849 niños).
 
Es el estado en el que han muerto más niños juntos en un evento funesto, producto de un conjunto de complicidades y negligencias en el cual perdieron la vida 24 niñas y 25 niños menores de 4 años.
 
Me refiero por supuesto al incendio en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, que a 7 años de ocurrido no cumple las expectativas de justicia de madres y padres afectados.
 
Es también la entidad donde la venta de niños ocurre, disfrazada de adopción, sin que exista una cifra precisa otorgada por la institución que debe salvaguardar la integridad y dignidad de niñas y niños, el DIF estatal.
 
Por ese hecho, hay una persona procesada, el ex director de la línea Protege, quien contaba con la información privilegiada sobre los casos de madres en situación de vulnerabilidad a quienes aparentemente convencían para que otorgaran a su hija o hijo en adopción, mismos que después ofrecían a matrimonios locales y foráneos por alguna cantidad de dinero, que repartían entre funcionarios implicados.
 
El lente también puso a Sonora en la mira nacional por los embarazos producto de violación en niñas y adolescentes y la forma deficiente en que son tratados al no cumplir con la normatividad vigente, lo cual quedó al descubierto con el caso Citlali, ampliamente difundido en medios.
 
La Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes estatal, vigente desde diciembre de 2015, si bien retoma los estándares internacionales para el reconocimiento de esta población como sujetos de derechos, adolece de la perspectiva que ofrezca mecanismos para proteger el derecho a una vida libre de violencia para las niñas.
 
Tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),como la Plataforma de Acción de Beijing, hacen recomendaciones específicas para la protección de los derechos de las niñas, mismos que no se ven reflejados en la Ley local.
 
Y vaya que es necesaria la perspectiva de género, pues si vamos a los datos es evidente que quienes son las principales víctimas de violación son las niñas y adolescentes que tienen que continuar con embarazos forzados producto de estas agresiones. La maternidad forzada ya es reconocida por organismos internacionales como tortura.
 
En el tema de la educación, el Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG), sostiene que existe una brecha de género. Sin embargo la Ley en mención no contempla en su apartado de educación la garantía de disminuir  esta brecha.
 
Pareciera que niñas, niños y adolescentes llevan en sus espaldas las mismas problemáticas, cuando sabemos que si bien la niñez en general está olvidada y el ejercicio de sus derechos está descuidado, también es cierto que la discriminación es mayor hacia las niñas.
 
El SEIG es claro cuando muestra el indicador de brecha de género en estudiantes inscritos en educación básica por nivel educativo en Sonora en el ciclo 2013-2014, en el que las niñas se sitúan por debajo del porcentaje de niños.
 
En preescolar los niños estudiaban en una proporción de 50.6 por ciento, mientras que las niñas en 49.4 por ciento.
 
En primaria 51.2 por ciento de niños se encontraban inscritos contra un 48.8 por ciento de niñas. En Secundaria el panorama también muestra diferencias pues de estudiantes inscritos había 50.3 por ciento de hombres y 49.7 por ciento de mujeres. 
 
En el caso de las habilidades básicas adquiridas con la alfabetización, sí vemos que las niñas se encuentran en un nivel más alto, ya que para 2010 sabían leer y escribir 89.1 por ciento de niñas de 6 a 14 años, en tanto los niños de la misma edad constituían 87.7 por ciento.
 
En el tema de salud y particularmente los nacimientos registrados por edad de la madre, el sistema de indicadores muestra que hay un promedio de 200 partos en mujeres menores de 15 años de edad entre 2007 y 2012.
 
En el indicador de egresos hospitalarios por causa, apreciamos que por embarazo, parto y puerperio se produjeron 280 en el rango de edad de 0 a 14 años, en 2013.
 
En relación al feminicidio infantil observamos que en Sonora las niñas mueren a golpes generalmente por sus padrastros, en promedio se registran 4 casos al año. En edad escolar entre 6 y 12 años, cuando cursan la primaria, son víctimas de agresiones sexuales y después asesinadas.
 
La Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Sonora debe ser modelo en el ámbito nacional. A las niñas les debe justicia, empoderamiento, una estructura sólida que garantice que podrán ejercer su derecho a la educación, a la salud, a la tecnología, a vivir libres de violencia. Sólo así podremos presumir que tenemos una ley que las protege, y no un documento que cumple los ordenamientos de armonización legislativa por mandato nacional e internacional.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/LGL

Con la austeridad como telón de fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) propuso a la Cámara de Diputados, un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 con recortes de más de 5 por ciento para los programas destinados a la salud de las mujeres, la educación y la erradicación de la violencia de género.
 
El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF, que distribuye recursos a diversas dependencias e instituciones a fin de cerrar brechas de desigualdad, contempla 26 mil 761 millones de pesos (mdp) lo que significa un ligero aumento en relación con el presupuesto aprobado para 2016, que fue de 25 mil 898 mdp.
 
Sin embargo, a detalle, este Anexo supone un recorte al gasto destinado a la educación, la prevención de la muerte materna (MM), la salud sexual y reproductiva y a los Institutos de las mujeres en los estados, para desarrollar programas o acciones para mejorar la vida de las ciudadanas.
 
Los recortes afectarían las acciones destinadas a comprar anticonceptivos, antirretrovirales, la detención y tratamiento para cáncer de mama (CaMa) que es la primera causa de muerte de las mexicanas y del cérvico-uterino (CaCu) que para 2012 registraba una tasa de 7 muertes por cada 100 mil mujeres, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública.
 
También se afectaría la capacitación de prestadores de salud para que garanticen la Interrupción Legal del Embarazo a las víctimas de violación,  y la educación de jóvenes que se convierten en madres a edades tempranas ya que en México, a 2014 se registraron 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.
 
RECORTES A SALUD
 
El Anexo 13 indica que la Secretaría de Salud tendrá un recorte de 50 millones 717 mil pesos; al pasar de más de 5 mil 193 mdp  a 5 mil 132 mdp.
 
Con esta propuesta del Ejecutivo federal los programas más afectados serían el de Atención en salud, Formación y capacitación de recursos humanos para la salud, Investigación y desarrollo tecnológico en salud, y el Programa de Salud materna, sexual y reproductiva.
 
Este último programa –que suma los recursos destinados a la prevención y reducción de MM, la atención del CaMa, el CaCu y la compra de insumos como anticonceptivos– prevé un monto de 2 mil 129 mdp mientras que este año obtuvo 2 mil 227 mdp. 
 
Un análisis de la investigadora en presupuesto de Fundar, Centro de Análisis en Investigación, Daniela Díaz, indica que en general el Ramo 12 –considerando los recursos del Anexo 13– tiene un recorte real de 10.82 por ciento; al pasar de 132 mil 216 mdp aprobados el año pasado a una propuesta de 121 mil 817 mdp para 2017.
 
La también integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos, afirmó que aún sumando todos los montos que recibe de otros ramos, el programa “Salud materna, sexual y reproductiva” pasaría de 2 mil 345 mdp a 2 mil 233 mdp, lo cual resulta insuficiente. La reducción real de este programa es de 7.82 por ciento con respecto a lo aprobado para ejercer durante este año. Esto, asegura Díaz, sucede a pesar de que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que cuando se hagan adecuaciones presupuestales que tengan una “variación mayor al 5 por ciento” deben reportarse.
 
Para la analista esta disposición significa que no se pueden hacer recortes mayores al 5 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior, a menos que sean por causas excepcionales como la falta de recaudación tributaria y por ende menos ingresos. 
 
Hasta ahora el único programa en materia de salud que tiene un aumento es el programa de Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS que de 351 mdp ahora tendrá 397 mdp, lo que significa un incremento real de 9.5 por ciento.
 
En este programa la Coalición por la Salud de las Mujeres resalta que no hay retrocesos pero, afirma, debería indicarse que estos recursos son para apoyar a las mujeres con VIH porque si no existe la precisión el presupuesto se puede usar para ambos sexos sin cerrar brechas de desigualdad.
 
MENOS BECAS EDUCATIVAS
 
El próximo año la Secretaría de Educación Pública tendría un recorte de 12 por ciento con respecto a lo aprobado este año en los programas educativos con perspectiva de género; y es que la propuesta es reducir el gasto de 3 mil 987 mdp a 3 mil 500 mdp. De prosperar el proyecto, para el próximo año tendría 486 mdp menos de lo recibido este año.
 
En el Anexo para la igualdad los programas más afectados serían el de Fortalecimiento de la calidad educativa, Políticas de igualdad de género en el sector educativo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el Programa Nacional de Becas que pasaría de tener 3 mil 178 mdp a 2 mil 739 mdp.
 
Este último programa –que desde 2014 incluye el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven)– contaría con 439 mdp menos que este año.
 
Aún cuando la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados afirmó que el Promajoven solamente cubre a 10 por ciento de la población objetivo (madres adolescentes) para que concluyan su primaria o secundaria, el programa no se salvó del recorte presupuestal.
 
PRIORIDADES DE GOBIERNO
 
En la exposición de motivos del PPEF, el Ejecutivo indica que hay un monto de 265 mdp para la prevención de la violencia contra las mujeres a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), y 3 mil 884 mdp para el Programa de Estancias Infantiles.
 
De todos los rubros que obtienen recursos etiquetados, el gobierno federal solo hace mención de estos dos programas operados por la Secretaría de Desarrollo Social; sin embargo, de acuerdo con el Anexo 13, para 2016 el PAIMEF obtuvo 303 mdp y ahora tendría 250 mdp. 
 
Aunado a esto, otros programas dedicados a poner en marcha proyectos para la igualdad son el de Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género que de tener 323 mdp este año, quedaría en prácticamente la mitad con 173 mdp. Otro es el programa de Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se recortaría de 466 mdp a 420 mdp.
 
16/AGM/LGL

En México, durante 2014, casi 40 por ciento de las mujeres que fallecieron por alguna causa de muerte materna tenían escolaridad básica incompleta y 10.4 no tenía escolaridad, es decir que eran analfabetas y además vivía en condiciones de pobreza, señaló la investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Guadalupe Ramírez Rojas.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la experta advirtió que el hecho de que las mujeres cuenten con seguridad social y servicios de salud, no asegura que tengan una buena atención y orientación médica para ayudar a reducir el riesgo de Muerte Materna (MM) ya que en 2014,  un 42 por ciento de embarazadas que contaba con seguridad social, falleció por causas ligadas a la maternidad.
 
En 2014, la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 38.9 fallecimientos, por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo plazo venció en 2015, era de 22.
 
Ramírez Rojas dijo a Cimacnoticias que para lograr el nuevo compromiso establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a reducción de MM, es necesario incrementar el acceso a la educación y generar más empleos para las mujeres ya que quienes fallecen por esta causa, siguen siendo las mujeres en condición de pobreza.
 
La investigadora añadió que 10 por ciento de las mujeres que fallecieron ese mismo año, eran hablantes de alguna lengua indígena pero aún las que son bilingües, no comprenden totalmente el idioma español, por lo que recomendó que este dato debería ser tomado en cuenta por el personal del sector salud a la hora de brindar atención y asesoría médica.
 
Agregó que 42 por ciento de las defunciones registradas en 2014, fueron por causas directas de muerte materna; de ellas, la causa principal fue hipertensión durante el embarazo con un 20 por ciento y las hemorragias durante en el puerperio (etapa después del parto que dura hasta 40 días) representan un 14.3 por ciento de las causas directas de los decesos.
 
El aborto es la tercera causa directa de muerte materna con un 9.2 por ciento.
 
Las causas de muerte materna indirecta, que son aquellas enfermedades crónicas que padecían las mujeres antes de embarazarse, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, lupus y otros padecimientos, representaron un 31 por ciento.
 
Por lo anterior, las mujeres que tienen una enfermedad crónica deben recibir una mejor orientación por parte del personal de salud, para que les expliquen los riesgos que representa un embarazo para su salud.
 
De acuerdo con datos del OMM, 43.3 por ciento de las mujeres acudió durante el primer trimestre de su embarazo al control prenatal, de ellas un 22.6 por ciento tuvo entre 3 a 5 consultas prenatales y el 30 por ciento tuvo más de 5 consultas. De manera que las mujeres sí cuentan con información sobre la importancia de acudir a consultas médicas durante el embarazo, precisó Ramírez Rojas.
 
La investigadora agregó que 72 por ciento fue atendida durante el parto en un servicio de salud, 42 por ciento se atendió en un hospital o clínica de salud y sólo un 5.2 por ciento tuvo su parto en el hogar con atención de parteras.
 
16/GVV/LGL