Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) advirtió que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) insiste en entregar el doctorado Honoris Causa al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque sólo suspendió la realización del acto oficial.

Después de las protestas ciudadanas que se informaron porque una institución académica de Chiapas reconociera al ejército, a pesar de que ha cometido violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, ayer el Secretario General de la Universidad, Ricardo Paniagua Rodas, difundió un comunicado donde se informó que se suspendería el acto.

“Hemos acordado suspender la entrega”, dijo Paniagua Rodas a la vez que manifestó que la administración de la Unicach era abierta para escuchar todas las voces dentro y fuera de la institución, esto en referencia a que más de treinta organizaciones y personas a título individual rechazaran la entrega del reconocimiento.

Sin embargo, Gloria Flores Ruiz, integrante Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas concluyó: “Este es un mensaje claro. El gobierno sigue insistiendo en que la Universidad entregue el título” y agregó que la Fiscalía General del estado emitió un boletín reconociendo “los aportes del General y de la Sedena a favor de la sociedad”.

En opinión de Flores esto sería una muestra de que el Estado quiere limpiar la imagen del ejército a pesar de que las fuerzas armadas son responsables de cometer violaciones sexuales como el caso de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez quienes fueron detenidas y violadas en un retén militar el 4 de junio de 1994, en Altamirano, caso que llegó a instancias internacionales.

Para la defensora el llamado en contra de reconocer al ejército mexicano sigue en pie porque consideró que sería un desprecio para las miles de víctimas que han padecido violencia por parte de fuerzas castrenses, como lo señalaron en el pronunciamiento público del 5 de febrero.

El General Cienfuegos Zepeda ha sido el personaje principal a favor de la militarización del país al solicitar a los poderes Ejecutivos y legislativos un marco jurídico para que el ejército haga  tareas de seguridad. Así, en diciembre de 2017, consiguió que se promulgara la Ley de Seguridad Interior, “otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina”, señaló Flores Ruiz.

Esta organización civil también recordó las numerosas violaciones a Derechos Humanos cometidas por soldados, casos que van desde desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado interno y la creación de grupos paramilitares en la zona de los Altos y Norte del estado, así como diversos casos de violencia contra las mujeres, en particular, violación sexual.

Por eso, para esta agrupación preocupa “la desmemoria histórica” de la Universidad y coincide con el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en que el perfil del General Cienfuegos Zepeda carece de todo sustento para tener este mérito académico.

En protesta contra la decisión de los varios consejos universitarios, dos galardonados ya renunciaron a este reconocimiento: la investigadora social feminista y fundadora del CDMCH, Mercedes Olivera Bustamante, y el rector fundador de la Unicach y antropólogo social, Andrés Fábregas Puig.

18/SG

El Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas manifestó su rechazo al título Honoris Causa que se le otorgará al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda, por considerarlo una afrenta a la población que ha sido violentada en sus Derechos Humanos por las fuerzas castrenses, en particular las mujeres.

En un comunicado emitido a propósito del anuncio que hiciera en días pasados el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) de otorgarle el Honoris Causa al militar, el Centro de Derechos Humanos reprochó “la desmemoria histórica” de las autoridades académicas quienes omitieron los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y las violaciones sexuales que militares han cometido contra indígenas chiapanecas.

Recordaron los casos de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez quienes fueron privadas de su libertad en un retén militar, el 4 de junio de 1994, en Altamirano, Chiapas y trasladadas al cuartel militar para forzarlas a declarar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) perpetrando tortura sexual.

Otros casos que están en la memoria abierta, recordaron, son el caso de Minerva Guadalupe Pérez Torres; detenida el 20 de junio de 1996 en el poblado Miguel Alemán, Municipio de Tila, por un grupo de personas pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia, mismos que la secuestraron, golpearon y violaron sexualmente para finalmente desaparecer su cuerpo torturado.

“No olvidamos a las 34 mujeres asesinadas en la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en el Municipio de Chenalhó, perpetrada por grupos paramilitares que fueron entrenados y encubiertos por agentes policíacos y del Ejército Mexicano en la llamada zona gris de operaciones tal como se indica en los planes contrainsurgentes diseñados desde las estructuras militares.

Y si bien los casos de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, no ocurrieron en Chiapas, sí se suman al largo historial de violaciones sexuales cometidas contra mujeres indígenas por parte de militares, algunos incluso han llegado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por los que ha sido sentenciado el Estado mexicano.

El Centro de DH señaló que los militares también se han visto envueltos en casos de feminicidio y recordaron que el paso 1 de enero en el Municipio de Cacahoatán; Maribel Vázquez Sánchez fue asesinada por su ex pareja, un ex militar con quien formó una familia.

Destacaron que la presencia de militares en las regiones de Chiapas ha significado la violación a los Derechos Humanos de la Población, y un riesgo para las mujeres quienes son agredidas sexualmente e incluso asesinadas por éstos sin que haya justicia en ninguno de los casos.

Consideraron “aberrante” que se “premie” a un militar cuya tarea ha sido la militarización del territorio nacional y recordaron que cuando estuvo como Comandante de la Séptima Región Militar, durante el periodo del exgobernador Juan Sabines, Cienfuegos Zepeda “intensificó la presencia y patrullajes militares en la frontera con Guatemala y anunció la creación de dos nuevas bases militares en Chiapas, una en Jiquipilas y otra más en Chicomuselo, esta última informaron, inició su construcción en agosto del año pasado.

Se sumaron a la indignación de la feminista y académica Mercedes Olivera Bustamante, fundadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC, quien renunció al Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado en 2012, por congruencia, y en protesta “pues no puede tener un título que tendrá también un militar que viola los Derechos Humanos de los mexicanos e indígenas.

Hicieron un llamado a la sociedad en general, a académicos y organizaciones sociales civiles, y de Derechos Humanos, nacionales e internacionales a estar vigilantes y denunciar la intromisión militar en los espacios civiles y ciudadanos a propósito de la Ley de Seguridad Interior en México.

A la comunidad Académica y Estudiantil de México, y en particular de Chiapas, para que exija al Rector de la UNICACH, Rodolfo Calvo Fonseca, no entregar el Doctorado Honoris Causa a Cienfuegos Zepeda.

18/SRC/LGL

Ante la huelga de hambre que realizan seis enfermeras afuera del Hospital de la Mujer en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, para exigir mejoras laborales, reinstalación, abasto de insumos e investigación sobre desvío de recursos, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) pidió al gobierno federal y al estatal dar atención médica a las trabajadoras, garantizar su seguridad y responder a sus demandas.
 
Las enfermeras iniciaron su huelga de hambre indefinida el 3 de abril, señala un comunicado de CDMCH, como medida de presión porque no habían obtenido respuesta a sus demandas presentadas casi tres meses atrás, el  22 de enero, cuando instalaron un plantón afuera del hospital. Exigían entonces respeto a sus derechos laborales y denunciaron falta de abastecimiento de medicamentos y de materiales quirúrgicos, así como un probable desvío de recurso de la Secretaría de Salud.
 
Presumen el desvío ya que la Auditoria Superior de la Federación detectó irregularidades en la ejecución de fondos destinados en materia de salud al gobierno de Chiapas por un total de 764 millones 408 mil 550 pesos correspondientes al ejercicio 2015. Y la  dependencia estatal tiene hasta el próximo 12 de abril para contestar esas observaciones ya que para este año se han solicitado nuevas inspecciones.
 
Sin embargo, como represalia al plantón, el 23 de febrero fueron cesados por las autoridades dos trabajadores y el 22 de marzo 14 más, 10 mujeres y cuatro hombres, de distintas unidades médicas. Fue así que cinco enfermeras decidieron iniciar una huelga de hambre y sumar una trabajadora más cada 48 horas, si no había respuesta. 
 
HUELGA DE HAMBRE
 
Las seis enfermeras que mantienen hoy la huelga de hambre son: María Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinoza de los Santos, Nelli Ivonne Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez, Verónica Zenteno Pérez y Sandra Lidia Arellano Zenteno. Y, de acuerdo con el CDMCH, las mujeres ya “presentan síntomas de crisis hipertensiva, hipotensión, diarrea y bradicardia”.

Enfermeras en Huelga de hambre | imagen: CDMCH

Se mantendrán indefinidamente en ayuno dicen las trabajadoras, “para demandar atención urgente de las autoridades estatales y federales del Sector Salud a los temas de reinstalación, sin condicionamiento, de las y los trabajadores cesados, pago de quincenas atrasadas, pago de fondos del Fovissste y Pensionissste, aporte al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)”.
 
También, para que haya “atención urgente a las condiciones de desabasto de medicamentos, falta de equipo y material adecuado para la atención y abandono de distintas instalaciones médicas en Chiapas, esto último como resultado del proceso de privatización de salud en México”.
 
La acción urgente del CDMCH, dirigido al Ejecutivo federal, Secretarías de estado y autoridades locales, señala que ante el riesgo inminente en que se encuentra la vida e integridad física, emocional y psicológica de las enfermeras, las autoridades deben darles atención médica urgente e integral, garantizar su vida, integridad y seguridad personal, y la de otras personas que participen en acciones civiles y pacíficas en las unidades hospitalarias de la entidad. 
 
Deben también atender las demandas de reinstalación inmediata del personal cesado sin condicionamiento alguno y pago de los recursos desviados del sistema de Ahorro para el Retiro, Impuesto sobre la Renta, Fovissste, seguros de vida y pensiones alimenticias.
 
También deben realizar el abastecimiento inmediato y total de medicamentos, material, equipo e instrumentos a las unidades médicas y hospitales de las distintas regiones de Chiapas. Para garantizar el acceso a la salud de las mujeres, jóvenes y niñas de esta entidad.

Y cumplir con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en el tema de atención a la salud y violencia contra las mujeres urbanas y rurales de Chiapas.
 
17/RED