feminicidio

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Defensa del presunto responsable alegó falta de tiempo para concluir con peritajes
Retrasan audiencia sobre feminicidio de Lesvy Berlín
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/05/2018

La audiencia intermedia para revisar el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria por su entonces pareja, Jorge Luis González Hernández, fue suspendida a petición de la defensa legal del presunto responsable, quien aludió a la falta de tiempo para contar con peritajes que les permitan debatir el caso. 

La mañana de este miércoles 9 de mayo se reanudó la audiencia intermedia que hace un mes comenzó a realizarse para esclarecer el asesinato de Lesvy Berlín Rivera, caso que se está llevando a cabo pro medio del sistema procesal acusatorio en el Reclusorio Oriente, donde Jorge Luis González permanece en prisión en espera de que se dicte sentencia. No obstante la reunión se volvió a aplazar a petición de la defensa del acusado.

El pasado 9 de abril el juez del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) encargado del caso, Alfonso Dávila Gómez, dio un plazo de 20 días a la defensa legal del presunto asesino para que reestructurara su hipótesis sobre los hechos de mayo de 2017 y preparara pruebas para defenderse.

Lo anterior, debido a que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) cambió su hipótesis sobre el asesinato de Lesvy; anteriormente había afirmado que la joven de 22 años de edad “cometió suicidio” enfrente de su pareja ahorcándose con el cable de un teléfono público ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sin que él la detuviera.

No obstante, después de reclamos públicos de la familia y la comunidad universitaria, la PGJ reformuló su acusación y en la audiencia del 9 de abril afirmó que Lesvy fue asesinada por asfixia a manos de Jorge Luis, por ello solicitó 60 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

Estas modificaciones son respuesta al cumplimiento de la determinación de la Quinta Sala del TSJDF que el 18 de octubre de 2017 ordenó reclasificar el caso de homicidio simple a feminicidio agravado y esclarecer los hechos.

En esa audiencia la defensa del presunto asesino pidió tiempo para volver a replantear sus pruebas, argumentando que no tenían previsto que la PGJDF cambiará su acusación. El Juez Dávila Gómez aprobó esta petición.  

En esta audiencia, que comenzó en punto de las 9 de la mañana, se debieron presentar los peritajes realizados por la defensa de la víctima y el presunto victimario con el objetivo de que el Juez determinará cuáles pasarían a la etapa del desahogo de pruebas, sin embargo, una vez más el abogado del presunto feminicida pidió un plazo de 20 días más argumentando que no tuvieron tiempo suficiente para que los peritos concluyeran con las pruebas.

Al ser cuestionadas por el Juez Dávila si existían objeciones para otorgar los 20 días solicitados, tanto las asesoras jurídicas de la familia de Lesvy Berlín, la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera Román; y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, como el Ministerio Público, dijeron que no. Afirmaron que ya tenían prevista esta situación.

Para la madre y el padre de Lesvy este hecho fue desesperanzador. Araceli Osorio, madre de la víctima, manifestó al juez su inconformidad por seguir retrasando las audiencias. Cuando éste le otorgó la palabra, con la voz entrecortada rememoró con tristeza que hace seis días se cumplió un año del feminicidio de Lesvy, un proceso que, sobre todo en estos días de luto, ha sido doloroso y cansado para la familia.

En el entendido del derecho del acusado de presentar pruebas para defenderse, Araceli Osorio, de la misma manera demandó el derecho que tienen como víctima a  “acceder a la justicia de manera expedita”. “Esto nos hace que sintamos que no llega la justicia a tiempo”, dijo Araceli.  

El juez pidió a la defensa de Jorge Luis no más retrasos para contar con las pruebas que necesiten. La próxima audiencia se fijó para el 8 de junio.

PERITAJES INDEPENDIENTES

La familia de Lesvy y las organizaciones que la asisten en la defensa legal se han abocado a reunir expertos peritos en perspectiva de género que les permitan demostrar que la joven no se suicidó como afirmó en un inicio la PGJDF, sino que se trató de un feminicidio.

El Centro Fray Francisco de Vitoria ha dado a conocer los peritajes que presentarán próximamente ante el juez:

Se iniciaron numerosas diligencias en Ciudad Universitaria, entre ellos un “dictamen en materia criminalística”, realizado por la maestra Mercedes Adriana Rubio Mendoza, quien coadyuva en el esclarecimiento de otros casos de feminicidio de la Ciudad de México;  “el dictamen en materia de medicina forense”, elaborado por el doctor José Mario Nájera Ochoa, quien tiene experticia en aportación de pruebas por hechos violentos en conflictos armados y abuso sexual en Guatemala, además de participar en la tipificación del feminicidio en ese país.

Asimismo, el peritaje “en materia de sociología sobre contextos socio-cultural de las violencia contra las mujeres” realizado por la maestra María de la Luz Estrada Mendoza, experta en feminicidio y coordinadora general del OCNF; otro es el “dictamen en materia de arquitectura forense” aportado por el arquitecto Sergio Stephen Beltrán García para la reconstrucción del hecho en la cabina telefónica,

Fernando Reyes Espinoza del Río realizó el “dictamen en materia de video” en las que se analizaron las más de 20 horas de videograbaciones que dan cuenta de cómo Jorge Luis violentó a Lesvy, antes de que ella apareciera asesinada en la caseta telefónica. También colabora la investigadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Ximena Antillón Najlis en el “peritaje de impacto psicosocial”.

Asimismo el “Grupo Interdisciplinario de universitarias expertas de género de la UNAM” que reunió las autoridades de la UNAM tras el asesinato de Lesvy propusieron dos peritajes: uno en materia de trabajo social con perspectiva de género hecho por la maestra Roxana Denisse Medina Guzmán y otro en socioantropología sobre entorno social de la doctora Erika Liliana López López.

Cabe recordar que aún está pendiente que la Procuraduría General de Justicia de la ciudad acepte la Recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos local por las violaciones a debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy, a un año de que ocurrió el crimen.

18/HZM








VIOLENCIA
   Insuficiente Protocolo para atender casos en la UNAM
Universitarias sin mecanismos eficientes para denunciar acoso sexual
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2018

La universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y acoso sexual e incluso del feminicidio.

El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.

La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.

A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.

Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que duró su relación.

A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la violencia de género que viven en las instalaciones.

Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.

Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.

LABERINTO A  LA IMPUNIDAD

En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe” por la igualdad de género.

Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género.

A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.

De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores (73 por ciento).

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.

En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.

Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión, robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.

Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en caso de necesitarlas.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.

La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.

Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez,  por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género.

En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera.

En redes sociales de Internet los agresores la llamaban constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio de su imagen.

La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General).

El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”, argumento repetido en los Ministerios Públicos.

Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.

Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.

Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la “sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo electrónico.

De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.

Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación”  es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en un caso no se concretó un acuerdo.

Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación sentimental o bien, académica).

Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores, alumnos o personal administrativo.

Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como  forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria  ante la violencia de género.

Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para analizar el contenido del Protocolo.

FES, OLVIDADAS DE LA UNAM

Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.

A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes, académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar, así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM. 

Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es prácticamente inexistente.

Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de la FES Cuautitlán.

En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras,  expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y alumbrado público.

Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.

Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento era de personal académico.

NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS

En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela Hernández Hernández  no tuvo ninguna repercusión.

El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.

Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy. Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el “Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.

Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.

“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa dentro de nuestras instalaciones”.

No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la también estudiante.

Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima de violencia por parte de Jorge Luis González.

Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes incluidos en la carpeta de investigación.

A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las víctimas de feminicidio en este país.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser aceptadas.

18/HZM/AEG

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   En 4 años solo 335 sentencias por feminicidio
“No hay mecanismo para evaluar impacto de AVG”: México ante CEDAW
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/04/2018

De cara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las expertas de la ONU requirieron al Estado mexicano información complementaria sobre impartición de justicia en casos de feminicidio y los resultados de la Alerta de Violencia de Género (AVG), a lo que el gobierno respondió que “no existe un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG” y que de 2013 a 2016 se han dado solo 335 sentencias por dicho delito.

Estas aclaraciones e información adicional –entre otra sobre datos de aborto, acceso a la información, migración de mujeres- que pidieron las expertas que integran el Comité de CEDAW son dudas surgidas del informe que como cada cuatro años entregó el Estado mexicano en diciembre de 2016, y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza.

El pasado 26 de marzo el Estado mexicano respondió al Comité a través de un informe -sin desglosar la información de las víctimas, victimarios, las condiciones y entidades donde ocurrieron tal como lo pidió CEDAW- que en cuatro años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil 157 carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio.

De estos casos, destaca que un 34 por ciento ocurrieron en 2015 (730 en total), colocándose como el año con mayor número de carpetas o averiguaciones registradas por feminicidio.

Sin embargo, al hablar del avance de impartición de justicia, en el mismo periodo, el número de personas procesadas por feminicidio se reduce alrededor de la mitad, a mil 207; al llegar a las sentencias disminuye aún más, solo se reportan 335.

A pesar de que el Estado mexicano indicó en el documento dirigido al Comité de CEDAW que las entidades federativas “no tienen instituciones capaces de enfrentar la violencia de género”, no detalló las barreras que impiden al mecanismo de la Alerta de Género tener resultados como se requirió. Esto se debe a que “no existe aún un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG”, indicó el Estado.

Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, el Estado mexicano argumentó que “el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo” y los casos que tienen una sentencia es porque “ya han recorrido un largo camino”; y aceptó que “todavía se tiene un registro incompleto sobre el número de casos de feminicidio”.

Otras cuestiones en materia de violencia contra las mujeres que el Comité de CEDAW pidió que fueran aclaradas por el Estado mexicano antes de la evaluación prevista del 2 al 20 de julio, quedaron sin respuesta, como las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación de los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez.

El Estado mexicano únicamente describió en el informe complementario los sistemas de recolección de datos sobre casos de violencia de género que han implementado algunas de estas entidades, pero que se han hecho como parte de las acciones que deben cumplir por una solicitud de AVG.

Ahora, en julio próximo toca a las expertas de CEDAW evaluar y emitir una serie  recomendaciones al Estado mexicano las cuales deberá atender de forma obligatoria.

Para contrastar la información oficial sobre la situación de los derechos de las mexicanas hasta ahora tres organizaciones civiles han presentado informes alternativos a CEDAW, en temas como derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia y violencia familiar.

18/HZM/LGL








MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   OPINIÓN
   Mujeres Cautivas
La intersección entre feminicidio y prostitución
Imagen retomada del portal Indymedia.org
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2018

Desde hace tiempo venimos denunciando la violencia feminicida que se entrecruza con la prostitución y cómo las mujeres se encuentran desprotegidas y vulnerables cuando se quedan solas en los cuartos de hotel con los compradores de sexo de paga, sin importar lo que cobran. Las damas de compañía o “escorts” no quedan excluidas de esta violencia feminicida. 

Muchas mujeres llegan a nuestro país engañadas, reclutadas principalmente como modelos, bailarinas y con promesas de convertirlas en actrices famosas o conductoras de la Televisión. Víctimas de trata de personas que acaban siendo explotadas en la prostitución como acompañantes o bailarinas exóticas en los “table dance” o clubes para hombres.

Hace unos cuantos años pudimos registrar varios casos de trata de mujeres argentinas, pero ahora se está focalizando principalmente en Colombia y Venezuela por la situación que se está presentando en sus países y que tiene que ver con las condiciones estructurales, económicas y de oportunidades de vida digna. Cientos de mujeres venezolanas están llegando a nuestro país buscando una oportunidad para remontar sus condiciones de pobreza.

Las autoridades mexicanas no actúan para combatir la trata de personas y la explotación sexual, que es un fenómeno que las deja totalmente vulnerables a lo que el consumidor de sexo de paga quiera hacer con ellas, inclusive matarlas.

A mediados del mes de marzo, se dio a conocer que el cuerpo de una joven de apenas 26 años fue encontrado en Ecatepec. Ella era acompañante o escort y fue la octava en ser brutalmente asesinada en México.

8 mujeres han sido víctimas de feminicidio en poco más de un año, y todas tenían en común que eran acompañantes o escorts; la mayoría se anunciaba en la misma página web (Zona Divas) y la mayoría no pasaba de los 30 años.

Katya de 21 años de edad había dejado su trabajo como escort, sin embargo, lo retomó para poder pagar un viaje a París, para reunirse con su hermano. Además, tenía que ayudar con los gastos del hogar en donde vivía con su madre, quien sufría de artritis, y con otro de sus hermanos, con discapacidad intelectual.

El 12 de abril de 2017, Katya fue asesinada en el cuarto 327 del Hotel Estadio ubicado en la calle de Chiapas en la Colonia Roma, de la Delegación Cuauhtémoc. Llegó ahí, después de haber hecho una cita en ese lugar con un consumidor de sexo de paga. Fue encontrada con las manos atadas y con la garganta cortada con unas tijeras de jardinería.

El cuerpo de María José Salvisberg Wegmann, de 29 años, fue encontrado en Cuernavaca. María José había desparecido dos meses antes de ser asesinada. Según testimonios dados a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, una amiga rusa de María José, las citaba y las llevaba con hombres de “mucho dinero”.

Lo mismo sucedió con Isis, de nacionalidad brasileña, quien llegó contratada presuntamente por Televisa y a quien llevaban a fiestas de “altos ejecutivos”. Un día la llevaron a Cuautla, Morelos, a una fiesta de los Beltrán Leyva, donde encontró la muerte de un balazo en la cabeza y después quemaron su cuerpo.

Génesis Ulyannis Gibson Jaimes fue asesinada el 17 de noviembre del año pasado, cuando tenía 24 años de edad. La joven venezolana vivía con su hija en Querétaro, pero se trasladó a Puebla contratada por un consumidor de sexo de paga.

Sin embargo, agentes de la Procuraduría General de Justicia capitalina, encontraron su cuerpo en el Hotel Platino, en la colonia Felipe Ángeles, Delegación Venustiano Carranza. Génesis tenía golpes en el rostro, en las piernas, y además estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva.

Wendy Vaneska de nacionalidad peruana, fue asesinada en un hotel de la Condesa, el 4 de febrero del año pasado, cuando contaba con 26 años de edad. Su cuerpo tenía un impacto de bala.

Karen Alien Grodzinsk era una escort de origen argentino. Fue asesinada el 27 de diciembre del año pasado en el Hotel Pasadena, ubicado en la Delegación Benito Juárez. Se sabe que ella estaba casada con un comerciante del barrio de Tepito.

Su cuerpo fue encontrado en la habitación 214, con un impacto de arma de fuego. Cámaras de seguridad del hotel, captaron a un hombre que llegó alrededor de las 20:00 horas a bordo de una motocicleta y minutos después llegó Karen. El sujeto salió a media noche. Personal del lugar aseguró que tenía entre 23 y 25 años de edad.

Adreina, de 27 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinada el 24 de diciembre del año pasado en Nuevo León. Viajaba con su acompañante en un vehículo cuando fueron alcanzados por otro carro que les disparó. Según las autoridades, habían tenido una disputa en un bar de Monterrey.

Kenny de 26 años, fue asesinada en Ecatepec. Era venezolana y su cuerpo fue encontrado el 25 de febrero de este año.

A Claridad la secuestraron el 10 de febrero de este año, pero la joven de 33 años de edad fue rescatada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La escort venezolana fue localizada en Xochimilco y sus captores pedían medio millón de pesos para liberarla. Fueron detenidos tres presuntos secuestradores que se encontraban en el lugar.

Hace unos días, se reportó desaparecida otra acompañante o escort en la Ciudad de México.

Con este recuento de casos, que son los que hemos registrado, podemos demostrar cómo la prostitución se entrecruza con el feminicidio y, aun así, hay quienes argumentan que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Lo cierto es que la prostitución es una actividad altamente precarizada a donde llegan las mujeres que no han tenido oportunidades, o con mucha necesidad. Es la expresión más antigua del patriarcado que se ha perpetuado para controlar la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, y también sus vidas.

La violencia machista tiene múltiples expresiones que debemos visibilizar y combatir. En la base de la pirámide del patriarcado y de la violencia se sitúan los micromachismos, que perpetúan la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Van 15 casos de feminicidio en el municipio en lo que va de 2018
Juez resolverá en abril si se decreta o no, AVG en Cajeme
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2018

El próximo 4 de abril el Juez Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en Sonora, resolverá si la Secretaría de Gobernación (Segob) debe activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, luego de que la negó en agosto del año pasado, informó la Red Feminista Sonorense.

El 7 de junio de 2017 una de las organizaciones peticionarias de la AVG para Cajeme, Alternativa Cultural por la Equidad de Género AC (ACEG), interpuso un amparo contra de la Segob por demorar la resolución de la solicitud Alerta y después rechazarla replicando que “no había elementos suficientes para su decreto” a pesar de las pruebas de hechos de violencia de género en el municipio.

En un comunicado, la Red Feminista Sonorense informó que el próximo 4 de abril se llevará a cabo la cuarta y última audiencia en la que el Juez Séptimo determinará si otorga o no el amparo a la organización quien tener un fallo a su favor, puede obligar a la Segob a decretar la Alerta de Género en Cajeme, dijeron.

Las activistas señalaron que siguen aportando documentación sobre la violencia extrema que viven las mujeres de Cajeme y conforme a sus registros, hasta el día de ayer se cometieron 15 casos de feminicidio en dicho municipio, además de otros cinco intentos de asesinato contra mujeres por parte de sus parejas; un caso de abuso sexual en contra de una niña; dos desapariciones de mujeres (una localizada) y un intento de secuestro.

Cabe recordar que el proceso de la Alerta de Género para Cajeme –que tramitaron organizaciones en mayo de 2015- se atrasó dos años porque la Segob, por medio de la Conavim, otorgó al gobierno de Sonora un plazo adicional de seis meses para completar las recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

En el amparo, las organizaciones argumentaron que esta prórroga fue ilegal porque no está regulada ni prevista en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, que negar la AVG resulta violatorio a los Derechos Humanos de las mujeres porque no les garantiza “la paz social, la libertad y la protección de la vida”.

Por su parte, la Segob defendió que los dichos de las activistas no eran ciertos y pidió al Juez Séptimo terminar el proceso judicial en su contra.

Por último, la red de activistas feministas denunció que las autoridades sonorenses están rebasadas por los acontecimientos criminales sin que se garantice la seguridad de la población femenina.

Cabe recordar que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en 2017 Cajeme fue el tercer municipio del país con mayor casos de feminicidio, su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Por lo tanto, indicaron que si el Juez Séptimo niega el amparo a las organizaciones se revelaría que “por motivos políticos” se deja “sin resolver una estrategia de protección integral para la vida de las mujeres y sus familias en Sonora”.

El Estado de México y Nuevo León son dos entidades donde las organizaciones que solicitaron Alertas lograron la activación del mecanismo gracias a amparos que interpusieron y ganaron.

18/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   OSC denuncian freno en avance a protección de DH de mujeres
Denuncian irregularidades y omisiones de Conavim en AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2018

Organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de diversos estados del país, denunciaron la existencia de irregularidades y omisiones en los procedimientos de las AVG, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la nueva administración de la Conavim –desde enero 2018 a cargo de Ángela Quiroga Quiroga- ha frenado el avance por proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres debido al “dudoso y deficiente desarrollo de sus facultades”.

Las organizaciones señalaron que tienen conocimiento que a casi tres meses de la llegada de la titular a la Conavim, ésta se ha reunido con los representantes de los gobiernos sin la participación de los Grupos de Trabajo, ni de las organizaciones peticionarias de las AVG para acordar las situaciones relacionadas con las Alertas.

Lo anterior enfatizaron, es una de las muchas irregularidades realizadas por esta instancia, ya que los gobiernos no están contemplados dentro del procedimiento de AVG y por tanto, dijeron, atenta contra el objetivo de las AVG, pues el emitir informes de recomendaciones y declarar las Alertas, “no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia”.

Ante ello consideraron que la administración de Ángela Quiroga Quiroga pone en riesgo el avance para disminuir la violencia contra las mujeres, como en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, entidades donde no ha dado un seguimiento a las Alertas ya emitidas por desaparición y feminicidio de mujeres.

Reprocharon que desde hace meses Conavim ha limitado su participación en el proceso de las AVG, sigue sin aplicar los indicadores de resultado para medir el funcionamiento del impacto de las recomendaciones y ha retrasado de manera injustificada los informes sobre las AVG en las entidades donde la desaparición y el feminicidio son problemas graves, como la Cuidad de México, Tlaxcala y el estado de Puebla.

Destacaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien documentó, de 2015 a 2017, el asesinato de 8 mil 190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio, lo que demuestra, dicen las organizaciones, el desinterés por parte de las autoridades federales de desarrollar acciones para erradicar la violencia feminicida en las entidades.

En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, registraron 8 mil 940 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales 2 mil 188 casos han sido investigados bajo el delito de feminicidio.

Por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como atender y resolver “los pendientes, vacíos y seguimientos” a las alertas emitidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, y eliminar las barreras para la implementación de la AVG como lo establece la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

“Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones que... ()…que el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos”.

18/AEG/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Destacan su especialización autodidacta en derecho y criminología
Reconocimiento “Don Sergio Méndez Arceo” para Irinea Buendía
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/03/2018

Irinea Buendía Cortés, defensora de Derechos Humanos y madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México (Edomex), será galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos (DH) “Don Sergio Méndez Arceo” en su XXVI edición.

Desde el asesinato de su hija, Irinea Buendía, continúa en la búsqueda de la verdad y justicia para Mariana Lima y otras mujeres víctimas de feminicidio. Apoya a madres y a colectivos que trabajan con temas de violencia feminicida.

Como resultado de su labor constate, el comité organizador del Premio Nacional –otorgado cada año a organizaciones y personas que se han destacado en la defensa de los DH- la hizo acreedora de este reconocimiento en la categoría individual por su contribución en la “promoción y defensa de una cultura de respeto a los Derechos Humanos”.

Destacó la investigación que realizó Irinea Buendía sobre el caso de su hija y su especialización autodidacta en derecho y criminalística con la cual fue capaz de señalar, apoyada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las irregularidades en la investigación realizada por las autoridades del Edomex y llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien a 6 años de los hechos ordenó reabrir la investigación como feminicidio y no como un supuesto “suicidio”, como inicialmente se investigó en el Edomex.

El fallo de la Corte dio como resultado que todos los asesinatos de mujeres en el país deben ser investigados como feminicidio, de ahí la trascendencia de este caso.

A lo largo de 8 años, Irinea Buendía ha acompañado el proceso legal de otros casos sobre feminicidio, defiende el derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia en Chimalhuacán, y ha participado en acciones encaminadas a resguardar la memoria, como es la colocación de las cruces en Bordo de Xochiaca y en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en el Edomex.

Debido a su trabajo en defensa y promoción de los DH, y particularmente por el caso de su hija Mariana Lima, de quien se responsabiliza al judicial Julio César Hernández Ballinas, Irinea Buendía y su familia han sufrido diversos ataques.

Su hijo Aurelio Michel Buendía, ha sido criminalizado y perseguido, así como el resto de la familia ha vivido hostigamiento y amenazas. Es por ello, que el Mecanismo de Protección a personas defensoras de DH y de periodistas, de la Secretaría de Gobernación, le brindó medidas de protección y tuvo que salir de su hogar.

El premio “Don Sergio Méndez Arceo” fue instaurado en memoria de obispo con el mismo nombre, quien dedicó su vida a defender los derechos de las organizaciones obreras, campesinas y comunitarias de Morelos, por lo que es un referente en materia de Derechos Humanos.

El reconocimiento se entrega en dos categorías: individual y  grupal. En la segunda será entregado a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozabal, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Romulo Arias Mireles, defensores del pueblo indígena nahua De San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, quienes se encuentran presos actualmente.

En la edición anterior el Premio se entregó a la defensora de los DH de las personas migrantes en Tijuana, la Hermana Leticia Gutiérrez Valderrama en la categoría individual; y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, defensores de los pueblos y comunidades en el Estado de México; en la categoría grupal.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 21 de abril en Cuernavaca, Morelos y posteriormente se realizará el Foro “Agenda actual de los Derechos Humanos”.

18/AEG/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Reconocen labor de Norma Andrade y Antonia Márquez
   
Entregan reconocimiento “Siempre por ellas” a madres de víctimas de feminicidio
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2018

En México, donde la justicia es ausente cuando una mujer, niña o adolescente es asesinada por el simple hecho de serlo, son las madres las incansables y tenaces mujeres quienes buscan la verdad y el castigo de los feminicidas de sus hijas, por ello, reconocer su lucha, es el objetivo del galardón “Siempre por ellas”.

La tarde de ayer este reconocimiento fue entregado a Guadalupe Reyes, madre de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes desaparecida a las 18 años de edad, en septiembre de 2014 en Tecámac, municipio del Estado de México y cuyos restos supuestamente fueron hallados en el Río de los Remedios (canal de aguas negras), y a Olga Tezmol, la madre Karla Romero Tezmol, desaparecida en enero de 2016 a los 11 años edad en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

Este reconocimiento “Siempre por ellas” nació en memoria de la vida de Lilia Alejandra García Andrade asesinada en 2002 Ciudad Juárez, Chihuahua y de Nadia Muciño Márquez, feminicidio perpetrado en 2004 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ambos casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la impunidad y negligencias en las investigaciones.

Norma Andrade y María Antonia Márquez son un referente de la inagotable lucha que enfrentan las madres de las víctimas de feminicidio contra un sistema de justicia mexicano que se niega investigar los asesinatos de mujeres, comete errores en las indagaciones y las revictimiza, recordó la reconocida abogada y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez.

Por ello a 14 y 17 años de lucha, las madres y las personas que integran el Grupo de Acción –organización que las acompaña solidariamente y en la defensa legal- no quisieron pasar la oportunidad para demostrar que siguen en pie y brindar su apoyo y fuerza a otras madres como ellas.

El evento que tuvo como sede las salas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), recibió como testigas de honor a las impulsoras de los derechos de las mujeres, la exministra Olga Sánchez Cordero, la doctora Patricia Olamendi, el colectivo de las Reinas Chulas, el director Jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, y el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonino De Leo.

“SIEMPRE POR ELLAS”

Guadalupe Reyes y Olga Tezmol tuvieron la oportunidad de relatar sus historias por medio de un video que se grabó como parte del reconocimiento y se presentó en el evento. En el caso de Mariana Yáñez, su madre narró que aún busca el esclarecimiento de los hechos ocurridos a su hija porque no hay certeza de que los restos que le entregó la Procuraduría mexiquense sean de ella.

En octubre de 2014 el río también llamado el “Canal de la Compañía” fue limpiado y fueron localizados restos óseos, según la Procuraduría local a través de muestras de sangre que tomó a Guadalupe Reyes logró identificar que los restos (correspondientes a la parte los huesos de la parte superior del muslo y fragmentos de cráneo) eran de Mariana.

A la familia nunca le permitieron ver los restos, fueron enterrados y nunca se aclaró cómo y cuándo había sido asesinada Mariana.

Por su parte, Olga Tezmol madre de Karla Romero, contó cómo su hija fue raptada por varios sujetos hace dos años mientras se dirigía a la escuela, se presume puede ser víctima de trata con fines de explotación sexual comercial, después de varias llamadas de extorsión que han recibido, pero no existe agilidad por parte de las autoridades para hallarla.

RECONOCEN A NORMA Y ANTONIA MARQUÉZ

Ante la audiencia, la maestra Norma Andrade recitó una carta que dedicó a su hija, mientras Antonia Márquez recordó que detrás del asesinato de una mujer también queda una familia desprotegida y con dolor, como sus nietos, que a sus 5, 4 y 2 años de edad presenciaron cómo su padre y su tío asesinaron a su madre, sin que las autoridades les creyeran.

Norma Andrade también tiene la difícil tarea de volver a ser madres de ahora dos jóvenes, por lo que al final de su participación demandó que impulse política pública para la orfandad por feminicidio.

La doctora Patricia Olamendi, trajo un poco de historia de esta lucha, reconoció que en su momento “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, la organización que fundó Norma Andrade en compañía con Marisela Ortiz, fue la pionera en hablar de tipo penal “feminicidio” y quienes visibilizaron el “horror en Ciudad Juárez” hasta que el Estado las miró.

Por su parte, la exministra Olga Sánchez dijo que se requiere urgentemente que se imparta justicia con perspectiva de género, sobre todo en un momento donde la cultura de violencia, discriminación y odio a las mujeres se agrava, por lo que llamó a actuar y exigir a las autoridades “hacer su trabajo”.

Esta fue la primera edición del reconocimiento “Siempre por ellas”, el Grupo de Acción, Norma Andrade y Antonia Márquez como parte de las acciones para que la CIDH acepte el caso de Nadia Muciño y se emita un pronunciamiento de fondo en el caso de Lilia Alejandra.

18 /HZM/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Aproximadamente 4 mil menores de edad se encuentran en esta situación
Colegio de Enfermeros peruanos propone pensión para niñez en orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/03/2018

En Perú con el motivo de reparar las consecuencias que tienen los casos de feminicidio en las niñas y niños que pasan a una nueva condición de orfandad, organizaciones civiles impulsaron un proyecto de ley para que el Estado les otorgue una pensión económica.

El pasado 8 de marzo –a propósito del Día Internacional de la Mujer- el llamado “Proyecto de Ley de Pensión No Contributiva y Protección Social Integral para Hijos e Hijas de Víctimas de Feminicidio” fue presentado ante el Congreso de la República por el Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), donde exponen que en la última década alrededor de cuatro mil menores de edad están al desamparo por el asesinato de sus madres.

El CEP detectó que en Perú –como ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica- existe un vacío legislativo en relación con la protección de menores de edad en orfandad por el feminicidio de sus madres, a pesar de que tan sólo el año pasado los registros oficiales reportaron 130 casos de feminicidio. Esta situación, los llevó a presentar este proyecto.

Con esta iniciativa se busca crear el “Programa Nacional de Protección Social a los Hijos e Hijas de Víctimas del Feminicidio” un mecanismo que sería regulado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el manejo de los fondos económicos y la afiliación de los menores de edad.

Se propone que la pensión sea equivalente a un salario mínimo de Perú (que ronda los 250 pesos mexicanos) y sea activado una vez que se tenga una denuncia penal contra el agresor. En la iniciativa contemplan que este apoyo económico se ratifique cuando se dé la sentencia condenatoria como medida de reparación del daño.

Esta pensión se mantendría hasta que la niñez alcance la mayoría de edad (18 años) o bien culmine los estudios superiores. A la par, el personal de enfermería de esta organización también plantea su participación para dar seguimiento a la protección social de estos menores de edad con énfasis en su acceso a la salud.

EL RETO, LOS REGISTRO OFICIALES

Pero para que este este proyecto se concrete, indicó el Colegio de Enfermería, el primer paso es mantener un registro certero de estas víctimas secundarias. 

El informe “Feminicidio: un fenómeno global de Bruselas a Salvador de la organización Heinrich Böll Stifung, indica que Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó en Perú 927 casos de feminicidio entre 2009 a mayo de 2017, además de mil 165 tentativas de feminicidio, esto se traduce en un promedio anual de 115 casos de intentos o asesinatos de mujeres por razón de género.   

En este reporte en el que participó el “Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán”, también resalta que a pesar de que los registros oficiales del feminicidio han mejorado desde su implementación en 2009, aún existen desafíos para la documentación de este fenómeno como la falta de información sobre la situación de la niñez en estado de orfandad a consecuencia del asesinato de sus madres.

PROTECCIÓN A LA ORFANDAD EN EL CONTINENTE

Este no ha sido el único esfuerzo en Latinoamérica por proteger a la orfandad por feminicidio, en Argentina se aprobó en septiembre de 2017 la “Ley Brisa” que además del apoyo económico obliga al Estado asegurarle a los menores de edad la educación y salud psicológica.

En México en diciembre de 2017 se aprobó la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres Una Vida Libre de Violencia que obliga a las entidades a crear políticas públicas a favor de estas víctimas secundarias.

Otras iniciativas como la República Dominicana buscan incorporar un protocolo de actuación para que las autoridades reaccionen de manera eficaz al conocer este tipo de casos.

18/HZM/LGL

 

 








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   OPINIÓN
   Quinto Poder
Amar en tiempos de guerra
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 22/03/2018

Es despertar y romper

El bozal y las cadenas

Es conjugar y sentir

El verbo amar sin fronteras

Amparo Ochoa, Para amar en tiempos de guerra

A mí nadie me dijo que debía tenerles miedo a los hombres, lo aprendí cuando a los 12 años un sujeto me tocó mi incipiente pecho y sentí tanto asco que llegué a lavarme al baño de la escuela. El lunes pasado, una mujer y una niña fueron asesinadas por hombres cercanos a ellas, en los que confiaban y de los que en algún momento sintieron afecto y no tenían medo.

La realidad es que en México la mayoría de los casos de feminicidio son cometidos por un hombre con el que la mujer tuvo alguna relación y se suponía, no debían tener miedo. Como Selene, que fue asesinada por su pareja en la tienda en la que trabajaba, y quien en un acto manipulador se disparó a sí mismo en forma indecisa –no se disparó en la sien-. No fue un desconocido el que la atacó sino alguien en el que confiaba, se suponía que no debía tenerle miedo.

Lo cierto es que el miedo está latente para las mujeres, y muy probablemente también se esconde una forma de miedo en los hombres aunque en otra dimensión, en las relaciones afectivas entre mujeres y hombres, incluso entre mujeres, siempre hay un temor a mostrarse, a darse, a “abrirse”, a dejar ver los sentimientos pues eso implica la vulnerabilidad y la volubilidad de las emociones.

Las mujeres vivimos con el miedo a los hombres desconocidos, fundado -como en mi caso- por hechos traumáticos y violentos que tienen que ver con la irrupción de nuestro espacio vital, con la violencia sexual sobre nuestros cuerpos. Crecí con las recomendaciones de mi abuela de estar siempre alerta a que nadie tocara mi cuerpo y defenderme como fuera, (llegué a perseguir a botellazos y con una sombrilla a un sujeto que intentó tocarme años después).

Cuando sentí miedo por primera vez al sujeto aquel que me tocó en la calle, también pensé que no tenía cuerpo de mujer, que iba con uniforme y que no había provocado nada, desarrollé más habilidades para afrontar el miedo a esos desconocidos y cuidarme de ellos. Pero poco supe de cómo cuidarme de los hombres a los que llegaría a amar y a quienes mostraría mi vulnerabilidad afectiva, un tema del que hemos hablado poco las feministas en este juego de exteriorizar sin interiorizar los temas más complejos.

Incluso para las feministas, transitamos en el aprendizaje de nuevas formas de relacionarnos con los hombres, aprender a construir nuevas relaciones que no sean posesivas, ni dañinas, alejadas de todo eso que la noción del “amor romántico” nos deformó, y vamos al aprendizaje de nuevas formas, pero sobre todo de la búsqueda imposible de hombres que no sean machistas. Y digo imposible porque estamos conscientes de que al vivir en un sistema social patriarcal todos y –todas- estamos imbricados en el sistema mismo y tenemos interiorizadas sus formas.

Sin embargo, feministas como somos, muchas mujeres construimos relaciones cotidianas con hombres, familiares, amigos, compañeros de trabajo y en relaciones de pareja en las que tenemos oportunidad de reflexionar acerca de las implicaciones del amor como una práctica “política” del ejercicio de nuestro feminismo. Es decir, en el que tenemos oportunidad de dar la batalla al patriarcado.

Hemos reconocido que “hay una guerra”, en la que las muertas caen del lado de las mujeres, que son asesinadas por sus parejas que no aceptaron o no entendieron la autonomía, la libertad, la vida, las decisiones, y mil pseudo razones por las que a diario se comete la violencia de género.

En medio de esa guerra de un sistema social que utiliza la violencia de género, específicamente la feminicida como herramienta de control para garantizar la opresión de las mujeres, las feministas también reflexionamos sobre la posibilidad de construir otras formas de amar en estos tiempos de guerra, en tender puentes de solidaridad y compañerismo. Mejor no lo puede expresar Coral Herrera cuando dice: “En un mundo en el que la gente está presa del miedo y el odio, amarse es una forma de resistencia frente a la barbarie”.

Amarnos en tiempos de soledades radicales es una forma de resistencia al sistema opresor, amar es transgredir, amar es romper el control del sistema patriarcal, pero amar de otra forma libre de los miedos del sistema que nos quiere constreñidas y oprimidas bajo sus propios códigos.

No podemos, o no debemos vivir con miedo, no más un mundo –aunque sé que aún es utópico- en el que las mujeres y los hombres nos relacionemos desde el miedo, el miedo a descubrir que nos hemos enamorado de personajes inventados por la incapacidad de mostrarnos como somos realmente.

Miedo a mostrar nuestras volubilidades o sentimientos porque este sistema patriarcal nos dice que no, que lleva a la impostura porque quien se abre, cede, quien se enamora pierde y se subyuga, vencer la idea de que el amor es una forma de subyugamiento y que enamorarse tiene que ser la pérdida de algo... el paraíso que nunca fue nuestro, no al menos viviendo en un mundo en el que el amor se sigue construyendo como una batalla a la que hay que ir con armaduras y temer al otro.

Hombres y mujeres tenemos por delante aprender a vencer el miedo y a construir relaciones en las que no sea un recurso de autocuidado, y aprendamos a quitarnos la última máscara impuesta por el patriarcado en la sexualidad, la del miedo a la entrega y la confianza.

Cierro con la frase de la canción de Amparo Ochoa, otra, tras iniciar también con una de ella misma: “Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males”.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

18/AC/LGL

 








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