Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados acogió el pasado jueves un debate acerca de los Presupuestos Generales del Estado, desde un enfoque feminista. Uno de los elementos más destacados fue la “incongruencia” que supone que el Congreso esté gestando un pacto de Estado contra la violencia machista, pero que el presupuesto destinado a prevención siga sin alcanzar los niveles previos a los recortes realizados desde 2010, lo que tampoco permite la atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul, ni cubre el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales que establece el Artículo 19 de la Ley O 1/2004 en las Entidades Locales.
 
En el acto intervinieron Charo Marcos e Isabel Serantes, de la Plataforma Impacto de Género Ya, y las diputadas Lidia Guinart, Vocal del Grupo Socialista en la Comisión de Igualdad; Ángela Rodríguez, Portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la Subcomisión de Violencia de Género; Patricia Reyes, Portavoz del Grupo Ciudadanos en la Comisión de Igualdad y Marta Sorli, Portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Igualdad.
 
De los partidos que apoyan el Proyecto de Presupuestos del Gobierno sólo asistió la portavoz de Ciudadanos, que dijo que los iba a votar, pero que no le gustaban. Los Grupos Socialista, Confederal y Mixto-Compromís van a presentar enmiendas, que las feministas esperan incluyan subir de 27.7 a 141.7 millones de euros (2 mil 942.17 millones de pesos mexicanos) el programa 232C contra la violencia de género.
 
PLATAFORMA IMPACTO DE GÉNERO YA
 
Más de 80 organizaciones feministas, encabezadas por la Plataforma Impacto de Género Ya, presentaron su propia evaluación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, de los que concluyen que "agravan la desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres" tras analizar varias partidas del proyecto presentado el pasado 4 de abril y que se aprueba estos días en el Congreso. En su Manifiesto piden aumentar en 120 millones la partida contra la violencia y que se transfieran directamente a los servicios locales de atención jurídica, social y psicológica a las víctimas.
 
También señalan que el gasto social, que sigue recortado, potencia una estructura laboral y familiar que no contribuye a que los hombres cuiden en igualdad con las mujeres y las mujeres no sean discriminadas en el empleo. Piden que se duplique la aportación estatal de mil 355 millones de euros al Sistema de Atención a la Dependencia, para cubrir a las 341 mil 301 personas en lista de espera y a la Educación Infantil de 0 a 3 años, pues con 159.2 millones, 0.3 por ciento menos que en 2016, menos de un tercio de las niñas y los niños de 0 a 3 años están escolarizados, la mitad en centros públicos.
 
Igualmente denuncian que, a pesar de la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad, este solo supone la cuarta parte del permiso de maternidad. Además, estas 4 semanas, según la Ley 9/2009, tienen necesariamente que tomarse ininterrumpidamente. Así, no solamente se impide que los padres -o las madres no biológicas- puedan cuidar tanto como la madre biológica, sino que ni siquiera se les permite utilizar una parte de su permiso para quedarse al cargo de su bebé una vez que la madre biológica se incorpora a su puesto de trabajo.
 
EMPLEO
 
Respecto al empleo, las feministas denuncian que el número de contratos previstos en 2017 para mujeres víctimas de violencia –mil contratos- es irrisorio, tanto en relación a los 736 mil 500 contratos bonificados que prevé este programa, como en relación a las 140 mil mujeres denunciantes de violencia.
 
El programa 232B Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres, correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, se congela en 19 mil 742 millones de euros. Un 41.2 por ciento menos que en 2010. “Congelación de presupuesto, falta de objetivos y de peso político, externalización y despidos marcan la situación del Instituto de la Mujer este año”, aseguran las organizaciones.
 
A pesar de que el programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, con 27 mil 728.18, tiene 2.5 millones más que en 2016 (9.9 por ciento), aún es un 10.8 por ciento inferior al presupuestado en 2010, frustrando el Pacto de Estado y las demandas de la sociedad.
 
EDUCACIÓN Y SALUD
 
Tampoco hay recursos ni en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ni en el de Educación, para la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004 que obligan a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo.
 
Pese a que el informe “Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España” señala importantes sesgos de género, la aplicación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es casi nula en educación sexual por falta de presupuesto específico.
 
Las organizaciones feministas firmantes del manifiesto también denuncian que el informe de impacto de género no analiza la sección 60, sobre los programas presupuestarios de la Seguridad Social, aun cuando las pensiones suponen el 41 por ciento de los PGE 2017. La discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas se suma a la alta feminización de las pensiones no contributivas (PNC) con la gran diferencia que implica sobre las cuantías percibidas.
 
Por último, el manifiesto examina la cooperación al desarrollo, y señala que desde el año 2010 se ha pasado de destinar el 0.43 por ciento de la riqueza nacional a un 0.21 por ciento en 2017, siendo las partidas más castigadas aquellas con mayor capacidad demostrada de promover derechos humanos, defender la equidad de género o de generar cambios en la vida de las personas.
 
Igualmente, exige que se restaure la atención sanitaria universal frente al R. Decreto-Ley 16/2012, que ha excluido a cientos de miles de personas, con especial incidencia en las mujeres, como señala el punto 31 de las observaciones del Comité CEDAW en 2015. Piden también que se recupere la dotación económica del ejercicio 2008: que se restaure la actividad del Observatorio de Salud de la Mujer e incluya los aspectos de género necesarios para que efectivamente la sanidad sea igual para todas y todos. Y que se ofrezca educación sexual, anticoncepción y aborto en el sistema público, sin discriminación.
 
Las decenas de representantes de las más de 80 asociaciones y coordinadoras feministas, encabezadas por la Plataforma Impacto de Género Ya, firmantes del Manifiesto Feminista ante los Presupuestos del Estado 2017, van a seguir interpelando a las diputadas y diputados de las distintas provincias, y plantearán movilizaciones a lo largo de mayo y junio, en que se votarán los Presupuestos en el Congreso y Senado y se elaborará un “Pacto de Estado” sobre Violencia de Género en la Ponencia del Senado y la Subcomisión del Congreso que, sin presupuestos, sería una ofensa a las víctimas.
 
APOYO AL MANIFIESTO
 
El Manifiesto Feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017 cuenta con 106 firmas de organizaciones hasta ahora. Se siguen recogiendo firmas en la web
 
17/RED/GG

En noviembre de 2006, después de presiones del movimiento feminista, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión de violencia machista para analizar las carencias del sistema de sensibilización y protección que impiden erradicar la violencia de género, y realizar propuestas, con el pacto de Estado en el horizonte. Un pacto para el que el Gobierno no ha contemplado ni un euro en la asignación de partidas efectuada en los Presupuestos Generales del Estado.
 
Esta semana ha sido aprobada la forma en la que se distribuirán los recursos públicos. Mientras los gastos militares aumentan, la lucha contra la violencia machista sigue siendo postergada. La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha calificado en el Congreso de los Diputados de “insuficientes y muy decepcionantes” las partidas para igualdad. Álvarez ha subrayado que “los PGE no contemplan ninguna partida presupuestaria para dar cumplimiento a los nuevos compromisos del convenio de Estambul ni en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres, ni para poner en marcha las medidas que se acuerden en el seno del Pacto de Estado contra la violencia de género” que se está debatiendo en el Congreso y que en octubre de 2017 ya deberían estar en funcionamiento.
 
En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz socialista ha señalado que “las partidas destinadas a la prevención de la violencia contra las mujeres en los PGE 2017 no recomponen el recorte acumulado a lo largo de estos años”. De este modo, la Delegación del Gobierno para la Lucha contra la Violencia de Género mantiene un recorte del 8.68 por ciento sobre los últimos presupuestos del gobierno socialista de 2011, unos 30 millones de euros en 2011 y 27 mil 700 millones en 2017.
 
“No hay ninguna actuación novedosa para la prevención de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. No existe en los PGE ninguna partida destinada a dar cumplimiento a los nuevos compromisos del convenio de Estambul”, ha insistido la portavoz socialista. Por ejemplo, “la lucha contra la violencia sexual no recibe ninguna aportación del Gobierno de la nación, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas (nueve de las 17) sí tienen presupuestos específicos para luchar contra las agresiones sexuales a mujeres”, ha explicado.
 
La portavoz socialista confía en que, a lo largo del proceso de enmiendas, logren que el Gobierno destine una partida específica, en torno a cien millones, “para que se implementen las políticas de igualdad en el ámbito de las corporaciones locales”. Para Álvarez, “que los ayuntamientos recuperen sus competencias materia de Igualdad es básico. Es una línea roja en los acuerdos del Pacto contra la Violencia de Género”.
 
La subcomisión sobre violencia de género que se creó en el Congreso se ha articulado en torno a diez temas que han sido consensuados por los diferentes grupos con la premisa de tratar todas las formas de violencia machista: violencia de género en sentido general, violencia sexual, migrantes, discapacidad y menores, violencia contra los hijos e hijas de mujeres víctimas, trata y asilo, prostitución, nuevas formas de violencia y redes sociales, medios de comunicación y violencia de género contra mujeres LGTBI.
 
La Plataforma 7N es una de las voces que ha hecho sus aportaciones en la Subcomisión. En una jornada celebrada en febrero, Charo Marcos, de Generando Red contra las Violencias machistas y Plataforma Impacto de Género Ya, dejó claro que algunos indicadores sobre el destino de los Presupuestos Generales del Estado evidencian la falta de prioridad que el Gobierno da a la lucha contra la violencia machista. Según el análisis de la experta, “es como si de un sueldo de unos mil 800 euros al mes, destináramos 2 euros a la lucha contra la violencia de género”. Otro de los indicadores es el número de víctimas de maltrato que reciben la ayuda social: “550 mujeres, sabiendo que se producen 129 mil  denuncias y que se han dictado 37 mil órdenes de protección en un año”.
 
Charo criticó el ahogo económico que han sufrido proyectos como Feminicidio.net y los recortes sistemáticos que se vienen produciendo desde hace años en políticas de Igualdad, tijeretazos que se traducen en una mala atención a las mujeres que necesitan ayuda, en falta de formación de las y los profesionales de los cuerpos de seguridad, del ámbito judicial y social, que, además, desarrollan su labor en situación de precariedad.
 
17/RED/GG