Santos Torres

El juez Carlos Guerra Jordán ordenó abrir un proceso penal contra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía, contra la exsubsecretaria, Anahy Keller Zavala, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, por la muerte de 41 niñas de ese albergue, quienes perecieron quemadas, tras ser encerradas en  un cuarto de 6 por 7 metros,  porque intentaron huir y protestaron los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Como lo había solicitado el Ministerio Público (MP), a partir de la denuncia de algunos familiares de las víctimas, las tres personas que serán juzgadas están acusadas de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato de menores de edad y abuso de autoridad.
 
El MP, por voz del fiscal Edwin Marroquín, señaló que fueron incumplidas reglas básicas de seguridad en normativas planteadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y que  los acusados no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos en la Secretaría de Bienestar social (SBS), ni cumplieron con la obligación de proteger a las niñas.
 
300 GRADOS CENTÍGRADOS Y ENCERRADAS
 
De acuerdo con las pruebas y testimonios aportados por el fiscal del MP, Edwin Marroquín, durante las audiencias que se realizaron desde el lunes hasta este viernes en que el juez decidió sujetar a proceso a los acusados, ese 8 de marzo las niñas estaban encerradas en el área de Pedagogía del albergue, luego de que algunas intentaron escapar y hubo una protesta por los abusos que sufrían.
 
El incendio, según el MP, fue provocado por dos adolescentes, quienes prendieron fuego a unas colchonetas del lugar, lo que originó una rápida propagación del fuego. 
 
De desde las 8:45 hasta las 9:10 de la mañana hubo llamas, es decir durante 25 minutos, y nueve minutos de ese tiempo el incendio alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados, por lo que las posibilidades de que las niñas encerradas sobrevivieran eran mínimas.
 
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala informó que entre las causas de esas muertes son signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.
 
El MP explicó también durante las audiencias que el director del albergue faltó al deber de cuidado porque era la única autoridad que podía tomar decisiones ante alguna circunstancia anómala, como sucedió el 7 y 8 de marzo. El director avisó a sus superiores de la Secretaría y tras una reunión, decidieron separar a las niñas y encerrarlas, bajo el resguardo de la Policía.  
 
RECOMENDACIONES DEL CONGRESO
 
Ayer por la tarde, en el Congreso guatemalteco, la comisión especial creada para seguir el caso Hogar Seguro entregó al pleno un informe, donde las y los diputados realizaron recomendaciones, entre ellas que la Secretaría de Bienestar Social cree un protocolo para evitar otro caso similar.
 
Ante la ausencia de varios legisladoras y legisladores, el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, criticó las ausencias y recordó que hay 500 niñas en riesgo en ese y otros albergues, mientras en el Congreso “tranquilos a Semana Santa, señores diputados, saquen su calzoneta (traje de baño)”, dijo. 
  
El informe recomienda usar leyes vigentes para enfrentar los problemas en los albergues del país. 
  
EL FUTURO, ¿IGUAL?
 
La directora interina del Consejo Nacional de Adopciones, Sully Santos, dijo al diario local Prensa Libre que en Hogar Seguro había mucha resistencia a las revisiones del lugar, por lo que tenían que realizarlas periódicamente desde 2015 por medio de la orden de un juez.
 
Dijo que, debido a esas resistencias, no pudieron hacer el año pasado un censo, al que está obligado el Consejo, para saber cuántos niños y niñas había en Hogar Seguro, pero sí pudieron hacerlo en albergues privados y este arrojó 3 mil 215 niñas y niños.
 
Sin embargo, lograron obtener los datos que maneja la Secretaría de Bienestar, que indican que hay 5 mil 300 niños institucionalizados, entre albergues públicos y privados.
 
Tras la tragedia en Hogar Seguro, señaló la funcionaria a la prensa local, se deben agilizar los procesos de adopción de las niñas y niños de los albergues, pero solo 303 están declarados adoptables y el resto, cinco mil, deberían estar con sus familias y no en los albergues.    
 
En Hogar Seguro sólo había 29 con posibilidades de ser adoptados, de los cuales el 90 por ciento tiene discapacidad severa, detalló.
 
Y sobre la condición legal de los albergues explicó que, de los 127 que están en funciones, sólo 32 están autorizados, 31 están en proceso de revalidación y 63 no están autorizados, porque no tienen personal, ni programas e instalaciones adecuadas o, simplemente, no han pedido ser autorizados.
 
Mientras tanto, en Hogar Seguro aún hay menores de edad, aproximadamente 50, según informó el canal Guatevisión a mediados de marzo. Por otra parte, en clínicas de Estados Unidos permanecen siete niñas hospitalizadas, sobrevivientes del incendio. 
 
17/GG
 

Homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad son los delitos por los que se acusó a funcionarios encargados del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde el pasado 8 de marzo murieron quemadas 41 niñas, quienes fueron encerradas en un espacio de 6 por 7 metros, luego de que protestaron contra los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.
 
Durante las audiencias realizadas el pasado 3 de abril en la Torre de Tribunales por los hechos en la casa-hogar, en donde también quedaron lesionadas decenas de niñas, el Ministerio Público guatemalteco presentó indicios sobre la posible comisión de delitos por parte de las personas a quienes acusa. 
 
Entre los detalles que se dieron a conocer durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que el incendio duró 9 minutos, que inició con una colchoneta que se propagó inmediatamente a las otras 24; y evidenció que se incumplieron una serie de protocolos, de acuerdo con información difundida por Guatevisión.
 
El fiscal Edwin Marroquín, dijo que la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahy Keller, institución de la que depende el albergue, “incumplió su deber de garante de protección a menores de edad, generado por su falta de pericia en el desempeño en el cargo”, lo que provocó dijo, el incendio.
 
LA POLICÍA LAS ENCERRÓ
 
De acuerdo a los peritajes, reportó Guatevisión, a los hombres los encerraron en el auditorio y a las mujeres en el área de Pedagogía del Hogar. Los bomberos no lograron entrar a tiempo. Mientras las adolescentes quedaron encerradas en la habitación bajo llave. No les permitieron salir.
 
El resguardo de las menores de edad quedó en manos de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes las encerraron y nos las auxiliaron al momento del incendio.
 
La audiencia de primera declaración fue suspendida por el juez cuarto, Carlos Guillermo Roldan, quien programó la continuidad para el día de ayer, toda vez que el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, no presentó a su defensa y porque argumentaron que varios abogados no fueron notificados del cambio de fecha de la misma la cual se tenía programada hasta el 10 de abril.
 
En tanto, durante un programa de debate en la misma televisora, Guatevisión, el analista Phillip Chicola dijo que se reconstruyeron los hechos desde 24 horas antes, por lo que se evidenció que un día antes del incendio, un grupo de 60 menores de edad se escaparon del hogar y que hubo llamadas del exdirector de la casa hogar, Santos Torres, al ex Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y a la subsecretaria Anahy Keller, quienes llegaron al lugar antes de las 6 de la tarde.
 
El analista agregó que, según los testimonios recabados, en ese momento se llamó a la policía para encontrar a las niñas que se fueron, encerraron a las y los menores de edad, a los niños en un salón y las niñas en otro, y que tanto el Secretario de Bienestar Social como el Director del centro, suscribieron un acta donde le entregan el control a la Policía Nacional Civil.
 
Durante la audiencia, el Fiscal Edwin Marroquin dijo que las y los menores de edad protestaban por las violaciones a sus Derechos Humanos y nada se hizo. Y que ninguno de los dos funcionarios (ni el entonces secretario Carlos Rodas, ni Anahy Keller) tenían el perfil idóneo para el lugar que ocupaban, y mucho menos para atender una crisis como la que se presentó cuando las y los menores de edad se escaparon.
 
De acuerdo con información difundida por Guatevisión, quien da seguimiento al caso, la Procuraduría General de la Nación actuará como querellante provisional por las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Rodolfo Díaz de Fundación Sobrevivientes defiende a 9 víctimas, Pedro Rafael Maldonado abogado independiente defiende a 5. Ambos figuran como querellantes en el caso de la Secretaría de Bienestar Social.
 
El juez Carlos Guerra, deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días. Cabe recordar que el presidente guatemalteco Jimmy Morales destituyó tras la tragedia a los tres funcionarios sindicados. Y que el mandatario tiene una demanda judicial, presentada por legisladores, como responsable del caso.
 
17/LGL/GG