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La vocera de las trabajadoras de intendencia que fueron despedidas de manera injustificada por el gobierno capitalino, Guadalupe Carrasco Carrasco, informó que interpusieron un recurso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) para exigirle que acepte los testigos del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del plantel Iztapalapa e integre dos testimonios a la audiencia del 14 de noviembre.
 
Las 65 trabajadoras de intendencia que fueron despedidas de manera injustificada del IEMS tendrán audiencia testimonial ante la JLCyA el próximo 14 de noviembre, pero denunciaron que no les aceptaron los “testigos clave” del plantel de Iztapalapa 2, lugar en el que ellas trabajaron e instalaron su plantón para denunciar las violaciones a sus derechos laborales por parte del gobierno capitalino.
 
La vocera de las trabajadoras de intendencia explicó que la JLCyA ya les programó la audiencia testimonial pero solamente aceptó a testigos de los planteles del IEMS de Coyoacán, Tláhuac y de Gustavo A. Madero 1 y 2, pero no admitió a los “testigos” del plantel en el que ellas trabajaban y ayudarían a comprobar que no estaban subcontratadas por otra empresa.
 
Por lo anterior, los representantes legales de las 65 trabajadoras de intendencia, el Comité Cerezo México, interpuso un recurso el pasado 21 de octubre para solicitar “regularización de procedimiento” al expediente 127/2016 ante la JLCyA, que consiste en solicitar que admitan los testimonios de los testigos del plantel Iztapalapa 2 y respeten el proceso de denuncia laboral de las trabajadoras de intendencia.
 
En entrevista aparte el representante legal, Alejandro Cerezo Contreras, explicó que sin justificación alguna para su rechazo, la JLCyA determinó que las tres personas que trabajan en el plantel de Iztapalapa 2 quienes atestiguarían a favor de las extrabajadoras, fueron rechazados, por lo que esta instancia hizo un “uso arbitrario de la ley”.
 
En un comunicado de prensa el Comité Cerezo México exigió a la JLCyA y los tres niveles de gobierno que “dejen de utilizar la ley de manera discrecional y admitan el recurso para la aceptación de los testigos”.
 
En el mismo boletín de prensa el Comité Cerezo, señaló que la JLCyA programó para el próximo 3 de noviembre la audiencia testimonial del personal directivo y administrativo del IEMS plantel Iztapalapa, por lo que “temen” que dé prioridad a lo que expresen los testigos de la institución educativa.
 
Las audiencias testimoniales se realizarán en varias sesiones durante el mes de noviembre, hasta el mes de febrero, en donde las trabajadoras de intendencia presentarán a sus testigos y los directivos del IEMS presentarán los suyos.
 
La experiencia en este proceso de denuncia laboral de las 65 trabajadoras de intendencia en contra del gobierno de la Ciudad de México y el IEMS, es de 10 meses de lucha legal, en el que han reportado irregularidades como “dilaciones” por la postergación de las fechas de audiencia ante la JLCyA, hostigamiento a las trabajadoras que hacen guardia en el plantón que instalaron afuera del plantel Iztapalapa 2 y el rechazo de testigos que son importantes para demostrar que ellas sí trabajaron para ese plantel del IEMS.
 
Entre los recursos que han interpuesto, destaca una misiva dirigida a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), Margarita Darlane Rojas Olvera, con fecha del 5 de septiembre del año en curso, en donde solicitaron su intervención para “vigilar el proceso” debido a las irregularidades que se han presentado desde que interpusieron la denuncia en abril de este año.
 
Además de esto, se han reportado represalias a personal docente que apoyó a través de acciones sindicales a las trabajadoras de intendencia, tal es el caso de la profesora de Lengua y Literatura en el plantel Álvaro Obregón I, Karla Santoyo Hernández, quien además es secretaria de prensa y propaganda del Sindicato de la Unión de Trabajadores (SUTIEMS).
 
16/GVV/LGL

La titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina, se pronunció a favor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque consideró que las personas tienen derecho a realizar la actividad laboral que deseen.
 
Así lo dijo al finalizar su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) donde expuso que el borrador de Constitución capitalina elaborado por un Grupo Redactor tiene un “espléndido” capítulo en materia de derechos laborales. 
García Medina señaló que el “trabajo sexual” será reconocido en el texto constitucional de la capital del país pero aseguró que ya es realidad porque hay un amparo aprobado en 2014 por la entonces jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que obligó al Gobierno de la Ciudad a reconocer “este tipo de trabajo no asalariado”.

La sentencia es la que emitió el 31 de enero de 2014 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal al resolver el Juicio de Amparo 112/2013 en el que reconoció que toda persona tiene derecho “al trabajo libremente elegido o aceptado”, por lo que el Gobierno capitalino decidió entregar credenciales a “trabajadoras sexuales”.
 
De acuerdo con la funcionaria la condición de reconocer esta actividad como un oficio es que sea voluntario y autónomo y por ello explicó que no se puede equiparar a la “trata de personas” ya que este último fenómeno es un delito inaceptable que no se debe permitir.
 
En su opinión, es necesario garantizar los derechos de las personas que de manera autónoma deciden realizar esta actividad y es que –dijo–de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. 
 
En su oportunidad el asambleísta Víctor Hugo Romo, quien encabeza en la ALDF la propuesta para derogar la “prostitución” como una infracción, “felicitó” a la funcionaria por ser una pieza fundamental “para respaldar los derechos de las mujeres que se dedican a esta actividad”.
 
El diputado local y ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo dijo que “más allá del dogma y del estigma”, todo “oficio” debe ser reconocido y por ello la Asamblea Legislativa está en la ruta para “legalizar este trabajo” sin “generar protección a los tratantes de personas”.
 
Durante su comparecencia García Medina explicó que el capítulo laboral del proyecto de Carta Magna se trabajó con líderes sindicales, abogados laboralistas, académicas y académicos, y destacó que incluso se garantizó que las personas no asalariadas tengan derechos.
 
SEGURO DESEMPLEO
 
En el tema del empleo, Amalia García informó que de septiembre de 2015 a 2016 el Seguro de Desempleo de la Ciudad de México apoyó a 5 mil 811 personas con este beneficio económico mientras consiguen empleo, entre ellas 75 mujeres trabajadoras despedidas por embarazo.
 
Este programa consiste en el otorgamiento de un apoyo económico hasta por seis meses, equivalente a 30 días de la Unidad de Cuenta Mínima de la Ciudad de México, que en este momento asciende a 71.68 pesos, por lo que cada apoyo mensual es de 2 mil 150.40 pesos.
 
Explicó que este programa otorgó apoyos a 5 mil 811 personas de grupos de población en vulnerabilidad: 4 mil 126 personas preliberadas y liberadas de Centros de Readaptación Social en la Ciudad de México, mil 303 personas de comunidades indígenas; y 270 migrantes nacionales en retorno a la Capital, entre otros. 
 
OUTSORCING
 
La ex gobernadora de Zacatecas fue cuestionada por la atención que la dependencia ha dado a las 59 trabajadoras de intendencia que denunciaron que en noviembre de 2015 fueron despedidas de manera injustificada por el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y quienes ahora exigen su reinstalación.
 
Estas mujeres mantienen una demanda ante la Junta Especial número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje e incluso esta semana enviaron una carta a Margarita Darlane Rojas Olvera, presidenta de este organismo, para garantizar que el caso se resuelva respetando los derechos laborales.
 
En esa misiva respaldada por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, exigieron a la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo que les brinden el Seguro de Desempleo, el cual les debieron haber otorgado desde enero.
 
Al respecto García Medina dijo que las trabajadoras despedidas del IEMS ya tienen el seguro de desempleo y expuso que en su momento se les planteó la posibilidad de acceder a este beneficio y además de recibir capacitación para formar una cooperativa como ellas lo pidieron.
 
PERIODISTAS DESEMPLEADOS
 
Desde enero de 2016 el Seguro de Desempleo modificó sus reglas de operación para atender a las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas que llegan a residir a la Ciudad de México y se encuentran en riesgo por el desempeño de su ejercicio profesional.
 
De acuerdo con el coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social en la Asamblea Legislativa, Carlos Candelaria López, se tiene un registro de 97 casos en el Mecanismo de Protección de periodistas que llegan a radicar a la ciudad en busca de seguridad.
 
En este contexto el legislador pidió a la titular de la Secretaria del Trabajo, velar por el bienestar de los periodistas; en respuesta  García Medina expuso que a la fecha hay cinco casos de periodistas aprobados que cuentan con el apoyo económico.
 
16/AGM/LGL

Trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), despedidas hace 9 meses injustificadamente, iniciaron una campaña de recolección de firmas de organizaciones y ciudadanía, para que la Junta de Conciliación y Arbitraje, que actualmente aborda su caso, no dilate más la audiencia que les permitirá demostrar que ellas fueron contratadas por el Gobierno de la Ciudad de México.
 
Las 65 trabajadoras despedidas tienen entre 54 años a 60 años de edad, siguen sin empleo y desean conseguir una base laboral o bien el pago de su antigüedad, que en algunas es de 7 años y para otras es de hasta 15 años de labor.
 
A través de una misiva dirigida a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), Margarita Darlane Rojas Olvera, solicitan su intervención para “vigilar el proceso” debido a las irregularidades que se han presentado desde que interpusieron la denuncia (en abril de este año), como el retraso en las audiencias, para que puedan presentar las pruebas que confirmen que ellas trabajaban de manera directa con la institución educativa, que pertenece al gobierno de la Ciudad de México.
 
“Creemos que su intervención logrará que se agilice, conforme a derecho, el trámite legal del procedimiento y se pueda resolver este juicio de manera pronta, tal como lo establece el artículo 17 Constitucional”, indican las trabajadoras en su petición.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Alejandro Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo que acompaña legalmente a las trabajadoras, recordó que la audiencia programada para el 20 de mayo, se pospuso para el 21 de septiembre, lo que fue informado por la JLCyA apenas en agosto.
 
Indicó que por lo general, estas audiencias son programadas en un lapso de 15 días o máximo un mes después de haber interpuesto la denuncia, pero en este caso, observó la programaron en dos ocasiones, lo que significa un “retraso del proceso legal” y una afectación a las trabajadoras, quienes tienen ya 9 meses sin trabajar, desde que las despidieron sin justificación del IEMS.
 
El activista explicó que para la audiencia del próximo 21 de septiembre solicitarán que se acepten todas las pruebas que presentarán para demostrar que las trabajadoras eran empleadas de la institución educativa y no de la empresa denominada “ROCMAN S.A de C.V”, que el IEMS ha mencionado como sub contratista.
 
En días pasados, las trabajadoras del IEMS informaron en un boletín de prensa, que el 21 de julio se reunieron con la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García y con el entonces, subsecretario de gobierno, Juan José García Ochoa en la cual los funcionarios se comprometieron a tramitarles y otorgarles el “seguro de desempleo”.
 
“Ha pasado más de un mes desde que representantes del Gobierno de la Ciudad de México establecieron un compromiso con las trabajadoras despedidas del IEMS y no lo han cumplido” indican en el comunicado.
 
Además de eso las trabajadoras del IEMS, denunciaron hostigamiento e intento de extorsión por parte de personal de la institución educativa, de las autoridades delegacionales de Iztapalapa y del Gobierno de la Ciudad de México.
 
Informaron que el pasado viernes 2 de septiembre se presentó el Director de Gobierno de la Delegación de Iztapalapa Abel Gabriel Badillo Bustamante y personal de la Dirección General Jurídica y de Gobierno a las instalaciones del plantel Iztapalapa II, en donde las trabajadoras tienen instalado su plantón.
 
El funcionario les dijo que no podían estar ahí y cuando ellas explicaron el motivo de su plantón, él les advirtió que no podían vender nada y que de ser así, tenían que sacar un permiso o llegar a un “arreglo” con él.
 
Ellas argumentaron ejercer su derecho a la protesta y el derecho a la alimentación, por lo que el funcionario entró al plantel para platicar con la coordinadora del IEMS, después salió y tomó fotografías de las trabajadoras que se encontraban en el plantó, denunciaron en el boletín.
 
“Exigimos que las autoridades del IEMS, de la delegación de Iztapalapa y de la CDMX dejen de abusar hacia quienes, amparadas bajo la Carta Magna, exigimos justicia por nuestros años trabajados en las preparatorias del IEMS” señala el Comité Cerezo México en el boletín de prensa.
 
16/GVV/LGL