infancia

Si estos embarazos son producto de violencia sexual el Estado debe garantizarles el acceso al aborto, pero sobre todo, salvar su vida, afirmaron expertas consultadas por esta agencia.

La ginecóloga y asesora en sistemas de salud en Ipas México, organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, Claudia Martínez López, explicó en entrevista que la Norma Oficial Mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establece el derecho al aborto y atención médica de urgencia en caso de una violación.

Agregó que el riesgo a la salud y vida de la gestante es una de las causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo en 14 entidades del país y en el caso de las niñas, este riesgo se incrementa por su condición física y biológica, por lo que la causal debe cumplirse.

Explicó que hay mucho mayor riesgo de mortalidad y morbilidad maternas (secuelas a la salud por el embarazo) en las niñas de estas edades cuando llevan a término un embarazo, que si decidieran interrumpirlo en condiciones seguras.

“Si se interrumpe un embarazo en una menor de 14 años de edad en las primeras 8 semanas de gestación, el riesgo de complicaciones es del 0.3 por ciento. Arriba de las 12 semanas únicamente aumenta 0.5 por ciento, aún con los procedimientos tecnológicos adecuados”, por lo que es fundamental que sí se realicen las interrupciones legales del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, precisó.

“Los trastornos hipertensivos por un embarazo en la niñas es una de las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad materna infantil, en el país, a ello se agregan otras como las hemorragias en el parto”, precisó.

Datos del Instituto de Estadística y Geografía, revelan que en diez años (2005 a 2015) se registraron 72 defunciones de niñas entre 10 y 14 años de edad por razones maternas.

La especialista de IPAS precisó que una niña embarazada tiene riesgo de presentar partos prematuros -que atenta contra su vida y la del producto- problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias durante el embarazo, parto o puerperio.

Aunado a esto, las secuelas de un embarazo en la infancia se prolongan después del parto -continúa- el aporte nutricional que necesita el producto para crecer hace que una niña termine en situaciones de desnutrición, descalcificación o anemia.

En ocasiones, agregó, la situación se agrava en infecciones bacterianas como la sepsis del puerperio (bacterias en las sangre entre la expulsión de la placenta y seis semanas después del parto), que de no tratarse deriva en casos fatales del fallecimiento de la menor de edad. Esto también significa que si el producto nació quede en la orfandad, agregó.

“Si consideramos que el cuerpo de las niñas no se ha desarrollado por completo para parir, la mayoría de estos embarazos de alto riesgo requiere la práctica de una cesárea, lo que hace que en próximos partos sean más vulnerables a presentar fisuras en los órganos cercanos al área del útero; además, por la herida en el abdomen se forma un tejido de cicatriz interna (adherencias) que puede tener consecuencias como las obstrucción intestinal, dolor crónico y la infertilidad”, explicó Claudia Martínez López.

URGENTE ATENCIÓN MÉDICA

Pese a que el embarazo producto de una violación debe atenderse como emergencia médica para asegurar el bienestar de las menores de edad, el personal de salud no conoce o se niega aplicar la NOM 046, la Ley General de Víctimas y a respetar el interés superior de la niñez, aseguró el asesor en políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González.

Respecto a los programas del Estado, si bien la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) pretende “erradicar el embarazo en mujeres de 10 y 14 años” para 2030, ésta no contempla en ningún rubro difundir la información sobre el derecho al aborto para las niñas víctimas de violación, observó.

Sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud consultado por esta agencia, registró 11 mil 219 nacimientos donde las madres tenían entre 9 y 14 años de edad.  En cuatro casos las niñas tenían 9 años, 25 de ellas tenían 10 años, 55 de 11 años, mientras en 11 mil 135 casos fueron madres entre 12 a 14 años.

VIOLACIÓN Y UN EMBARAZO: LA SALUD MENTAL

A pesar de no tener certeza, se presume que detrás de los embarazos de menores a 14 años hubo violencia sexual perpetrada por personas de confianza como familiares y vecinos, lo que afecta gravemente la salud mental de las niñas, explicó la psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Diana Mireya Saldívar Moreno.

Las menores de edad, dijo la experta en infancia, están en una etapa de construcción de lazos afectivos y madurez emocional que se ve alterado después de una violación, por lo que son propensas a desarrollar depresión, ansiedad y “problemas psicosociales” que las hace aislarse, desconfiar de las personas, y bajar su rendimiento en la escuela o desistir de ella.

Muchas tienen sensaciones de culpabilidad pues presentan una maternidad que no desearon, por lo que el acompañamiento y una atención psicoterapéutica pueden contrarrestar y eliminar estas consecuencias, señaló la psicóloga de la asociación experta por 27 años en violencia sexual.

El impacto de un embarazo por violación en una niña trasciende y trastoca también a la familia, detalló la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna. En su experiencia como asesora legal de este tipo de casos, son las madres quienes tienen que buscar alternativas para que sus hijas puedan interrumpir el embarazo.

“Piensan en si van a incurrir en un delito, a veces tiene que viajar para llegar a organizaciones fuera de sus localidades. En las madres finalmente recae la angustia, son como una esponja, absorben todo el impacto del proceso. Y al conocer la agresión que vivieron sus hijas se responsabilizan de no protegerlas”.

Para la abogada de GIRE, el Estado permanece ausente aún cuando es su obligación asegurar la vida de mujeres y niñas, pero no hay política pública integral que las reintegre a la escuela, acceder a un aborto, tampoco atención psicológica, mucho menos garantizarles justicia, por lo que urge que el gobierno haga estrategias para atender a las niñas víctimas de violación, concluyó.

17/HZM/MMAE/LGL

Nezahualcóyotl es uno de los 11 municipios del Estado de México en donde hay Alerta de Violencia de Género desde el 31 de julio de 2015.

En un lote baldío de la colonia Las Virgencitas, en Neza, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar encontraron el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 5 años de edad.

El martes 21 de marzo, organizaciones y colectivos de mujeres del Estado de México levantaron un altar en el lugar donde fue dejado el cuerpo de la niña. Desde las 11 de la mañana, activistas y un grupo de vecinas, cruzaron la avenida Bordo de Xochiaca para hacer un altar y exigir seguridad y un trabajo eficaz a la policía.

Mujeres de la colonia se sumaron espontáneamente para hacer el altar. Algunas que iban a “hacer su mandado”, solo fueron a dejar su compra, “solo llevo mi carne porque si no se me echa a perder”, y regresaron para ayudar.

Mientras las mujeres hacían el altar, un grupo de policías estatales las “acompañaban”, “por “su seguridad”. Mientras, agentes ministeriales inspeccionaban el lugar para continuar con las investigaciones.

Las activistas escribían consignas en cartulinas y construían la cruz que acompañaría el altar, mientras las vecinas del lugar recordaban a los policías su obligación de garantizar seguridad y medidas como alumbrado en sus calles.

Las vecinas, e integrantes de la Agrupación Política Nacional Nosotras, el Colectivo de Madres del Edomex y Centro Cultural y Organización Social de Nezahualcoyotl, agarradas de la mano, realizaron un acto de unión por la niña asesinada.

Activistas y vecinas fueron al Servicio Médico Forense para que las autoridades no den “carpetazo” al caso. El fiscal Mauricio Blancas les dijo que ellos solo levantaron el cuerpo, que el caso corresponde a la Fiscalía de Feminicidios, aunque sabe que no existe Alerta Amber o denuncia por desaparición que corresponda a la descripción de la niña.

El lunes 27 de marzo, los colectivos de mujeres y las vecinas se manifestarán frente a la Fiscalía de Feminicidios, para que se identifique a la niña y se haga justicia.

17/CML/GGQ

Siete de cada diez víctimas de violencia contra menores de edad son niñas, y en 3 de cada 100 homicidios contra niñas, niños y adolescentes la violencia familiar fue identificada como una de las primeras señales de maltrato, informó la directora de Protección a la Infancia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Dora Giusti .
 
Giusti realizó un análisis de datos de varias encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud (Ss) y encontró que del 2011 al 2015 asesinaron a un promedio de 3 niñas, niños y adolescentes en México y en 2 de cada 10 homicidios eran niñas.
 
Durante el conversatorio “El impacto de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar”, realizado hoy por UNICEF y organizaciones con trabajo en infancia y adolescencia, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Ricardo Bucio Mújica, señaló que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes no prohíbe el castigo corporal al mantener el  concepto de “abstenerse” de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica y eso normaliza la violencia dejando a criterio ese tipo de actos, cuando se trata de eliminar toda posibilidad de acto violento en contra de menores de edad.
 
Bucio Mújica agregó que los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, demostraron que 96 por ciento de las personas adultas que la respondieron reconocieron que se ejerce violencia física en las niñas, niños y adolescentes de este país.
 
La directora Tech Palewi, organización civil que trabaja en atención psicosocial de víctimas de violencia, Ana Gladys Vargas Espínola, explicó que las afectaciones en menores de edad que viven cualquier tipo de violencia en el entorno familiar ya sea de manera directa e indirecta (en donde la madre es la víctima de violencia por parte del padre) desarrollan trastornos que afectan su salud física y emocional, como incontinencia urinaria, estrés constante y baja autoestima.
 
La experta en atención psicosocial señaló que es necesario que el Estado implemente modelos de atención psicológica para la violencia familiar ejercida de manera intencionada y la violencia que se da de manera no intencionada, a consecuencia de un acelerado ritmo de vida, en donde madres y padres incurren en omisiones de afecto.
 
La Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Nelly Montealegre, informó que para la implementación de la Ley General instalaron 30 Procuradurías estatales, sólo faltan las de la Ciudad de México y del Estado de México y capacitan al personal para la atención y protección de los derechos de la infancia.
 
El conversatorio se dio como parte de las acciones de la campaña internacional impulsada por el UNICEF denominada #ENDViolence.
 
16/GVV/LGL

Las niñas y niños están sentados en un semicírculo, tienen entre 15 y 8 años, pertenecen a la clase media, y esta tarde se han convertido en nuestro grupo asesor para entender qué programas de televisión ven, qué temas les interesan, si se sienten o no escuchados por las personas adultas. Ningún tema les es ajeno a pesar de que, como ellas y ellos nos dicen, las personas adultas decidan no discutir ciertos tópicos con ellos como seres capaces de dialogar y comprender las crisis que viven las familias mexicanas debido a la violencia social y política, a los desequilibrios económicos, a la creciente violencia dentro de la familia.
 
Niñas y niños de todo el país tienen mucho en común, quienes viven en las ciudades o pertenecen a grupos indígenas que viven en el campo tienen ideas muy similares sobre la ausencia de fortaleza de las personas adultas. Un tema en particular nos une en estos encuentros de diálogo intergeneracional ¿en qué momento de la vida una o un joven con solidez ética elige el camino de la corrupción? Por qué una o un estudiante que demostró tener principios y valores sólidos unos años después de salir de la universidad obtiene un buen trabajo, por ejemplo, en el servicio público, y de pronto elige ser parte del problema y no de la solución.
 
Las niñas y niños con menos de 18 años sostienen una hipótesis: las personas adultas están en constante estado de estrés, reciben golpes sistemáticos a su economía, viven una y otra vez experiencias de injusticia que, por pequeñas que parezcan, van dejando huellas que las debilitan emocionalmente, que les convierten en seres cínicos, ambiciosos, y a los cínicos no les importa lo que suceda con las personas de su entorno siempre y cuando ellos y su círculo cercano tengan todo lo que quieren.
 
¿Ustedes creen entonces que los adultos de tanto sufrir se dan por vencidos? Sí, replican niñas y niños a coro en señal afirmativa.
 
Además, dicen, se vuelven desconfiados, y egoístas. Sí, afirma un chico, se vuelven corruptos por egoísmo; eligen sólo pensar en ellos y no en las consecuencias que sus propios actos tienen en las demás personas. 
 
Un chico de 8 años, en una sesión anterior define su visión personal de justicia: “si yo le doy una galleta a José y media galleta a Juan, eso está mal. Debo darles lo mismo a ambos porque si no lo hago, creo injusticia.” Otra pequeña Tzotzil de Chiapas definió a los políticos como personas que tienen un trabajo en que deben mejorar la vida de las personas pero en lugar de hacerlo deciden robar, mentir y hacer mal su trabajo. Hablan del partido Verde, les inquiero si es lo que piensan ellas o sus padres y madres. Yo pienso eso, dice una niña Tzeltal con voz segura, los del partido Verde nomás vinieron a  prometernos escuela, útiles, agua, luz. Nada más llegó a ser gobernador y seguimos igual. Estas niñas y niños, a diferencia del primer grupo, estudian por las mañanas y trabajan en el mercado en los puestos familiares para apoyar su economía.
 
Todas ellas y ellos hablan de la existencia de fosas, de las desapariciones forzadas, pueden explicar casi con la misma precisión el secuestro que el fútbol. Ven a superhéroes realistas con defectos y virtudes, rescatan a  mascotas desprotegidas y muchas de ellas creen que a veces deben rescatar a sus padres y madres del negativismo abrumador que les arrebata la alegría.
 
No importa su origen social, racial o económico, las niñas y niños  se niegan a participar de la decepción emocional que causa desesperanza, esa que las personas adultas a su alrededor derraman a diario frente a los atentos oídos de sus hijos, hijas, nietos, sobrinas, o estudiantes. Tal vez este México en guerra, donde la muerte y el crimen son tema de sobremesa, está criando sin saberlo a una generación resiliente al horror. Una generación que sabe que tiene derechos, que de verdad lo sabe. Es un hecho que las organizaciones por los derechos de niños y niñas han hecho un gran trabajo, empoderaron a millones de jóvenes que entienden mejor al país que muchos adultos cínicos que se han rendido.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
@lydiacachosi
 
16/LCR/LGL

Desde 2011 la ONU eligió el 11 de octubre para conmemorar el Día Internacional de la Niña. ¿Por qué? Porque las niñas viven situación de emergencia mundial.
 
Ciertamente la niñez ha dejado de ser ese paraíso de sueños e inocencia al que le cantaba Cri Cri. Cada vez es más claro que la mayoría de las niñas y los niños de nuestro planeta se encuentran en terreno minado -a veces, literalmente-.
 
No obstante, no corren los mismos riesgos. Las niñas, por el único hecho de pertenecer al sexo femenino, enfrentan mayores violencias y no se garantizan derechos que en los niños sí. Algunos botones de muestra:
 
De las 4.5 millones de personas víctimas de explotación sexual forzada, 98 por ciento son mujeres y niñas (ONU Mujeres). Se calcula que más de medio millón de niñas menores de 18 años son víctimas de tráfico sexual cada año; de hecho, las niñas entre 13 y 18 años constituyen el grupo más numeroso en eso que se llama “la industria del sexo” (UNICEF).
 
La mutilación genital afecta anualmente a dos millones de niñas. Y los esfuerzos por erradicar esta práctica no han logrado disminuirla significativamente (UNICEF).
 
En algunas culturas, la preferencia por los niños ha dado lugar al infanticidio de niñas. En India, por ejemplo, hay alrededor de 40 millones menos de niñas que de niños (UNICEF).
 
Por otra parte, el matrimonio entre niñas y adultos es una práctica legal en algunos países. Y en otros, como el nuestro, lagunas en la ley la avalan en varias entidades, y prácticas culturales la legitiman en distintas comunidades.
 
Asimismo, se observa el alarmante aumento de la unión entre adolescentes. Se calcula que en países en desarrollo, la mitad de las niñas estarán casadas o unidas antes de cumplir 20 años (UNICEF).

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el año pasado en nuestro país se unieron 400 mil 954 adolescentes de entre 12 y 17 años. Y los números no han variado gran cosa en los últimos 5 años. En 2010 las uniones ascendieron a 455 mil 807 (Cimacnoticias, 6 de octubre).
 
Al respecto hay trabajo legal por hacer, señala Redim, porque aún nueve estados contemplan como edad mínima para contraer matrimonio de los 14 a 16 años: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala. Y Sonora, Tabasco y Guanajuato aún no concluyen su proceso legal para aumentar la edad a 18 años.
 
La Redim precisa que a los 17 años el porcentaje de mujeres no solteras (unidas, casadas o viudas) es tres veces mayor al de los hombres. Para las mujeres es de 15.2 por ciento, mientras que para los hombres es de 4.3.
 
A menudo esa unión está acompañada de embarazos no planeados. Según Redim, el porcentaje de niñas de 12 a 14 años de edad con dos hijos o más, es de 65.9 por ciento. Y este dato se incrementa entre niñas de 15 a 17 años, al llegar a 86.9 por ciento.
 
En su mayoría esas niñas abandonaron la escuela, y les esperan trabajos en condiciones precarias, y una enorme cuesta arriba para alcanzar estándares aceptables y dignos de bienestar.
 
Violencia, particularmente sexual; mutilación genital, matrimonios tempranos, embarazos, poca educación y, en consecuencia muy acotadas oportunidades para desarrollar su potencial, son sólo algunas de las “minas” terrestres que acechan a las niñas.
 
Para muchas niñas la “guerra” está instalada en su casa, en su colonia, en su comunidad. Y lo peor es que casi nadie la ve.     
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
 
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
 
16/CLT/LGL

Bajo el lema, “Obligar a una niña o mujer joven a unirse en  matrimonio sin que esté de acuerdo, es violencia”, el Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas (Covimyn), dio inicio a la campaña “Por una Libre Decisión”, el pasado 30 de agosto, en diversos municipios de la entidad.
 
Conformado por cuatro organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de OXFAM México, Covimyn hizo un llamado a la igualdad, al respeto a la diversidad, a la no discriminación y al rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las uniones forzadas, ya que Chiapas es uno de los estados con el mayor número de matrimonios infantiles en el país, junto con Guerrero y Veracruz.   
 
En estos estados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2014, el 15.4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad ya son madres y el 3.7 por ciento se unió en pareja antes de los 15 años. Algunas de las razones para que esto ocurra es que son obligadas por un sistema de usos y costumbres o por un embarazo a contraer matrimonio. 
 
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en 2010 Chiapas ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes, con un total de 12 mil 400 madres menores de 15 años, mientras que para el 2016, la entidad pasó a ocupar el primer lugar.
 
Esto constituye una violación a los derechos de las niñas, consideraron representantes de las organizaciones que integran el Covimyn, porque impide su formación educativa, les cierra las oportunidades y pone en riesgo su vida frente al embarazo, parto y maternidad en la infancia, aumenta el riesgo de violencia y el contagio de infecciones de transmisión sexual.
 
Durante la presentación de la campaña, en las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Chiapas y con la presencia de mujeres representantes de instituciones gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de derechos de las mujeres, Elvia Quintanar, del Colectivo Isitame A.C. destacó la importancia de acercar a la sociedad en su conjunto, información para construir alternativas que permitan a las mujeres y las niñas acceder a su derecho de vivir libres de violencia.
 
María Teresa Olvera Caballero, de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud. A.C. reconoció que las uniones tempranas sin consentimiento representan una forma de violencia que atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, a la integridad física, a la educación y a la toma de decisiones libres de las niñas, adolescentes y jóvenes.
 
Olvera Caballero subrayó que existen prácticas tradicionales nocivas contra las mujeres, que están sustentadas en las relaciones desiguales de poder que prevalecen en nuestra sociedad y que se dan entre hombres y mujeres.
 
En este sentido, Verónica Madrid Sierra, representante de OXFAM México, consideró que las diferentes formas de desigualdad que enfrentan las mujeres son resultado de relaciones inequitativas de género, que asumen la superioridad de los hombres y la subordinación de las mujeres, creencia que se arraiga y genera otras formas de discriminación y desigualdad, que coloca a las mujeres en desventaja y refuerza los círculos de exclusión y pobreza.
 
OXFAM y el Consorcio, dijo, “hacemos un llamado a los medios y los invitamos a ser portadores y reproductores de este mensaje de igualdad, de no discriminación y rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las uniones forzadas”.
 
El objetivo de OXFAM, explicó, es contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres e influir para cambiar los imaginarios sociales, promover el empoderamiento integral de las mujeres y combatir los desequilibrios de poder apostándole al liderazgo de las mujeres.
 
“Nos importa que se tenga un enfoque intersectorial, que establezcan con claridad las distintas formas de discriminación que convergen en la vida de una mujer por motivos de origen étnico, de color de piel, por cultura, sexo, género, condición social, salud, condición económica y analizar la forma en que estos factores contribuyen a eliminar o acrecentar la desigualdad extrema”, refirió Madrid Sierra.
 
La representante de OXFAM México reiteró su compromiso con las organizaciones y redes de mujeres, para sostener y desarrollar un amplio consenso social de rechazo y tolerancia cero frente a las uniones forzadas y a la violencia en sus múltiples expresiones.
 
En la presentación también estuvieron Liliana Bellato Gil y Carlos Miranda, encargados de la investigación que llevó al  Diagnóstico de la Violencia Contra las Mujeres por Razones de Género en Chiapas (Uniones Forzadas), en la cual se puntualiza la falta de atención al tema de la campaña, aun cuando es medular desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
 
El  Covimyn está integrado por las organizaciones Asesoría, Capacitación y Asistencia a la Salud (ACAS A.C.), Colectivo  Isitame A.C., Skolta’el Yu’un Jlumaltic A.C. (SYJAC), Nuevos Códices COMPATIA A.C. y OXFAM México.
 
16/RED/GGQ

Hija de padre Huichol y de madre Triqui, Citlali, la niña indígena a quien las autoridades de Sonora le negaron la Interrupción Legal del Embarazo a la que tenía derecho por un embarazo producto de violación, ha pasado lo indecible desde principios de mayo pasado.
 
Víctima de un ataque sexual, conoció la justicia mexicana y sus asegunes. Vivió en carne propia las decisiones de otros sobre su cuerpo, ese cuerpo al que un día un hijo del patriarcado lo tomó para su uso, sin importar las huellas de dolor que esto podría dejar en la niña.
 
13 años tenía esta estudiante de secundaria cuyo objetivo en la vida ya está trazado por ella misma: “Quiero ser maestra”, es su propósito.
 
No piensa en ser madre, al menos por muchos años más. Pero el agresor decidió otra cosa y de pronto, Citlali se vio embarazada del violador, pero también del Ministerio Público omiso, al no proporcionarle anticoncepción de emergencia el mismo día de la agresión, cuando denunció. El embarazo de Citlali tuvo pues dos  responsables. 
 
Esta niña a la que ahora le brilla la sonrisa por la recuperación de la esperanza, hizo, con su experiencia, un corte transversal al sistema de justicia de Sonora, y a sus políticas públicas de protección a los derechos de las mujeres y las niñas.
 
Su caso está probando al nuevo sistema de justicia penal, pero también arrastra los vicios del sistema acusatorio. Ambos sistemas fueron mezclados en un acto inaudito de osadía impredecible, realizado por quienes son encargados de impartir justicia en el estado.
 
No se sabe bien a bien cómo resolverán las contradicciones de ambos sistemas si los dos están presentes, revueltos en el caso Citlali.
 
Esta niña que guarda la ilusión de ser maestra, probó también el reto que significa la estigmatización de las mujeres y las niñas cuando somos nombradas y cada palabra imprime un significado marcado por el peso del género.
 
“No es una niña indígena, es una mujercita que nació en el poblado Miguel Alemán”, dijo el procurador de Sonora en una entrevista. Como si el derecho a la justicia para Citlali, como el de otras mujeres y niñas, valiera por su modo de vida, por su comportamiento, por su origen, por su ascendencia.
 
Citlali sabe ahora que la palabra de la víctima se pone en duda de inmediato para cuestionar siempre si ella no habría provocado o consentido la agresión, aunque ésta se encuentre  documentada médicamente.
 
Fue un terrible despertar a la violencia de género. Fue una confirmación de toda la violencia institucional acumulada de la que puede ser capaz un sistema de justicia.
 
Esta menor de edad a quien no se le olvida jugar, vivió en unos meses lo que otras mujeres y niñas experimentan a lo largo de años, fue un precipitado taller vivencial de violencia de género.
 
Es una larga lista de violaciones a sus Derechos Humanos, nadie hizo nada bien. Quienes intentaron hacer su trabajo al principio de esta película de horror lo hicieron a medias. Todos ignoraron la normatividad.
 
Citlali vuelve a su comunidad, pero también vuelve a la realidad del seguimiento que debe darse para que el responsable pague por la violencia que ejerció contra ella. Regresa también a la dimensión de la búsqueda de la reparación del daño.
 
Hace meses su vida era sencilla, modesta y en lo que cabe, feliz. Su escuela, lo más importante en su existencia. Hoy es protagonista de un caso seguido en gran parte del país y fuera de él, por la trascendencia que puede llegar a tener, dependiendo de cómo se resuelva.
 
Citlali puede ser y seguramente será el emblema para que otras mujeres y niñas no tengan que pasar lo que ella vivió. Ella no conoce la Norma Oficial Mexicana-046, pero tampoco el personal de la Secretaría de Salud la conoce. Ella no tiene obligación de conocerla, ellos sí.
 
Mientras su propio estado le dio la espalda, otros gobiernos estatales le brindaron apoyo para resolver la situación de emergencia que apremiaba.
 
A esa niña a la que el procurador llama “mujercita que nació en Sonora”, su estado la dejó sola. Su sueño de ser maestra estuvo a punto de romperse. Sin embargo, Citlali está de vuelta en su entorno cotidiano; fuerte, lista para enfrentar lo que sigue: llevar hasta lo último la investigación contra su agresor, hasta lograr que sea sancionado de acuerdo al daño que le provocó.
 
Al observarla se advierte que su sonrisa, a pesar del tamaño de su tragedia, no pudo ser destruida, es el único patrimonio de quien vive en una paupérrima vivienda con su padre y sus dos hermanitos, buenos estudiantes también.
 
Ella no sabe con exactitud qué hace un Ministerio Público o un juez, ni quién es cada uno, pero sabe que hay “unos licenciados” que no hicieron bien su trabajo.
 
Sabe también que hay otros y otras licenciadas que le están ayudando, son varios, muchos, para lo que ella podría haberse imaginado. Unos en Sonora, otros en la Ciudad de México. No se pregunta por qué es tan importante su caso, pero intuye que servirá para que a otras niñas como ella no les pase lo mismo y está contenta de que sea así.
 
Citlali no juzga, no maldice, no llora, por lo menos no en público. Más bien guarda la esperanza de que todo se resuelva pronto para poder abrir los ojos en algún momento y sentir que la pesadilla terminó. Que no es madre, que sigue estudiando, que al fin tiene una computadora, y que vive feliz como antes, antes de que alguien la maltratara como se patea un objeto, cuando era solo una niña, como la de Zitarrosa, una niña Huichola.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/LGL

Agrupaciones feministas exigieron la destitución del Juez Sexto de lo Penal de Primera instancia, Jesús Manuel Ibarra, quien negó el derecho al aborto a Citlali, la niña sonorense de 13 años que presentó un embarazo como consecuencia de una violación sexual, y que además reclasificó el delito como estupro.
 
En un pronunciamiento dirigido a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al procurador estatal, Rodolfo Montes de Oca, las organizaciones de Sonora y de otros estados también pidieron que se garantice la reparación del daño para la niña y su familia, quienes ante la negativa de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) este 1 de agosto viajaron a la Ciudad de México para acceder al procedimiento.
 
Al respecto, Andrea Sánchez, integrante de la agrupación Marcha de las Putas Sonora, movimiento que promueve los derechos de las mujeres y quien ha apoyado a Citlali, dijo a Cimacnoticias que a la par de este pronunciamiento, disponible en el portal de Change.org, las organizaciones están recolectando firmas de la ciudadanía para que apoyen la petición.
 
Cabe decir que al conocer el caso el colectivo realizó colectas para apoyar los gastos de traslado a la Ciudad de México de la abogada Nohelia Escoboza Chan y del abogado Eduardo Fabian Rico Arias, quienes llevaron el caso inicialmente, para que acompañaran a la niña y a su padre a solicitar que se le practicara el procedimiento.
 
Actualmente la niña también recibe el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
 
Si bien las agrupaciones hacen un llamado al procurador Montes de Oca, cabe decir que el funcionario defendió el actuar del Ministerio Público al señalar que fue diligente aunque informó que apelaría la decisión del juez de seguir la denuncia como estupro (implica el consentimiento de la niña), según reportaron medios locales.

Los grupos de mujeres firmantes condenaron enérgicamente la violencia institucional y la sistemática violación a los Derechos Humanos ejercida contra Citlali (nombre ficticio), niña indígena de 13 años que fue violada el pasado mes de mayo en el poblado de Miguel Alemán en el estado de Sonora.
 
A pesar de que la familia de la menor de edad presentó una denuncia penal, el agente del Ministerio Público omitió aplicar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), que obliga a las autoridades judiciales y de salud ofrecer a la víctima anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.
 
Es por ello que Andrea Sánchez dijo que la firma de la ciudadanía es muy importante porque así pueden demostrar que las y los sonorenses no permitirán que vuelvan a suceder casos como el Citlali.
 
En el pronunciamiento explican que las autoridades debieron actuar conforme la Ley General de Víctimas, la Convención de Belém Do Pará y otras convenciones internacionales; por ello exigen la destitución e inhabilitación del Juez Sexto de lo Penal de Primera instancia, Jesus Manuel Ibarra y demás autoridades responsables que hayan ejercido omisiones e incurrido en violencia institucional por impedir acceso a aborto.
 
También proponen una campaña informativa masiva sobre derechos de las víctimas de violencia sexual, la ILE en casos de violación, la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), así como la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia a Niñas y Niños, elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Por último las agrupaciones también piden una sanción ejemplar para el agresor de Citlali, quien, consideran, debe ser juzgado por el delito de violación agravada, aunque está siguiendo el proceso en libertad, según saben las activistas sonorenses.
 
Las agrupaciones firmantes son Marcha de las Putas Sonora, Red Feminista Sonorense, Nosotras Colectiva, Trans Pride, Colectiva Sangre Violeta, Iniciativas Feministas, Colectivo Las Victorias-Monterrey, Nuevo León, 24A nacional, Mujéricas Chihuahua y Colectiva Feminista Nayarit.
 
16/GVV/AGM/