Yucatán Feminicida

Las organizaciones civiles que en junio pasado solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Yucatán urgieron al gobierno a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y reabrir las investigaciones de los asesinatos violentos que tengan indicios de no haber sido investigados con perspectiva de género.

En una conferencia de prensa efectuada este fin de semana, representantes de las organizaciones Ni Una Más; y Ciencia Social Alternativa Kóokay, instaron al gobierno del priista Rolando Zapata Bello a cumplir con las recomendaciones publicadas por la Conavim el pasado 8 de septiembre en el informe con el que da respuesta a la solicitud de la AVG en la entidad, que de no ser resultas en seis meses, derivarán en la declaratoria de la Alerta para el estado.

Entre las recomendaciones está que el gobierno yucateco incorpore a organizaciones civiles con experiencia en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres al Comité encargado de vigilar y evaluar la implementación del Protocolo de actuación ministerial y pericial del delito de feminicidio, demanda que las organizaciones solicitantes refrendaron.

La AVG fue solicitada el 23 de junio para los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá por la violencia física, sexual y feminicida que viven las mujeres, esta última perpetuada por la falta de voluntad de los agentes policiales y judiciales en la entidad para garantizarle a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia, así como por investigar y sancionar los casos.

Ejemplo de ello es el asesinato, en marzo de este año, de Emma Gabriela Molina Canto, orquestado por su ex marido y entonces funcionario público, Alberto Medina Sonda.

Emma denunció desde 2014 ante instancias estatales y nacionales -como la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que ella y su familia eran violentadas por Medina Sonda. El asesinato de Emma Gabriela se suma a las 63 muertes violentas de mujeres con signos de feminicidio cometidas en el estado de 2008 hasta lo que va de 2017, de acuerdo al registro de otra de las organizaciones solicitantes de la AVG, Yucatán Feminicida. Aún con esta cifra, obtenida del monitoreo de la prensa local, la Fiscalía yucateca constata que en esos años solo siete casos llevan un proceso penal por feminicidio y se han emitido dos sentencias por dicho delito.

En la conferencia y a través de un comunicado las demandantes refrendaron su exigencia para crear, junto con todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres del estado, una base de datos con el número de casos que permita generar información estadística y diagnósticos del contexto de la entidad y con ello realizar políticas públicas de prevención.

Lo anterior, dijeron, obligará a las instancias municipales a recopilar y proporcionar la información de los casos que atiendan.

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Organizaciones civiles y académicas de Yucatán solicitaron que se decrete en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, violencia física y violencia sexual en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá.
 
La solicitud para que se active la AVG en Yucatán fue presentada  el 23 de junio ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de un escrito dirigido a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y a la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y del cual Cimacnoticias tiene copia.
 
El documento fue suscrito por la representante legal de la organización Ni una más, Clemencia Adelaida Salas Salazar, y las organizaciones Ciencia Social Alternativa, el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C. y Yucatán Feminicida. También se sumaron las académicas Gina Irene Villagómez Valdés y Ligia del Carmen Vera Gamboa.
 
La AVG es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia implementadas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente se han admitido 24 solicitudes de la Alerta y se ha declarado en 10 entidades, entre ellas Veracruz, Chiapas, y el Estado de México, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
En Yucatán la AVG se solicitó porque, aseguraron las organizaciones y académicas, en la entidad son sistemáticas las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Ejemplo de ello es el caso de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio el pasado 27 de marzo y por el cual se acusa a su ex esposo, Alberto Medina Sonda, como de autor intelectual, quien está encarcelado por el delito de operación con recursos ilícitos en Tabasco durante el gobierno del priista Andrés Granier.
 
Emma Gabriela denunció desde 2012 la violencia física y psicológica, la sustracción de sus dos hijas e hijo y el hostigamiento del que fue víctimas ella y su madre, la también defensora, Ligia Canto Lugo, por parte de su exesposo y la familia del mismo.
 
Por ello, en 2014,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó a las autoridades federales, de la Ciudad de México, de Yucatán y Tabasco garantizar la protección, seguridad e integridad de Emma y su familia. Sin embargo, expusieron las OSC en el documento de solicitud de AVG, “las autoridades nunca hicieron nada para protegerlos”, por lo que el caso es “paradigmático” y refleja “la falta de garantías y protección para las mujeres en el estado de Yucatán”, así como la falta de investigaciones con perspectiva de género.
 
CONTEXTO VIOLENTO
 
De acuerdo con las organizaciones y académicas, urge emitir la Alerta por el contexto de violencia física y sexual que viven las mujeres en el estado, mismo que ocupa el cuarto lugar nacional en violencia contra mujeres casadas o unidas, ya que 47 por ciento de ellas aseguran haber sido violentadas: 26 por ciento han sido víctimas de violencia física y 11 por ciento de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
 
Además, se registran al menos cinco casos de violencia intrafamiliar al día, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la entidad, con datos del 1 enero de 2008 al 31 de diciembre de 2016. En total en ese periodo se registraron 16 mil 404 casos. 
 
En cuanto a la violencia feminicida, las organizaciones han denunciado la falta de cifras oficiales de los casos y  emprendieron desde 2014 una serie de exigencias para que el Congreso local pudiera homologar las causales de investigación consideradas para el delito con las establecidas en el Código Penal Federal. Esto, con el fin de que se dictaminen como feminicidio diversos casos de muertes violentas de mujeres.
 
En Yucatán, de 2008 al 15 de junio de 2017 las organizaciones Yucatán Feminicida el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 62 de ellas clasificadas como feminicidio.
 
Las solicitantes de la AVG afirmaron que en la entidad las mujeres son también víctimas de violencia institucional porque el Gobierno local generan información “fragmentada e incompleta” sobres los casos de violencia, con lo que incumple las recomendaciones nueve y 12 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Comité CEDAW).
 
Ejemplo de ello es que desde hace nueve años el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán no ha integrado ni implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General del estado.
 
Además, las organizaciones y académicas solicitantes denunciaron que la omisión del Poder Legislativo de Yucatán que, en 2016, eliminó del Código Penal estatal a la violencia sexual de la lista de delitos graves.
 
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En Yucatán, de 2008 a 2016 se registraron 57 casos de feminicidio, pero la falta de homologación de causales entre el Código Penal estatal con el Federal no permite que se investigue con  celeridad ni que se sancione con las penas correspondientes al delito de feminicidio, denunciaron organizaciones civiles.
 
Una de las causales que el Código Penal de la entidad ignora es “la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima”, esto pese a que en la mayoría​ de los casos de feminicidio, de 2008 a 2016, existía una relación entre las dos partes: cinco de cada 10 casos los cometieron hombres que vivían​ con la víctima y siete de cada 10 eran personas conocidas por ellas.
 
Tampoco contempla si la mujer fue incomunicada, o si hubo amenazas relacionadas con el hecho, o acoso en contra de la víctima, o “si su cuerpo fue exhibido en un lugar público”.
 
Estos factores son los que  han causado el retraso, por ejemplo, en la investigación del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, delito por el que actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda.
 
Eso afirmó la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio - Yucatán, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. “Ligia Canto -madre de Emma Gabriela- sigue entregando pruebas a la Fiscalía del Estado para que el caso se investigue como feminicidio, pero también es trabajo del Congreso Estatal, deben legislar para considerar las causales que faltan en el Código Penal”.
 
Para Salas Salazar, el problema radica en que “las mujeres no están en la agenda del Congreso yucateco”.
 
El delito de feminicidio del Código penal yucateco “no responde del todo a la problemática que enfrenta el estado”, señaló en entrevista el coordinador de Investigación de  la organización Yucatán Feminicida, Efraín Tzuc Salinas, y añadió que no homologar las causales significa “la violación a los Derechos Humanos de las mujeres, porque se evita la implementación de los acuerdos internacionales y nacionales que los protegen”.
 
Desde 2014 se reformó el Código Penal yucateco y el feminicidio se incorporó a los delitos graves, sin embargo, la modificación también representó un retroceso en términos de armonización legislativa al eliminar las causales mencionadas, denunciaron Salas Salazar y Tzuc Salinas.
 
Por ello, desde el 25 de noviembre de 2016 las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida, han exigido a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello, que se homologue el delito de feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el Federal.
 
Al hacerse, mencionó Salas Salazar, tendría que reformarse el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, y los agentes ministeriales contarían con más elementos para investigar los homicidios de mujeres como feminicidio.
 
Grupos de la sociedad civil de Yucatán también han definido como una simulación la actuación de las autoridades en materia de feminicidio. Ejemplo de ello es su inconformidad por la integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, creado a la par del Protocolo, del que, aseguran, son parte organizaciones sin experiencia en la prevención, atención e investigación de la violencia feminicida.
 
De acuerdo con el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008-2016” en ese periodo se registraron 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos característicos de los casos de feminicidio, sin embargo, solo hubo una sentencia condenatoria por este delito.
 
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Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
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