Martín Alberto Medina Sonda

La audiencia en la que se presentarían las pruebas contra tres de los acusados por el feminicidio de la yucateca Emma Gabriela Molina Canto, incluido su ex esposo Alberto Medina Sonda a quien se le acusa como autor material, se pospuso porque los inculpados entregaron peritajes en los que alegan sufrir afectaciones psicológicas que les impidieron ser conscientes del crimen que cometieron y en el caso de Medina Sonda, ser incapaz de ordenar el crimen.

El 20 de diciembre se cumplió el plazo para presentar pruebas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán (CJOM), estado en el que Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, pero el abogado de los presuntos asesinos (Óscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Ávalos) investigados por cometer el crimen, entregó ante el juez de control un peritaje donde expuso que la investigación en contra de sus defendidos, no puede continuar porque, por problemas psicológicos “no tenían consciencia del asesinato y que estos daños aumentaron cuando fueron agredidos por policías durante su detención”.

Los abogados de Medina Sonda, quien se encuentra en reclusión en un penal de Tabasco por el uso de recursos de procedencia ilícita y acusado de ordenar el feminicidio de Emma Gabriela desde ahí, entregaron un peritaje para comprobar que él no tenía motivaciones ni la capacidad para hacerlo.

Esto informaron en entrevistas individuales con esta agencia la mamá de Emma Gabriela y también defensora de los Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, y la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán (OCNF-Yucatán) que acompaña el caso, Adelaida Salas Salazar.

La defensa legal de la familia de Emma Gabriela solicitó al juez a cargo de la audiencia reprogramar la sesión para que otra perita de la Fiscalía estatal realice de nuevo el peritaje psicológico de López Tobilla y Mézquita Ávalos.

Ligia Canto, dijo tener confianza en que las pruebas que ha recabado sobre la serie de agresiones que Medina Sonda cometió contra Emma Gabriela desde 2012 y que lo señalan como el principal responsable del feminicidio, sean suficientes.

Ligia Canto reiteró su exigencia porque las relaciones políticas de Medina Sonda no impidan el acceso a la justicia de Emma Gabriela y su familia, porque desde 2012, cuando su hija se divorció y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ambas se enfrentaron a campañas de difamación, agresiones e incluso fueron encarceladas por delitos que no cometieron, defensoras de los Derechos Humanos atribuyeron las detenciones a Medina Sonda.

Adelaida Salas llamó a las autoridades judiciales yucatecas a sancionar a Medina Sonda con la pena máxima de feminicidio -que es de 50 años de prisión-.

“Me preocupa porque detrás de la condena a Medina Sonda está el futuro de mis nietos”, mencionó Ligia Canto, quien recordó que la sentencia contra él y César Rogelio Reyes Barrueta y Juan Ramón Moreno -las otras dos personas involucradas en el crimen como coautores y para quienes la investigación continúa- es importante para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad para los hijos de Emma Gabriela.

17/MMAE/LGL

A tres meses del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán, las autoridades locales se niegan a considerar pruebas que relacionan e inculpan en el crimen a la familia de Alberto Medina Sonda, el ex esposo de Emma, quien está en prisión como presunto  autor intelectual de feminicidio. Tampoco han revisado los videos de las cámaras cercanas al lugar donde se efectuó el crimen
 
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien recordó que por el asesinato de Emma Gabriela, ocurrido frente a su casa el pasado 27 de marzo, Medina Sonda es juzgado como autor intelectual y hay dos detenidos como autores materiales.
 
El caso de Emma Gabriela inició en 2014 cuando empezó a enfrentar hostigamientos y omisiones por parte de las autoridades locales y de otros estados, luego de que inició un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijas e hijo contra su ex esposo, actualmente preso en Tabasco, acusado por operar con recursos de procedencia ilícita en dicha entidad durante el gobierno de Andrés Granier, y quien tiene prisión preventiva por el feminicidio de Emma.
 
Las denuncias de Emma y su madre, la también defensora Ligia Canto Molina, derivaron en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México al constatar violaciones a los Derechos Humanos de Emma y su familia, pero dichas recomendaciones no fueron cumplidas.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
La acompañante del caso expuso la falta de voluntad de las autoridades por “continuar todas las líneas de investigación”, ya que la Fiscalía local no ha solicitado ni permitido la revisión de todos los videos de las tiendas de autoservicio y comercios cercanos al domicilio de Emma Gabriela.
 
Esto, señaló Salas Salazar, porque “quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”. 
 
La Fiscalía de Yucatán sólo solicitó la revisión de videos que corresponden a los dos días previos al asesinato. La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto y su defensa legal ya solicitaron a la Fiscalía la revisión de los videos de 15 días antes del crimen y están en espera de respuesta.
 
“De oficio, dije Canto, lo que tendrían que hacer es recabar toda la información de los vecinos, a los alrededores de la casa”, y agregó que la omisión de ese tipo de diligencias “da como resultado la impunidad en el caso”.
 
VIGILADA POR FAMILIA DE FEMINICIDA
 
Salas Salazar comentó que semanas antes de ser asesinada, la defensora ya había informado a uno de sus tíos, a su hermana y a su mamá que la familia de Medina Sonda la seguía. “Gaby se sentía vigilada, lo manifestó tenía miedo, pero ni cómo acudir a la Fiscalía estatal o alguna instancia, porque para ellos ya estaba cerrado el caso. Lo mismo en la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ambos nunca le garantizaron su protección”, dijo.
 
La abogada recordó que, previo a su asesinato, Emma Gabriela comentó que familiares de Medina Sonda la seguían a los lugares que frecuentaba. A ello se suma que una sobrina de Medina Sonda estudiaba en el mismo colegio que la hija de Emma.
 
La defensora S           alas Salazar recalcó que el detenido como coautor del crimen y originario de Tabasco, Rogelio Reyes Barrueta, declaró que ubicó a Emma Gabriela a través de la escuela en la que estaba inscrita la hija de Emma.
 
 “¿Cómo puede alguien que no vive aquí en Yucatán llegar y de repente ubicar a mi hija por medio de una escuela, entre tantas que hay? Por eso pensamos que hay una relación directa entre este individuo y la familia, denunció en entrevista Ligia Canto Lugo.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
Sin embargo, fue hasta el 10 de mayo, luego de un acto público en el que Ligia Canto se pronunció, cuando investigadores del caso se acercaron a ella para solicitar información del inculpado. “No se ve voluntad ni ganas por parte de las autoridades, piensan que como Medina está vinculado y tiene prisión preventiva ya no se debe investigar ni aportar pruebas, por eso todo eso lo está haciendo la mamá de Gaby”, dijo Salas Salazar.
 
La investigación del caso sigue abierta y las sesiones para investigar a Medina Sonda se reanudarán en agosto. Mientras tanto cumple en Tabasco una condena de 12 años y seis meses por operar con recursos de procedencia ilícita. A ello se suma que en mayo autoridades federales estadounidense presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el  exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, detenido e investigado por lavado de dinero, a quien también lo vinculan.
 
Hoy Ligia Canto se presentará a una audiencia donde se informará del cambio de abogado de Medina Sonda.
 
PREDIO LIBERADO LUEGO DE MESES
 
Salas Salazar también expuso que tuvieron que pasar dos meses para que pudieran acceder a las pertenencias de Emma Gabriela y sus hijos. “Hay una insensibilidad ante la situación de los menores de edad. No se dieron cuenta del daño que les estaban ocasionando porque ahí estaban todas sus cosas, no dejaban sacar nada”, mencionó.
 
Esto pese a que Ligia Canto, su defensa legal y los dueños de la casa interpusieron oficios para solicitar que se liberara el predio para acceder a él.
 
La defensora comentó que actualmente, además del OCNF las organizaciones Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa “Kóokay”, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se han sumado a la exigencia de justicia por el caso.
 
17/MMAE/GG

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

17/MMAE/GG

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) acusó formalmente al ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, por el delito de autoría intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto.
 
La audiencia se efectuó el día de ayer vía videoconferencia. El ex esposo de Emma Gabriela la presenció desde el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco porque actualmente cumple una condena de 12 años 6 meses de prisión en esa entidad por operar con recursos de procedencia ilícita.
 
El próximo lunes se efectuará la audiencia para vincular a Medina Sonda por el delito de homicidio y no por feminicidio como lo ha solicitado la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, desde que se cometió el crimen el pasado 27 de marzo.
 
La investigación no ha seguido esa línea por la falta de homologación del Código Penal Yucateco con el Código Federal, según han denunciado anteriormente las organizaciones civiles yucatecas como Ni Una Más-Yucatán y Yucatán Feminicida, además de Canto Lugo.
 
EXIGENCIAS CONTRA IMPUNIDAD
 
En entrevista con Cimacnoticias, la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, informó que la familia de Emma Gabriela busca que la Procuraduría General de la República atraiga el caso ya que, dijo, desconfían de las autoridades de Yucatán y Tabasco por su inacción desde 2014.
 
Desde ese año, Emma y su madre denunciaron el hostigamiento judicial del que fueron víctimas durante el proceso que emprendieron por la custodia de sus hijas de hijo de Emma.
 
Pese a la Recomendación 54/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se reconocieron las violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, hijas e hijo, los gobiernos de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco incumplieron las recomendaciones.
 
Salas Salazar recalcó la insistencia de Ligia Canto Lugo y sus representantes por emitir una orden de aprehensión preventiva hasta que el proceso del inculpado termine, ante el riesgo de que “lo liberen antes de tiempo, por las relaciones que tiene, y se fugue”.
 
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La defensora de Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, exigió a las autoridades de Yucatán justicia por el asesinato de su hija Emma Gabriela Molina Canto, y para lograrla se debe investigar como autor intelectual al ex esposo de la víctima, Martín Alberto Medina Sonda,  y a su familia.
 
Así lo afirmó Canto Lugo en entrevista con Cimacnoticias. “Voy a poder decir que la respuesta de las autoridades ha sido eficiente cuando sepa que se está juzgando a todos los implicados y pienso que estuvieron involucrados Medina Sonda y sus familiares. ¿Quién más pudo haber dispersado esa suma de dinero a los involucrados?”, señaló.
 
Medina Sonda fue socio y operador financiero de José Manuel Saiz Pineda, tesorero de Tabasco en el gobierno del priista Andrés Granier, quien está en la cárcel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. Desde 2012, ella y su madre denunciaron irregularidades judiciales, hostigamiento y amenazas por el proceso legal que enfrentó Gabriela para obtener la custodia de las y el menor.
 
DESDE LA CÁRCEL
 
Ligia Canto denunció tener conocimiento de que cuando Medina Sonda estuvo encarcelado, tenía en su poder aparatos electrónicos, lo que “probablemente le permitió estar en contacto con el exterior” y por ese debe investigarse su complicidad en el asesinato.
 
De ser así, explicó “no solo estaría involucrado él como autor, sino también las autoridades del Reclusorio que permitieron el acceso de esos aparato  y la persona encargada de dispersar el dinero. Son muchos eslabones”, dijo.
 
Hasta el momento, enfrentan proceso penal por homicidio agravado en contra de Emma Gabriela tres implicados: Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta identificado como coautor. Además, durante la audiencia de Reyes Barrueta realizada el pasado 10 de abril se señaló a otro involucrado cuyo nombre no se ha dado a conocer.
 
SIN GARANTÍA DE SEGURIDAD
 
La también coordinadora del colectivo Ni una más-Yucatán, Ligia Canto, evidenció que tras el asesinato de su hija recibió varias llamadas en donde fue amenazada de muerte.
 
Ante ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó la recomendación 54/2014, que había emitido en 2014 a los gobiernos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se reconoce que ambas sufrieron violencia institucional. 
 
Recordó que tras la recomendación, hubo indiferencia para atender el caso por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) local y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), y está última “ni siquiera se ha pronunciado”:
 
Canto Lugo reiteró que el asesinato de Emma Gabriela es resultado “de omisiones tras omisiones de las autoridades”.
 
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El tercer detenido por el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, César Rogelio Reyes Barrueta, fue vinculado a proceso penal por homicidio agravado.
 
Ema Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo luego de enfrentarse a amenazas y hostigamiento judicial, como un encarcelamiento en 2014 mientras buscaba la custodia de sus dos hijas e hijo.
 
Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida el pasado 10 de abril, el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero identificó a Reyes Barrueta como coautor del homicidio de la defensora de Derechos Humanos bajo las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, informaron medios yucatecos.
 
Como medida cautelar se dictó prisión preventiva por un año para el inculpado, detenido en Ecatepec, Estado de México el pasado 5 de abril. Durante la audiencia, Reyes Barrueta mencionó a otro involucrado cuyo nombre no se ha dado a conocer.
 
A su detención se suma la vinculación a proceso penal de los ejecutores del crimen, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla por homicidio, y no por el delito de feminicidio, como la Fiscalía General del estado había informado que se haría.
 
El principal sospechoso como autor intelectual es su exesposo, el empresario Martín Alberto Medina Sonda y tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Actualmente Medina y Granier están presos, el primero en Tabasco procesado por lavado de dinero.
 
CONTINÚAN AGRESIONES
 
Un día después del asesinato de Emma Gabriela  su madre,  Ligia Canto Lugo fue amenazada de muerte vía telefónica. Ella también  se enfrentó a irregularidades, violencia institucional y la violación de sus derechos al acompañar a Emma Gabriela en el proceso por la custodia de sus nietas y nieto.
 
Ante ello la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se pronunció a través de un comunicado para exigir el esclarecimiento del crimen y demandar a la Fiscalía de Yucatán la implementación de medidas de protección “efectivas, permanentes y con enfoque de género” para la defensora de Derechos Humanos y para las hijas e hijo de Emma Gabriela. 
 
 
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Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
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