Ligia Canto

Las organizaciones civiles que en junio pasado solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Yucatán urgieron al gobierno a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y reabrir las investigaciones de los asesinatos violentos que tengan indicios de no haber sido investigados con perspectiva de género.

En una conferencia de prensa efectuada este fin de semana, representantes de las organizaciones Ni Una Más; y Ciencia Social Alternativa Kóokay, instaron al gobierno del priista Rolando Zapata Bello a cumplir con las recomendaciones publicadas por la Conavim el pasado 8 de septiembre en el informe con el que da respuesta a la solicitud de la AVG en la entidad, que de no ser resultas en seis meses, derivarán en la declaratoria de la Alerta para el estado.

Entre las recomendaciones está que el gobierno yucateco incorpore a organizaciones civiles con experiencia en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres al Comité encargado de vigilar y evaluar la implementación del Protocolo de actuación ministerial y pericial del delito de feminicidio, demanda que las organizaciones solicitantes refrendaron.

La AVG fue solicitada el 23 de junio para los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá por la violencia física, sexual y feminicida que viven las mujeres, esta última perpetuada por la falta de voluntad de los agentes policiales y judiciales en la entidad para garantizarle a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia, así como por investigar y sancionar los casos.

Ejemplo de ello es el asesinato, en marzo de este año, de Emma Gabriela Molina Canto, orquestado por su ex marido y entonces funcionario público, Alberto Medina Sonda.

Emma denunció desde 2014 ante instancias estatales y nacionales -como la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que ella y su familia eran violentadas por Medina Sonda. El asesinato de Emma Gabriela se suma a las 63 muertes violentas de mujeres con signos de feminicidio cometidas en el estado de 2008 hasta lo que va de 2017, de acuerdo al registro de otra de las organizaciones solicitantes de la AVG, Yucatán Feminicida. Aún con esta cifra, obtenida del monitoreo de la prensa local, la Fiscalía yucateca constata que en esos años solo siete casos llevan un proceso penal por feminicidio y se han emitido dos sentencias por dicho delito.

En la conferencia y a través de un comunicado las demandantes refrendaron su exigencia para crear, junto con todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres del estado, una base de datos con el número de casos que permita generar información estadística y diagnósticos del contexto de la entidad y con ello realizar políticas públicas de prevención.

Lo anterior, dijeron, obligará a las instancias municipales a recopilar y proporcionar la información de los casos que atiendan.

17/MMAE/LGL

A más de tres meses del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos en Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, familiares de su ex esposo acusado como autor intelectual del crimen, Alberto Medina Sonda,  fueron citados en la Fiscalía General estatal para informales que serán sujetos a investigación por su posible coalición en el feminicidio.
 
En entrevista con Cimacnoticias la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, afirmó que la familia Medina Sonda “debe ser investigada porque la violencia que ejerció por años contra Gaby los hace sospechosos”.
 
La tarde del pasado 20 de julio la madre y el padre de Medina Sonda, Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel; así como sus hermanas Ericka y Lizbeth, fueron llamadas para declarar en la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Agencia 30 de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Fiscalía General estatal. Un día después fueron citadas otras seis personas cercanas a la familia del empresario.
 
El 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio luego de enfrentar, desde 2014, una serie de actos violentos orquestados por su exesposo, quien actualmente está preso en Tabasco por operar con recursos ilícitos durante el gobierno de Andrés Granier,  en la búsqueda de la custodia de sus dos hijas e hijo. Pese a las exigencias de Emma Gabriela y Ligia Canto las autoridades yucatecas y tabasqueñas ignoraron el riesgo que enfrentaba.
 
La abogada Natalia Paola Punab de la O, quien a partir de hoy asumió el caso, explicó en entrevista con esta agencia que durante los citatorios la familia Medina Sonda “reservó su derecho a rendir entrevistas” sobre el feminicidio de Emma Gabriela porque, aunque fueron citados en calidad de imputados, las entrevistas solo tienen validez cuando son expuestas en audiencia oral delante de un juez. Por lo que, informó, el personal de la Agencia 30 “solo recabó sus datos generales”.
 
La directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, denunció en entrevista con Cimacnoticias que las declaratorias fueron ordenadas por la Fiscalía con tres meses de retraso y bajo la presión de la también defensora Ligia Canto, quien denunció desde marzo la coalición de la familia Medina Sonda en el feminicidio de su hija y solicitó, mediante un escrito, que fueran citados.
 
“Ligia tuvo que presentar todas las pruebas y ayudarse de la presión ejercida por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –organismo que desde 2014 emitió la Recomendación 54/2014 por la violencia institucional de la que Emma Gabriela y su familia fueron víctimas- y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –que tras el feminicidio  atrajo el caso- para que por fin hicieran su trabajo: seguir agotando todas las líneas de investigación”, dijo Salas Salazar.
 
Entre las pruebas que Ligia otorgó al fiscal que lleva el caso, Fernando Caamal López,, se encuentran fotografías de los desplegados que la mamá y el papá de Medina Sonda realizaron para difamar, en 2014,  la lucha de Emma Gabriela por la custodia de sus hijos. Además de los videos que las hermanas de Medina Sonda difundieron en plataformas digitales donde la ofendían.
 
A ello se suma que Emma Gabriela externó días previos a su muerte que familiares de su ex esposo la seguían a ella y a sus hijos.
 
La abogada Paola Punab denunció la falta de voluntad de la Fiscalía General ya que, dijo,  las autoridades sólo han realizado los actos solicitados por la familia de Emma Gabriela. “De no haber sido por la presión el fiscal Fernando Caamal hubiera concluido la investigación cuando se culpó a los dos autores materiales, un coautor –todos actualmente detenidos- y a Medina Sonda como autor intelectual del caso”.
 
La abogada señaló que la investigación no debe enfocarse solo al feminicidio de Emma Gabriela. “Tenemos que visibilizar el contexto violento e institucional que vivió Gaby durante años y la persecución por parte de las autoridades de procuración de justicia. porque ella fue victimizada y revictimizada. Un asunto familiar que debería ser sencillo de resolver como un divorcio detonó en un feminicidio”, expuso.
 
El caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria por lo que ahora la familia de Emma Gabriela y su defensa legal seguirán entregando datos de prueba que vinculen a la familia Medina Sonda en el feminicidio.
 
También están en espera de que el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, resuelva en la próxima semana si procede el amparo que Alberto Medina presentó contra su vinculación a proceso como autor del feminicidio, mismo que solicitó con argumento de que no está involucrado porque está preso en Tabasco.
 
DESINTERÉS
 
Hasta hoy Ligia Canto no tenía un abogado fijo en Yucatán solo recibía asesoría legal de la CEAV cada quince días, cuando la instancia enviaba abogados de la Ciudad de México para reunirse con ella. La defensora señaló: “El apoyo de la CEAV no ha sido contundente”
 
Salas Salazar comentó que esto dejó “en indefensión” a Ligia Canto porque “no tenía a quien consultar, incluso tuvo que presentarse a las reuniones en la Fiscalía sin abogado”, expuso.
 
Además, Ligia Canto denunció que aunque su familia, al ser víctimas indirectas, tienen derecho a recibir un “fondo emergente” -un apoyo económico mensual otorgado por la CEAV-, este solo se les entregó para el mes de junio.
 
La defensora recordó que desde 2014, cuando la CNDH emitió la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán   debió iniciar el trámite para la inscripción al registro de víctimas de Emma y su familia, pero, dijo “la instancia defensora de Derechos Humanos local fue omisa, por lo que mi hija y yo tuvimos que juntar dinero para trasladarnos, hasta 2016, a la Ciudad de México para solicitar la inscripción”.
 
Además, manifestó, “todo quedó en papel porque la Ley general de Víctimas indica que una vez registradas se nos tuvo que haber dado  medidas de protección y mi hija nunca las recibió”.
 
Paola Punab informó que en otro momento evidenciarán legalmente la “responsabilidad penal del Estado” en el feminicidio y la violencia que ejercida hacia los familiares de Emma.
 
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Organizaciones civiles y académicas de Yucatán solicitaron que se decrete en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, violencia física y violencia sexual en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá.
 
La solicitud para que se active la AVG en Yucatán fue presentada  el 23 de junio ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de un escrito dirigido a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y a la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y del cual Cimacnoticias tiene copia.
 
El documento fue suscrito por la representante legal de la organización Ni una más, Clemencia Adelaida Salas Salazar, y las organizaciones Ciencia Social Alternativa, el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C. y Yucatán Feminicida. También se sumaron las académicas Gina Irene Villagómez Valdés y Ligia del Carmen Vera Gamboa.
 
La AVG es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia implementadas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente se han admitido 24 solicitudes de la Alerta y se ha declarado en 10 entidades, entre ellas Veracruz, Chiapas, y el Estado de México, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
En Yucatán la AVG se solicitó porque, aseguraron las organizaciones y académicas, en la entidad son sistemáticas las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Ejemplo de ello es el caso de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio el pasado 27 de marzo y por el cual se acusa a su ex esposo, Alberto Medina Sonda, como de autor intelectual, quien está encarcelado por el delito de operación con recursos ilícitos en Tabasco durante el gobierno del priista Andrés Granier.
 
Emma Gabriela denunció desde 2012 la violencia física y psicológica, la sustracción de sus dos hijas e hijo y el hostigamiento del que fue víctimas ella y su madre, la también defensora, Ligia Canto Lugo, por parte de su exesposo y la familia del mismo.
 
Por ello, en 2014,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó a las autoridades federales, de la Ciudad de México, de Yucatán y Tabasco garantizar la protección, seguridad e integridad de Emma y su familia. Sin embargo, expusieron las OSC en el documento de solicitud de AVG, “las autoridades nunca hicieron nada para protegerlos”, por lo que el caso es “paradigmático” y refleja “la falta de garantías y protección para las mujeres en el estado de Yucatán”, así como la falta de investigaciones con perspectiva de género.
 
CONTEXTO VIOLENTO
 
De acuerdo con las organizaciones y académicas, urge emitir la Alerta por el contexto de violencia física y sexual que viven las mujeres en el estado, mismo que ocupa el cuarto lugar nacional en violencia contra mujeres casadas o unidas, ya que 47 por ciento de ellas aseguran haber sido violentadas: 26 por ciento han sido víctimas de violencia física y 11 por ciento de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
 
Además, se registran al menos cinco casos de violencia intrafamiliar al día, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la entidad, con datos del 1 enero de 2008 al 31 de diciembre de 2016. En total en ese periodo se registraron 16 mil 404 casos. 
 
En cuanto a la violencia feminicida, las organizaciones han denunciado la falta de cifras oficiales de los casos y  emprendieron desde 2014 una serie de exigencias para que el Congreso local pudiera homologar las causales de investigación consideradas para el delito con las establecidas en el Código Penal Federal. Esto, con el fin de que se dictaminen como feminicidio diversos casos de muertes violentas de mujeres.
 
En Yucatán, de 2008 al 15 de junio de 2017 las organizaciones Yucatán Feminicida el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 62 de ellas clasificadas como feminicidio.
 
Las solicitantes de la AVG afirmaron que en la entidad las mujeres son también víctimas de violencia institucional porque el Gobierno local generan información “fragmentada e incompleta” sobres los casos de violencia, con lo que incumple las recomendaciones nueve y 12 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Comité CEDAW).
 
Ejemplo de ello es que desde hace nueve años el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán no ha integrado ni implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General del estado.
 
Además, las organizaciones y académicas solicitantes denunciaron que la omisión del Poder Legislativo de Yucatán que, en 2016, eliminó del Código Penal estatal a la violencia sexual de la lista de delitos graves.
 
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En Yucatán, de 2008 a 2016 se registraron 57 casos de feminicidio, pero la falta de homologación de causales entre el Código Penal estatal con el Federal no permite que se investigue con  celeridad ni que se sancione con las penas correspondientes al delito de feminicidio, denunciaron organizaciones civiles.
 
Una de las causales que el Código Penal de la entidad ignora es “la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima”, esto pese a que en la mayoría​ de los casos de feminicidio, de 2008 a 2016, existía una relación entre las dos partes: cinco de cada 10 casos los cometieron hombres que vivían​ con la víctima y siete de cada 10 eran personas conocidas por ellas.
 
Tampoco contempla si la mujer fue incomunicada, o si hubo amenazas relacionadas con el hecho, o acoso en contra de la víctima, o “si su cuerpo fue exhibido en un lugar público”.
 
Estos factores son los que  han causado el retraso, por ejemplo, en la investigación del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, delito por el que actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda.
 
Eso afirmó la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio - Yucatán, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. “Ligia Canto -madre de Emma Gabriela- sigue entregando pruebas a la Fiscalía del Estado para que el caso se investigue como feminicidio, pero también es trabajo del Congreso Estatal, deben legislar para considerar las causales que faltan en el Código Penal”.
 
Para Salas Salazar, el problema radica en que “las mujeres no están en la agenda del Congreso yucateco”.
 
El delito de feminicidio del Código penal yucateco “no responde del todo a la problemática que enfrenta el estado”, señaló en entrevista el coordinador de Investigación de  la organización Yucatán Feminicida, Efraín Tzuc Salinas, y añadió que no homologar las causales significa “la violación a los Derechos Humanos de las mujeres, porque se evita la implementación de los acuerdos internacionales y nacionales que los protegen”.
 
Desde 2014 se reformó el Código Penal yucateco y el feminicidio se incorporó a los delitos graves, sin embargo, la modificación también representó un retroceso en términos de armonización legislativa al eliminar las causales mencionadas, denunciaron Salas Salazar y Tzuc Salinas.
 
Por ello, desde el 25 de noviembre de 2016 las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida, han exigido a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello, que se homologue el delito de feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el Federal.
 
Al hacerse, mencionó Salas Salazar, tendría que reformarse el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, y los agentes ministeriales contarían con más elementos para investigar los homicidios de mujeres como feminicidio.
 
Grupos de la sociedad civil de Yucatán también han definido como una simulación la actuación de las autoridades en materia de feminicidio. Ejemplo de ello es su inconformidad por la integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, creado a la par del Protocolo, del que, aseguran, son parte organizaciones sin experiencia en la prevención, atención e investigación de la violencia feminicida.
 
De acuerdo con el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008-2016” en ese periodo se registraron 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos característicos de los casos de feminicidio, sin embargo, solo hubo una sentencia condenatoria por este delito.
 
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Los presuntos asesinos de Emma Gabriela Molina Canto, ejecutada el pasado 28 de marzo frente su casa en Mérida, Yucatán, serán sujetos a proceso penal por el delito de feminicidio, informó hoy la Fiscalía General del estado.
 
En un comunicado la Fiscalía informó que durante una audiencia realizada este día en el Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), “se declaró legal el control de detención de estas personas  O.M.L.T. y J.M.A.”, a los cuales se les imputaron dos delitos más: “portación de armas e instrumentos prohibidos y posesión simple de narcóticos”.
 
La dependencia informó también que durante la diligencia solicitó prisión preventiva para los imputados y que la medida cautelar fue concedida por la autoridad judicial hasta la audiencia de vinculación a proceso la cual fue programada para el 3 de abril donde se definirá la situación legal de los imputados.
 
CASO MOLINA CANTO
 
Desde 2012 Emma Molina Canto se enfrentó a violencia física, hostigamiento judicial por parte de distintas instancias de seguridad y gubernamentales; así como al secuestro de sus dos hijas e hijo, acciones atribuidas a su exesposo y empresario tabasqueño Martín Medina Sonda, preso por delitos relacionados con el uso de recursos ilícitos y a quien se le atribuyen relaciones políticas con el gobierno de Tabasco durante el sexenio del priista Andrés Granier.
 
En 2014 la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto, también fue encarcelada luego de exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que buscara a sus nietos. Tras el asesinato de su hija, denunció que ha recibido amenazas de muerte.
 
Organizaciones civiles del país han denunciado irregularidades en los procesos que enfrentaron Emma Gabriela, Ligia Canto y los menores de edad, así como la violación  a sus Derechos Humanos ya que en ellos estuvieron involucrados servidores públicos de Yucatán, Tabasco, la Ciudad de México y la PGR, por lo que, aseguran, el feminicidio estuvo marcado por la violencia institucional.
 
MOVILIZACIÓN POR JUSTICIA
 
Tras el homicidio de Emma Molina Canto organizaciones civiles que defienden los Derechos Humanos de las mujeres convocaron a una Marcha en silencio el día de hoy a las 18:00 horas, del Remate del Paseo de Montejo hacia la Plaza Grande en Mérida, Yucatán, para exigir que la Fiscalía General del Estado aplique el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para el delito de Feminicidio, y que se garantice una investigación con perspectiva de género.
 
Además, exigen que se consideren los antecedentes de violaciones a los Derechos Humanos de los que Emma Molina fue víctima.
 
Con el feminicidio de Emma se suman dos homicidios dolosos hacia mujeres en la última semana efectuados en Yucatán. De acuerdo al informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016” realizado por el colectivo Yucatán Feminicida, en ese periodo se registraron 57 casos de feminicidio en la entidad
 
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