CDHDF

En las políticas públicas mexicanas no existen intervenciones integrales para los hombres con el fin de alcanzar la igualdad de género. Este es el resumen de un estudio realizado por la organización Género y Desarrollo (Gendes) donde presentó sus propuestas y líneas de acción.

El documento llamado “Suma por la Igualdad. Propuestas de Agenda Pública para implicar a los hombres en la equidad de género” fue presentado ayer junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Cómplices por la Equidad.

La coordinadora de posicionamiento público de Gendes, Patricia Carmona Hernández, explicó que desde su punto de vista no se necesita insistir más en decir que la violencia merece atención, o que tenemos una cultura machista. Eso es evidente, pero “lo que no hemos visto es exactamente, qué de eso le toca a los hombres”.

En el estudio, Gendes analizó cuatro ejes temáticos e hizo varias propuestas para personas que tienen el poder de tomar decisiones sobre políticas públicas. Los temas que analizó son cambio cultural, corresponsabilidad, salud de los hombres y vida libre de violencia.

En cuanto al cambio cultural, el estudio señaló que lo que se busca es un cambio de patrones culturales que permitan la construcción de una sociedad basada en la igualdad. Las acciones sugeridas son, por ejemplo, capacitar al personal encargado en igualdad de género, revisar contenidos educativos para identificar y eliminar sesgos y otras formas de discriminación o instalar un observatorio permanente para identificar la publicidad sexista.

La corresponsabilidad, explica el documento, busca implicar los hombres más en el trabajo reproductivo, es decir, en las tareas de casa. Asimismo, las líneas de acción sugieren, por ejemplo, ampliar los permisos de paternidad, o incidir en las discusiones acerca de horarios laborales desde una visión de la perspectiva de género, que promueva a su vez la responsabilidad masculina.

En el área de salud de los hombres, narró Carmona Hernández, existe “una cultura de que el hombre es una máquina que no se descompone.” Cuando en realidad, dijo, el autocuidado no beneficiaría sólo a ellos, sino también a las mujeres en términos de la sobrecarga que ellas llevan actualmente. Por eso pidieron promover el autocuidado de los hombres en salud general, mental, sexual y reproductiva.

En el eje de una vida libre de violencia, vista desde una perspectiva masculina, no solamente existe la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. También, expuso, habría que considerar la violencia de parte del crimen organizado, las pandillas, que tendrían incidencia en la masculinidad.

Gendes articuló estrategias de prevención, las cuales incluyen generar un registro sobre las causas estructurales, los costos sociales, económicos y políticas de violencias en el país.

Otras sugerencias son incorporar el trabajo reeducativo con hombres en el catálogo de penas del Código Penal, incluyendo los casos de acoso y hostigamiento sexual, o crear centros de atención integral a hombres que ejercen violencia, tema cuestionado por algunas agrupaciones feministas.

Al final, el documento urgió en mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia, por ejemplo mediante capacitaciones para servidores públicos.

La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, valoró el trabajo de Gendes y destacó  la importancia de la publicación al poner énfasis en temas como la corresponsabilidad en crianza de hijos e hijas. Relató que desde su experiencia como defensora de los derechos de niñas y niños, el cambio cultural y la corresponsabilidad son fundamentales.

Ramírez Hernández advirtió que habría corrientes “hoministas”, por ejemplo en medios sociales que supuestamente quieren promover los derechos de los hombres y denunciar discriminaciones de los hombres, como los vagones para mujeres en el metro, pero “en realidad lo que quieren es incrementar la desigualdad”.

En cambio, dijo la defensora, el trabajo “Suma por la igualdad” tendría una agenda feminista.

Resumió que en la agenda internacional lo que empuja es que “tenemos que hacer estrategias y alianzas para prevenir y eliminar la violencia y formas de discriminación hacia mujeres y niñas haciendo alianzas en el trabajo con hombres y niños. Yo abono sobre esa lógica.”

18/SG

A días de cumplir dos años en plantón, extrabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) despedidas en 2016, fueron allanadas por novena ocasión sin que nadie las auxiliara.

En un comunicado, la vocera de las extrabajadoras Guadalupe Carrasco Carrasco, informó que la madrugada del pasado 20 de febrero dos hombres entraron al plantón, rompieron las lonas que sirven de entrada y salida y revolvieron el material que se encuentra adentro.

Explicó que se percataron hasta el día siguiente debido a que después del tercer allanamiento las trabajadoras optaron por ya no realizar guardias como lo hacían de costumbre. Alrededor de las seis de la mañana del 20 de febrero una compañera del plantón avisó a Guadalupe del allanamiento por teléfono.

Posteriormente, la líder del movimiento marcó a los números que le fueron proporcionados como medida de seguridad del Código Águila por parte de la Procuraduría General de Justicia capitalina ya que después del tercer allanamiento, en marzo de 2016,  junto con el integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo, solicitaron a la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) medidas precautorias, mismas que fueron otorgadas por la instancia en 2017.

Sin embargo, Guadalupe Carrasco afirmó en entrevista con Cimacnoticias, que el personal que la atendió en los teléfonos “no tenía conocimiento de la existencia ni ubicación del plantón” por lo que acudió con un oficial de policía que se encontró en la calle quien se rehusó a ayudarla con el argumento de que “no le competía esa situación”, y le sugirió pedir el número de la cámara de video que se encuentra frente al plantón así como los nombres de los policías en turno del plantel Iztapalapa 2.

El allanamiento sucedió a unos días de su movilización el pasado 15 de febrero hacia las oficinas del gobierno capitalino y de la Secretaría de Finanzas y Capital Humano, para entregar firmas obtenidas de la campaña que emprendieron para exigir su reinstalación.

Las trabajadoras opinaron que estos allanamientos responden a las movilizaciones que han llevado a cabo desde hace 2 años cuando fueron despedidas injustificadamente 59 mujeres, la mayoría madres solteras y personas adultas mayores con más de 10 años de antigüedad laboral.

Las trabajadoras llamaron a las organizaciones civiles y a la población a apoyarlas este 23 de febrero que cumplen 2 años en plantón y anunciaron que presentarán una denuncia penal.

18/AEG/LGL

Trabajadoras de intendencia despedidas injustificadamente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y organizaciones civiles urgieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a pronunciarse enérgicamente contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) por violar el derecho de las mujeres a acceder a la justicia, pues la instancia ha retrasado casi dos años la demanda colectiva que 30 trabajadoras interpusieron.

Esto exigieron las mujeres despedidas en enero de 2016 durante un mitin realizado hoy frente a la JLCyA y a través de un pronunciamiento que también suscribieron las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular.

Desde febrero de 2016, 30 de las 59 trabajadoras despedidas demandaron al IEMS para que el Instituto reconozca la relación laboral que tenía con ellas y puedan retomar sus empleos con condiciones dignas, pero el proceso legal no avanza porque la JLCyA sigue sin citar a los testigos de las denunciantes que comparecerán en una audiencia testimonial, proceso indispensable para que, posteriormente, la instancia reguladora de conflictos laborales emita un fallo.

Además de la JLCyA, la CDHF también ha sido omisa: nunca se ha pronunciado contra el retraso del proceso legal, esto pese que el organismo conoce el caso porque existe una queja en la quinta visitaduría por las violaciones a los derechos laborales de las mujeres, denunció en entrevista con Cimacnoticias Alejandro Cerezo, defensor de los Derechos Humanos e integrante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México.

Por lo que pidió que la nueva presidencia de la CDHDF “realice su trabajo” e inste a la JLCyA a acelerar el proceso legal, pues las trabajadoras despedidas siguen en busca de justicia. Recordó que el acompañamiento de la CDHF ha sido deficiente pues no se ve reflejado en la verdadera protección de los derechos de las mujeres que siguen sin tener trabajos con condiciones dignas.

IEMS y JLCyA OBSTACULIZAN ACCESO A LA JUSTICIA

Las trabajadoras denunciaron que la actuación de la JLCyA les hace pensar que más que defenderlas la instancia “es cómplice de las autoridades del IEMS en la violación de sus derechos laborales”. Por lo que exigieron a la JLCyA realizar de forma inmediata y efectiva las diligencias necesarias para continuar con el proceso legal.

Desde octubre de 2016 la demanda no avanza, expuso en entrevista con Cimacnoticias la vocera de las trabajadoras, Guadalupe Carrasco Carrasco. El 28 de ese mes sería la primera audiencia, pero la JLCyA no citó a los testigos y la pospuso al 20 de abril de este año, sin embargo, y por la misma razón, la instancia volvió a postergarla y la audiencia sigue sin efectuarse.

Hasta ahora la JLCyA sólo ha citado a una de las al menos 12 personas empleadas del IEMS (profesoras e intendentes) que las trabajadoras despedidas nombraron como testigos. Guadalupe Carrasco explicó que si bien los testigos podrían presentarse voluntariamente buscan que la Junta los cite formalmente para impedir que, como sucedió con la profesora Karla Santoyo Hernández, autoridades de la instancia educativa tomen represarías contra ellos y los despidan por externar su apoyo a las trabajadoras.

Los actuarios, trabajadores de la Junta Local encargados de entregar los citatorios, no lo han hecho bajo el argumento de que “no tienen los recursos económicos suficientes para trasladarse”, denunció Guadalupe Carrasco, o porque afirman “no encontrar las direcciones”.

Los días 12 y 19 de septiembre pasados, actuarios acudirían a la preparatoria 2 del IEMS -donde las trabajadoras mantienen desde 2016 un plantón como protesta-para entregar los citatorios, pero no se presentaron.

“La justicia si no es pronta no es justicia”, opinó Guadalupe Carrasco, y reiteró que pese a los obstáculos refrendan su interés de ser reinstaladas. “Esta lucha también es por nuestras compañeras que siguen trabajando en el IEMS, contratadas por empresas de outsourcing y enfrentan acosos y salarios bajos”, afirmó.

La fecha que la JCyA fijó para la próxima audiencia testimonial será en febrero de 2018, informó Alejandro Cerezo.

La demanda con número de expediente 127/2016 agrupa las exigencias de trabajadoras de intendencia despedidas de los planteles del IEMS ubicados en Iztapalapa 2, los dos de la delegación Gustavo A. Madero, así como del de Coyoacán y Tlalpan 1.

17/MMAE

Para cumplir “la deuda” que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene con las mujeres y las personas defensoras de Derechos Humanos, la nueva presidencia encabezada por Nashieli Ramírez Hernández debe impedir que las autoridades sigan obstaculizando el acceso a la justicia, velar por los derechos de las víctimas, y trabajar en conjunto con la sociedad civil, afirmaron organizaciones.

Entrevistados por separado, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Ana Yeli Pérez Garroido y de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) Quetzalcóatl Fontanot, coincidieron en que durante el periodo de Perla Gómez Gallardo –de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017– la CDHDF adquirió “una deuda” con las capitalinas y las personas defensoras, pues no se pronunció de forma enfática contra las instancias gubernamentales que en lugar de garantizarles el acceso a la justicia ejercieron violencia contra ellas, por ejemplo al revictimizarlas.

Además, afirmó Quetzalcóatl Fontanot, a diferencia de su antecesora, la nueva ombudsperson que ejercerá durante los próximos cuatro años tendrá que “ponerse de lado de las víctimas” y no de las instituciones gubernamentales, particularmente en los casos donde los agresores sean autores del Estado.

ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA

En los casos de violencia hacia las mujeres la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recalcó que durante los próximos años la CDHDF debe señalar cuando las instancias de procuración e impartición de justicia, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) incurran en violaciones a Derechos Humanos.

En la Ciudad de México la violencia institucional hacia las mujeres que buscan acceder a la justicia dijo, es “más sofisticada” que en otros estados, pues las autoridades suelen integrar las carpetas de investigación con todos los peritajes necesarios, sin embargo, se empeñan en interpretar esos elementos “para hacer parecer que la  violencia por razones de género no existe en la capital”, denunció la abogada quien recordó que por esta razón solicitaron junto con otras organizaciones la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Por ello, expresó Pérez Garrido, la instancia se enfrentará al reto de no sólo recibir las quejas hacia violaciones de DH sino a acompañarlas y emitir recomendaciones en las que visibilicen la violencia institucional en contra de las víctimas, además de analizar todos los casos desde la perspectiva de género para “dar cuenta de que en la Ciudad de México la violencia contra las mujeres “es un problema estructural”.

DEFENSA DE DH DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Para las más de 80 organizaciones que integran la Red TDT, mencionó Quetzalcóatl Fontanot, el nombramiento de Nashieli Ramírez “es alentador” toda vez que ella ha defendido los últimos 25 años los derechos de la infancia, por lo que como sociedad civil organizada esperan trabajar en conjunto con la CDHDF.

El defensor señaló que a la CDHDF le urge resarcir el daño que generó distanciarse de las organizaciones civiles, mismo que derivó en la poca atención a las víctimas y pasar a segundo plano la garantía de sus derechos, como en el caso de las mujeres defensoras.

Fontanot llamó a la CDHDF a velar por los derechos de las víctimas y no responder a los intereses gubernamentales particularmente en el contexto electoral que se avecina en 2018.

17/MMAE/LGL

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó el amparo presentado por Jorge Luis González Hernández, con el que buscaba obtener su libertad por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por lo que será investigado como autor material del feminicidio.

El 25 de octubre el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal del CJF rechazó el recurso de amparo que Jorge González presentó el pasado 31 de julio y donde argumentó que el juez de control a cargo del caso, Christian Franco Reyes, violó sus derechos al vincularlo a proceso por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio “sin pruebas suficientes”.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrera Román, afirmó que la instancia negó el amparo gracias “al fallo favorable” de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) en el que ordenó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) y al TSJDF investigar como feminicidio y no como homicidio simple culposo, como primero se acusó a Jorge González por no impedir el “suicidio” de Lesvy cometido el 3 de mayo.

Esta semana la familia Rivera Osorio y su defensa legal tendrán una audiencia en la Sexta Unidad de Gestión Judicial donde solicitarán al poder judicial ampliar hasta enero el plazo que tienen para recabar pruebas que demuestren que el ex trabajador de intendencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Hernández, asesinó a Lesvy.

En la audiencia, anunció la abogada Herrera Román, argumentarán que la familia de Lesvy “ha estado en desventaja” pues la PGJDF les negó por más de dos meses el acceso completo a la carpeta de investigación. Y aseguró que el plazo debe ampliarse para “privilegiar el derecho fundamental de las víctimas a acceder a la verdad”.

Desde el 10 de julio, durante la audiencia en la que se vinculó a Jorge González por homicidio, los abogados de la familia de Lesvy solicitaron al juez Franco Reyes los seis meses que el nuevo sistema de justicia penal otorga a las víctimas y a los inculpados como periodo máximo para recabar pruebas, sin embargo, el juez les concedió únicamente cuatro meses, los cuales concluirán el próximo 10 de noviembre.

La familia de Lesvy busca que el periodo de investigación se amplié pues, apoyadas por colectivas feministas y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han buscado a peritos reconocidos internacionalmente para que abonen a desmontar la teoría del suicidio, pero a las y los expertos les tomará tiempo dar su análisis.

La justicia para Lesvy aún tardará más de un año en llegar. La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que representa a la familia Rivera Osorio, explicó que una vez concluido el periodo de investigación, el caso pasará a la etapa intermedia donde un juez estudiará si admite las pruebas presentadas por la familia Rivera Osorio, las aportadas por su agresor, Jorge González; y las que hasta ese momento recabe la PGJDF.

Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el acusado y las víctimas serán escuchadas y expondrán nuevamente sus pruebas con las que se dictará o no una sentencia.

Mientras tanto cientos de estudiantes y organizaciones siguen solidarizándose con la familia Rivera Osorio y se suman a la exigencia de justicia pues, según ha expuesto en actos públicos la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, el feminicidio representó la violencia y revictimización que viven las mujeres de la Ciudad de México.

17/MMAE/LGL

Tras el fallo de ayer del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para reclasificar a feminicidio agravado el caso de Lesvy, su papá y representantes de OSC, coincidieron en que éste obedeció a la presión social y mediática para exigir justicia y una investigación con perspectiva de género.

Entrevistados por separado por Cimacnoticias, Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, asesinada el pasado 3 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo sentirse satisfecho con el fallo de la Quinta Sala Penal del Tribunal, sobre todo porque ello servirá para que las autoridades investiguen “como deben” los casos como el de su hija Lesvy.

Para el papá de la joven, esto es “un primer paso para el acceso a la justicia y un logro”, pues desde que Lesvy fue encontrada ahorcada con un cable de una cabina telefónica, la familia ha tenido que enfrentar a un sistema de justicia empeñado en señalarla como responsable de su propia muerte.

Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Luz Estrada, el fallo demostró que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no investiga con la debida diligencia los casos de violencia contra las mujeres, no acredita el delito, ni tampoco sanciona a los responsables, por lo que la resolución del Tribunal es un llamado a que sí lo haga,

Ayer la Quinta Sala Penal del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) respondió al recurso de apelación que la familia de Lesvy interpuso en julio y obligó al juez de control a cargo del caso, Cristian Ricardo Franco Reyes, a cambiar la vinculación a proceso del inculpado Jorge Luis González Hernández (pareja de Lesvy) de homicidio simple a feminicidio agravado y a continuar la investigación bajo la línea de feminicidio.

Luz Estrada reconoció que al aceptar la reclasificación la magistrada Celia Marín Sasaki y el magistrado  Arturo Eduardo García Salcedo mostraron la obligación que tienen los jueces de cumplir los instrumentos nacionales e internacionales que los obligan interpretar las pruebas desde la perspectiva de género.

Si bien es un paso para la justicia, tanto el papá de Lesvy como Luz Estrada coincidieron en que es muy lamentable que las familias cuyas hijas son asesinadas tengan que recurrir a la presión social y mediática para que las autoridades capitalinas investiguen correctamente los casos.

“Es alarmante porque corregir la investigación del feminicidio de Lesvy ha sido una lucha constante, pese a que las autoridades tienen la presión social de cientos de personas atentas a su actuación, imagina qué pasa con los casos que no son públicos”, externó Luz Estrada, quien agregó que precisamente por eso se solicitó implementar la Alerta de Violencia de  Género para la Ciudad de México que el OCNF y otras organizaciones solicitaron el mes pasado.

Luz Estrada precisó que ahora, la Procuraduría capitalina deberá realizar otras diligencias como un peritaje sociocultural que describa la violencia de la que Lesvy fue víctima por su pareja durante la relación y que se suma a las agresiones que Jorge González le causó antes del asesinato. “Antes sólo entregaron dictámenes que robustecieron  su hipótesis del suicidio, ya no pueden hacerlo, dijo.

Lo anterior, toda vez que sostuvo, la Procuraduría demostró su falta de debida diligencia la cual quedó evidenciada con peritajes independientes.

Estrada llamó a que antes que la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo deje el cargo, emita una recomendación por las violaciones de la PGJDF a los Derechos Humanos de la familia de Lesvy.

En tanto, el papá de Lesvy aseguró que si el juez Franco Reyes aún decide inculpar a la pareja de su hija por homicidio, llevarán el caso “a todas las instancias posibles”, como la Suprema Corte de Justicia, tal como lo hizo la mamá de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México, Irinea Buendía, y que resultó, en 2015, en el “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio” que las autoridades deben cumplir.

Agregó que la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, y él, se han sentido cobijados por las personas y organizaciones que se han sumado a su lucha. “Todas esas personas nos dan fuerza y el valor para seguir exigiendo justicia”, concluyó.

17/MMAE/LGL

Autoridades capitalinas y del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) se niegan a reconocer la relación laboral de 59 trabajadoras de intendencia despedidas desde enero de 2016. Bajo el argumento de “dar solución” al despido, ofrecieron empleo sólo a 27 de las mujeres a través de una empresa privada, por “outsourcing”, y con las mismas condiciones laborales precarias que tenían.
 
Ayer, trabajadoras del IEMS, su abogado y un representante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México, fueron citados en las oficinas del Instituto con el argumento de que la directora Dinorah Pizano Osorio dialogaría con ellas y “daría una salida al problema”. Sin embargo, el acto fue una conferencia de prensa en donde Pizano Osorio negó la relación laboral con las mujeres e informó que la subcontratista Tecno Limpieza Delta, S.A. de C.V. ofrecerá trabajo a las mujeres despedidas.
 
En la conferencia, en la que se negó el acceso a varias de las trabajadoras, el representante de Tecno Limpieza, Osvaldo Sánchez, anunció que las trabajadoras podrían acercarse a cualquier dependencia del IEMS para comenzar a laborar y que incluso podrían hacerlo antes del 1 de julio. De aceptar, afirmó, mantendrían las mismas condiciones en las que se desempeñaban.
 
Las condiciones son “un salario precario –mil 250 pesos quincenales– , sin prestaciones ni acceso a seguro médico: así se labora en los planteles”, expuso a Cimacnoticias la vocera de las mujeres, Guadalupe Carrasco Carrasco, quienes desde enero de 2016 mantienen un plantón afuera de la preparatoria del IEMS en Iztapalapa.
 
La vocera recalcó: “Las empresas de subcontratación no nos dan un trabajo digno porque son fantasmas, más que una solución es una burla. Lo vemos como un acto de tinte político con el que Dinorah Pizano busca lavarse la manos y desprestigiar nuestra lucha”.
 
De las 59 mujeres despedidas, al menos 22 iniciaron desde febrero de 2016 una demanda colectiva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) para que el IEMS reconozca la relación laboral con ellas ya que fueron despedidas argumentando que el contrato laboral de todas ellas había sido firmado con la empresa ROCMAN S.A. de C.V. En la demanda piden el acceso a derechos laborales y ser recontratadas por el Instituto.
 
Tecno Limpieza es actualmente la empresa que desde 2016 ofrece servicios de limpieza al IEMS y lo hace en otras instituciones educativas. "Sabemos que ni siquiera les han querido dar vacaciones a los trabajadores de intendencia, ¿dónde está el trabajo digno que la señora promueve?", cuestionó al respecto Guadalupe Carrasco.
 
“No hubo un diálogo con la directora, lo evadió y dijo que la medida se tomó para defender nuestros derechos como trabajadoras, pero que cualquier plática en cuanto a  relaciones laborales la discutiéramos con el representante de la empresa presente en la conferencia”, denunció Carrasco.
 
El abogado del caso, Porfirio Martínez, dijo en entrevista con Cimacnoticias que la maniobra del IEMS y autoridades refleja el “trato indignante” hacia las trabajadoras y aseguró: “Es lamentable que una institución tan importante de educación se muestre como representante de una empresa privada, eso representa la simulación por resolver las exigencias”.
 
Porfirio Martínez explicó que de aceptar los puestos de trabajo con la empresa intermediaria significaría ignorar los derechos laborales que les corresponde a las trabajadoras tales como la inscripción al Seguro Social, gratificaciones por los servicios que prestan, el derecho a pensiones por antigüedad y accidentes laborales y el acceso a una cuenta para el retiro.
 
El abogado precisó que la oferta de empleos con la subcontratista "violenta el  derecho constitucional de los trabajadores de mantener una relación laboral, cierta, material y verdadera".
 
EL MISMO OFRECIMIENTO
 
Desde que las mujeres iniciaron la demanda laboral ante la Junta Local el IEMS les ha ofrecido ser contratadas de nuevo a través de las empresas intermediarias como Joad Limpieza y Servicios S.A de  C.V. y ahora Tecno Limpieza. Sin embargo, Guadalupe Carrasco afirmó: “Nosotras exigimos un trabajo digno, el reconocimiento por parte del a IEMS, por años trabajamos para el Instituto, no con subcontratistas”.
 
El caso en la Junta continúa suspendido por falta de voluntad de las y los funcionarios de la misma aún cuando, de acuerdo con el abogado del caso, la Ley Federal de Trabajo establece que una vez admitidas las pruebas, la instancia tiene la obligación de desahogarlas en un  plazo no mayor de 30 días hábiles “por lo que “quien está incumpliendo, lo que dispone la ley es precisamente el órgano jurisdiccional encargado de hacer cumplirla”, afirmó.
 
A la conferencia  también asistió el subdirector de Planeación y Desarrollo de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno capitalina, David Vera Jiménez.
 
DEMANDAN SOLUCIÓN
 
Luego del anuncio hecho por la directora del IEMS las trabajadoras, su abogado y el Comité Cerezo se pronunciaron y exigieron a las autoridades capitalinas y de la instancia educativa,  mediante un comunicado,  “actuar con seriedad”, reconocer la relación laboral con las trabajadoras despedidas injustificadamente, recontratarlas con base y “restituir los salarios caídos”.
 
También pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que emita la recomendación de la queja 15/D7799 que presentaron y que se encuentra en la Quinta Visitaduría desde el 23 de diciembre de 2015. Y a la JLCyA no retrasar más la solución a la demanda.
 
Cimacnoticias contactó a la dirección general del IEMS, pero no obtuvo respuesta.
 
17/MMAE/GG

En una carta pública, las trabajadoras de intendencia despedidas en enero de 2016 del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) exigen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje capitalina,  que agilice la resolución del caso.

Junto con organizaciones civiles, denuncian también que las audiencias programadas sobre su caso se han postergado porque el personal de la instancia afirma que “no cuenta con recursos suficientes para trasladarse y notificar a los testigos”.

Las mujeres iniciaron la demanda laboral en febrero de 2016 en la Junta Local (JLCyA), con número de expediente 127/2016, luego de que el IEMS despidió un mes antes a más de 50 trabajadoras con el argumento de que “nunca las contrató”, pese a que algunas de ellas tenían hasta 10 años trabajando para la institución educativa.    

El juicio se ha caracterizado por retrasos, a lo que se suma la nula disposición de las autoridades del IEMS por reconocer el contrato laboral que tenían y una serie de actos intimidatorios contra el plantón que mantienen afuera de la preparatoria 2 del Instituto en Iztapalapa.

En una carta, aún por entregar, dirigida a la presidenta de la JLCyA, Margarita Darlene Rojas Olvera, las trabajadoras y las organizaciones “Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos”, “Comité Cerezo México” y “Comité de Familiares de detenidos desaparecidos: Hasta Encontrarlos”, piden a más personas que sumen sus firmas para exigir a la Junta la “resolución justa y expedita del caso” porque, afirman, desde el despido “las trabajadoras y sus familias sobreviven en condiciones lamentables”.

En la carta también solicitan a la JLCyA que “dote de recursos suficientes a sus empleados” para resolver el caso. En entrevista con Cimacnoticias el defensor de Derechos Humanos del Comité Cerezo, organización que acompaña el caso, Alejandro Cerezo, explicó que al menos cinco audiencias previamente programadas no han podido efectuarse porque los actuarios judiciales aseguran que la Junta no les brinda recursos suficientes para transportarse y notificar a los testigos de las audiencias.

“Dicen que no van porque no pueden poner el gasto de sus bolsillos”, comentó Cerezo, y denunció “aunque las audiencias se programaron de manera seguida la estrategia ha sido retrasar el juicio de esta forma”. Por ello piden que la Junta Local entregue recursos suficientes a los actuarios judiciales para que estos “notifiquen en tiempo y forma, así los testigos vayan a las audiencias ya programadas y el juicio no se alargue más”.

En la carta también exponen que tanto las trabajadoras como los abogados han comentado que “hay que dar dinero a los actuarios para que éstos hagan su trabajo ya que la Junta nos les da para el transporte y alimentación, cuando se tienen que trasladar a diferentes partes de la Ciudad de México en búsqueda de las personas que deben notificar del caso”.

17/MMAE/GG

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una queja de oficio para verificar si “hubo omisión de la autoridad capitalina” y por eso estaba libre José Octavio “N”, asesino y agresor sexual de Valeria, la niña de 11 años que fue abandonada en una combi de la Ruta 40 que él manejaba, pese a sus antecedentes penales por abuso sexual. 
 
La queja –según declaraciones de la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, en una entrevista el 12 de junio y remitida a esta agencia por el organismo- contempla también investigar la desatención que mostraron las autoridades del Ministerio Público (MP) con la familia de Valeria, al negarse a buscar a la menor, pese a que se hizo la denuncia de que la niña subió a una combi de la Ruta 40 el 8 de junio.
 
La familia explicó al MP que Valeria abordó el transporte público, ya que iba con su padre en bicicleta y empezó a llover, por lo cual subiría a la combi y se encontrarían cuadras adelante, en la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Benito Juárez, a donde nunca llegó.
 
La madre denunció, en un video difundido en redes sociales y tras el hallazgo del cuerpo de Valeria abandonado en la unidad del agresor, el 9 de junio, que cuando presentaron la denuncia de la desaparición ante el MP, las autoridades no quisieron buscar a la niña porque “estaban muy ocupados con la elección” y le decían que “llamara al novio porque seguro se fue con él”.
 
Después de cinco horas en el lugar, los servidores públicos se negaron a levantar la Alerta Amber y los enviaron al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) en la capital, donde al fin emitieron la ficha de desaparición.
 
La CDHDF recordó que la institución ha emitido anteriormente Recomendaciones, en donde se especifica que no se tienen que esperar 72 horas para iniciar con la búsqueda, por ser “horas clave para poder localizar a la persona”.
 
Esta disposición también está establecida en los mandatos que adquirió y a que está obligado el gobierno del Estado de México desde agosto de 2015 con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, incluido Nezahualcóyotl, donde despareció, violaron y asesinaron a Valeria.
 
En el decreto del estado para atender la AVG publicado en la Gaceta Oficial el 3 de noviembre de 2015, el mandato séptimo dicta: “En el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la desaparición de una mujer, adolescente o niña, las autoridades deberán realizar las siguientes acciones: la búsqueda deberá realizarse de manera pronta y sin dilación alguna”.
 
Estas diligencias se llevan con base en el “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada”, y en caso “de que la víctima sea niña o adolescentes se debe emitir además la Alerta Amber a través de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas”, indica el decreto. 
 
Esto tuve que suceder por ley, además, porque la colonia Benito Juárez, está identificada por las propias autoridades del Edomex con el mayor nivel de violencia contra las mujeres del municipio, de acuerdo con el informe “Zonas de Mayor Riesgo”, publicado en la página oficial de la AVG del Estado de México.
 
En caso de que la CDHDF detecte omisiones en el cumplimiento de la ley, Gómez Gallardo aseguró que emitirán una Recomendación para indemnizar a la familia y proceder con las medidas necesarias para que no se repitan este tipo de casos.
 
Asimismo, por el trabajo que desempeñaba el agresor, la Comisión dijo que están revisando en el transporte público, “cuáles son los canales de control que se tienen para que puedan o no prestar el servicio público, cuál serían los controles y qué actualizaciones y mejoras se podrían dar”.
 
Por lo pronto, la CDHDF está en la etapa de recolección de pruebas que les permitan conocer los antecedentes penales del agresor.
 
Ayer, tras la tercera  protesta de vecinos y familiares para exigir justica por Valeria, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García, se comprometió con la familia en desaparecer la Ruta 40 y realizar operativos para corroborar que el transporte público cumpla con el reglamento de Tránsito a través de la Secretaria de Movilidad. También, reforzar la seguridad en Neza e instaurar alumbrado en la zona de los incidentes.
 
Por otro parte, les dijo el alcalde que la Fiscalía de Homicidios, instancia a la que se le asignó el caso, “investigará con perspectiva de género”. Aún se espera la respuesta de la titular de la Fiscalía de Feminicidio, Irma Millán Velásquez con la que la familia se reunirá hoy 13 de junio, como parte del acuerdo con el jefe de municipio, pues el caso de Valeria se ha manejado por las autoridades como homicidio, según el acuerdo que presentó ayer la familia después de la reunión con alcalde.
 
El caso de Valeria tendría que investigarse como feminicidio porque, además existe la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictó en 2015 por el caso de Mariana Lima ocurrido en junio de 2010 en el Estado de México, un caso que había sido cerrado como suicidio, pero tras la intervención del máximo tribunal se tuvo que investigar como feminicidio. 
 
17/HZM/GG 

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) aceptó la existencia de irregularidades con la empresa que, según dicha institución, contrató a las trabajadoras de intendencia despedidas desde enero de 2016. A las anomalías se suma el desconocimiento de la ubicación de los contratos firmados por las mujeres.
 
Así lo aseguraron representantes del IEMS en la reunión que mantuvieron las trabajadoras despedidas con funcionarios de   Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, realizada en sus oficinas el pasado viernes 7 de abril, denunció el defensor de Derechos Humanos e integrante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México, Alejandro Cerezo Contreras, en entrevista con Cimacnoticias.
 
Cerezo Contreras dijo que durante la junta los dos representantes del IEMS presentes decidieron no especificar el nombre de la empresa que contrató a las trabajadoras.
 
Las 65 trabajadoras de intendencia que fueron despedidas por el IEMS han denunciado a través de 22 demandas laborales y actos públicos la evasión de la responsabilidad del Instituto como contratista, con el argumento de que fueron empleadas por la empresa ROCMAN, esto sin su consentimiento.
 
A la reunión también asistió personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México (Sedu).
 
La CDHDF se comprometió a publicar un escrito en el que se registre las respuestas que dieron  las instancias presentes en la reunión  a las demandas de las trabajadoras de intendencia sobre su recontratación en condiciones laborales dignas, así como la garantía de seguridad en el plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2 del IEMS, en Iztapalapa, mencionó el defensor de los Derechos Humanos.
 
Lo mismo hará el Comité Cerezo: en los próximos días se pronunciará ante el deslindamiento que hizo la Sedu mediante un escrito (en poder de las ex empleadas y la organización). El texto señalaría que la reforma del Artículo 2 del Estatuto Orgánico del IEMS puede garantizar que el Instituto reconozca a las mujeres como sus trabajadoras.
 
17/MMAE/GG