Violencia de Género

La universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y acoso sexual e incluso del feminicidio.

El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.

La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.

A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.

Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que duró su relación.

A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la violencia de género que viven en las instalaciones.

Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.

Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.

LABERINTO A  LA IMPUNIDAD

En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe” por la igualdad de género.

Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género.

A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.

De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores (73 por ciento).

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.

En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.

Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión, robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.

Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en caso de necesitarlas.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.

La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.

Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez,  por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género.

En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera.

En redes sociales de Internet los agresores la llamaban constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio de su imagen.

La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General).

El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”, argumento repetido en los Ministerios Públicos.

Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.

Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.

Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la “sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo electrónico.

De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.

Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación”  es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en un caso no se concretó un acuerdo.

Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación sentimental o bien, académica).

Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores, alumnos o personal administrativo.

Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como  forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria  ante la violencia de género.

Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para analizar el contenido del Protocolo.

FES, OLVIDADAS DE LA UNAM

Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.

A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes, académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar, así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM. 

Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es prácticamente inexistente.

Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de la FES Cuautitlán.

En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras,  expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y alumbrado público.

Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.

Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento era de personal académico.

NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS

En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela Hernández Hernández  no tuvo ninguna repercusión.

El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.

Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy. Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el “Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.

Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.

“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa dentro de nuestras instalaciones”.

No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la también estudiante.

Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima de violencia por parte de Jorge Luis González.

Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes incluidos en la carpeta de investigación.

A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las víctimas de feminicidio en este país.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser aceptadas.

18/HZM/AEG

Desde 2015 en Veracruz 404 mujeres han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Estado (FGE) por acoso sexual, sin embargo apenas 11 carpetas han sido consignadas ante un juez para su investigación, según datos del Sistema de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía.

Las agresiones se concentran en mujeres de 21 a 30 años de edad quienes han presentado 96 denuncias, pero también en menores de 11 a 20  años quienes han presentado 95 denuncias en total.

De acuerdo a datos de la fiscalía, en 2015 se presentaron 133 denuncias, en 2016 fueron 140 y hasta octubre del 2017 se tenía un reporte de 131 denuncias.

El delito de abuso, acoso y hostigamiento sexual se contempla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal estatal, que señala una condena de 6 meses hasta 3 años de prisión, o multa de hasta 300 días de salarios mínimo, a quien cometa el delito de acoso sexual, es decir, a quien con fines lascivos acose a una persona de cualquier sexo.

Sin embargo, de las 404 denuncias interpuestas, solo 11 carpetas de investigación fueron consignadas ante un juez, 7 en 2015, 4 en 2016 y ninguna en 2017.

Los municipios con mayor número de casos y denuncias de acoso sexual son: Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Misantla y Tierra Blanca.

Apenas este martes 24 de abril, una joven de Coatzacoalcos denunció vía redes sociales que un hombre la atacó cuando caminaba en la calle. Ante la denuncia pública que fue transmitida en video, varias personas reaccionaron y golpearon al joven, quien finalmente se disculpó.

En opinión de Aracely González Saavedra, integrante de la asociación Equifonía AC, es importante hacer públicas las denuncias de agresión hacia las mujeres para que se genere indignación, pero se debe evitar hacer justicia por propia mano.

“Es importante que haya una indignación de la sociedad a estas agresiones, pero las medidas al respecto no deben ser por la vía de la violencia en un contexto donde hay inseguridad y acciones de más violencia”, opinó.

A su consideración son las instituciones las que deben hacerse cargo de esta situación: “De lo contrario estamos arriesgándonos a que ocurra esta problemática y la solución quede a criterio de las personas que hagan frente”.

Insistió en que la vía para frenar el acoso sexual contra las mujeres debe ser institucional y de trabajo de la sociedad civil hacia la prevención y la educación para lograr el respeto a las mujeres.

Por su parte, Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana (UV) e integrante del Centro de Estudios de Género, lamentó la situación y dijo que Coatzacoalcos vive una gran problemática de violencia hacia la población en general, pero contra las mujeres es más grave aún.

Alertó que el municipio es uno de los incluidos en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, y es grave que un hombre en la calle se sienta con la libertad de tocar a una mujer en impunidad.

Advirtió que se debe tomar con cuidado de la reacción de la sociedad civil, hacia este tipo de hechos, aunque dijo que la misma impunidad deriva en estas conductas.

“Cuando una mujer va a denunciar que hay manoseo o tocamiento, o agresión física en la calle, no tiene mayor repercusión, aun cuando está tipificado como un delito”, dijo.

En su opinión la gente está cansada de que la seguridad de la población y de las mujeres se vulnere en las calles, por lo que toman la justicia en sus manos aun cuando no es la solución adecuada.

18/AVC

Admito que ahora que retomo mis colaboraciones para CIMAC, experimento una sensación ambivalente, por un lado, me siento feliz de tener el tiempo necesario para escribir nuevamente en este importante espacio, y por otro, me es difícil por lo profundamente doloroso abordar el tema de los efectos emocionales de la inseguridad en mujeres y hombres.

Día a día la violencia cobra más y más fuerza, en México y en el mundo, preocupantemente en lugar de perder fuerza a través de todo trabajo realizado especialmente por los grupos feministas, por tanto, considero sumamente urgente abordar este tema, para abonar desde nuestros diferentes espacios, algo que nos permita vivir libres de violencia y con mayor libertad.

Si bien la seguridad es un estado de ánimo, una sensación, se puede entender como un objetivo y un fin que las personas anhelamos o deseamos constantemente, incluso sin darnos cuenta, como una necesidad primaria.

Existen diferentes tipos de inseguridad, sin embargo, para fines de esta columna, me enfocaré en explicar dos tipos de inseguridad: la inseguridad personal o interna que puede ser generada por una baja autoestima, una descalificadora  autoimagen y un pobre  autoconcepto, derivados de la propia historia de vida, y que provocan vulnerabilidad y/o inestabilidad emocional.

El segundo tipo de inseguridad es la llamada inseguridad ciudadana o como le llamo yo: inseguridad social, desafortunadamente, es una inseguridad que es parte, desafortunadamente, de todas las sociedades, debido a que vivimos en un mundo en el que la violencia de todo tipo, se ha extendido a lo largo y ancho del planeta y se ha convertido en una especie de “clima generalizado”, que tiene el riesgo de naturalizarse a tal grado, que ni siquiera seamos capaces de identificar los efectos emocionales que la violencia provoca en cada mujer y hombre que la sufren.

Sabiendo de antemano, que por vivir en un mundo donde el sistema de relación sigue siendo patriarcal y por tanto de dominación masculina, seguimos siendo las mujeres quienes más sufrimos los efectos de la violencia y al mismo tiempo nos enfrentamos a otro tipo de violencia porque somos nosotras mismas quienes por lo general, tenemos que construir mecanismos de defensa para protegernos, porque es hora en que los gobiernos no han logrado accionar programas efectivos que atiendan las necesidades integrales de las víctimas de violencia.

Es una realidad que cada mañana, los distintos medios de comunicación nos sirven de desayuno reportajes sobre los hechos delictivos ocurridos la noche anterior, o informan acerca de los operativos que tienen como objetivo desarticular bandas de roba coches, pandillas de asaltantes, homicidios, extorsiones, trata de personas, feminicidios y tráfico de drogas.

Este bombardeo mediático de una situación que triste y lamentablemente es real, nos produce una gran variedad de efectos emocionales.

Muchas personas, resultado de esta inseguridad que hoy día vivimos, pueden presentar: preocupación, depresión, miedo (especialmente de andar por las calles), ansiedad, estrés, insomnio, ataques de pánico, taquicardia, hipervigilancia, angustia, entre otros síntomas, muchos de los cuales ni siquiera logran identificar, porque no los vinculan al alto grado de violencia que estamos experimentando cotidianamente.

Al conjunto de los síntomas antes mencionados se le llama distrés postraumático, podríamos entenderlo como aquellos cambios o disturbios posteriores a una experiencia psicológica incómoda, desagradable o altamente agresiva y que tiene como consecuencia profundos efectos emocionales negativos pasajeros o duraderos, en el pensamiento, la afectividad y las actitudes, de quienes los experimentan, y lo adecuado es ser atendidos de manera ética y profesional, tomando en cuenta la variable de género.

El distrés es un alto nivel de angustia que de acuerdo a las investigaciones sobre el tema puede originarse por tres causas: la persona observa  un acontecimiento donde se producen muertes, personas heridas o existen amenazas para la vida de otras y otros; la persona se entera por un familiar o por otra persona de alguna muerte inesperada o violenta, y por último, la persona ha sido dañada directa y seriamente con peligro de muerte o herida de gravedad.

Y “esa persona”, en un 70 por ciento de los casos tanto en nuestro país y como en el mundo, es ¡una mujer!, y por ello, tenemos como sociedad la responsabilidad de mostrar esa violencia, de denunciarla, para atenderla, y sobre todo prevenirla y erradicarla, para  de esta manera contribuir a desnaturalizar la inseguridad.

www.saludmentalygenero.com.mx

*Psicoterapeuta Humanista Existencial, especialista en Estudios de Género, y Directora del Centro de Salud Mental y Género.

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18/ABL

Tras reconocer que los Derechos Humanos se están volviendo cada vez más exigibles por la ciudadanía capitalina, esta mañana la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, presentó su informe anual de labores, en la Asamblea Legislativa.

Durante su intervención señaló que 2017 fue el segundo año con el menor número de Recomendaciones en la historia de la Comisión y que se lograron avances en el cumplimiento de los instrumentos recomendatorios sujetos a seguimiento, al concluirse 261 puntos y 14 recomendaciones en su totalidad, entre las que destacó el pago de indemnizaciones a víctimas, y la elaboración, revisión y publicación de manuales y protocolos para regular la actuación de autoridades en el contexto de manifestaciones o reuniones.

Indicó que se emitieron 7 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades de la Ciudad donde se determinó la violación a Derechos Humanos por detenciones arbitrarias, violencia institucional contra mujeres adolescentes en internamiento, omisiones al deber de custodia en juzgados cívicos, omisiones en la investigación de casos de feminicidio y homicidios de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, uso desproporcionado de la fuerza, violencia obstétrica y mala práctica médica.

De acuerdo con datos de la Relatoría por el Derecho a Defender los Derechos Humanos, de enero a diciembre de 2017 se registraron 378 agresiones: 75 contra mujeres y 27 contra grupos de mujeres.

De las 75 fueron hostigamiento, agresión física, acceso ilícito a sistema y equipos de informática, bloqueo informativo, robo, despido injustificado, abuso de autoridad, violencia contra las mujeres, amenazas, detención en masa, obstaculización a la libre reunión, discriminación, obstaculización a la defensa de los Derechos Humanos, lesiones, detención arbitraria, allanamiento, declaraciones públicas y denegación de justicia.

Nashieli Hernández dijo que además de cumplir con la entrega de este informe, presentaría un Volumen dedicado a las Defensoras de los DH en la Ciudad de México, que visibiliza su participación en el ámbito público, e instó a reconocer, reivindicar y promover el papel de las mujeres en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos.

Agregó que a 6 meses de los sismos de septiembre, la Comisión que preside ha recibido 75 quejas que están asentadas en la Tercera Visitaduría, 22 de ellas, mencionó, son por daños pendientes en dictaminación, 5 por construcciones que causaron daños de inmuebles, 5 por inmuebles colapsados, 4 por inmuebles por alto riesgo al demoler y hay 4 pendientes de dictaminar.

Por todo ello, precisó que la CDHDF continuará trabajando para garantizar los DH de las personas damnificadas.

18/RED

Desde hace tiempo venimos denunciando la violencia feminicida que se entrecruza con la prostitución y cómo las mujeres se encuentran desprotegidas y vulnerables cuando se quedan solas en los cuartos de hotel con los compradores de sexo de paga, sin importar lo que cobran. Las damas de compañía o “escorts” no quedan excluidas de esta violencia feminicida. 

Muchas mujeres llegan a nuestro país engañadas, reclutadas principalmente como modelos, bailarinas y con promesas de convertirlas en actrices famosas o conductoras de la Televisión. Víctimas de trata de personas que acaban siendo explotadas en la prostitución como acompañantes o bailarinas exóticas en los “table dance” o clubes para hombres.

Hace unos cuantos años pudimos registrar varios casos de trata de mujeres argentinas, pero ahora se está focalizando principalmente en Colombia y Venezuela por la situación que se está presentando en sus países y que tiene que ver con las condiciones estructurales, económicas y de oportunidades de vida digna. Cientos de mujeres venezolanas están llegando a nuestro país buscando una oportunidad para remontar sus condiciones de pobreza.

Las autoridades mexicanas no actúan para combatir la trata de personas y la explotación sexual, que es un fenómeno que las deja totalmente vulnerables a lo que el consumidor de sexo de paga quiera hacer con ellas, inclusive matarlas.

A mediados del mes de marzo, se dio a conocer que el cuerpo de una joven de apenas 26 años fue encontrado en Ecatepec. Ella era acompañante o escort y fue la octava en ser brutalmente asesinada en México.

8 mujeres han sido víctimas de feminicidio en poco más de un año, y todas tenían en común que eran acompañantes o escorts; la mayoría se anunciaba en la misma página web (Zona Divas) y la mayoría no pasaba de los 30 años.

Katya de 21 años de edad había dejado su trabajo como escort, sin embargo, lo retomó para poder pagar un viaje a París, para reunirse con su hermano. Además, tenía que ayudar con los gastos del hogar en donde vivía con su madre, quien sufría de artritis, y con otro de sus hermanos, con discapacidad intelectual.

El 12 de abril de 2017, Katya fue asesinada en el cuarto 327 del Hotel Estadio ubicado en la calle de Chiapas en la Colonia Roma, de la Delegación Cuauhtémoc. Llegó ahí, después de haber hecho una cita en ese lugar con un consumidor de sexo de paga. Fue encontrada con las manos atadas y con la garganta cortada con unas tijeras de jardinería.

El cuerpo de María José Salvisberg Wegmann, de 29 años, fue encontrado en Cuernavaca. María José había desparecido dos meses antes de ser asesinada. Según testimonios dados a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, una amiga rusa de María José, las citaba y las llevaba con hombres de “mucho dinero”.

Lo mismo sucedió con Isis, de nacionalidad brasileña, quien llegó contratada presuntamente por Televisa y a quien llevaban a fiestas de “altos ejecutivos”. Un día la llevaron a Cuautla, Morelos, a una fiesta de los Beltrán Leyva, donde encontró la muerte de un balazo en la cabeza y después quemaron su cuerpo.

Génesis Ulyannis Gibson Jaimes fue asesinada el 17 de noviembre del año pasado, cuando tenía 24 años de edad. La joven venezolana vivía con su hija en Querétaro, pero se trasladó a Puebla contratada por un consumidor de sexo de paga.

Sin embargo, agentes de la Procuraduría General de Justicia capitalina, encontraron su cuerpo en el Hotel Platino, en la colonia Felipe Ángeles, Delegación Venustiano Carranza. Génesis tenía golpes en el rostro, en las piernas, y además estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva.

Wendy Vaneska de nacionalidad peruana, fue asesinada en un hotel de la Condesa, el 4 de febrero del año pasado, cuando contaba con 26 años de edad. Su cuerpo tenía un impacto de bala.

Karen Alien Grodzinsk era una escort de origen argentino. Fue asesinada el 27 de diciembre del año pasado en el Hotel Pasadena, ubicado en la Delegación Benito Juárez. Se sabe que ella estaba casada con un comerciante del barrio de Tepito.

Su cuerpo fue encontrado en la habitación 214, con un impacto de arma de fuego. Cámaras de seguridad del hotel, captaron a un hombre que llegó alrededor de las 20:00 horas a bordo de una motocicleta y minutos después llegó Karen. El sujeto salió a media noche. Personal del lugar aseguró que tenía entre 23 y 25 años de edad.

Adreina, de 27 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinada el 24 de diciembre del año pasado en Nuevo León. Viajaba con su acompañante en un vehículo cuando fueron alcanzados por otro carro que les disparó. Según las autoridades, habían tenido una disputa en un bar de Monterrey.

Kenny de 26 años, fue asesinada en Ecatepec. Era venezolana y su cuerpo fue encontrado el 25 de febrero de este año.

A Claridad la secuestraron el 10 de febrero de este año, pero la joven de 33 años de edad fue rescatada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La escort venezolana fue localizada en Xochimilco y sus captores pedían medio millón de pesos para liberarla. Fueron detenidos tres presuntos secuestradores que se encontraban en el lugar.

Hace unos días, se reportó desaparecida otra acompañante o escort en la Ciudad de México.

Con este recuento de casos, que son los que hemos registrado, podemos demostrar cómo la prostitución se entrecruza con el feminicidio y, aun así, hay quienes argumentan que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Lo cierto es que la prostitución es una actividad altamente precarizada a donde llegan las mujeres que no han tenido oportunidades, o con mucha necesidad. Es la expresión más antigua del patriarcado que se ha perpetuado para controlar la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, y también sus vidas.

La violencia machista tiene múltiples expresiones que debemos visibilizar y combatir. En la base de la pirámide del patriarcado y de la violencia se sitúan los micromachismos, que perpetúan la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL

El próximo 4 de abril el Juez Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en Sonora, resolverá si la Secretaría de Gobernación (Segob) debe activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, luego de que la negó en agosto del año pasado, informó la Red Feminista Sonorense.

El 7 de junio de 2017 una de las organizaciones peticionarias de la AVG para Cajeme, Alternativa Cultural por la Equidad de Género AC (ACEG), interpuso un amparo contra de la Segob por demorar la resolución de la solicitud Alerta y después rechazarla replicando que “no había elementos suficientes para su decreto” a pesar de las pruebas de hechos de violencia de género en el municipio.

En un comunicado, la Red Feminista Sonorense informó que el próximo 4 de abril se llevará a cabo la cuarta y última audiencia en la que el Juez Séptimo determinará si otorga o no el amparo a la organización quien tener un fallo a su favor, puede obligar a la Segob a decretar la Alerta de Género en Cajeme, dijeron.

Las activistas señalaron que siguen aportando documentación sobre la violencia extrema que viven las mujeres de Cajeme y conforme a sus registros, hasta el día de ayer se cometieron 15 casos de feminicidio en dicho municipio, además de otros cinco intentos de asesinato contra mujeres por parte de sus parejas; un caso de abuso sexual en contra de una niña; dos desapariciones de mujeres (una localizada) y un intento de secuestro.

Cabe recordar que el proceso de la Alerta de Género para Cajeme –que tramitaron organizaciones en mayo de 2015- se atrasó dos años porque la Segob, por medio de la Conavim, otorgó al gobierno de Sonora un plazo adicional de seis meses para completar las recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

En el amparo, las organizaciones argumentaron que esta prórroga fue ilegal porque no está regulada ni prevista en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, que negar la AVG resulta violatorio a los Derechos Humanos de las mujeres porque no les garantiza “la paz social, la libertad y la protección de la vida”.

Por su parte, la Segob defendió que los dichos de las activistas no eran ciertos y pidió al Juez Séptimo terminar el proceso judicial en su contra.

Por último, la red de activistas feministas denunció que las autoridades sonorenses están rebasadas por los acontecimientos criminales sin que se garantice la seguridad de la población femenina.

Cabe recordar que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en 2017 Cajeme fue el tercer municipio del país con mayor casos de feminicidio, su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Por lo tanto, indicaron que si el Juez Séptimo niega el amparo a las organizaciones se revelaría que “por motivos políticos” se deja “sin resolver una estrategia de protección integral para la vida de las mujeres y sus familias en Sonora”.

El Estado de México y Nuevo León son dos entidades donde las organizaciones que solicitaron Alertas lograron la activación del mecanismo gracias a amparos que interpusieron y ganaron.

18/HZM/LGL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, que abre la posibilidad para que las mujeres y sus hijas e hijos que hayan sido víctimas de violencia familiar, pidan a su agresor la reparación del daño.

En la sesión del 7 de marzo, la Primera Sala de la SCJN revisó el amparo 5490/2018 en el cual una mujer víctima de violencia familiar pidió una reparación por daño moral por los daños que le causó su agresor.

Luego de que el Tribunal Colegiado determinara que aunque se comprobó la violencia vivida por la mujer, no podía exigirse una reparación económica pues “no existía una base jurídica para una condena económica por este rubro”, el caso llegó a la Corte quien en la Primera Sala determinó que “cuando se demande la reparación del daño patrimonial o moral que ha resentido una víctima de violencia intrafamiliar, deberán mostrarse los elementos de la responsabilidad civil: la existencia de un hecho ilícito y el daño, además de mediar un nexo causal entre ambos. Así, sólo cuando se han probado esos elementos puede decretarse una indemnización económica”.

La Primera Sala determinó que la violencia ejercida contra las mujeres constituye un hecho ilícito generador de responsabilidad civil porque los actos u omisiones comportan una conducta dañosa en la esfera física, emocional o psíquica de algún miembro de la familia, transgrediendo el derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en 2016, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, 30.7 millones (66.1 por ciento)  ha vivido violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los diversos espacios.

De éstas, 43.9 por ciento vivió violencia por su parte de su actual o última pareja, esposo o novio, la cual ha ocurrido en su mayoría en espacios públicos o comunitarios.

18/AEG/LGL

En América Latina imperan prácticas corruptas, antidemocráticas y sexistas, que dejan a las mujeres periodistas expuestas a un doble riesgo, afirmó la abogada senior de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ona Flores.

En el panel sobre “Violencia contra mujeres periodistas”, organizado por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), durante el 62 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), representantes de las Redes de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) y de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG), hicieron un llamado a los Estados a mostrar mayor voluntad política para revertir la violencia e impunidad estructural, que está matando y silenciando a las mujeres, por el sólo hecho de ejercer su derecho a expresarse.

En ese contexto, Ona Flores señaló que “la conjunción de las prácticas antidemocráticas y sexistas “es brutal, silencia, tiene efectos muy severos en el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres periodistas en sus dos dimensiones, porque no sólo impide que éstas puedan ejercer el periodismo sino que la sociedad en su conjunto, tampoco puede recibir la información que las mujeres están produciendo”.

Refirió que “las periodistas tienen que hacer frente a esas prácticas que buscan que la mujer sea invisible, que sea pasiva, que sea callada, que no revele información”

Ona Flores recordó que la CIDH a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, ha exigido a los Estados, “tomar en cuenta los riesgos especiales y los obstáculos particulares, desde la experiencia de las mujeres periodistas, para poder establecer políticas de prevención, protección y procuración de justicia, con medidas específicas, porque las políticas generales no funcionan, si partimos del reconocimiento de un doble riesgo y que puede darse una triple discriminación o más”.

Dijo que al Mecanismo de Protección para periodistas en México, se le exigió que las medidas que otorguen atienda las distintas dimensiones de violencia de género, como las familiares, personales, de la carrera, sicológicas y emocionales.

Lamentó el alto grado de impunidad que presenta México en agresiones a periodistas, superior al 97 por ciento  y la ineficacia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Libertad de Expresión (FEADLE).

“En su reciente visita conjunta a ese país, los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y OEA, concluyeron que presenta nulos resultados”, dijo.

Destacó que México, Argentina y Colombia, son los países que cuentan con más diagnósticos sobre violencia contra periodistas en comparación con Guatemala, Nicaragua, El Salvador y otros, donde no existen mayores indicadores sobre la realidad que viven.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH fue creada en 1997, pero recién incorporó la perspectiva de género al derecho a la libertad de expresión.

En ese sentido, Ona Flores reconoció que en México, fue debido al impulso de organizaciones como CIMAC y las Redes de periodistas, que la violencia y la discriminación contra las mujeres en el periodismo, se colocó en la agenda de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el 2013, la Relatoría dedicó un capítulo específico a la violencia contra mujeres periodistas en el informe regional sobre libertad de expresión. Ona Flores adelantó que ya se prepara el primer informe especial sobre las mujeres en los medios de comunicación con una perspectiva más amplia, para aportar a la agenda que se está tratando en la CSW y en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el panel sobre “Violencia contra mujeres periodistas” participaron la presidenta de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG), Aimeé Vega Montiel; la periodista y Directora General de CIMAC. Lucía Lagunes Huerta; la periodista e integrante de la Coordinación Colegiada de la Red Nacional de Periodistas en México, Rosa María Rodríguez Quintanilla; y la periodista y  Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (Suecia) Jenny Rönngren. Como moderadora fungió la periodista y Coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, Liliana Hendel.

18/RMRQ/LGL

Es despertar y romper

El bozal y las cadenas

Es conjugar y sentir

El verbo amar sin fronteras

Amparo Ochoa, Para amar en tiempos de guerra

A mí nadie me dijo que debía tenerles miedo a los hombres, lo aprendí cuando a los 12 años un sujeto me tocó mi incipiente pecho y sentí tanto asco que llegué a lavarme al baño de la escuela. El lunes pasado, una mujer y una niña fueron asesinadas por hombres cercanos a ellas, en los que confiaban y de los que en algún momento sintieron afecto y no tenían medo.

La realidad es que en México la mayoría de los casos de feminicidio son cometidos por un hombre con el que la mujer tuvo alguna relación y se suponía, no debían tener miedo. Como Selene, que fue asesinada por su pareja en la tienda en la que trabajaba, y quien en un acto manipulador se disparó a sí mismo en forma indecisa –no se disparó en la sien-. No fue un desconocido el que la atacó sino alguien en el que confiaba, se suponía que no debía tenerle miedo.

Lo cierto es que el miedo está latente para las mujeres, y muy probablemente también se esconde una forma de miedo en los hombres aunque en otra dimensión, en las relaciones afectivas entre mujeres y hombres, incluso entre mujeres, siempre hay un temor a mostrarse, a darse, a “abrirse”, a dejar ver los sentimientos pues eso implica la vulnerabilidad y la volubilidad de las emociones.

Las mujeres vivimos con el miedo a los hombres desconocidos, fundado -como en mi caso- por hechos traumáticos y violentos que tienen que ver con la irrupción de nuestro espacio vital, con la violencia sexual sobre nuestros cuerpos. Crecí con las recomendaciones de mi abuela de estar siempre alerta a que nadie tocara mi cuerpo y defenderme como fuera, (llegué a perseguir a botellazos y con una sombrilla a un sujeto que intentó tocarme años después).

Cuando sentí miedo por primera vez al sujeto aquel que me tocó en la calle, también pensé que no tenía cuerpo de mujer, que iba con uniforme y que no había provocado nada, desarrollé más habilidades para afrontar el miedo a esos desconocidos y cuidarme de ellos. Pero poco supe de cómo cuidarme de los hombres a los que llegaría a amar y a quienes mostraría mi vulnerabilidad afectiva, un tema del que hemos hablado poco las feministas en este juego de exteriorizar sin interiorizar los temas más complejos.

Incluso para las feministas, transitamos en el aprendizaje de nuevas formas de relacionarnos con los hombres, aprender a construir nuevas relaciones que no sean posesivas, ni dañinas, alejadas de todo eso que la noción del “amor romántico” nos deformó, y vamos al aprendizaje de nuevas formas, pero sobre todo de la búsqueda imposible de hombres que no sean machistas. Y digo imposible porque estamos conscientes de que al vivir en un sistema social patriarcal todos y –todas- estamos imbricados en el sistema mismo y tenemos interiorizadas sus formas.

Sin embargo, feministas como somos, muchas mujeres construimos relaciones cotidianas con hombres, familiares, amigos, compañeros de trabajo y en relaciones de pareja en las que tenemos oportunidad de reflexionar acerca de las implicaciones del amor como una práctica “política” del ejercicio de nuestro feminismo. Es decir, en el que tenemos oportunidad de dar la batalla al patriarcado.

Hemos reconocido que “hay una guerra”, en la que las muertas caen del lado de las mujeres, que son asesinadas por sus parejas que no aceptaron o no entendieron la autonomía, la libertad, la vida, las decisiones, y mil pseudo razones por las que a diario se comete la violencia de género.

En medio de esa guerra de un sistema social que utiliza la violencia de género, específicamente la feminicida como herramienta de control para garantizar la opresión de las mujeres, las feministas también reflexionamos sobre la posibilidad de construir otras formas de amar en estos tiempos de guerra, en tender puentes de solidaridad y compañerismo. Mejor no lo puede expresar Coral Herrera cuando dice: “En un mundo en el que la gente está presa del miedo y el odio, amarse es una forma de resistencia frente a la barbarie”.

Amarnos en tiempos de soledades radicales es una forma de resistencia al sistema opresor, amar es transgredir, amar es romper el control del sistema patriarcal, pero amar de otra forma libre de los miedos del sistema que nos quiere constreñidas y oprimidas bajo sus propios códigos.

No podemos, o no debemos vivir con miedo, no más un mundo –aunque sé que aún es utópico- en el que las mujeres y los hombres nos relacionemos desde el miedo, el miedo a descubrir que nos hemos enamorado de personajes inventados por la incapacidad de mostrarnos como somos realmente.

Miedo a mostrar nuestras volubilidades o sentimientos porque este sistema patriarcal nos dice que no, que lleva a la impostura porque quien se abre, cede, quien se enamora pierde y se subyuga, vencer la idea de que el amor es una forma de subyugamiento y que enamorarse tiene que ser la pérdida de algo... el paraíso que nunca fue nuestro, no al menos viviendo en un mundo en el que el amor se sigue construyendo como una batalla a la que hay que ir con armaduras y temer al otro.

Hombres y mujeres tenemos por delante aprender a vencer el miedo y a construir relaciones en las que no sea un recurso de autocuidado, y aprendamos a quitarnos la última máscara impuesta por el patriarcado en la sexualidad, la del miedo a la entrega y la confianza.

Cierro con la frase de la canción de Amparo Ochoa, otra, tras iniciar también con una de ella misma: “Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males”.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

18/AC/LGL

La subsecretaria general de Naciones Unidas y directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, aseguró que tras el movimiento #MeToo, se rompió la impunidad de los agresores hacia las mujeres, al hacer que los hombres poderosos se vean obligados a rendir cuentas por primera vez.

Al participar el viernes pasado en un evento paralelo organizado por el periódico británico The Guardian, la misión permanente de Noruega y la propia ONUMujeres; Phumzile Mlambo-Ngcuka, ante un salón abarrotado, reafirmó lo que ya había adelantado en su discurso inaugural del 62 periodo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés): el movimiento #MeToo ha roto la impunidad que había permitido que los perpetradores de la violencia contra las mujeres fueran reincidentes porque no les pasaba nada, hasta que llegó la denuncia de las mujeres con alta visibilidad y rompieron el silencio.

Con esta acción, señaló Phumzile, se obligó a hombres poderosos a rendir cuentas por sus violencias contra las mujeres y con ello se está mandando un mensaje poderoso a las nuevas generaciones, que la violencia contra ellas no es normal, ni correcta.

La directora de ONUMujeres, llamó a sostener este movimiento para poder salvar vidas porque las mujeres están muriendo como resultado del comportamiento arraigado de violencia en su contra.

En un homenaje a la defensora brasileña asesinada el 13 de marzo en Río de Janeiro, Phumzile  señaló, “estamos de luto por Marielle Franco, quien ha sido asesinada recientemente. Ella fue una de las mejores activistas, feministas, políticas y luchadora por los derechos de las mujeres que podría tener. Esta violencia contra ella no comenzó cuando fue asesinada. Creció, paso a paso, con el acoso creciente de mujeres como ella, que terminó en su muerte. Por lo tanto, es importante que quienes tienen la plataforma, la utilicen para luchar en nombre de todos”.

Durante el evento paralelo #MeToo-Now What? la subsecretaria General de la ONU, dijo que estamos ante un punto de inflexión en cuanto a la violencia de género gracias al movimiento #MeToo, porque mujeres poderosas de alta visibilidad han sido portavoces del mensaje que por años se ha sostenido sobre el impacto de la violencia contra ellas.

Estas mujeres, aseguró la directora de OnuMujeres, están hablando por otras, que de otro modo serían invisibles, porque ellas mismas han vivido desigualdad y violencia. Es importante que las mujeres visibles hagan que lo invisible sea más visible y que muestren que la violencia machista es un problema global.

Aseguró que un medidor para evaluar si se está avanzando es que los hombres que hoy tienen el poder asuman esta agenda para eliminar la violencia contra las mujeres y por la igualdad de género.

“Tenemos que ganar terreno; tenemos que provocar el cambio hablando con las personas que no llevan el mensaje; tenemos que asegurarnos que cuando una mujer es acosada, la primera persona que toma una posición y se lanza a la pelea sea otro hombre”.

LOS MEDIOS, TIENEN RESPONSABILIDAD

Al hablar de los medios de comunicación, tema en revisión en esta sesión de la CSW, la directora de ONUMujeres señaló que la industria mediática tiene mucho que hacer para eliminar la violencia contra las mujeres y la desigualdad, especialmente al contar las historia de las mujeres que han participado en la campaña  #MeToo.

“La industria de los medios aún tiene hombres que dirigen y poseen compañías de medios, que son accionistas. Como responsables de la toma de decisiones, necesitamos que sean ellos quienes demuestren una tolerancia cero y pidan a los medios que influyen que transmitan las historias de las mujeres”, aseguró Phumzile.

Tras hacer un recorrido sobre las acciones poderosas que están haciendo las mujeres en diferentes partes del mundo, las cuales siguen invisibilizadas por los medios de comunicación, la directora de ONUMujeres,  llamó a los medios a que escriban sobre las  mujeres que lideran estas acciones “Hay mujeres en Serbia, en Kosovo, luchando contra la violación en grupo, luchando contra el tráfico y poniéndose de pie con las mujeres que han tenido esas experiencias. Estos son todos momentos "MeToo" en diferentes partes del mundo”.

Finalmente llamó a los medios a “quedarse con las historias” de las mujeres, “porque seguiremos creando buenas historias para ustedes, que abordan la desigualdad de género y terminan con la violación de las mujeres en todas partes del mundo”.

18/LLH/LGL