Emma Gabriela Molina Canto

La audiencia en la que se presentarían las pruebas contra tres de los acusados por el feminicidio de la yucateca Emma Gabriela Molina Canto, incluido su ex esposo Alberto Medina Sonda a quien se le acusa como autor material, se pospuso porque los inculpados entregaron peritajes en los que alegan sufrir afectaciones psicológicas que les impidieron ser conscientes del crimen que cometieron y en el caso de Medina Sonda, ser incapaz de ordenar el crimen.

El 20 de diciembre se cumplió el plazo para presentar pruebas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán (CJOM), estado en el que Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, pero el abogado de los presuntos asesinos (Óscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Ávalos) investigados por cometer el crimen, entregó ante el juez de control un peritaje donde expuso que la investigación en contra de sus defendidos, no puede continuar porque, por problemas psicológicos “no tenían consciencia del asesinato y que estos daños aumentaron cuando fueron agredidos por policías durante su detención”.

Los abogados de Medina Sonda, quien se encuentra en reclusión en un penal de Tabasco por el uso de recursos de procedencia ilícita y acusado de ordenar el feminicidio de Emma Gabriela desde ahí, entregaron un peritaje para comprobar que él no tenía motivaciones ni la capacidad para hacerlo.

Esto informaron en entrevistas individuales con esta agencia la mamá de Emma Gabriela y también defensora de los Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, y la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán (OCNF-Yucatán) que acompaña el caso, Adelaida Salas Salazar.

La defensa legal de la familia de Emma Gabriela solicitó al juez a cargo de la audiencia reprogramar la sesión para que otra perita de la Fiscalía estatal realice de nuevo el peritaje psicológico de López Tobilla y Mézquita Ávalos.

Ligia Canto, dijo tener confianza en que las pruebas que ha recabado sobre la serie de agresiones que Medina Sonda cometió contra Emma Gabriela desde 2012 y que lo señalan como el principal responsable del feminicidio, sean suficientes.

Ligia Canto reiteró su exigencia porque las relaciones políticas de Medina Sonda no impidan el acceso a la justicia de Emma Gabriela y su familia, porque desde 2012, cuando su hija se divorció y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ambas se enfrentaron a campañas de difamación, agresiones e incluso fueron encarceladas por delitos que no cometieron, defensoras de los Derechos Humanos atribuyeron las detenciones a Medina Sonda.

Adelaida Salas llamó a las autoridades judiciales yucatecas a sancionar a Medina Sonda con la pena máxima de feminicidio -que es de 50 años de prisión-.

“Me preocupa porque detrás de la condena a Medina Sonda está el futuro de mis nietos”, mencionó Ligia Canto, quien recordó que la sentencia contra él y César Rogelio Reyes Barrueta y Juan Ramón Moreno -las otras dos personas involucradas en el crimen como coautores y para quienes la investigación continúa- es importante para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad para los hijos de Emma Gabriela.

17/MMAE/LGL

La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a "quienes resulten responsables" por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra - ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

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La Fiscalía General de Yucatán determinó que las condenas de los dos autores materiales y el coautor intelectual del feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, se reducirán de 50 a 20 años, porque los culpables entregaron pruebas que demuestran que el ex funcionario de Tabasco y ex esposo, Alberto Medina Sonda, planeó el crimen desde una prisión de Tabasco.

La fiscalía dio a conocer esto a la familia y defensa legal de Emma Gabriela el 9 de octubre, cuando cerró el periodo de investigación para inculpar a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como autores materiales del feminicidio cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán, ambos cumplen prisión preventiva por el delito de homicidio agravado y a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio.

Los abogados de los inculpados acordaron con la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, que entregarían pruebas que involucran a Medina Sonda en el feminicidio si la Fiscalía aceptaba reducir las condenas. Canto Lugo aceptó las pruebas, por lo que fueron remitidas al juez de control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, quien deberá fijar la fecha para un juicio abreviado, donde los acusados admitirán su culpabilidad en el feminicidio y se les dictará sentencia.

Esto informó en entrevista con Cimacnoticias la titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar. La defensora dijo que las pruebas fueron admitidas por la familia de Emma Gabriela ante el temor de que se absuelva a Medina Sonda y pueda planear, como lo hizo con Emma Gabriela, el asesinato de su madre, Ligia Canto.

Actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años y seis meses en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) en Tabasco, por operar con recursos ilícitos durante el sexenio del príista Andrés Granier. Cuando su ex esposa Emma Gabriela fue asesinada él se encontraba dentro del penal, por lo que Ligia Canto y diversas organizaciones han pedido en actos públicos que sea trasladado a un penal de alta seguridad.

Desde 2012, cuando Emma Gabriela decidió divorciarse de Medina Sonda y buscar la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron víctimas de violencia institucional que derivaron en la Recomendación 54/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México. Durante esos años la defensora señaló a Medina Sonda y a su familia como los principales responsables.

Adelaida Salas recordó que aún sigue libre otro coautor intelectual del feminicidio a quien César Reyes acusó. “Hay dos autores materiales a los que la cámara afuera de la casa de Emma captó luego de asesinarla, pero hay tres intelectuales: Medina Sonda contrató  a César Reyes, César a un hombre al que llama “El Cachorro” y este último a los dos ejecutores del crimen”, explicó.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS INEFICIENTE

Parte de la violencia institucional de la que fue víctima Emma Gabriela estuvo encabezada por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), mencionó Adelaida Salas. Ejemplo de ello es que en 2012, cuando Emma fue detenida, golpeada y encarcelada por autoridades tabasqueñas sin motivo alguno la CODHEY determinó en un informe que las autoridades no habían violentado ningún derecho.

Por ello y para denunciar la indiferencia del órgano defensor para atender las demandas de las mujeres de la entidad, organizaciones civiles yucatecas clausuraron ayer por dos horas la CODHEY.

Posteriormente representantes de La Voz de los Sin Voz, la Asociación Estatal De Padres de Familia, Ni Una más- Yucatán y el Observatorio Ciudadano, acudieron al Congreso estatal para pedir a diputados y diputadas que convoquen a la ciudadanía y diversas organizaciones para analizar la actuación de la CODHEY y la instancia comience a trabajar “por la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y hombres que acuden a él en busaca de ayuda”, concluyó Adelaida Salas.

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A seis meses del feminicidio de Emma Gabriela  Molina Canto, en Yucatán, sus familiares y organizaciones civiles clausuraron simbólicamente el Tribunal Superior de Justicia de la entidad para exigir a las autoridades a cargo del caso, que juzguen con perspectiva de género y sentencien a su ex esposo y empresario tabasqueño Alberto Medina Sonda por la autoría del crimen.

Emma Gabriela fue asesinada el pasado 27 de marzo frente a su casa en Mérida, Yucatán. Desde 2012, cuando inició la búsqueda por la custodia de sus dos hijas e hijo. Ella y su madre, Ligia Canto Lugo, fueron víctimas de campañas de desprestigio y hostigamiento orquestadas por Medina Sonda.

Ambas denunciaron ante diversas instancias las violencias ejercidas en su contra, pero fueron ignoradas, por lo que en 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 54/2014, dirigida a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, en la cual acreditó violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, Ligia Canto, y de sus hijos entre las que destacó la violación a la legalidad, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, al trato digno y a una vida libre de violencia. Todas fueron incumplidas por las 3 instancias.

Durante la protesta en la que participaron las organizaciones acompañantes del caso, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio(OCNF) y “Ni Una Más-Yucatán”, Ligia Canto urgió a las autoridades de Yucatán y de Tabasco -en donde actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años por operar con recursos ilícitos durante el sexenio de Andrés Granier- “justicia integral” y la garantía de seguridad para ella y su familia porque, aseguró, Medina Sonda planeó el crimen mientras estaba preso y temen que busque agredirlos de nuevo.

“Todo fue planeado desde un reclusorio, él tenía la libertad de hacer llamadas, (las autoridades) deben voltear  a ver esos lugares y mandarlo a un penal de alta seguridad”, mencionó.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del OCNF en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, informó que este miércoles concluyó el plazo para integrar a la carpeta de investigación las pruebas que involucran a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como ejecutores del crimen bajo el delito de homicidio agravado.

Por lo anterior, el próximo 2 de octubre se realizará en el Centro de Justicia Oral de Mérida la audiencia donde el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, determinará las sentencias en su contra, con las que podrían alcanzar 40 años de prisión.

También mencionó que desconocen la fecha de la audiencia en la que se juzgará a Medina Sonda y al tabasqueño vinculado a proceso por la coautoría del feminicidio, César Rogelio Reyes Barrueta, pero aseguró que la familia y defensa legal de Emma Gabriela cuentan con elementos suficientes para probar la culpabilidad de ambos.

Entre las pruebas se encuentra la confesión de César Reyes, donde afirma que Medina Sonda le solicitó contratar a otras personas para asesinar a Emma Gabriela.

Ligia Canto ha recabado los 187 amparos que su hija tuvo que solicitar desde 2012 a instancias locales y federales por las acusaciones de su ex esposo “todas ellas falsas”, opinó Adelaida Salas, y que demuestran los antecedentes de violencia que ejerció en su contra por años. 

Además, Adelaida Salas recordó que a seis meses del feminicidio, las manifestantes se reunieron en la Plaza Grande de Mérida, donde exhortaron al juez Mugarte Guerrero a velar por la justicia en el feminicidio de Emma Gabriela y no favorecer los intereses del  agresor.

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Las organizaciones civiles que en junio pasado solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Yucatán urgieron al gobierno a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y reabrir las investigaciones de los asesinatos violentos que tengan indicios de no haber sido investigados con perspectiva de género.

En una conferencia de prensa efectuada este fin de semana, representantes de las organizaciones Ni Una Más; y Ciencia Social Alternativa Kóokay, instaron al gobierno del priista Rolando Zapata Bello a cumplir con las recomendaciones publicadas por la Conavim el pasado 8 de septiembre en el informe con el que da respuesta a la solicitud de la AVG en la entidad, que de no ser resultas en seis meses, derivarán en la declaratoria de la Alerta para el estado.

Entre las recomendaciones está que el gobierno yucateco incorpore a organizaciones civiles con experiencia en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres al Comité encargado de vigilar y evaluar la implementación del Protocolo de actuación ministerial y pericial del delito de feminicidio, demanda que las organizaciones solicitantes refrendaron.

La AVG fue solicitada el 23 de junio para los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá por la violencia física, sexual y feminicida que viven las mujeres, esta última perpetuada por la falta de voluntad de los agentes policiales y judiciales en la entidad para garantizarle a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia, así como por investigar y sancionar los casos.

Ejemplo de ello es el asesinato, en marzo de este año, de Emma Gabriela Molina Canto, orquestado por su ex marido y entonces funcionario público, Alberto Medina Sonda.

Emma denunció desde 2014 ante instancias estatales y nacionales -como la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que ella y su familia eran violentadas por Medina Sonda. El asesinato de Emma Gabriela se suma a las 63 muertes violentas de mujeres con signos de feminicidio cometidas en el estado de 2008 hasta lo que va de 2017, de acuerdo al registro de otra de las organizaciones solicitantes de la AVG, Yucatán Feminicida. Aún con esta cifra, obtenida del monitoreo de la prensa local, la Fiscalía yucateca constata que en esos años solo siete casos llevan un proceso penal por feminicidio y se han emitido dos sentencias por dicho delito.

En la conferencia y a través de un comunicado las demandantes refrendaron su exigencia para crear, junto con todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres del estado, una base de datos con el número de casos que permita generar información estadística y diagnósticos del contexto de la entidad y con ello realizar políticas públicas de prevención.

Lo anterior, dijeron, obligará a las instancias municipales a recopilar y proporcionar la información de los casos que atiendan.

17/MMAE/LGL

A más de tres meses del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos en Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, familiares de su ex esposo acusado como autor intelectual del crimen, Alberto Medina Sonda,  fueron citados en la Fiscalía General estatal para informales que serán sujetos a investigación por su posible coalición en el feminicidio.
 
En entrevista con Cimacnoticias la mamá de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, afirmó que la familia Medina Sonda “debe ser investigada porque la violencia que ejerció por años contra Gaby los hace sospechosos”.
 
La tarde del pasado 20 de julio la madre y el padre de Medina Sonda, Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel; así como sus hermanas Ericka y Lizbeth, fueron llamadas para declarar en la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Agencia 30 de Delitos de Alto Impacto, dependiente de la Fiscalía General estatal. Un día después fueron citadas otras seis personas cercanas a la familia del empresario.
 
El 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio luego de enfrentar, desde 2014, una serie de actos violentos orquestados por su exesposo, quien actualmente está preso en Tabasco por operar con recursos ilícitos durante el gobierno de Andrés Granier,  en la búsqueda de la custodia de sus dos hijas e hijo. Pese a las exigencias de Emma Gabriela y Ligia Canto las autoridades yucatecas y tabasqueñas ignoraron el riesgo que enfrentaba.
 
La abogada Natalia Paola Punab de la O, quien a partir de hoy asumió el caso, explicó en entrevista con esta agencia que durante los citatorios la familia Medina Sonda “reservó su derecho a rendir entrevistas” sobre el feminicidio de Emma Gabriela porque, aunque fueron citados en calidad de imputados, las entrevistas solo tienen validez cuando son expuestas en audiencia oral delante de un juez. Por lo que, informó, el personal de la Agencia 30 “solo recabó sus datos generales”.
 
La directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, denunció en entrevista con Cimacnoticias que las declaratorias fueron ordenadas por la Fiscalía con tres meses de retraso y bajo la presión de la también defensora Ligia Canto, quien denunció desde marzo la coalición de la familia Medina Sonda en el feminicidio de su hija y solicitó, mediante un escrito, que fueran citados.
 
“Ligia tuvo que presentar todas las pruebas y ayudarse de la presión ejercida por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –organismo que desde 2014 emitió la Recomendación 54/2014 por la violencia institucional de la que Emma Gabriela y su familia fueron víctimas- y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –que tras el feminicidio  atrajo el caso- para que por fin hicieran su trabajo: seguir agotando todas las líneas de investigación”, dijo Salas Salazar.
 
Entre las pruebas que Ligia otorgó al fiscal que lleva el caso, Fernando Caamal López,, se encuentran fotografías de los desplegados que la mamá y el papá de Medina Sonda realizaron para difamar, en 2014,  la lucha de Emma Gabriela por la custodia de sus hijos. Además de los videos que las hermanas de Medina Sonda difundieron en plataformas digitales donde la ofendían.
 
A ello se suma que Emma Gabriela externó días previos a su muerte que familiares de su ex esposo la seguían a ella y a sus hijos.
 
La abogada Paola Punab denunció la falta de voluntad de la Fiscalía General ya que, dijo,  las autoridades sólo han realizado los actos solicitados por la familia de Emma Gabriela. “De no haber sido por la presión el fiscal Fernando Caamal hubiera concluido la investigación cuando se culpó a los dos autores materiales, un coautor –todos actualmente detenidos- y a Medina Sonda como autor intelectual del caso”.
 
La abogada señaló que la investigación no debe enfocarse solo al feminicidio de Emma Gabriela. “Tenemos que visibilizar el contexto violento e institucional que vivió Gaby durante años y la persecución por parte de las autoridades de procuración de justicia. porque ella fue victimizada y revictimizada. Un asunto familiar que debería ser sencillo de resolver como un divorcio detonó en un feminicidio”, expuso.
 
El caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria por lo que ahora la familia de Emma Gabriela y su defensa legal seguirán entregando datos de prueba que vinculen a la familia Medina Sonda en el feminicidio.
 
También están en espera de que el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, resuelva en la próxima semana si procede el amparo que Alberto Medina presentó contra su vinculación a proceso como autor del feminicidio, mismo que solicitó con argumento de que no está involucrado porque está preso en Tabasco.
 
DESINTERÉS
 
Hasta hoy Ligia Canto no tenía un abogado fijo en Yucatán solo recibía asesoría legal de la CEAV cada quince días, cuando la instancia enviaba abogados de la Ciudad de México para reunirse con ella. La defensora señaló: “El apoyo de la CEAV no ha sido contundente”
 
Salas Salazar comentó que esto dejó “en indefensión” a Ligia Canto porque “no tenía a quien consultar, incluso tuvo que presentarse a las reuniones en la Fiscalía sin abogado”, expuso.
 
Además, Ligia Canto denunció que aunque su familia, al ser víctimas indirectas, tienen derecho a recibir un “fondo emergente” -un apoyo económico mensual otorgado por la CEAV-, este solo se les entregó para el mes de junio.
 
La defensora recordó que desde 2014, cuando la CNDH emitió la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán   debió iniciar el trámite para la inscripción al registro de víctimas de Emma y su familia, pero, dijo “la instancia defensora de Derechos Humanos local fue omisa, por lo que mi hija y yo tuvimos que juntar dinero para trasladarnos, hasta 2016, a la Ciudad de México para solicitar la inscripción”.
 
Además, manifestó, “todo quedó en papel porque la Ley general de Víctimas indica que una vez registradas se nos tuvo que haber dado  medidas de protección y mi hija nunca las recibió”.
 
Paola Punab informó que en otro momento evidenciarán legalmente la “responsabilidad penal del Estado” en el feminicidio y la violencia que ejercida hacia los familiares de Emma.
 
17/MMAE

Autoridades de Yucatán rechazaron el amparo que interpuso Alberto Medina Sonda, exesposo de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada el pasado 27 de marzo, y por el cual buscaba que no lo vincularan a proceso como autor intelectual del feminicidio de la activista.
 
El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán notificó por escrito a la madre de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, y a su representación legal que negó el amparo interpuesto por Medina Sonda, quien junto a su familia encabezó desde 2014 una campaña de desprestigio y agresiones hacia Emma y Ligia ante la búsqueda de la custodia de sus hijos. 
 
Asimismo, durante una audiencia efectuada el pasado 2 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) el juez Segundo de Control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, amplió hasta el 2 de octubre el terminó de la investigación.
 
Esto “para dar oportunidad a que se realicen más diligencias, entre ellas algunas que puedan vincular a la familia de Medina Sonda como autores”,  explicó a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañándote del caso, Adelaida Salas Salazar.
 
El pasado 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio a fuera de su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo. Hasta ahora la Fiscalía estatal emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los culpables, una para Medina Sonda, dos más dirigidas a los autores materiales y otra para arrestar al tabasqueño César Rogelio Reyes Barrueta, por la coautoría del crimen.
 
Este último reveló que recibió órdenes del empresario Medina Sonda para asesinar a Emma por lo que en abril se le informó que sería investigado como el autor intelectual. El exesposo de Emma Gabriela permanece en prisión en Tabasco cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses por operar con recursos de procedencia ilícita durante la administración del priísta Andrés Granier.
 
La ampliación de la investigación se informó luego de que los padres y hermanas de Medina Sonda fueran citados en la Fiscalía General estatal para informales que serían investigados por su posible coalición en el feminicidio, misma que Ligia denunció a esta agencia días después del asesinato de su hija.
 
Ligia Canto expuso que Emma Gabriela expresó días antes que la seguían familiares de su exesposo.
 
Desde 2014 Emma y su madre fueron víctimas de diversas violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades al no atender las denuncias que hicieron de las agresiones de Medina Sonda y porque se prestaron a la fabricación de delitos contra las defensoras. Esto derivó en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, las cuales fueron incumplidas.
 
17/MMAE

A tres meses del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán, las autoridades locales se niegan a considerar pruebas que relacionan e inculpan en el crimen a la familia de Alberto Medina Sonda, el ex esposo de Emma, quien está en prisión como presunto  autor intelectual de feminicidio. Tampoco han revisado los videos de las cámaras cercanas al lugar donde se efectuó el crimen
 
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien recordó que por el asesinato de Emma Gabriela, ocurrido frente a su casa el pasado 27 de marzo, Medina Sonda es juzgado como autor intelectual y hay dos detenidos como autores materiales.
 
El caso de Emma Gabriela inició en 2014 cuando empezó a enfrentar hostigamientos y omisiones por parte de las autoridades locales y de otros estados, luego de que inició un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijas e hijo contra su ex esposo, actualmente preso en Tabasco, acusado por operar con recursos de procedencia ilícita en dicha entidad durante el gobierno de Andrés Granier, y quien tiene prisión preventiva por el feminicidio de Emma.
 
Las denuncias de Emma y su madre, la también defensora Ligia Canto Molina, derivaron en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México al constatar violaciones a los Derechos Humanos de Emma y su familia, pero dichas recomendaciones no fueron cumplidas.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
La acompañante del caso expuso la falta de voluntad de las autoridades por “continuar todas las líneas de investigación”, ya que la Fiscalía local no ha solicitado ni permitido la revisión de todos los videos de las tiendas de autoservicio y comercios cercanos al domicilio de Emma Gabriela.
 
Esto, señaló Salas Salazar, porque “quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”. 
 
La Fiscalía de Yucatán sólo solicitó la revisión de videos que corresponden a los dos días previos al asesinato. La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto y su defensa legal ya solicitaron a la Fiscalía la revisión de los videos de 15 días antes del crimen y están en espera de respuesta.
 
“De oficio, dije Canto, lo que tendrían que hacer es recabar toda la información de los vecinos, a los alrededores de la casa”, y agregó que la omisión de ese tipo de diligencias “da como resultado la impunidad en el caso”.
 
VIGILADA POR FAMILIA DE FEMINICIDA
 
Salas Salazar comentó que semanas antes de ser asesinada, la defensora ya había informado a uno de sus tíos, a su hermana y a su mamá que la familia de Medina Sonda la seguía. “Gaby se sentía vigilada, lo manifestó tenía miedo, pero ni cómo acudir a la Fiscalía estatal o alguna instancia, porque para ellos ya estaba cerrado el caso. Lo mismo en la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ambos nunca le garantizaron su protección”, dijo.
 
La abogada recordó que, previo a su asesinato, Emma Gabriela comentó que familiares de Medina Sonda la seguían a los lugares que frecuentaba. A ello se suma que una sobrina de Medina Sonda estudiaba en el mismo colegio que la hija de Emma.
 
La defensora S           alas Salazar recalcó que el detenido como coautor del crimen y originario de Tabasco, Rogelio Reyes Barrueta, declaró que ubicó a Emma Gabriela a través de la escuela en la que estaba inscrita la hija de Emma.
 
 “¿Cómo puede alguien que no vive aquí en Yucatán llegar y de repente ubicar a mi hija por medio de una escuela, entre tantas que hay? Por eso pensamos que hay una relación directa entre este individuo y la familia, denunció en entrevista Ligia Canto Lugo.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
Sin embargo, fue hasta el 10 de mayo, luego de un acto público en el que Ligia Canto se pronunció, cuando investigadores del caso se acercaron a ella para solicitar información del inculpado. “No se ve voluntad ni ganas por parte de las autoridades, piensan que como Medina está vinculado y tiene prisión preventiva ya no se debe investigar ni aportar pruebas, por eso todo eso lo está haciendo la mamá de Gaby”, dijo Salas Salazar.
 
La investigación del caso sigue abierta y las sesiones para investigar a Medina Sonda se reanudarán en agosto. Mientras tanto cumple en Tabasco una condena de 12 años y seis meses por operar con recursos de procedencia ilícita. A ello se suma que en mayo autoridades federales estadounidense presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el  exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, detenido e investigado por lavado de dinero, a quien también lo vinculan.
 
Hoy Ligia Canto se presentará a una audiencia donde se informará del cambio de abogado de Medina Sonda.
 
PREDIO LIBERADO LUEGO DE MESES
 
Salas Salazar también expuso que tuvieron que pasar dos meses para que pudieran acceder a las pertenencias de Emma Gabriela y sus hijos. “Hay una insensibilidad ante la situación de los menores de edad. No se dieron cuenta del daño que les estaban ocasionando porque ahí estaban todas sus cosas, no dejaban sacar nada”, mencionó.
 
Esto pese a que Ligia Canto, su defensa legal y los dueños de la casa interpusieron oficios para solicitar que se liberara el predio para acceder a él.
 
La defensora comentó que actualmente, además del OCNF las organizaciones Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa “Kóokay”, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se han sumado a la exigencia de justicia por el caso.
 
17/MMAE/GG

Organizaciones civiles y académicas de Yucatán solicitaron que se decrete en la entidad la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, violencia física y violencia sexual en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá.
 
La solicitud para que se active la AVG en Yucatán fue presentada  el 23 de junio ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de un escrito dirigido a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y a la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, y del cual Cimacnoticias tiene copia.
 
El documento fue suscrito por la representante legal de la organización Ni una más, Clemencia Adelaida Salas Salazar, y las organizaciones Ciencia Social Alternativa, el Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C. y Yucatán Feminicida. También se sumaron las académicas Gina Irene Villagómez Valdés y Ligia del Carmen Vera Gamboa.
 
La AVG es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia implementadas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente se han admitido 24 solicitudes de la Alerta y se ha declarado en 10 entidades, entre ellas Veracruz, Chiapas, y el Estado de México, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
En Yucatán la AVG se solicitó porque, aseguraron las organizaciones y académicas, en la entidad son sistemáticas las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Ejemplo de ello es el caso de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, víctima de feminicidio el pasado 27 de marzo y por el cual se acusa a su ex esposo, Alberto Medina Sonda, como de autor intelectual, quien está encarcelado por el delito de operación con recursos ilícitos en Tabasco durante el gobierno del priista Andrés Granier.
 
Emma Gabriela denunció desde 2012 la violencia física y psicológica, la sustracción de sus dos hijas e hijo y el hostigamiento del que fue víctimas ella y su madre, la también defensora, Ligia Canto Lugo, por parte de su exesposo y la familia del mismo.
 
Por ello, en 2014,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó a las autoridades federales, de la Ciudad de México, de Yucatán y Tabasco garantizar la protección, seguridad e integridad de Emma y su familia. Sin embargo, expusieron las OSC en el documento de solicitud de AVG, “las autoridades nunca hicieron nada para protegerlos”, por lo que el caso es “paradigmático” y refleja “la falta de garantías y protección para las mujeres en el estado de Yucatán”, así como la falta de investigaciones con perspectiva de género.
 
CONTEXTO VIOLENTO
 
De acuerdo con las organizaciones y académicas, urge emitir la Alerta por el contexto de violencia física y sexual que viven las mujeres en el estado, mismo que ocupa el cuarto lugar nacional en violencia contra mujeres casadas o unidas, ya que 47 por ciento de ellas aseguran haber sido violentadas: 26 por ciento han sido víctimas de violencia física y 11 por ciento de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
 
Además, se registran al menos cinco casos de violencia intrafamiliar al día, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la entidad, con datos del 1 enero de 2008 al 31 de diciembre de 2016. En total en ese periodo se registraron 16 mil 404 casos. 
 
En cuanto a la violencia feminicida, las organizaciones han denunciado la falta de cifras oficiales de los casos y  emprendieron desde 2014 una serie de exigencias para que el Congreso local pudiera homologar las causales de investigación consideradas para el delito con las establecidas en el Código Penal Federal. Esto, con el fin de que se dictaminen como feminicidio diversos casos de muertes violentas de mujeres.
 
En Yucatán, de 2008 al 15 de junio de 2017 las organizaciones Yucatán Feminicida el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 62 de ellas clasificadas como feminicidio.
 
Las solicitantes de la AVG afirmaron que en la entidad las mujeres son también víctimas de violencia institucional porque el Gobierno local generan información “fragmentada e incompleta” sobres los casos de violencia, con lo que incumple las recomendaciones nueve y 12 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Comité CEDAW).
 
Ejemplo de ello es que desde hace nueve años el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán no ha integrado ni implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General del estado.
 
Además, las organizaciones y académicas solicitantes denunciaron que la omisión del Poder Legislativo de Yucatán que, en 2016, eliminó del Código Penal estatal a la violencia sexual de la lista de delitos graves.
 
17/MMAE/GG