Cátedra UNESCO

En 2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

En diciembre de 2016 el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados nuevamente.

Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un  “informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de las recomendaciones como “insuficiente”.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios relacionados con su género.

La representación femenina en cargos de elección popular municipales fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016 las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las recomendaciones CEDAW 2017”.

Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el número de mujeres en puestos de la administración pública que para representaban 38 por ciento de los puestos directivos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de forma legal y segura.

Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo afirmó la Cátedra UNESCO en otro  “informe sombra” parcial que publicó en marzo de 2017.

En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por  interrumpir embarazos no deseados.

PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD

En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema, mismos que no se realizaron.

Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de información y encontraron que las autoridades no registran cuántas mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de 2000 a 2017.

La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni actualiza los nombres de las personas desaparecidas.

La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.

La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes políticas que impiden activarla.

En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de Cajeme y en Tabasco.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco, sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México.

En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia condenatoria contra el Estado, llamó a las 11  denunciantes para escucha su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del daño.

Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la detección y denuncia de esta violencia.

El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.

Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso internacional”.

Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano, quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones realiza para subsanar las observaciones.

17/MMAE

La violencia feminicida,  expresión extrema de violencia hacia las mujeres, así como la desaparición forzada de mujeres, deben combatirse desde la educación, por ello, los conocimientos impartidos en todas las aulas educativas deben enfocarse a romper y dejar de promover los roles de género, aseguraron académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Amnistía Internacional (AI).
 
Durante el Tercer Foro Universitario: Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres y feminicidio en México, realizado en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, y organizado también por AI, la integrante de la Cátedra UNESCO de la máxima casa de estudios, Tania de la Palma Rojas, dijo que desde la academia deben cambiarse también las prácticas que fomentan la violencia de género, como el acoso, y resaltó la importancia de estudiar  la desaparición forzada de mujeres y  feminicidio “para exigir al Gobierno federal justicia”.
 
De acuerdo con datos obtenidos por observatorios de la Cátedra UNESCO de la UNAM la tasa de desaparición forzada de mujeres en México va en aumento. Tamaulipas destaca como la entidad con más mujeres desaparecidas.
 
En el país, en 2014 se registraron 21 desapariciones de mujeres, de 12 a 29 años, por cada 100 mil habitantes. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que diariamente son asesinadas siete mujeres.
 
En el foro, la integrante de AI, Tamara Medina Rubio, denunció que la indiferencia gubernamental por atender con eficacia los casos de feminicidio se evidencia por “la resistencia al implementar la Alerta de Violencia de Género en las entidades y porque, cuando se hace, se asigna a funcionarios poco preparados en materia de género”. Esto refleja, dijo, un contexto de violencia hacia las mujeres que “se reproduce incluso en las escuelas”.
 
FALTA DE INFORMACIÓN ES VIOLENCIA
 
Al respecto la académica de la ENTS, Leticia Aparicio Soriano, denunció la discriminación que se hace al no promover la inserción de mujeres y hombres indígenas a las universidades porque, con ello, “se impide el estudio del contexto desigual que vivimos las mujeres desde la perspectiva indígena”.
 
Aparicio Soriano dijo que la omisión de este tipo de información “se convierte en una forma de violencia hacia las mujeres que no están siendo representadas”.
 
Medina Rubio denunció al acoso sexual, la exclusión, así como a la falta de recursos para los estudios de género, esto porque “aún se tiene el estigma de que son temas de poca importancia o preocupan solo a las mujeres”, como algunos de los principales retos a vencer en las universidades.
 
ACOSO EN UNIVERSIDADES
 
Tania de la Palma se refirió al acoso sexual hacia las mujeres por parte de profesores y autoridades académicas, como un aspecto que es indispensable erradicar porque, al no atenderse, “se fomentan los estereotipos y roles de género como los que consideran a las mujeres subordinadas de los hombres”.
 
Según el diagnóstico realizado por la Cátedra UNESCO de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, EN la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) --en donde se le preguntó a alumnas, profesoras y trabajadoras si alguna vez habían sido acosadas dentro de las instancias académicas- en la UNAM 40 por ciento de las consultadas mencionan haber sido víctima de acoso sexual; en la UNACH, fueron 33 por ciento
 
Mientras que en la UANL  25 por ciento de las mujeres dijeron que fueron testigos de algún tipo de humillación y amenazas hacia las alumnas.
 
17/MMAE/GG
 

Al recibir ayer el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”, que otorga el Senado de la República, la doctora Gloria Ramírez Hernández pidió al Gobierno federal que trabaje en conjunto con las organizaciones civiles y con la academia para “establecer una estrategia y avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres”.
 
La coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien da seguimiento a las acciones del Estado Mexicano para cumplir sus compromisos ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés), solicitó también al Estado mexicano cumplir con las convenciones internacionales a las que está adscrito y mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
 
Mencionó también que, aunque se han obtenido logros importantes como la paridad, garantizada por la Constitución mexicana desde 2014, el Gobierno aún debe poner fin a la violencia política hacia las mujeres.
 
Sobre el premio, que se le entregó por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dijo que le enorgullece, ya que se reconoce “el trabajo del feminismo académico que suma esfuerzos, que sale del cubículo con las mujeres y las organizaciones para entender y superar los obstáculos de la igualdad”.
 
La actual dirigente de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz (AIEP), con sede en París, Francia, felicitó a sus colegas académicas porque dijo, “este logro no hubiera sido posibles sin sinergias”. También señaló la importancia de “reivindicar el feminismo desde la academia, desde los espacios públicos y las instituciones gubernamentales”.
 
Presente en la ceremonia de entrega -en donde estuvo también presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio—la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, aseguró que el Senado seguirá trabajando por tipificar la violencia política por razones de género, un tema que el Congreso ha detenido desde hace cuatro años.
 
“No podemos ignorar el avance alcanzado ni todo lo que falta. Vamos a trabajar por dignificar la vida de las mujeres”, comentó la senadora.
 
La académica galardonada, quien es pionera en el diseño e impulso de observatorios ciudadanos sobre los derechos de las mujeres, pidió replicar los logros obtenidos por distintas instancias como la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y a dotarla de recursos para responder y atender muchos casos más de mujeres que no pertenecen a las comunidades indígenas”.
 
El reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” se otorga desde 2014 a mexicanas destacadas por su labor en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dentro de distintos ámbitos. Gloria Ramírez es la cuarta mujer en obtenerlo. Antes fueron galardonadas la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, en 2014; la embajadora Carmen Moreno Toscano, en 2015; y Rosario Marín, la primera mexicana tesorera de Estados Unidos, en 2016.
 
17/MMAE/GG
 

La académica, investigadora y defensora de los derechos humanos, Gloria Ramírez Hernández, recibirá del Senado de la República el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Comisión para la Igualdad de Género reconocerá a la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Francia  por vincular su trabajo en instituciones académicas con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres al colaborar con la sociedad civil, los movimientos feministas y el Estado.

Gloria Ramírez coordina  desde 1996 la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres inició desde que era estudiante.

A finales de la década de 1970, durante sus estudios de posgrado, se unió al movimiento de mujeres latinoamericanas en París, Francia, donde se pronunció a favor de la lucha política por la democracia y la interrupción legal del embarazo.

A través de su trabajo como docente e investigadora, comparte y aplica sus conocimientos teóricos sobre la inclusión de la perspectiva de género, derechos políticos, violencia hacia las mujeres y feminicidio, con organizaciones civiles y organismos públicos.

Muestra de ello es que fue presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y actualmente dirige la Asociación Internacional de Educadores por la Paz (AIEP), con sede en París, Francia.

Asesora en temas de derechos de las mujeres y educación en derechos humanos a organizaciones nacionales e internacionales. Como académica ha sido integrante del grupo asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres México y del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

También ha trabajado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la coordinación del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos (2010-2012)

PREMIOS Y OBSERVATORIOS

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio UNESCO de Derechos Humanos (1996), el Premio Universidad Nacional (2012) en docencia en Ciencias Sociales y, en 2013, la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó la medalla “Hermila Galindo”.

Ramírez Hernández fue de las primeras personas en realizar observatorios ciudadanos para investigar el cumplimiento del Gobierno mexicano de los compromisos internacionales que asume, principalmente ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a nivel nacional, en Sinaloa y en Ciudad Juárez.

Desde 2006, la investigadora Ramírez Hernández da seguimiento a las recomendaciones que el Comité CEDAW hizo para Ciudad Juárez. Y, ese sentido, presentó ante dicho Comité, en julio de ese año y con la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, un informe sombra elaborado por la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), que ella coordinó, sobre el cumplimiento de las recomendaciones

Varias organizaciones del país lograron que en ese informe sombra  se incluyera una sugerencia al gobierno para atender la violencia de género en todos los niveles educativos y se retomaran las propuestas sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Los proyectos y acciones de Ramírez Hernández, traducidos en el diseño de  metodologías, materiales y propuestas educativas, han estado enfocados en incidir en la creación de políticas públicas que incluyan la perspectiva de género.

El 9 de marzo, en el Senado de la República, Gloria Ramírez Hernández recibirá el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” otorgado a mexicanas destacadas por su labor en el ámbito social, cultural, político y económico en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Las candidatas a recibir el reconocimiento son propuestas cada año por los organismos públicos que promueven y defienden los derechos de las mujeres y la igualdad de género, también por la Cámara de Diputados y organizaciones de la sociedad civil.

Gloria Ramírez Hernández será la cuarta mujer galardonada, pues ya se reconoció a la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de Los Ríos en 2014, a la embajadora Carmen Moreno Toscano en 2015 y, en 2016 a Rosario Marín, la primera mexicana tesorera de Estados Unidos.

17/MMAE/GG

Con retraso en la entrega, las autoridades mexicanas presentaron el noveno informe de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 2012.
 
Cada 4 años, el Estado mexicano está obligado por la CEDAW-México -que se integró a este instrumento en 1981- a rendir un informe sobre la atención a mujeres en el país.
 
Sin embargo, cabe recordar que México siempre se atrasa en las entregas; el séptimo informe se debió presentar en 2002, pero se hizo hasta 2006; por lo que en 2010 se entregaron dos, el séptimo y el octavo informe, el atraso en esta última entrega llevará a que Naciones Unidas evalué nuestro país hasta 2018.
 
La entrega se llevó a cabo el 22 de diciembre en Ginebra Suiza, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
 
De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades oficiales, el documento refleja los esfuerzos desplegados hacia la igualdad, también identifica diversos temas en los que las políticas públicas deben mejorarse, como los mecanismos de investigación, sanción y reparación a las víctimas de violencia de género; el acceso efectivo a la justicia para las mujeres; la sistematización de información; y la eliminación de la trata de personas.
 
Entre las principales recomendaciones de CEDAW al Estado en 2012 se encontraban: abatir el feminicidio, los embarazos en adolescentes, la muerte materna (MM), y la violencia contra las periodistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), así como para garantizar los derechos políticos de las mexicanas.
 
Otros de los mandatos de la organización internacional al gobierno mexicano fueron: homologar las leyes locales en materia de aborto legal, crear un registro nacional de desaparición de mujeres, y volver operables los protocolos Alba y Amber de desaparición de mujeres y niñas.
 
INFORME SOMBRA: INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
 
En paralelo cada 4 años las organizaciones civiles mexicanas entregan a la CEDAW el llamado “informe sombra”, un documento alterno que aporta información veraz y actualizada sobre la situación de los Derechos Humanos de las mexicanas registrados por la sociedad civil.
 
Las asociaciones han pronunciado constantemente que el gobierno federal ha omitido las recomendaciones y obligaciones emitidas por la CEDAW en años anteriores.
 
En 2012 las organizaciones presentaron 22 “informes sombra”, que de acuerdo con ellas presentó un contra peso importante respecto a la participación de las autoridades oficiales.
 
Entre ellas la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, ha hecho énfasis en el cumplimiento parcial en temas como derechos políticos de las mujeres y el acceso al aborto.
 
Prevenir el feminicidio, una de las principales preocupaciones de la organización de las Naciones Unidas, ha llevado a la incipiente implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) de acuerdo con las especialistas, que a su vez, sigue sin funcionar.
 
También han recalcado que las medidas para proteger a las periodistas y defensoras de DH, son insuficientes. Asimismo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia son los grandes desafíos del gobierno mexicano.
 
Por otra parte, las organizaciones han demandado que el sistema de salud sigue presentado violaciones a los DH y mala calidad de atención para las mexicanas.
 
Las integrantes de la Cátedra Unesco informaron en este año que el reporte presentado por ellas contiene temas sobre derechos políticos, migración, AVG, y violencia de género en Ciudad Juárez.
 
16/HZM/KVR/LGL

Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
 
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres crecen y crecen. Y son tan graves, que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
 
En un pincelazo hecho por varias organizaciones el pasado 24 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” -que se realizó del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-
las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
 
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66 por ciento del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas del funcionariado que busca cuidar las espaldas a su gobernador.
 
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
 
En Chiapas, por ejemplo,  12 por ciento de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa, durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres sino de la saña con la cual se les asesina; por ejemplo, en Guerrero, donde las mujeres están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
 
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres; situación que se ha visto agravada en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para el 2018.
 
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016; de acuerdo con investigaciones hechas por la doctora Lourdes Enriquez, en 8 años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco -que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no- pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
 
De estas 600 mujeres en reclusión, 60 por ciento fueron juzgadas por aborto y de ellas, 40 por ciento bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo cual implica una aberración jurídica, explicó Enriquez.
 
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la ausencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el ejecutivo federal para los próximos 2 años.
 
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que mandata nuestra Constitución.
 
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
 
16/LLH/LGL