criminalización del aborto

La organización internacional defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch, llamó a las y los legisladores de Brasil a rechazar la reforma constitucional que prohíbe totalmente el aborto, incluso cuando es producto de violación sexual.

El pasado 9 de noviembre 18 hombres de la Cámara de Diputados de Brasil emitieron su voto a favor de prohibir el aborto en el país, solo hubo un voto en contra, el de una mujer, Erika Kokay.

La legislación brasileña permite el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en riesgo, si el embarazo fue resultado de una violación o si el feto se está desarrollando sin cerebro (anencefalia). Por alguna otra circunstancia, las mujeres y niñas que interrumpan un embarazo enfrentan tres años de cárcel.

La organización internacional alertó en un comunicado que el texto final de este proyecto se podría votar esta semana en comisiones, antes de que pase a votación en el pleno de la Cámara de Diputados (mayoría conservadora), en donde para convertirse en ley, debe recibir mínimo tres quintas partes de los votos y ser refrendada por el presidente de aquél país.

Por ello, el director para las Américas de Human Rights, José Miguel Vivanco, pidió a los integrantes de la comisión legislativa rechazar “esta peligrosa prohibición del aborto” pues “las mujeres y niñas brasileñas necesitan con urgencia un mayor acceso a opciones reproductivas, y no que les quiten incluso las pocas alternativas con las que cuentan”, dijo.

REVES A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Brasil comenzaba a marcar un precedente importante en la ampliación de los derechos reproductivos de las mujeres. En abril de 2012 el Supremo Tribunal aprobó la causal de aborto en caso anencefalia.

Para 2016 el Tribunal emitió un fallo en el que consideró inconstitucional criminalizar el aborto voluntario en el primer trimestre de gestación. Aunque la decisión sólo tuvo validez para un caso ocurrido en Río de Janeiro, significó un avance en el acceso al aborto.

Así, mientras la Cámara de Diputados brasileña busca la criminalización total del aborto, el Supremo Tribunal tiene pendientes de analizar dos casos de aborto. En un caso se discute la obligación del Estado por garantizar la interrupción del embarazo para las mujeres infectadas con el virus del Zika.

El otro, busca despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Human Rights Watch acompaña ambos casos y presentó recientemente dos amicus curiae ante el Supremo Tribunal.

De acuerdo con información de la organización, en Brasil, 900 mujeres han muerto a causa de un aborto inseguro desde 2005, y tan solo en 2014, al menos 33 mujeres fueron detenidas por un aborto; a siete de ellas las denunció un médico luego de acudir a hospitales por atención médica de urgencia al someterse a métodos inseguros.

En el caso de las mujeres embarazas infectadas por el virus del Zika, en 2015 el Ministerio de Salud de Brasil alarmó sobre la relación entre el incremento de microcefalia en el país y la infección de este virus.

BRASILEÑAS SALEN A LAS CALLES

Las mujeres en Brasil han salido a las calles para protestar en contra de las decisiones de los legisladores. Con las consigas “Todos contra 18”, “Vientre libre” y “Por las vidas de las mujeres”, han manifestado su rechazo por la prohibición rotunda del aborto.

En tanto, otros países de Latinoamérica muestran avances significativos en el tema: en Chile se puso fin al régimen de prohibición del aborto y se amplió a tres causales. El 6 de diciembre se aprobó en Bolivia la realización de abortos en los hospitales públicos del país por cinco causales.

Por lo pronto, en el caso mexicano, el aborto sólo se permite en todo el territorio cuando es resultado de una violación y exclusivamente en la capital del país, de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación.

17/HZM/LGL

Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG

La Corte Suprema de Justicia Tucumán resolvió ayer por unanimidad dejar sin efecto la condena que pesaba sobre la joven Belén**, quien sufrió un aborto espontáneo en el hospital Avellaneda el 21 de abril de 2014. La abogada Soledad Deza cuenta cómo fue el camino desde ese día hasta su liberación, qué representa el caso y qué absolvió a Belén: “Tenemos un movimiento de mujeres imparable”, dice.

El 13 de abril de 2016 Soledad Deza recibió una llamada. Una mujer a la que nunca conoció, le contaba que una chica estaba acusada de aborto y homicidio. Tres días después fue a la cárcel intentando dar con ella. No le permitieron entrar, necesitaba autorización de Belén y ella no la conocía. Le dio una tarjeta a la oficial que estaba de guardia y le pidió que se la entregue. Esa misma tarde la madre de Belén la llamó.

En el libro “Libertad para Belén. Grito Nacional”, Soledad Deza, su abogada, e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, relata su primer encuentro. Fue la mañana lluviosa y fría del 17 de abril y duró tres horas que parecieron fugaces. Soledad escribe: “Me cuenta que está presa desde hace más de dos años y que los médicos dijeron cosas horribles de ella el jueves pasado en el “juicio”. Que la acusaban de cosas que ella no había hecho. Vuelve a llorar: ‘¿Cómo van a pensar que yo hice algo así?’. Yo le agarro la mano y lloramos las dos. Le pregunto qué pruebas hay. Me mira sorprendida y me contesta que nunca vio su causa. Que nunca leyó un escrito de su expediente. Solo vio una vez a su abogada defensora de oficio y que la recuerda mal, le pedía que se haga cargo de lo que había hecho. Me cuenta que le pidió que se fuera”.

Antes que Deza, Belén había tenido tres abogados: Walter Frías Barrera, Abraham Musi -quien dejó su defensa unos días antes del juicio dado que la familia había juntado 7 mil 500 de los 20 mil pesos argentinos de sus honorarios, poco más de 24 mil pesos mexicanos- y la defensora oficial Norma Bulacios. Cuando Soledad se fue del penal tras ese primer encuentro se llevó en el cuerpo dos preguntas “¿Qué pasa con la relación abogado-cliente? ¿En qué momento asumimos que los operadores del derecho pueden deshumanizarse y eso no está mal?

EN PRIMERA PERSONA

La madrugada del 21 de marzo de 2014 Belén llegó junto a su madre al Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en Tucumán con dolor de panza. En una entrevista relató detalladamente esa noche: “Me atendió la doctora de la guardia, me inyectó un calmante. No me revisó. De ahí me fui al baño. No tardé media hora como dicen. Fui y volví en 5 minutos. Me pusieron suero. Me acosté en una camilla. Tenía frío. Me dan una frazadita. A eso de las 6:30 me levanto. Creo que me hice pis, le dije a mi mamá. Estaba con sangre. Me llevan a la sala de parto. Me dice el doctor Martín que me quede tranquila, que estaba teniendo un aborto espontáneo”.

En su libro, Soledad propone otra forma de contar el caso de Belén, en números. Algunos de ellos, reveladores: “Fue al baño unos minutos, 5 minutos dice una enfermera. Le llevó otros 5 minutos que sus médicos la acusen de haberse provocado un aborto. Solo 6 minutos después de que le hicieran el legrado ya estaba “aprehendida” en la cama del hospital. Despertó con 5 policías que la custodiaban. Dos fueron las psicólogas que pidieron que esa custodia fuera –por lo menos- femenina. En solo unas 5 horas más estaba detenida por “aborto seguido de presunto homicidio”. Cuatro días después le dieron el alta y salió directamente presa al Penal Santa Ester. Llevando 5 días presa el fiscal le imputó un “homicidio agravado por el vínculo”, un día antes de que haya una autopsia. Un mes es el tiempo que demoró la fiscalía en pedir un ADN. Cero es el número de estudios genéticos que se hicieron para probar la acusación”.

CONDENA MORAL, NO JURÍDICA

El 19 de abril del 2016 fue condenada a ocho años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación” por los jueces Dante Julio José Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán. Belén pasó dos años, cuatro meses y veintitrés días encerrada por un aborto espontáneo. Fueron en total ochocientos ochenta y un días hasta que recuperó su libertad, tras orden de la Corte Suprema de la provincia. Su abogada analiza: “Las pruebas de la inocencia de Belén estuvieron desde aquel 21 de marzo que a ella se le inicia la causa, yo no aporté ninguna prueba, lo único que hice es leer el expediente”.

Si las pruebas que la liberaron ya estaban, ¿qué la condenó? Deza es contundente: “La condena de Belén fue moral antes que jurídica” y sigue: “La cosmovisión moral de los anti derechos, la que asocia en el imaginario el aborto con un crimen en cualquier caso y lo digiere como un asesinato, como un homicidio, y por eso la mujer que aborta es una homicida, esa cosmovisión moral es la que llevó al fiscal a acusar sin pruebas, la que llevó a la defensa oficial a no defender a su cliente y la que finalmente llevó a la Cámara a condenar. Los anti derechos hablaron a través de los operadores de la salud, de la policía metida en un hospital público recabando pruebas y del poder judicial armando una causa que fue más producto de una condena moral que de la recolección legal de pruebas para justificar una condena”.

LAS QUE MENOS TIENEN

Belén tenía 25 años cuando llegó al hospital, vivía con sus padres y era la única de sus hermanos que había terminado el secundario. Su caso grafica a qué mujeres la justicia criminaliza. “Es un punto de partida de mucha desigualdad en el que se para ella frente a los operadores de la salud que la maltratan, frente a la policía que la criminaliza y frente al poder judicial que abusa de su poder. Es un punto de partida sumamente desaventajado el de Belén y eso creo que es uno de los sesgos más violentos de la justicia patriarcal, que se ensaña en estos casos con los sectores más vulnerables”.

Maria Galindo, feminista boliviana y una de las fundadoras de Mujeres Creando, en su libro “¡A despatriarcar!” define: “Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de la base donde se sustentan todas las opresiones, es un conjunto complejo de jerarquías sociales expresadas en relaciones económicas, culturales, religiosas, militares, simbólicas cotidianas e históricas” El entramado completo de esas relaciones cayó con violencia sobre el cuerpo de Belén.

Soledad enumera: “Hablando solo del poder judicial: hay un fiscal que debería haber archivado la denuncia hecha por los médicos porque esa denuncia era nula, no solo no archivó sino que lleva adelante una investigación y finalmente fue quien pide su detención, pide su prisión preventiva y eleva el juicio por homicidio agravado por el vínculo. Después tenemos una jueza mujer que es la que hace lugar a la prisión preventiva sin que el encarcelamiento preventivo de Belén reúna los estándares internacionales. Luego tenemos una defensa oficial que es funcional a la acusación. Finalmente tenemos una Cámara que la condena sin fundamentos y en base a prejuicios según los reconoce, también, el dictamen del ministro fiscal”.

Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Fiscal de Tucumán, mediante dictamen consideró que el fallo que condenó a Belén a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo” es “arbitrario y, por ende, nulo”.

Soledad sigue: “Tienes cuatro áreas distintas del Poder Judicial que, cada una desde sus lugares, revictimizaron a una mujer que venía torturada del sector de la salud. Belén sufrió violencia obstétrica pero además sufrió tortura. Se la sometió a interrogatorios incriminatorios, se le hizo entrar policía a la sala de parto, estuvo detenida cuando estuvo internada con custodia policial en una sala de partos comunitarias. Una mujer víctima de violencia en la salud es revictimizada desde el Poder Judicial, desde todos sus espacios de poder”.

DAR VUELTA LA HISTORIA

Para revertir la condena de Belén, Soledad presentó el 13 de mayo un Recurso de Casación, herramienta por la cual se pide a la Corte que revise la sentencia. En la segunda parte de su libro Deza presenta extractos de los argumentos para que sirvan como herramienta en el futuro.

El jueves 18 de agosto de 2016 tras orden de la Corte Suprema de Tucumán Belén recuperó su libertad. Soledad explica: “lo que hizo la Corte al reconocerle la libertad fue decir: discúlpenme, señoras y señores judiciales, pero nunca estuvieron dadas las condiciones para que Belén este encarcelada preventivamente, denle inmediatamente la libertad. Lo que hizo es adecuar la situación de Belén a los estándares nacionales e internacionales de privación de la libertad”.

Continúa: “Hasta acá analizó de forma ajustada con los derechos humanos el proceso en el cual a Belén se la privó preventivamente de su libertad y dijo: no fue ajustado a derecho porque no estaban dados los requisitos de peligro de fuga ni de peligro de entorpecer la investigación”. Desde ese día, la Corte Suprema de Tucumán tenía 90 días hábiles para librar, o no, de culpa y cargo a Belén. Esos 90 días vencieron el viernes 2 de diciembre de 2016. La absolución finalmente llegó hoy 27 de marzo de 2017.

Deza analiza: “La demora en el Poder Judicial es un problema en todos los procesos, no solamente en el de Belén, lo que ocurre es que me parece que no advirtieron que ese era un caso fuera de lo común. Es un caso en el que han puesto la mirada organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, todo un movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho, incluso la opinión pública internacional y nacional. En ese sentido perdieron de vista que el derecho a obtener un pronunciamiento rápido forma parte, cuando una está procesada como está Belén, del derecho a la defensa constitucional. En este caso la demora profundiza aún más las violencias que ella sufrió de parte del poder judicial”.

UNIDO MOVIMIENTO DE MUJERES

“Belén, afirma Deza, sacó masivamente a mujeres a las calles en el año en que el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo busca, una vez más, ser ley. ¿Qué nos enseña su caso? “Una de las cosas: tenemos un movimiento de mujeres sumamente unido, muy potente y sobre todo veo mucho crecimiento. En parte la libertad de Belén fue tan masiva porque logramos que sectores que exceden al movimiento de mujeres se identifiquen con su problemática.

“Es hora de que construyamos alianzas que legitimen la demanda por la legalización del aborto por fuera exclusivamente del feminismo, afirma. Hay que ponernos creativas, quizás un poquito más atrevidas en nuestras demandas, dejar de resistir y empezar a conquistar porque son muchos los avances que uno ve en esta época de parte de los anti derechos. Tenemos un movimiento de mujeres imparable, la forma de capitalizar eso es sincerarlo y animarnos a dar debates que usualmente no nos animamos a dar.

Necesitamos, lamentablemente, aceptar que tenemos que convencer a otros sectores, considera Deza. Las alianzas que hemos construido hasta acá son fuertes, pero no alcanzan. Hay que mostrar cómo la prohibición del aborto es la violación de un derecho, como la criminalización del aborto es una violación de derechos humanos. Me parece que le da una fortaleza que va más allá de reclamar: mi cuerpo es mi decisión, no porque mi cuerpo es mi decisión sea insuficiente, sino porque necesitamos construir otras alianzas y tenemos que ser estratégicas”.

*Este artículo fue retomado del sitio argentino lavaca.org

17/RED