mediación

Los delitos contra las mujeres, cometidos por sus parejas, ex parejas o familiares constituye violencia de género, violencia familiar, y no admiten mediación ni conciliación. Por eso con justeza las mujeres denuncian cuando una autoridad toma la decisión de clasificar bajo otra figura jurídica esos delitos e intenta resolverlos mediando y conciliando. 
 
Me pregunto qué ley toman las autoridades como criterio para desligar del ámbito de la violencia familiar un hecho de violencia entre dos personas entre las que hubo relación afectiva y luego separación, tras lo cual el hombre decide seguir ejerciendo el control y la violencia contra la mujer, convirtiéndola en sujeto de amenazas o lesiones. No importa que esa pareja se haya formado bajo la figura de convivencia, amigos con derecho o novios formales, no importa, es violencia familiar.
 
Esa canalización de la violencia familiar hacia la mediación y la conciliación se da incluso dentro de los propios Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), al que al parecer la Conavim ignora o avala. Hecho grave, ya que  da como resultado que esos espacios –que se suponen de apoyo y seguridad para las mujeres- actúan pasando por alto las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
 
El Mesecvi ha insistido, como señalamos en la columna anterior, que no es posible someter a la conciliación y a la medicación a una mujer que ha vivido violencia a manos de su pareja, y reconoce que las relaciones de noviazgo o bajo cualquier otra forma como sea nombrado, implican que existe la violencia familiar.
 
La razón radica es que, en la sociedad actual, la mayoría de las relaciones se construyen bajo un modelo patriarcal de convivencia en la cual las mujeres se encuentran en condiciones de subyugación y sumisión frente a su compañero.
 
No solo se trata del control económico que él haya ejercido, sino de otras formas más sutiles de violencia que también se van presentado y ligadas al control del estado emocional de la mujer, en algunos casos hasta llevarla al límite con problemas nerviosos. En otros casos el control se realiza de manera más sutil.
 
Los agresores apuestan a que las mujeres estén solas, que no tengan redes de apoyo, por eso las “aíslan” en el tiempo previo, las llevan a romper vínculos con las amigas, las hermanas, la familia. Las convencen de que no tienen a nadie más que a ellos, que solo ellos las ven con valor y solo ellos pueden "cuidarlas". Para atemorizar y manipular apelan a tus necesidades afectivas/económicas, pero también a tus fortalezas o áreas de confianza más elevadas.
 
Seguramente nos suena conocido, porque la mayoría hemos visto  en las relaciones esas formas de control y sometimiento, que no necesariamente operan en las relaciones hombre-mujer, sino en todas aquellas que están regidas desde un sistema de relaciones dominante y patriarcal.
 
Funciona en todos los niveles y grupos, incluso en las relaciones entre dos hombres o dos mujeres. Y si los afectos o formas de expresión en las que se manifiestan los cariños se desarrollan bajo un modelo de “amor romántico”, el resultado es el mismo: el control y el sometimiento.
 
Por eso, cuando un Ministerio Público o agente recibe en el Centro de Justicia para las Mujeres a quien acude con la esperanza de encontrar apoyo y protección -ante una situación que la mayoría de las veces le hace temer por su seguridad- le entrega solo un escrito sencillo, si bien le va, en el que se manifiestan los hechos.
 
El escrito no constituye una denuncia, pues antes  se le informa que se debe “conciliar” o que deberá tener un “careo” con su agresor, a fin de que lleguen a “un arreglo”. En el documento por supuesto no se anota que se trata de violencia familiar, mucho menos que es violencia de pareja o algo que se le parezca. No, solo se consignan “amenazas”, o como en un caso plasmado en el papel: “problemas con su ex pareja”.
 
Aunque parezca inverosímil, la Conavim tendría que empezar a investigar y documentar estos casos, y rendir informes sobre el uso de los mecanismos de conciliación y mediación a los que están enviando los casos, incluso no formalmente sino dentro de los propios CJM en donde psicólogas tratan de “obligar” a las mujeres a “carearse con su agresor”.
 
También hay responsabilidad de la Conavim, porque es la que ha invertido millonarios presupuestos en los Centros de Justicia, por lo que debe supervisar cómo es que esto está ocurriendo. Y si no detienen este proceder, significa que no están haciendo realmente nada contra la violencia de género.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GGQ

El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM, limita y violenta las garantías de las víctimas de violencia en el acceso a la justicia ya que contempla “la firma de confidencialidad” de ambas partes, lo que les impide realizar una serie de acciones, consideró la estudiante y académica de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Adina Barrera.
 
Con dicha acción, agregó, las víctimas no podrían realizar protestas o ruedas de prensa para informar y hacer presión en caso de que sus quejas se vieran obstaculizadas por la institución, servidores públicos o el mismo agresor.
 
“Es preocupante que pidan la firma de confidencialidad, porque el movimiento contra el acoso en la Universidad ha hecho visible este tipo de violencia a través de las protestas y de visibilizar los casos. Y esto es como oscurecer los procesos y una vez más callar a las mujeres que son víctimas de violencia de género”, indicó la académica.
 
Si bien reconoció el esfuerzo de las académicas que trabajaron en la realización del Protocolo, lo que sin duda, dijo, es un avance para la protección de los Derechos Humanos de las estudiantes y académicas, señaló que también tiene candados “peligrosos” para las víctimas y ambigüedades que tendrían que ser especificadas, como por ejemplo el por qué y en qué casos utilizarían la mediación.
 
En su opinión la mediación contraviene lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) que establece que ningún caso de violencia debe ser mediado, ya que en todo acto de violencia hay una situación de desigualdad, en donde el agresor es el que tiene ventaja sobre la víctima.
 
La también integrante del Movimiento Estudiantil contra el Acoso de la UNAM, Adina Barrera, señaló que este documento debería ser analizado por las mismas estudiantes que sufrieron violencia y denunciaron antes de que el Protocolo fuera elaborado.
 
“La Universidad debería tomar en cuenta los casos que no prosperaron por haber sucedido afuera de las instalaciones, como una manera de reparación de daños y para la no repetición de los hechos”, dijo.
 
Un ejemplo de violencia sexual hacia una estudiante de la UNAM, que no fue sancionado por la institución educativa por haber sucedido afuera de sus instalaciones -aunque se tuviera la confesión de culpabilidad de parte del agresor- es el de Víctor Hugo Flores Soto,  quien violó a “Martha”, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
 
Víctor Hugo Flores, fue detenido y procesado para luego ser liberado porque su defensa promovió que se volviera a realizar el procedimiento penal ya que no había evidencias que documentaran su culpabilidad. Mientras el proceso continúa, el acusado está  estudiando su doctorado en la UNAM.
 
El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM fue presentado el pasado 29 de agosto por la abogada general de la máxima casa de estudios, Mónica González Contró durante un evento realizado en el edificio de Rectoría.
 
El documento fue elaborado como parte del Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la máxima casa de estudios, firmado por el rector, Enrique Graue Wiechers, pero es una demanda pendiente de estudiantes y académicas, quienes en diversos foros denunciaron la falta de mecanismos para denunciar los casos de acoso y hostigamiento por parte de compañeros y profesores.                                                                                
16/GVV/LGL