Ley Agraria

Las mujeres de las comunidades campesinas e indígenas, a quienes el sistema económico, político y social ubica en el último escalón, por su condición de género y pobreza, no se conforman, nunca se han conformado, con un presente así, ni con que sea ese el futuro para sus hijas e hijos. Por eso convierten esta sociedad doliente, sociedad de carencias, en una de resistencia y trabajo.
 
Es el caso de Margarita Amalia Cruz, a quien no le gusta que la vean como víctima y evita llamar “ataques” a los obstáculos que encuentra cuando defiende los derechos de las jornaleras de San Quintín; prefiere describir cómo viven 12 horas bajo el sol por un pago de 120 pesos diarios.
 
Desde los 8 años de edad hasta los 37 ella fue jornalera en aquel valle de Baja California, donde ahora dirige Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih), que participó en el movimiento de jornaleros agrícolas iniciado en 2015.
 
Desde los años 80, cuando Margarita llegó de la zona mixteca de Oaxaca a San Quintín, la situación ha cambiado poco. Hoy, como entonces, trabajan ahí migrantes, mixtecos, zapotecas, triquis y nahuas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
 
En 1985 Margarita y los otros 30 niños que trabajaban para la compañía ABC soñaban “con un futuro mejor”, pero terminaban viendo como normales los maltratos, el bajo salario, la fumigación con agroquímicos.
 
Hoy las cosas cambiaron, se modernizaron, hay invernaderos… “pero para proteger el cultivo, no a las personas”, ironiza, porque las trabajadoras, de una temperatura muy alta, salen súbitamente al frío de la tarde y enferman, mientras otras pasan horas en cuclillas, en la fresa, la coliflor y el brócoli, lo que les provoca intensos dolores musculares. 
 
De esa realidad surgió en 1997 un grupo de mujeres artesanas y en 2004 exigieron afiliación al Seguro Social. Ahora, Mujeres en Defensa de la Mujer trabaja por los derechos laborales y el rescate de la medicina tradicional, a través de la Casa de la Mujer Indígena, enfocada a la prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y reproductiva. Tiene además un programa en la radio indigenista XEQUIN, la Voz del Valle.
 
Y busca vincularse con organizaciones que defienden la tierra y el territorio, porque “cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no solo llega a explotar las manos jornaleras, también a explotar la tierra, a destruir la naturaleza; luego se van y dejan tierras infértiles”.
 
LA PARTERÍA, ALIVIO A LA INJUSTICIA 
 
Ayudar a una mujer a parir es un oficio que fascina, “es querer ayudar, decir basta de tanta injusticia hacia las mujeres”, dice María de la Luz Díaz Hernández, indígena y partera tradicional de la ranchería San Rafael, en Comitán, Chiapas, entidad con mayor número de parteras en el país.
 
Es una de las casi 3 mil parteras en el estado, que trabajan sobre todo en comunidades rurales e indígenas y atienden 9 por ciento de los casi 90 mil partos al año (Sinais, 2014). Hace un mes, Luz fundó, con otras cuatro parteras, Camati, “Mujeres construyendo desde abajo”.
 
Desde los 17 años de edad, Luz camina montañas hasta donde la necesita una mujer embarazada, pese a las secuelas que le dejó la poliomielitis. Supo que sería partera porque soñó, durante un mes, que una mujer le pedía ayuda para parir, un oficio que era también el de su abuelo.
 
La labor de Luz es indispensable en un estado donde hay apenas 2 mil 240 camas de hospital (Dirección General de Información en Salud, 2014), lo que explica por qué en 2014 hubo 68.1 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos (Observatorio de Mortalidad Materna).
 
Camati también consigue fondos para llevar a un hospital a las mujeres que lo requieren, da talleres de sexualidad a adolescentes y tiene una casa donde trabajan con herbolaria.
 
POR LA MADRE TIERRA
 
Rosenda Maldonado Godínez, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt), dice que las indígenas trabajan la tierra, viven de ella, pero sin derechos ni reconocimiento.
 
Nació en la sierra norte de Veracruz y promueve con Renamitt el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra, que “no es propiedad porque para las indígenas la tierra no es propiedad de nadie, decimos que nosotras somos de la tierra”, explica.
 
Renamitt se fundó en 2013 con integrantes de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Chihuahua, pero desde 2008 representa jurídicamente a mujeres y capacita sobre uso y aprovechamiento de los bienes comunes.
 
La también presidenta de Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl dice que muchas mujeres solas, debido a la migración, van a las asambleas porque están a cargo de parcelas y solares, pero no tienen poder de decisión. Un caso frecuente, ya que de los 12.3 millones de mujeres en el medio rural, sólo 5 por ciento tienen derechos reconocidos sobre sus tierras, según Inegi. 
 
Por eso, Renamitt busca que sean reconocidas como ejidatarias, además de que podrían ser comisarias de bienes ejidales o comunales y participar en las decisiones, ahora que la Ley Agraria garantiza la equidad en esos organismos. 
 
Renamitt trabaja también sobre el impacto de empresas y megaproyectos, como mineras e hidroeléctricas, en tierras ejidales, que ignoran la opinión de los pueblos indígenas. 
 
“MUJERES MILENARIAS”, AL RESCATE DEL MAGUEY
 
En 2014, recién egresada de Ingeniería Forestal, en el Instituto Tecnológico de Los Valles de Oaxaca, Bibiana Bautista Gaytán, mixteca de 30 años, involucró a las mujeres de Santa María Apazco en el rescate de la producción del pulque y en el aprovechamiento de productos del maguey, como gusanos, pencas y azúcar para personas con diabetes.  
 
Fundaron “Mujeres Milenarias”, en donde trabajan 30 mujeres y 10 hombres, entre ellas adultas mayores que quedaron solas por la migración y madres que mantienen a sus hijos. 
 
Aprovechan la Feria Regional y la fiesta de la Concepción para vender sus productos. Además, “Las pulqueras”, como se hacen llamar, recolectan y separan basura, apoyan la participación política y derechos de las mujeres, y su meta es una microempresa para aprovechar todas las cualidades de la planta.
 
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Con la reforma a la Ley Agraria, aprobada en 2016 y que promueve un mínimo de 40 por ciento de mujeres candidatas en los Comisariados Ejidales, las indígenas tienen la posibilidad de participar en las decisiones sobre el uso y aprovechamiento de la tierra, afirma la otomí Rosenda Maldonado Godínez.
 
“Las mujeres indígenas trabajamos la tierra, vivimos ahí pero no somos dueña de ella y, no tanto como dueñas, sino que no tenemos derecho, reconocimiento”, afirma en entrevista la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt). 
 
Originaria de la sierra norte de Veracruz, desde agosto de 2013 Maldonado Godínez se ha dedicado a promover el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra, que “no es propiedad porque para las mujeres indígenas la tierra no es propiedad de nadie, al contrario decimos que nosotras somos de la tierra”, explica.
 
La Renamitt surgió hace cuatro años con integrantes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Chihuahua, pero desde 2008 ya venían realizando la representación jurídica para las mujeres que deseaban tener la tenencia legal de sus tierras. Ahora, enlazadas, impulsan también la capacitación sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunes.
 
La también presidenta de Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl destaca que en muchas comunidades la migración de los hombres deja a las mujeres a cargo de las parcelas o los solares y son ellas quienes deben ir a la asamblea; sin embargo, no hay un reconocimiento como tal de su liderazgo.
 
Maldonado Godínez menciona que datos de la Renamitt retomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que de los 12.3 millones de mujeres que habitan en el medio rural, sólo el 5 por ciento tienen derechos reconocidos sobre sus tierras. El Registro Agrario Nacional consigna, por su parte, que las mujeres representan sólo el 25 por ciento del total de sujetos agrarios que existen en México.
 
La Red realiza actividades de capacitación y difusión de los derechos de las mujeres y del derecho al acceso a la tenencia de la tierra para que trabajarla sea visto como una actividad de ambos sexos. “Las mujeres participamos para defender nuestras casas, hogares, nuestros hijos, para defender la tierra. Si no la cuidamos no vamos a tener vida en un futuro”, destaca.
 
LA REFORMA
 
Una de sus demandas fue escuchada en el Congreso de la Unión y en diciembre pasado se reformó el Artículo 97 de la Ley Agraria para decir que las candidaturas a puestos de elección que integran el Comisariado Ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más del 60 por ciento de candidatos de un mismo sexo.
 
Esta reforma, como otras similares que se han realizado en los estados, es para “decir a los señores que esto no es nada más una cuestión de que uno quiera sentirse más, sino que es un derecho que tenemos y si la Constitución habla de igualdad ¿por qué en ese tema hay una disparidad enorme”, se pregunta la indígena.
 
Para Maldonado Godínez, una de las tareas principales de la Renamitt es que las mujeres regularicen la propiedad de su tierra porque, si no son reconocidas como ejidatarias, mucho menos podrán ser presidentas del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales y no podrán participar en las decisiones.
 
Como complemento, las indígenas realizan sesiones de capacitación en las comunidades y con otras posibles ejidatarias para que conozcan que, como personas, tienen derechos sobre la tierra. “Es difícil, hasta la fecha te encuentras con muchos retos. Es poco a poco”, dice, ya que en algunos pueblos todavía no se acostumbra ver liderazgos femeninos.
 
NUEVOS OBSTÁCULOS
 
Realizando trabajo con otros actores políticos, la Renamitt se encontró con la Reforma Energética, que ha dado pie a la entrada de empresas y megaproyectos en tierras ejidales, sin que se tome en cuenta la opinión de los pueblos indígenas. Eso las ha obligado a empaparse de estas nuevas políticas para saber de qué se tratan y cómo contrarrestar los daños.
 
Las mujeres de la Red dicen que han tenido logros como la reforma a la Ley Agraria, pero aún falta ver si esta norma se está cumpliendo y a la par difundir los estragos que llevan las mineras, hidroeléctricas o empresas que se instalan a las comunidades a desarrollar sus proyectos sin anuencia de las y los indígenas o con mentiras.
 
17/AGM/RED