Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   De 58 observaciones solo se implementaron 2
Mecanismo de Segob no cumple recomendaciones para proteger a periodistas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2018

El Espacio OSC, integrada por más de 22 organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) y de la libertad de expresión, informó que de las 58 recomendaciones formuladas por la sociedad civil en 2017 para proteger al gremio periodístico, las instancias gubernamentales únicamente cumplieron 2, otras 42 fueron parcialmente cumplidas y en 14 de ellas no hubo ninguna avance.

En un comunicado, el grupo de organizaciones exigió a los tres niveles de gobierno que implemente una política pública integral para proteger a personas defensoras y periodistas y hacer frente al contexto de agresiones contra esta población, que de acuerdo con la organización Artículo 19 suma 86.7 agresiones a mujeres periodistas cada año desde 2012 y que según Comunicación e Información de la Mujer ha cobrado la vida de 15 mujeres periodistas en los últimos siete años.

El Espacio OSC explicó que a pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 2012, éste no ha sido capaz de ofrecer una repuesta efectiva a las agresiones, ya que no cuenta con personal capacitado en la protección de los DH y la libertad de expresión, no permite reaccionar frente a la diversidad de formas de violencia y no existe una coordinación efectiva entre el Mecanismo y las entidades federativas.

Entre las recomendaciones que no fueron cumplidas por el Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) está la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) que no asegura investigaciones, sanciones efectivas y derechos de las víctimas y tampoco se han creado mecanismos de coordinación entre el Mecanismo de Protección y la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la incorporación de personas beneficiarias en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

Las agrupaciones afirmaron que hasta el momento el gobierno federal sólo ha evidenciado la carencia de estrategias solidas para erradicar la impunidad en los delitos cometidos contra estos grupos.

El Espacio OSC mencionó que a 9 meses de la presentación de su tercer informe “Protección integral para personas defensoras de DH y periodistas: la deuda del Estado mexicano”, la mayoría de las recomendaciones dirigidas a diversas instancias del Estado no han sido atendidas, lo cual ha dado como resultado que persista la impunidad en las agresiones.

Ante ello, las organizaciones lamentaron que las instancias señaladas en su informe no cumplan con su responsabilidad y “hayan hecho caso omiso a las recomendaciones”. Tal es el caso de la CEAV, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y las entidades federativas.

Para el Espacio OSC la falta de atención al cumplimento, seguimiento e implementación de las recomendaciones por parte de la mayoría de las entidades federativas así como las constantes agresiones por funcionarios públicos tanto estáteles como federales ayudan a generar un entorno adverso para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los DH.

De acuerdo con el informe, muchos de los casos de agresiones no han sido atendidas según los protocolos establecidos y muchas veces las medidas otorgadas no satisfacen la seguridad de las personas para que puedan continuar su labor de defensa, por lo que se limita la libertad de expresión.

Por ello, el Espacio OSC exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra periodistas y personas defensoras de la sociedad civil”.

El Espacio OSC está integrado por organizaciones como Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; Artículo 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México, Comunicación e Información de la Mujer y otras 13 agrupaciones que trabajan por los Derechos Humanos.

Entre los crímenes contra la prensa que aún no se han esclarecido están el de Miroslava Breach Velducea, asesinada afuera de su casa el 23 de marzo del 2017, en la capital de Chihuahua; y el del fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, Javier Valdez Cárdenas, asesinado en Culiacán, Sinaloa, unos días después de Miroslava, el 15 de mayo de 2017.

18/AEG








NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC lanzan S.O.S a ONU y CIDH
Asesinan a Miriam Rodríguez, del Colectivo Desaparecidos de San Fernando
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2017

Carente de la  protección que había solicitado a las autoridades para preservar su vida, anoche fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, enfrente de su casa, la activista Miriam Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, baleada por un comando. 
 
Miriam, quien murió en  el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal. 
 
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam  -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
 
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
 
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa. 
 
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
 
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que  no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
 
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
 
S.O.S A ONU Y  CIDH
 
 
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.    
 
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam. 
 
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”. 
 
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
 
ACOSO DE LA POLICÍA
 
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico. 
 
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión. 
 
17/ RED 








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Foro Mujeres Periodistas: El Poder de sus Voces
Sin recursos, instituciones para proteger a las periodistas no pueden actuar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/05/2017

Con críticas a la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante su fracaso e imposibilidad de detener las agresiones contra este gremio, dio inicio este mediodía el Foro “Mujeres Periodistas: El Poder de sus Voces”, en el Centro Cultural España, convocado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). 
 
El foro, organizado conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Embajada Británica y la Embajada de Suecia, dio inicio en el Centro Cultural España con un minuto de aplausos por las periodistas asesinadas, “porque no queremos el silencio, nos queremos vivas e informando”.
 
Ahí, la senadora perredista Angélica de la Peña; la directora de CIMAC, Lucía Lagunes; el presidente de la CNDH, y el representante en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, coincidieron en que los mecanismos creados para evitar la violencia contra las periodistas, que no en pocas ocasiones han concluido en muertes, han fracasado y requieren recursos, que le fueron negados en el Ejercicio Fiscal 2017.
 
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que la sociedad tiene que condenar esta violencia, pero tiene también que asegurar que haya seguridad para las periodistas.
 
Recordó que el Mecanismo de Protección ha brindado apoyos a 173 periodistas, desde 2012, pero estas medidas no son suficientes y de ello está consciente la oficina que representa, como lo está de la  enorme tarea y retos que esto significa.
 
Estamos comprometidos, dijo, a apoyar al mecanismo en su fortalecimiento.
 

Representante en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab | CIMACFoto: César Martínez López

Reconoció que el Mecanismo de Protección enfrenta hoy una difícil situación presupuestaria, porque en este ejercicio fiscal 2017 no se le asignaron recursos y de ahí provienen los fondos con que trabaja. Y se unió al llamado del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, para que se haga una adecuada asignación de recursos para 2018.
 
Todas las medidas de protección, afirmó,  permanecerán  insuficientes si no se logra romper el círculo vicioso de la violencia. Las y los periodistas pueden acercarse a denunciar con confianza.  
 
EL FORO, ACTO DE JUSTICIA
 
En su participación, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, dijo que no debe quedar invisibilizada la violencia contra las mujeres y destacó la gravedad de la violencia que enfrentan las comunicadoras en todo el territorio nacional.
 
Nos faltan las periodistas, afirmó que están en el exilio, lo que nos habla de la vulnerabilidad de la democracia mexicana y de nuestro derecho a estar informados. Calificó el foro como “un acto de justicia.
 
Y aseguró que las instancias creadas para investigar atentados a la libertad de expresión han fracasado, al dejar en impunidad prácticamente todos los casos de violencia contra las periodistas.
 

Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC | CIMACFoto: César Martínez López

Criticó asimismo los estereotipos sexistas que las alejan de la justicia, que hacen de dichas agresiones un tema de vida privada y no un atentado a la libertad de expresión. Y con esto, advirtió, se deja abierta la puerta a la repetición. Incorporar la perspectiva de género, aseguró, implica reconocer las aportaciones de las periodistas. 
 
FISCALÍA Y MECANISMO, CON PROBLEMAS
 
La senadora Angélica de la Peña coincidió en que la Fiscalía Especializada y el mecanismo –sobre el que han estado poniendo atención y con el que han participado- ha pasado por diferentes problemas, que poco a poco han sido resueltos, aunque hay otros pendientes como la falta de presupuesto, que va a impedir que quienes hoy están siendo protegidos por el mecanismo puedan continuar estándolo en los últimos tres meses del año, pues no existen las condiciones económicas para seguir sosteniendo las medidas de protección de que hoy gozan. 
 
Señaló también los problemas en ámbitos locales, donde la impunidad es “patética”, aunque reconoció que no hay una sola mujer periodista que no sea recibida por el Mecanismo.
 
“Tenemos una Fiscalía a la que le dimos diferentes facultades expresas, pero hoy por desgracia no están funcionando como es debido. No está aplicando las distintas facultades que le mandatamos con la ley y que son producto de las instituciones que trabajamos en ello”, agregó.

Senadora perredista Angélica de la Peña | CIMACFoto: César Martínez López

En el acto, donde no estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  Roberto Campa Cifrián, quien se encontraba en una reunión con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, el consejero cultural y director del Centro Cultural de España en México, Carlos Ruiz González, afirmó que seguirá apoyando con la visibilización de la violencia contra las mujeres. Ninguna mujer, por el hecho de serlo, ni por su trabajo debe sufrir la violación a sus Derechos Humanos, dijo. Y rescató los valores de convivencia.
 
“Estamos convencidos de que la libertad de expresión es fundamental para la democracia y para el avance de una ciudanía crítica”. Y llamó  a las periodistas a seguir luchando por la libertad de expresión. 
 
VISIBILIZAR, APLICANDO PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, criticó que, ante la incapacidad de investigaciones profesionales en casos de agresiones a periodistas, se intenta victimizar a la periodista, se resalta su vida privada, su entrono privado, en vez de investigar como primer punto el entorno de lo que publicaron, a quién molesta, en entorno público.
 
Subsisten prejuicios, estereotipos y conductas discriminatorias que intentan descalificar su capacidad.
 
El hecho de ser mujeres se vuelve también determinante, porque a los riesgos que implica la labor periodística, se suman otros como  casos de acoso, hostigamiento, ataques sexuales, amenazas a su integridad física y a su vida, por lo que es necesario, dijo, replantear los mecanismos de protección a periodistas que visibilicen esta violencia, aplicando  la perspectiva de género, 
 
Pidió que no permanezcan ocultos los delitos contra las mujeres periodistas y exhortó a las autoridades a que se aceleren las investigaciones y haya sanciones. “La impunidad es el círculo vicioso que propicia que no haya temor de atentar contra ellas, porque el agresor estás seguro que no será sancionado”, sentenció.
 
RESPONSABILIDAD LOCAL
 
Del año 2000 a la fecha, dijo el Ombudsman, se han registrado en la CNDH 125 homicidios contra periodistas, así como 51 atentados contra medios de comunicación desde 2016. La mayoría de estos casos no han sido aclarados ni los responsables sancionados. Y 13 homicidios han sido contra mujeres, lo que equivale a 10.4 por ciento del total de casos. “Una sola agresión es suficiente para que levantemos la voz y no permitamos que se  busque silenciar la libertad de expresión.

Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez | CIMACFoto: César Martínez López

Reconoció la labor de CIMAC en favor de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Libertad de Expresión, y coincidió también los problemas que enfrenta la Fiscalía Especializada y el Mecanismo de Protección. Reiteró el exhorto a la Secretaría de Hacienda para que se sensibilice de la importancia que tiene dotar de recursos a estas instituciones y pidió voluntad a los gobiernos locales para investigar, así como asumir su responsabilidad ya que muchas de las situaciones que enfrentan las periodistas se dan en lo local y esos gobiernos tienen que responder con lo que prometieron al asumir el cargo.
 
17/GG








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   RNDDHM exige justicia a gobierno de Michoacán
Detención ilegal, tortura y desaparición temporal de Erandeni Paredes
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2017

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) –integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 entidades del país– condenó la detención ilegal, tortura física y psicológica y desaparición forzada temporal de que fue víctima la defensora de Derechos Humanos Cristina Erandeni Paredes Lachino, el 2 de mayo pasado a manos de elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
 
En una carta pública dirigida a las autoridades del estado de Michoacán, encabezadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, la Red condenó la violencia ejercida por los agentes de seguridad pública durante la detención de la integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”, así como las irregularidades que se cometieron. 
 
Señala el comunicado que a Cristina Erandeni –hermana de Janahuy e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán, presuntamente por el Ejército-, no se le mostró orden de aprehensión, no se le dijo el motivo del arresto y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial 11 horas después de la detención. Además, en un primer momento, la Procuraduría negó información a sus familiares sobre su paradero.
 
A todo esto, señalan la Red, se suma “lo infundado, incluso absurdo, de las acusaciones por supuestos daños y allanamiento de morada que enfrentó, mismas que, evidentemente, no lograron probarse”, por lo cual la activista fue liberada sin cargos durante las primeras horas del 3 de mayo.
 
HECHOS
 
La detención arbitraria e ilegal de Cristina Erandeni, beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ocurrió el 2 de mayo de 2017, a las 11:40 horas, por parte de 13 elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en la colonia Torreón Nuevo de Morelia.
 
Los policías la sometieron, la aventaron contra una malla ciclónica y le apuntaron a la cara con arma de fuego, sin mostrarle orden de aprensión ni especificar motivos del arresto.
 
Ella exigió que la liberaran y se identificó como defensora de derechos humanos, pero los uniformados intensificaron su violencia y un comandante al mando le advirtió: “¡Cállate, hija de la chingada! Este es un encarguito. Ahora te vamos a tratar como delincuente; de eso me encargo yo”, “yo sé quién eres tú, eres líder de un grupo de personas,  me voy a encargar de juntar toda la evidencia para refundirte en la cárcel”.
 
El comandante  ordenó a sus subordinados hostilizar a la defensora, lo que incluía videograbarla y fotografiarla permanentemente. Luego la trasladaron a la Procuraduría estatal,  en la parte trasera de una patrulla (placas 187 A-1) y la llevaron al  área de barandillas. De ahí la transfirieron a otras unidades de esta dependencia, siempre con la cabeza hacia abajo y con las muñecas esposadas en la espalda.
 
En el  área de separos,  fue ingresada a un cuarto vacío con un gran espejo en una de las paredes, donde la obligaron a  desnudarse y a hacer 10 sentadillas frente a un elemento policíaco, supuestamente para corroborar que no trajera objetos o drogas en la vagina.
 
Fue recluida en una celda  insalubre, fuerte olor amoniaco y sin ventilación, en donde un Ministerio Público y dos defensores de oficio quisieron obligarla a firmar una declaración falsa, en la que aceptaba su responsabilidad en los delitos de daño y allanamiento de morada, y constataba que sólo dos elementos policíacos (y no 13, como en realidad ocurrió) participaron en su detención. Eran las 17:00 horas y hasta entonces supo la defensora la acusación que se le hacía y le permitieron hacer una llamada telefónica. 
 
También le negaron atención médica, pese a que informó  a los funcionarios públicos que es diabética y dependiente de la insulina. Janahuy, su hermana, acudió a la Procuraduría en cuanto supo de la detención, pero nada le informaron y la trataron con burla, hasta que les advirtió que denunciaría desaparición forzada.   A las 6 de la tarde la dejaron verla, 10 minutos: tenía morenotes en hinchazón en ambas muñecas por las esposas, así como afectación emocional. 
 
A la una de la  mañana del 3 de mayo, dos horas después de que fue formalmente fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, Cristina Paredes obtuvo su libertad sin cargos. La  Procuraduría dijo que el arresto se dio tras el auxilio solicitado por un sujeto presunta víctima de robo cerca de donde estaba la defensora y que iría a levantar denuncia 9 horas después del arresto. 
 
La RNDDHM señala que estos hechos se enmarcan en el patrón de persecución política que ha padecido la familia Paredes Lachino, para inhibir se labor en defensa de Derechos Humanos y “en el contexto de los preparativos de la marcha del 10 de mayo próximo, en la que cientos de madres mexicanas, entre ellas las integrantes del Cofaddem, salen a las calles para demandar la aparición con vida de sus familiares desaparecidos”.
 
SANCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
 
La RNDDHM exige  a las autoridades de Michoacán que inicien las investigaciones necesarias para sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos involucrados en las violaciones a Derechos Humanos que padeció Cristina Paredes, y que garanticen la integridad física y psicológica de esta defensora, de su familia y de las personas que integran el Cofaddem.
 
Copia de la carta pública fue enviada también a la coordinadora Nacional Ejecutiva del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Patricia Colchero; al subsecretario de DH de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH, Jan Jarab, y al relator especial de la ONU para la situación de las personas defensoras de DH, Michel Forst. 
 
17/RED
 








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Proponen ONU Mujeres, CIDH y ONU-DH
Indagación del asesinato de Miroslava Breach debe incluir perspectiva de género
Imagen de Laura Carrasco Gutiérrez.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/03/2017
Cuando Chihuahua está enlutado por la pérdida de Miroslava Breach Velducea, respetada y querida periodista, es necesario tomar todas las medidas pertinentes para que no haya impunidad y para que las líneas de investigación no consideren solo su labor periodística, sino también la perspectiva de género, dados los riesgos específicos que las mujeres periodistas enfrentan por el hecho de ser mujeres.  
 
Así lo proponen la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 
 
En un comunicado, los organismos internacionales expresan su “firme condena” por el asesinato de la periodista, cometido ayer en la capital de Chihuahua por una persona, quien disparó cuando ésta salía de su domicilio y en presencia de uno de sus hijos.  Breach falleció camino al hospital y el parte policiaco informa que la periodista recibió múltiples impactos en la cabeza.
 
La señora Miroslava Breach, señala el comunicado, fue corresponsal durante más de 15 años del periódico nacional La Jornada y trabajaba para la agencia El Norte de Juárez. Ejerció el periodismo desde la década de los ochenta, con una voz firme y favoreciendo líneas de investigación e informativas a favor de la democracia y los derechos humanos. 
 
En particular, su trabajo arrojaba luz sobre la situación de despojos y luchas por la tierra que viven las comunidades indígenas en Chihuahua, los derechos de las mujeres y, de forma más reciente, las luchas entre cárteles y la relación de éstos con el mundo político. 
 
Las organizaciones firmantes llaman a las autoridades a reforzar acciones dirigidas a la protección del ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos y recuerdan que en agosto de 2016, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dictó una alerta  para la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos en Chihuahua, por la situación de riesgo que éstas enfrentan. 
 
En ese sentido, Breach había participado activamente en el trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y sociedad civil para la implementación de esta alerta. Su asesinato, concluyen las organizaciones internacionales, “es un triste recordatorio de que las acciones emprendidas no han logrado revertir la violencia que ellas sufren”.
 
17/RED 
 







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