Jan Jarab

“Queridos hijos: buenos días les decimos siempre al amanecer… queremos sus sonrisas de vuelta, queremos sus sueños hechos realidad… queremos sus abrazos con nosotros. Cada día y cada hora los buscamos sin descanso, no habrá nada que nos lo impida…Y si nuestras vidas es el precio para que vivan, nuestras vidas entregamos para que vuelvan”.
 
Éste, es sólo un pensamiento de tantos plasmados en las pancartas que portaban las madres de personas desaparecidas- que según cifras oficiales al 31 de diciembre de 2015 sumaban 26 mil 898- y que esta mañana encabezaron la Marcha por la Dignidad Nacional, como desde hace seis años, del Monumento a la madre al Ángel de la Independencia.
 
Como cada 10 de mayo, colectivos de diversos estados de la República como Hidalgo, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, entre otros, representados por madres de familia, se reunieron en el Monumento a la Madre, para exigir el derecho a la verdad y la justicia.
 

VI Marcha de la Dignidad Nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas, Verdad y justicia | CIMACFoto: César Martínez López

 
La verdad, dicen ellas, porque necesitan saber qué pasó con sus hijas e hijos, quién se los llevó, dónde están, por qué se los llevaron, y la justicia porque si muchos de ellos ya no están con vida debe haber sanción para quienes se las quitaron.
 
Sí, las une el dolor –dicen- las une la impotencia, pero también la esperanza, aquélla con la que se levantan cada día, cuando creen que alguna autoridad “compasiva” por fin atenderá sus exigencias de justicia, cuando “algún encargado” de llevar la investigación de sus casos, toque a sus puertas para decirles que encontraron a su familiar.
 
La esperanza de encontrarlos vivos o muertos. Muchas, ya resignadas, pues el pasar de los años y el contexto actual del país, las hace dudar que sus hijas e hijos pudieran encontrarse con vida. “Por lo menos si está muerto, tener su cuerpo para tener un lugar donde llorarle”, dice en entrevista con Cimacnoticias Carmen Ortiz.
 
Ella viene de Querétaro. Desde hace seis años ha transitado el mismo trayecto para gritarle, dice, al gobierno, “que son unos ineptos buenos para nada”. Justo hoy, el Día de las Madres, su hijo cumple 7 años 6 meses de desaparecido y las autoridades, enfatiza, “no abundan en su investigación porque no quieren trabajar y no tienen interés en hacerlo”.
 
EL ESFUERZO DE ELLAS
 
La organización a la que pertenece, “Desaparecidos, justicia” en Querétaro, conformada por familiares de personas desaparecidas, ha encontrado a 12 personas, algunas con vida, otras no, y todo ha sido gracias al esfuerzo de ellas, de sus propias búsquedas con sus propios medios. Carmen recuerda una reunión que tuvieron en Los Pinos con Enrique Peña Nieto, quien les prometió que buscaría a todos y cada uno de sus hijos. A un año de terminar su sexenio, dice en tono molesto, no ha encontrado a uno sólo, nosotras tenemos que hacer todo.
 
Y este quehacer todo implica hacer sus propias investigaciones, desde estudiar leyes, hasta hablar con autoridades para exigir que los busquen, organizar brigadas de búsqueda junto con otras madres y familiares, en fosas, en cerros, en lugares abandonados a donde no llegan las autoridades; porque está claro que nosotras tenemos que hacer todo, reprochó María Guadalupe Aguilar, quien llegó de Jalisco para marchar esta mañana.
 

La VI Marcha de la Dignidad Nacional partió del Monumento a la madre al Ángel de la Independencia | CIMACFoto: César Martínez López

 
“Nosotras como madres tenemos que seguir buscando si los queremos encontrar, nosotras somos coadyuvantes, les damos todo ¡y nada! Llevo dos presidentes (Felipe Calderón y Enrique Peña), dos fiscales, dos gobernadores ¡y nada! Con todos me he reunido: innumerables reuniones…vamos y venimos, vueltas y vueltas, mesas de trabajo ¡y 6 años 5 meses y el caso de mi hijo igual!”.
 
Sí, me mantiene la esperanza. Si mi hijo pudiera escucharme hoy le diría que lo amo, que estos años me ha hecho mucha falta y que lo seguiré buscando aunque en esto se me vaya la vida.
 
ALGUNAS YA NO PUDIERON SEGUIR
 
Y sí. En el recuento de esta mañana se leyeron por lo menos 4 nombres de mujeres que este año ya no vinieron a marchar porque la enfermedad disfrazada de tristeza, de enojo, de coraje dicen ellas, las agobió tanto que no pudieron seguir.
 
“Es que son muchas mentiras”, dice María Eugenia Padilla, madre de un joven desaparecido en 2010 en Poza Rica, Veracruz, a manos, asegura ella, de la policía intermunicipal. “Las autoridades nos engañan, nos traen vueltas y vueltas. En una ocasión me dijeron en PGR que ya iba a haber consignaciones, pero luego resultó que siempre no. Nos engañan. Ése ha sido nuestro proceso: tocar puertas, encontrar gente mentirosa, autoridades coludidas que sólo simulan porque no hay seguimiento de los casos”.
 
Y agrega: “hay muchos compañeros que se han muerto poco a poco, desafortunadamente nadie hace nada porque encontremos a nuestros familiares. Vayamos a donde vayamos lo que encontramos es frialdad con las autoridades, nos pisotean, maltratan, insultan, ofenden y a nuestros desaparecidos también cuando dicen que ‘en algo andaban metidos’.
 
“La esperanza no la vamos a perder en tanto no tengamos a nuestro familiar desaparecido, pero hasta en eso las autoridades también nos mienten, ya mira usted lo que ha pasado con las mamás de todas las jovencitas que les dan sus restos y luego resulta que no son de ellas”.
 
“Si mi hijo estuviera aquí hoy, yo lo abrazaría muy fuerte y le daría gracias a dios y a la vida por volverlo a ver”.
 
SOLIDARIDAD CON MADRES DE LOS 43
 
Durante el trayecto por la Avenida Reforma, una de las principales vías de comunicación de la Ciudad, y al llegar al campamento que las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, mantienen frente a las oficinas de la PGR, el contingente de madres se detuvo para contar del 1 al 43 como gesto de solidaridad con las madres de los jóvenes, quienes se encontraban en otra marcha, rumbo a la Secretaría de Gobernación.
 
Acompañando a la marcha, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab dijo en entrevista con Cimacnoticias que “en este día de la madre, es muy triste ver a las mamás que están buscando a sus hijos” y destacó el “gran trabajo” que ellas han hecho para hacer conciencia social de la magnitud de este problema y para lograr, también, la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y desapariciones por particulares que aprobó el Senado de la República.
 
“Es importante que estas graves violaciones de Derechos Humanos no queden impunes”, concluyó.
 
Al llegar al Ángel de la Independencia, el obispo Raúl Vera ya se encontraba con otros contingentes. En su pronunciamiento señaló que las madres salen a marchar en el ejercicio de sus derechos: a la dignidad, a la denuncia y a que se esclarezca la impunidad.
 

Madres de familiares desaparecidos recorrieron las calles de la Ciudad de México | CIMACFoto: César Martínez López

 
En tanto, las madres en su pronunciamiento señalaron que desde hace muchos años han superado al Estado, que sigue sin tomar completamente su responsabilidad, en la búsqueda de las personas desaparecidas.
 
Recordaron la nula voluntad que hay para atender esta problemática y agregaron que las miles de personas desaparecidas, y las miles de encontradas no identificadas en fosas comunes, y en clandestinas en el país, requieren urgentemente de la acción del Estado en su conjunto.
 
“Hoy venimos a recordarle a esos actores políticos que manejan nuestro país, a los que hacen las leyes y sobre todo a los responsables que las hacen cumplir, que tienen una deuda pendiente con todas las personas desaparecidas y sus familias, la cual únicamente puede ser saldada con la búsqueda en vida real y efectiva y con la localización e identificación de los restos que se encuentran en fosas comunes y fosas clandestinas, con la digna atención integral a las necesidades de las familias y sobre todo con garantizar la verdad, memoria y justicia de nuestros hijos”.
 

 
17/LGL/GG

Con críticas a la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante su fracaso e imposibilidad de detener las agresiones contra este gremio, dio inicio este mediodía el Foro “Mujeres Periodistas: El Poder de sus Voces”, en el Centro Cultural España, convocado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). 
 
El foro, organizado conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Embajada Británica y la Embajada de Suecia, dio inicio en el Centro Cultural España con un minuto de aplausos por las periodistas asesinadas, “porque no queremos el silencio, nos queremos vivas e informando”.
 
Ahí, la senadora perredista Angélica de la Peña; la directora de CIMAC, Lucía Lagunes; el presidente de la CNDH, y el representante en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, coincidieron en que los mecanismos creados para evitar la violencia contra las periodistas, que no en pocas ocasiones han concluido en muertes, han fracasado y requieren recursos, que le fueron negados en el Ejercicio Fiscal 2017.
 
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que la sociedad tiene que condenar esta violencia, pero tiene también que asegurar que haya seguridad para las periodistas.
 
Recordó que el Mecanismo de Protección ha brindado apoyos a 173 periodistas, desde 2012, pero estas medidas no son suficientes y de ello está consciente la oficina que representa, como lo está de la  enorme tarea y retos que esto significa.
 
Estamos comprometidos, dijo, a apoyar al mecanismo en su fortalecimiento.
 

Representante en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab | CIMACFoto: César Martínez López

Reconoció que el Mecanismo de Protección enfrenta hoy una difícil situación presupuestaria, porque en este ejercicio fiscal 2017 no se le asignaron recursos y de ahí provienen los fondos con que trabaja. Y se unió al llamado del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, para que se haga una adecuada asignación de recursos para 2018.
 
Todas las medidas de protección, afirmó,  permanecerán  insuficientes si no se logra romper el círculo vicioso de la violencia. Las y los periodistas pueden acercarse a denunciar con confianza.  
 
EL FORO, ACTO DE JUSTICIA
 
En su participación, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, dijo que no debe quedar invisibilizada la violencia contra las mujeres y destacó la gravedad de la violencia que enfrentan las comunicadoras en todo el territorio nacional.
 
Nos faltan las periodistas, afirmó que están en el exilio, lo que nos habla de la vulnerabilidad de la democracia mexicana y de nuestro derecho a estar informados. Calificó el foro como “un acto de justicia.
 
Y aseguró que las instancias creadas para investigar atentados a la libertad de expresión han fracasado, al dejar en impunidad prácticamente todos los casos de violencia contra las periodistas.
 

Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC | CIMACFoto: César Martínez López

Criticó asimismo los estereotipos sexistas que las alejan de la justicia, que hacen de dichas agresiones un tema de vida privada y no un atentado a la libertad de expresión. Y con esto, advirtió, se deja abierta la puerta a la repetición. Incorporar la perspectiva de género, aseguró, implica reconocer las aportaciones de las periodistas. 
 
FISCALÍA Y MECANISMO, CON PROBLEMAS
 
La senadora Angélica de la Peña coincidió en que la Fiscalía Especializada y el mecanismo –sobre el que han estado poniendo atención y con el que han participado- ha pasado por diferentes problemas, que poco a poco han sido resueltos, aunque hay otros pendientes como la falta de presupuesto, que va a impedir que quienes hoy están siendo protegidos por el mecanismo puedan continuar estándolo en los últimos tres meses del año, pues no existen las condiciones económicas para seguir sosteniendo las medidas de protección de que hoy gozan. 
 
Señaló también los problemas en ámbitos locales, donde la impunidad es “patética”, aunque reconoció que no hay una sola mujer periodista que no sea recibida por el Mecanismo.
 
“Tenemos una Fiscalía a la que le dimos diferentes facultades expresas, pero hoy por desgracia no están funcionando como es debido. No está aplicando las distintas facultades que le mandatamos con la ley y que son producto de las instituciones que trabajamos en ello”, agregó.

Senadora perredista Angélica de la Peña | CIMACFoto: César Martínez López

En el acto, donde no estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  Roberto Campa Cifrián, quien se encontraba en una reunión con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, el consejero cultural y director del Centro Cultural de España en México, Carlos Ruiz González, afirmó que seguirá apoyando con la visibilización de la violencia contra las mujeres. Ninguna mujer, por el hecho de serlo, ni por su trabajo debe sufrir la violación a sus Derechos Humanos, dijo. Y rescató los valores de convivencia.
 
“Estamos convencidos de que la libertad de expresión es fundamental para la democracia y para el avance de una ciudanía crítica”. Y llamó  a las periodistas a seguir luchando por la libertad de expresión. 
 
VISIBILIZAR, APLICANDO PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, criticó que, ante la incapacidad de investigaciones profesionales en casos de agresiones a periodistas, se intenta victimizar a la periodista, se resalta su vida privada, su entrono privado, en vez de investigar como primer punto el entorno de lo que publicaron, a quién molesta, en entorno público.
 
Subsisten prejuicios, estereotipos y conductas discriminatorias que intentan descalificar su capacidad.
 
El hecho de ser mujeres se vuelve también determinante, porque a los riesgos que implica la labor periodística, se suman otros como  casos de acoso, hostigamiento, ataques sexuales, amenazas a su integridad física y a su vida, por lo que es necesario, dijo, replantear los mecanismos de protección a periodistas que visibilicen esta violencia, aplicando  la perspectiva de género, 
 
Pidió que no permanezcan ocultos los delitos contra las mujeres periodistas y exhortó a las autoridades a que se aceleren las investigaciones y haya sanciones. “La impunidad es el círculo vicioso que propicia que no haya temor de atentar contra ellas, porque el agresor estás seguro que no será sancionado”, sentenció.
 
RESPONSABILIDAD LOCAL
 
Del año 2000 a la fecha, dijo el Ombudsman, se han registrado en la CNDH 125 homicidios contra periodistas, así como 51 atentados contra medios de comunicación desde 2016. La mayoría de estos casos no han sido aclarados ni los responsables sancionados. Y 13 homicidios han sido contra mujeres, lo que equivale a 10.4 por ciento del total de casos. “Una sola agresión es suficiente para que levantemos la voz y no permitamos que se  busque silenciar la libertad de expresión.

Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez | CIMACFoto: César Martínez López

Reconoció la labor de CIMAC en favor de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Libertad de Expresión, y coincidió también los problemas que enfrenta la Fiscalía Especializada y el Mecanismo de Protección. Reiteró el exhorto a la Secretaría de Hacienda para que se sensibilice de la importancia que tiene dotar de recursos a estas instituciones y pidió voluntad a los gobiernos locales para investigar, así como asumir su responsabilidad ya que muchas de las situaciones que enfrentan las periodistas se dan en lo local y esos gobiernos tienen que responder con lo que prometieron al asumir el cargo.
 
17/GG

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) –integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 entidades del país– condenó la detención ilegal, tortura física y psicológica y desaparición forzada temporal de que fue víctima la defensora de Derechos Humanos Cristina Erandeni Paredes Lachino, el 2 de mayo pasado a manos de elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
 
En una carta pública dirigida a las autoridades del estado de Michoacán, encabezadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, la Red condenó la violencia ejercida por los agentes de seguridad pública durante la detención de la integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”, así como las irregularidades que se cometieron. 
 
Señala el comunicado que a Cristina Erandeni –hermana de Janahuy e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán, presuntamente por el Ejército-, no se le mostró orden de aprehensión, no se le dijo el motivo del arresto y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial 11 horas después de la detención. Además, en un primer momento, la Procuraduría negó información a sus familiares sobre su paradero.
 
A todo esto, señalan la Red, se suma “lo infundado, incluso absurdo, de las acusaciones por supuestos daños y allanamiento de morada que enfrentó, mismas que, evidentemente, no lograron probarse”, por lo cual la activista fue liberada sin cargos durante las primeras horas del 3 de mayo.
 
HECHOS
 
La detención arbitraria e ilegal de Cristina Erandeni, beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ocurrió el 2 de mayo de 2017, a las 11:40 horas, por parte de 13 elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en la colonia Torreón Nuevo de Morelia.
 
Los policías la sometieron, la aventaron contra una malla ciclónica y le apuntaron a la cara con arma de fuego, sin mostrarle orden de aprensión ni especificar motivos del arresto.
 
Ella exigió que la liberaran y se identificó como defensora de derechos humanos, pero los uniformados intensificaron su violencia y un comandante al mando le advirtió: “¡Cállate, hija de la chingada! Este es un encarguito. Ahora te vamos a tratar como delincuente; de eso me encargo yo”, “yo sé quién eres tú, eres líder de un grupo de personas,  me voy a encargar de juntar toda la evidencia para refundirte en la cárcel”.
 
El comandante  ordenó a sus subordinados hostilizar a la defensora, lo que incluía videograbarla y fotografiarla permanentemente. Luego la trasladaron a la Procuraduría estatal,  en la parte trasera de una patrulla (placas 187 A-1) y la llevaron al  área de barandillas. De ahí la transfirieron a otras unidades de esta dependencia, siempre con la cabeza hacia abajo y con las muñecas esposadas en la espalda.
 
En el  área de separos,  fue ingresada a un cuarto vacío con un gran espejo en una de las paredes, donde la obligaron a  desnudarse y a hacer 10 sentadillas frente a un elemento policíaco, supuestamente para corroborar que no trajera objetos o drogas en la vagina.
 
Fue recluida en una celda  insalubre, fuerte olor amoniaco y sin ventilación, en donde un Ministerio Público y dos defensores de oficio quisieron obligarla a firmar una declaración falsa, en la que aceptaba su responsabilidad en los delitos de daño y allanamiento de morada, y constataba que sólo dos elementos policíacos (y no 13, como en realidad ocurrió) participaron en su detención. Eran las 17:00 horas y hasta entonces supo la defensora la acusación que se le hacía y le permitieron hacer una llamada telefónica. 
 
También le negaron atención médica, pese a que informó  a los funcionarios públicos que es diabética y dependiente de la insulina. Janahuy, su hermana, acudió a la Procuraduría en cuanto supo de la detención, pero nada le informaron y la trataron con burla, hasta que les advirtió que denunciaría desaparición forzada.   A las 6 de la tarde la dejaron verla, 10 minutos: tenía morenotes en hinchazón en ambas muñecas por las esposas, así como afectación emocional. 
 
A la una de la  mañana del 3 de mayo, dos horas después de que fue formalmente fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, Cristina Paredes obtuvo su libertad sin cargos. La  Procuraduría dijo que el arresto se dio tras el auxilio solicitado por un sujeto presunta víctima de robo cerca de donde estaba la defensora y que iría a levantar denuncia 9 horas después del arresto. 
 
La RNDDHM señala que estos hechos se enmarcan en el patrón de persecución política que ha padecido la familia Paredes Lachino, para inhibir se labor en defensa de Derechos Humanos y “en el contexto de los preparativos de la marcha del 10 de mayo próximo, en la que cientos de madres mexicanas, entre ellas las integrantes del Cofaddem, salen a las calles para demandar la aparición con vida de sus familiares desaparecidos”.
 
SANCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
 
La RNDDHM exige  a las autoridades de Michoacán que inicien las investigaciones necesarias para sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos involucrados en las violaciones a Derechos Humanos que padeció Cristina Paredes, y que garanticen la integridad física y psicológica de esta defensora, de su familia y de las personas que integran el Cofaddem.
 
Copia de la carta pública fue enviada también a la coordinadora Nacional Ejecutiva del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Patricia Colchero; al subsecretario de DH de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH, Jan Jarab, y al relator especial de la ONU para la situación de las personas defensoras de DH, Michel Forst. 
 
17/RED
 

Luego de reunirse con el titular en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, acordaron crear el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
 
La reunión entre el Alto Comisionado y las organizaciones se dio en torno al reciente informe publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),  a partir de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, en el cual se emiten una serie de recomendaciones que contienen los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
 
El Alto Comisionado, que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo trabajo es velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México, acordó con las agrupaciones feministas dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
Junto con Jarab, los colectivos, sindicatos, cuerpos académicos y activistas defensoras de derechos humanos de las mujeres,  abordaron diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el estado, como la impunidad, el desmantelamiento a las instancias de mecanismos de adelanto para las mujeres, la violencia sexual y el riesgo en que se encuentran las defensoras de derechos humanos.
 
Las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
Respecto a la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación, instituida en la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM-046), las agrupaciones coincidieron en que si bien existen capacitaciones al personal, la información no ha llegado a los cuerpos operativos generando confusión y la falta de implementación.
 
En ese contexto advirtieron que serán vigilantes de que la actuación de las autoridades se apegue a sus obligaciones constitucionales y principalmente a la laicidad del Estado.
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió a dar acompañamiento puntal y técnico de la AVG  y a generar interlocución entre las autoridades y la sociedad civil.
 
17/RED
 

En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG