derechos políticos

Como un perverso déjà vu, el pueblo de Honduras está de nuevo en las calles defendiendo su voluntad enfrentado a la represión de las armas con las manos vacías, y el dedo meñique manchado de tinta como única certeza de su ejercicio democrático.

Yo no voté, pero estaba dispuesta a hacerlo como acto resignado para dejar constancia de mi inconformidad con una reelección impuesta a punta de corrupción, horror y muerte. Sin embargo, llegué a mi centro de votación: el barrio dónde crecí, el calor de la gente que me conoció desde siempre y la decadencia de las paredes de una escuela que aunque nunca fue la mía, fue el templo donde mis amiguis aprendieron a leer... eran las 4:35 pm y todos los olores, colores y sabores de amor, alegría y resistencia que te trae el barrio, se interrumpieron de golpe en boca de un militar armado detrás de la puerta.

Las urnas están cerradas, se cerró la votación. Primero pensé que era una broma, luego pedí explicaciones que me fueron negadas. Llamé al número habilitado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) para poner denuncias, pero nadie respondió. Un hombre joven nacionalista empezó a hacer el típico mansplaining sobre cómo funciona el proceso electoral y ahí perdí la paciencia y lo calle de una.

Me fui enfurecida y luego escuché en las noticias las denuncias del cierre. Lo primero que pensé, como si fuera experta en procesos electorales, fue: no les ajustó el fraude, les fallaron los cálculos y no quieren que sigan ingresando votos...

No esperaba menos que el anuncio del presidente-candidato nacionalista como ganador de las elecciones. Los datos iniciales del TSE me dejaron más que sorprendida. No podía creer lo que veían mis ojos y claro, entendí el cierre temprano de las urnas.

La tendencia en términos matemáticos (con 62 por ciento de las actas ingresadas aleatoriamente) era irreversible, pero el silencio del TSE era más que sospechoso. Cuando se pronunciaron, en la madrugada del día siguiente, fue para decir que esperarían a que llegaran las actas (que tardaron dos días en llegar) y no proclamarían ganador a nadie hasta 4 días después. Era evidente que no importaban las certezas matemáticas, que no importaba por quién votó la gente, que no importaba cómo, el fraude estaba consumado. Los datos fueron cambiando, pero la gente de Alianza -en un acto que puede ser leído como pseudoconfianza en el TSE, confianza extrema en las fuerzas que les dio voto, voluntad real por no generar caos ó hasta ingenuidad política- llamaba a la calma diciendo que pronto ingresarían el total de las actas de las cuales tanto la Alianza como el partido Liberal tienen copia certificada.

Mientras tanto el sistema de cómputo del TSE se cayó varias veces, aparecen denuncias y videos de votos botados, actas duplicadas y alteradas y un sinnúmero de irregularidades por todas las redes sociales, el presidente del TSE electoral da lastimeras declaraciones diciendo que no sabe bien qué pasa con el sistema de cómputo.

Y ante el vacío de un TSE y un poder ejecutivo más o menos regulador de la vida política por un presidente-candidato atrincherado en su silla junto a los soldados, dos candidatos se declaran ganadores. Pero ya es jueves y aún no han terminado de ingresar las actas (88.75 por ciento).

Hay protestas a nivel nacional. En la madrugada hubo una represión salvaje y en cada lugar donde se protesta hay represión. Esto no va a parar: ni la represión, ni la protesta pararán por ahora... Volvemos a sentirnos como el laboratorio social cual implementación de las 10 estrategias de manipulación de las que habla Chomski: ya nos desviaron la atención, nos hablan como niños y como tutelados, yo puedo reconocer ese tono porque lo usan con las mujeres todo el tiempo y en todos los espacios.

Están creando los problemas para vendernos las soluciones. ¿Cuáles serán? Aún está por verse. Lo que es seguro que serán SUS soluciones para SUS beneficios. La gradualidad la han implementado a través de la dilación de los resultados, poquito a poquito siguen subiendo los votos del presidente-candidato. Luego, nos pueden presentar un camino doloroso pero necesario y apelarán a nuestras emociones y a que conservemos la paz, “SU PAZ”, y no pararán de decirnos que todo este caos es nuestra culpa: por revoltosos, por ñangaras, por gays, por pobres, por lo que sea... Y así nos dejarían sumergidos en una mediocridad que les permitiría conocernos más que nosotros mismos.

Pero las cartas aún no están tiradas: la diferencia, a pesar de todo, es de 0.86 por ciento y aunque la diferencia sigue creciendo poco a poco aún queda 11 por ciento de las actas reales o modificadas por ingresar al sistema. Con esta incertidumbre y a pesar de los llamados internacionales y las misiones de observación caben muchas preguntas: ¿Cuál es realmente la intención de prolongar los resultados? ¿Quién toma realmente la decisión de quién ocupa la silla presidencial? ¿Y por qué no lo han definido aún? ¿Será tan difícil escoger entre un candidato que ya fue presidente, con vínculos familiares y partidarios con personas señaladas por narcotráfico y un candidato de centro liberal? ¿A qué le temen realmente?

Sin importar quién tome la decisión y cuál sea el resultado, una certeza nos deja este proceso electoral y la reacción de un pueblo que no deja de resistir: el proyecto dictatorial no está tan enraizado como pensaban. Que la semilla de la libertad y el poder decidir sobre nuestro futuro sigue germinando en nuestros corazones, que las mujeres tenemos un papel protagónico en las transformaciones nacionales, que los sueños no caben en las urnas pero tampoco se duermen en los fraudes, que pueden cortar las flores pero no detendrán la primavera.

* Colaboración especial de la Red de Defensoras de Honduras

17/DFJ/LGL

“…y un 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines concedió el voto a la mujer mexicana”. Dicho así pareciera que un día el señor amaneció de buen humor y dijo: “Sería buena idea que las mujeres, al igual que los hombres, puedan votar y ser electas”. Y no fue así. Le cuento: Desde 1821, un grupo de mujeres zacatecanas exigió trato de ciudadanas, tras afirmar que aportaron todo y más a la causa de la Independencia. A partir de entonces, las voces sólo se multiplicarían.

Elvira Hernández Carballido, reconocida investigadora en el tema, señala que desde mediados del siglo XIX surgieron las primeras publicaciones periodísticas fundadas y redactadas por mujeres que demandaron derechos para las mujeres.

Entre ellas, destacan el semanario Violetas del Anáhuac, dirigido por la mexicana Laureana Wright. A este semanario se unieron otras publicaciones como Vesper, fundada en 1901 por Juana Gutiérrez y Elisa Acuña.

A tal punto comenzaron a exigir derechos políticos, que el 31 de marzo de 1911, en la primera plana del importante periódico El Imparcial, se reportó: “Las mujeres solicitaban tomar parte en la lucha electoral”.

La nota precisaba que las sufragistas solicitaron que el presidente enviara una iniciativa al Congreso de la Unión para que les sean reconocidos los mismos derechos que a los hombres en lo que se refiere a votar y ser votadas.

¡Y el texto fue firmado por más de 400 mujeres!

En la historia del sufragio de las mexicanas encontramos muchos nombres y acciones: Elena Torres, Columba Rivera, Eulalia Guzmán, Cuca García, Dolores Jiménez Muro; en Yucatán a Elvia Carrillo Puerto, Francisca Ascanio, Porfiria Ávila, entre muchas otras.

Mención aparte merece la coahuilense Hermila Galindo, quien argumentó, cabildeó, escribió, público “La mujer Moderna”, dio entrevistas a los medios, organizó manifestaciones.

Ella redactó la petición de ciudadanía para las mujeres al Congreso Constituyente de 1917, y cuando los diputados nos excluyeron, se postuló para diputada federal por el 5° distrito, a fin de mostrar la injusticia que significaba dejar sin ciudadanía a la mitad de la población. Fue la primera candidata en nuestro país.

Pero es en la década de 1930 cuando la lucha por el sufragio adquiere forma de movimiento social, porque mujeres de distinta condición social e ideología se organizaron en el Frente Único Pro Derecho de la Mujer, que reunió alrededor de 800 agrupaciones y tuvo más de 50 mil integrantes.

Estas mujeres celebraron marchas, mítines, protestas públicas, conferencias. Y no fue fácil. Hernández Carballido relata que Soledad Orozco contó: “Recibimos muchas burlas, muchas humillaciones, incluso de políticos que se decían revolucionarios.

También éramos objeto de escupitajos”. Adelina Zendejas recordó: “A veces nos juntábamos 300 mujeres en el Zócalo y nos recibían con pedazos de cáscaras de sandía, huevos podridos y jitomates”.

Pero no cedieron. Elvira Hernández afirma que en 1940 más de 3 mil mujeres se manifestaron con carteles donde se leía: “La mujer organizada y consciente tiene derecho al sufragio” y “Por mi patria y por mi hogar”.

Amalia Castillo Ledón fue otra protagonista de primera línea. Como diplomática, con presencia en los altos círculos del poder a nivel nacional e internacional, cabildeó y presionó, argumentó y organizó distintas acciones para que se modificara la ley y se nos reconociera nuestro derecho a la ciudadanía.

Y también participaron activamente María Lavalle Urbina, Esther Chapa, Elvira Vargas, Margarita Robles, Margarita García entre muchas otras.

Así que ¿nos concedieron? ¡Nada de eso! ¡Nunca es una concesión!

Detrás de cada uno de nuestros derechos –desde el derecho a leer y escribir, hasta los derechos que hoy vindicamos o reivindicamos, como el derecho a una vida libre de violencia– hay mujeres irreductibles y tenaces que le hacen frente a la desigualdad, la discriminación, la injusticia y la violencia.

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

17/CL/LGL

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en la elección realizada en el municipio de San Pedro Mártir, Ocotlán, no se garantizó la participación igualitaria de las ciudadanas.
 
Constató que se vulneraron los derechos a la igualdad y no discriminación de las mujeres para ser postuladas como candidatas en la elección de concejales.
 
En una primera elección, que se realizó el 25 de septiembre de 2016, el cabildo quedó conformado sin la elección de mujeres.
 
EL SERVICIO DEL ESPOSO
 
Tras las mesas de mediación y diversas manifestaciones de las mujeres de la comunidad, se celebró una segunda asamblea el 16 de noviembre del mismo año. Sin embargo, se estableció que para acceder a la Presidencia Municipal era necesario cumplir con el sistema de cargos y se determinó que, en el caso de las mujeres, se tomaría en cuenta el servicio que el esposo hubiese prestado a la comunidad.
 
Ante tales hechos, por las inconformidades presentadas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y por los distintos elementos probatorios, el Consejo General del Instituto determinó que no existían elementos para establecer que las autoridades municipales y la Asamblea General Comunitaria de San Pedro Mártir, hayan realizado las acciones suficientes, necesarias y razonables para que las mujeres ejercieran su derecho político electoral de ser votadas.
 
Se calificó entonces como no válida dicha elección y se ordenó su reposición.
 
En el mismo sentido, la Sala Regional Xalapa, el pasado 26 de enero, determinó que en el municipio de San Pedro Mártir se violó el derecho de partición política de las mujeres en condiciones de igualdad, ya que el requisito impuesto para que las mujeres dependan de lo que ha hecho su esposo en la comunidad no garantiza la participación en un plano de igualdad entre ellas mismas y menos aún respecto al género masculino.
 
PRECEDETE POSITIVO
 
El Observatorio Electoral de Género de Oaxaca celebró la sentencia emitida por la Sala Xalapa, pues sienta un precedente en favor de la participación igualitaria entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales.
 
“Las mujeres deber tener la posibilidad de poder competir en cualquier cargo de elección dentro de sus comunidades, incluidas las posiciones de presidencias municipales y sindicaturas, y dejar que sean las y los integrantes de la comunidad quienes decidan si son electas o no, pero jamás vulnerar su derecho a participar”, destacó.
 
Así, en la comunidad de San Pedro Mártir, tal como lo señala la Sala Regional Xalapa, se restringió esta posibilidad al imponer un requisito que viola los derechos políticos de las ciudadanas.
 
Las instituciones integrantes del Observatorio Electoral de Género anunciaron que darán seguimiento al caso y, en el ámbito de sus competencias, apoyarán para que la comunidad respete y garantice los derechos de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la elección de las autoridades. También para que reponga su elección, tomando en consideración este principio.
 
17/JG/GGQ
 

Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como parte de los derechos electorales y su reinserción social.
 
La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.
 
En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos (DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la comunidad” de las personas en prisión.
 
Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario  enfrentan violencia específica.
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y posesión de drogas, mencionó la investigadora.
 
Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos para mujeres.
 
A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016, entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y particularmente el derecho al voto para ellas.
 
Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al estar en prisión”.
 
Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que requieren servicios y atenciones.
 
La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio.
 
Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la libertad para votar, también significa considerar y replantear las condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a la sociedad.
 
Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los procedimientos que conlleva una elección”.
 
La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.
 
Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con las mujeres.
 
Como principio establece que es necesario presentar el tema para desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.
 
Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en prisión.
 
17/HZM/KVR
 

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca rechazó la violencia política contra la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López.
 
El organismo difundió un comunicado donde rechazó la violencia contra ambas mujeres que fueron electas en los comicios de junio de 2016 para ocupar cargos de elección popular y que hoy enfrentan obstáculos y amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos político-electorales.
 
La Junta Local Ejecutiva del INE recordó que este 1 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Oaxaca por los casos de San Pedro Atoyac y Pinotepa Nacional, a fin de brindar medidas para que las funcionarias ejercieran sus cargos.
 
Sin embargo, la síndica Yareli Cariño López fue removida del cargo durante la primera sesión de cabildo que se llevó a cabo el lunes, 24 horas después de haber tomado protesta en el cargo el 1 de enero.
 
Este sentido, y en el marco de las atribuciones que derivan del Protocolo para Atender la Violencia Política contra Mujeres, elaborado a nivel federal por autoridades electorales en marzo de 2016, el INE ofreció a las ciudadanas afectadas todo el respaldo institucional, acompañamiento y asesoría jurídica para la salvaguarda de sus derechos políticos.
 
Asimismo, el INE reconoció los esfuerzos de las organizaciones sociales que denunciaron públicamente estos actos de violencia política y dijo que “sólo mediante la conjunción de ciudadanía y autoridades será posible prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que tanto daño hace a nuestra democracia”.
 
Finalmente, este organismo exhortó a las autoridades del Gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) y a los Tribunales Electorales, a brindar una atención integral y expedita a estos casos.
 
17/AGM/KVR
 

Convencida de que ha sido violentada en sus derechos políticos al no permitirle ejercer las funciones para las que fue electa en junio de 2015 en su natal Oxchuc, Chiapas, la alcaldesa recientemente restituida en su cargo, María Gloria Sánchez Gómez, afirma categórica: “tenemos que dialogar, el camino es el diálogo y la reconciliación. Yo no iré a pelear por el palacio municipal, si tengo que trabajar en una banqueta pues trabajaré en una banqueta”.

El pasado 31 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir en su cargo a la alcaldesa, quien el pasado 4 de febrero fue obligada a pedir licencia indefinida; sin embargo, hasta ahora no puede entrar a la oficina municipal ni disponer de los recursos de la alcaldía porque sus opositores no quieren que ejerza el cargo.

“La resolución es muy clara: el Gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, el Congreso, deben crear las condiciones para que estos grupos inconformes me permitan reestablecerme en la oficina de la presidencia municipal”, señala en entrevista con Cimacnoticias.

La indígena tzeltal asegura que continuará con su proyecto de gobierno, aunque tenga que despachar como lo hace ahora, desde la localidad de Buenavista, cerca de su municipio, así lo dijo este 22 de septiembre luego de participar en la presentación del libro “Desde mi piel”. Historia de vida de veinte mujeres de Chiapas en política, coordinado por la periodista y activista Elva Narcia Canciano y editado por el Senado, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Glifos Comunicación.

Ante este atropello de sus derechos político-electorales, la también licenciada en Contabilidad Pública, con maestría en Administración y quien fue electa el 17 de junio de 2015 para ser alcaldesa, se presentó en el Senado donde pidió al senador chiapaneco del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo, que interceda para que pueda disponer de los recursos destinados para su municipio.
 
Con el “bastón de mando” que las comunidades indígenas dan a sus gobernantes como símbolo de autoridad elegida por el pueblo, María Gloria sostiene que en Chiapas un grupo tomó por asalto el poder sin respetar el orden de la vida pública; pese a ello, hace un llamado para la reconciliación y la paz social.   
-Anayeli García Martínez (AGM): Usted fue la primera mujer en gobernar Oxchuc, ¿Por qué contendió en 2004 y porque ocupar el cargo de nuevo?

- María Gloria Sánchez Gómez (MGSG): Porque la gente me tiene confianza. Desde muy pequeñita salí de comunidad, nunca dejé mi comunidad a pesar de que emigré a muy temprana edad a los 10 años, a buscar trabajo, a seguir preparándome. Ya siendo profesionista comencé a gestionar proyectos para las comunidades, así la gente me fue conociendo, la gente me propuso, ha visto mi trabajo.

“Con este cargo que tengo en este momento no quiero quedar mal con la ciudadanía, tampoco les echo mentiras, lo que se puede cumplir se dice y lo que no para qué prometerlo”.

María Gloria Sánchez Gómez, alcaldesa recientemente restituida en su cargo | CIMACFoto: César Martínez López

- AGM: Le quedan prácticamente dos años de gobierno ¿en este tiempo cuál es su proyecto para el municipio?

-MGSG: Lo que demanda mucho la gente es vivienda, eso es lo que vamos a atender en este poco tiempo que nos queda, lo que es la atención de aguas, caminos, electrificación y sobre todo la reconciliación porque si no hay reconciliación pues es difícil.

“Algo que es muy importante y lo estoy fomentando es el perdón porque nos hicieron tanta violencia, no sólo a mí, al pueblo, a la ciudadanía. Ya no hay que mirar hacia atrás sino hacia adelante, sí hacer una referencia de qué cosa ha pasado pero hay que perdonar porque si seguimos cargando con ese rencor, con ese resentimiento, no vamos a ir a un buen camino”.

-AGM: ¿Cree que se pueda lograr su proyecto político a pesar de que continúa la oposición y la violencia?

- MGSG: Pienso que sí, siento mucho positivismo y confío en Dios y en la gente. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y a mis adversarios también: que se pongan a reflexionar, la violencia no será el camino, tenemos que apostarle a la paz. Lo que pasó ya pasó y sí, nos duele, pero tenemos que sanar esas heridas poco a poco y sobre todo que haya perdón.

- AGM: Pero ni siquiera la dejan entrar a la oficina del Ayuntamiento…

-MGSG: Tienen tomado el palacio municipal pero eso es tarea del Gobierno del estado porque formaron una Comisión Especial de diálogo para atender a los inconformes y espero que el Gobierno del estado haga su trabajo con ellos.

DIVISIÓN SOCIAL

Después de la renuncia de María Gloria, el pasado 15 de febrero el pueblo organizó una Asamblea Comunitaria para determinar quién ocuparía la presidencia municipal, como resultado fue designado Óscar Gómez López. Ahora la comunidad se divide entre los que aseguran que la alcaldesa electa debe gobernar y los que quieren que el dirigente sea un hombre.

Al respecto dice: “Ni Oscar ni Juan Encinos (líder de la Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc) participaron en la contienda electoral. Ahora ellos dicen `no queremos partidos políticos´. No creo que al señor (Juan Encinos) se le haya olvidado que él fundó todos los partidos políticos. Primero Funda el Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, luego el PRD, luego crea una organización, Tres Nudos, y ha hecho el problema.

“Él ya fue presidente municipal, él también quiere repetir, está bien, es su derecho que quiera aspirar, es sano, pero no a través de la violencia. Él era síndico municipal y luego sube a presidente interino y cuando fue presidente municipal tomó venganza con sus adversarios políticos, esto que a mí me hizo ya lo había hecho anteriormente”.

- AGM: La comunidad de Oxchuc eligió a otra autoridad en una Asamblea y sus opositores dicen que reconocerla como alcaldesa violenta la autodeterminación de los pueblos indígenas.

- MGSG: Cuando yo contendí por la presidencia municipal gané. Primero por un proceso que se llama usos y costumbres. Se llama asamblea municipal o plebiscito, fue en el mes de mayo de 2015. Primero fui electa por usos y costumbres después de eso me tuve que registrar en un partido político que fue el Partido Verde.

“Me registro a finales de junio, hago la campaña. En mi municipio están presentes los once partidos políticos, cada partido político a través de los usos y costumbres eligieron su candidato, por asamblea o plebiscito. Nos registramos todos en un partido político, nos vamos a la siguiente contienda que es la elección constitucional a través de partidos políticos, reglamentado por el Instituto Electoral del estado de Chiapas.

María Gloria Sánchez Gómez, alcaldesa de Oxchuc | CIMACFoto: César Martínez López

“Gano esa elección con 10 mil 300 votos, el que me siguió en segundo lugar fue el Partido de Nueva Alianza con 6 mil 989 votos.  Es así como se fueron dando los resultados, entonces resulta que se inconforman pero ya después de la elección. Cuando tomo protesta me comienzan a hacer violencia y subió de grado hasta llegar a la quema de viviendas, a secuestrar a los habitantes de la cabecera municipal y pues bueno un sinfín de violencia, bloquearon la carretera federal (…)”.

- AGM: ¿Quiénes han realizado estos actos de violencia?

- MGSG: Estas personas que encabezan este movimiento que se llama Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc, pues ni paz ni justicia porque ellos fueron lo que quemaron nuestras casas. Son los que asaltaron el poder y les dieron la presidencia municipal interina por seis meses.

- AGM: La Comisión estuvo en la Ciudad de México para denunciar que usted sólo quiere el poder porque ya fue presidenta municipal.

- MGSG: Fui presidenta municipal de 2005 a 2007 pero fui por elección constitucional, no es imposición, me gané el voto de la ciudadanía como muchos otros presidentes, diputados, que han repetido el cargo pero no seguido, al año siguiente, van a elección y si hay elección es legal. Yo gané por una elección de usos y costumbres y luego la elección constitucional.

“Ahora, que ellos no quieran reconocer porque no ganó su candidato tampoco eso es justificable, como ya pasó una elección constitucional ahora dicen que quieren usos y costumbres, un plebiscito. No es a la hora que uno quiera sólo porque no ganó el que yo quiero. Ese no es el camino”.
-AGM: Además de las acusaciones usted tiene una orden de aprehensión.

 -MGSG: Sí, exactamente. Fue para que me presionaran para que metiera mi renuncia, estaba la Procuraduría atrás de mí. Eso es algo que también he pedido al Gobierno del estado que resuelva, mi situación jurídica. Se me acusa que dañé a una persona en 2010 y quieren aprovechar la situación. Le llaman atentado contra la paz, ¡cómo voy a atentar contra la paz! si mi visión como ser humano es la paciencia.

Sobre etas acusaciones la también ex secretaria de Pueblos Indios en Chiapas durante el gobierno de Roberto Albores Guillén en 1998 y ex directora del Instituto Estatal de las Mujeres en 2009, dice que no va a optar por la violencia y asegura confiar en las instituciones y en las leyes para que pueda ejercer sus derechos político-electorales.

16/AGM/LGL

La Asamblea Constituyente encargada de analizar y discutir el borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México que se instaló formalmente este día, quedó integrada por 47 mujeres y 53 hombres, lo que podría incidir para que el nuevo marco legal respalde y amplíe los derechos ganados por las capitalinas.  
 
A dos días de que se instalara la Asamblea Constituyente, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, difundieron la lista de nombres de las seis personas que cada uno designó como diputados constituyentes para participar en este proceso legislativo.
 
El Ejecutivo designó a la abogada Claudia Aguilar Barroso, la comunicadora María Beatriz Pagés Llergo Rebollar y la ex magistrada electoral Claudia Pastor Bobadilla así como a Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva y Fernando Lerdo de Tejada.
 
En la lista del Jefe de Gobierno están la ex ministra Olga Sánchez Cordero, la activista Clara Jusidman Rapoport, la académica Ana Laura Magaloni y el Comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México Porfirio Muñoz Ledo, el senador Alejandro Encinas Rodríguez y el académico Alejandro Chanona Burguete.
 
Con estas designaciones se completan los escaños de la Asamblea que a partir de este 15 de septiembre se instalará para debatir el borrador de Carta Magna capitalina, un documento elaborado por una Comisión Redactora integrada por 28 personas, entre ellas 13 mujeres, algunas con trabajo a favor de los derechos de las mexicanas. 
 

 
Sin embargo como no hubo una conformación de 50 mujeres y 50 hombres, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Raúl Flores, afirmó ayer que impugnara ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las designaciones que hizo el Senado.
 
El organismo parlamentario designó a 14 personas pero de ellas sólo seis fueron mujeres por lo que el líder perredista lamentó que algunos partidos como el Partido Acción Nacional consideren “paridad” que haya más hombres que mujeres, aunque sea por unos cuantos.
 
Desde el inicio de este proceso, diversas académicas, activistas y políticas, aseguraron que las mujeres deberían estar ya que a través de él se daría forma a la norma jurídica suprema donde se plasmarán los derechos, las libertades y obligaciones de la ciudadanía, las formas de organización de la ciudad y las atribuciones de las autoridades y los órganos públicos.
 
Al inicio de 2016 el movimiento feminista impulsó la consigna “No Sin Nosotras” un llamado para asegurar la participación paritaria (es decir en condiciones de igualdad) de las mujeres en la Asamblea Constituyente porque –expusieron públicamente– ello permitiría que más perfiles femeninos incidieran el texto constitucional y llevaran propuestas con perspectiva de género.
 
El argumento de las mujeres que apostaron por la paridad en esta Asamblea Constituyente era garantizar que las diputadas, tanto electas como designadas, afianzaran las políticas públicas para la igualdad sustantiva (tema en el que la Ciudad de México ha sido referente) garantizaran que no hubiera regresión en los derechos conquistados y legislaran bajo el principio “pro persona”.
 
El Distrito Federal- como antes se le conocía a esta urbe- fue un referente a nivel nacional e internacional en temas de igualdad, entre los que destacan la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación (promulgada en 2007), apoyos sociales para madres jefas de familia, para adultas mayores, servicios de salud gratuitos, reconocimiento del matrimonio igualitario, entre otros.
 
Con este reto de por medio, en agosto pasado diputadas de todos los partidos políticos que fueron electas para participar en el proceso legislativo –a excepción de Movimiento Regeneración Nacional–acordaron trabajar en conjunto para impulsar una agenda común.
 
Semanas más tarde las mujeres formalizaron su compromiso ante organizaciones feministas y aseguraron que conformarían una “Bancada Feminista” para impulsar y defender leyes que profundizaran en la equidad como noción elemental del proyecto democrático; y además aceptaron trabajar de cerca con la ciudadanía que lidera estas iniciativas.
 
Entre las legisladoras que asumieron este compromiso están Gabriela Rodríguez y Patricia Ruiz Anchondo (Morena); Marcela Lagarde, Katia D´Artigues, Tobyanne Ledesma, Nelly Juárez y Lol Kin Castañeda (PRD); Esthela Damián (Movimiento Ciudadano) y María Eugenia Ocampo (Nueva Alianza),
 
Este jueves iniciarán los trabajos para revisar el borrador redactado por el grupo donde se encontraban María Leoba Castañeda Rivas; Aidé García Hernández; Mónica González Contró; Marta Lamas Encabo; María Guadalupe Loaeza Tovar; Ifigenia Martínez Hernández; Loretta Ortiz Ahlf; María Rojo; Martha Sánchez Nestor, y Alicia Ziccardi Contigiani.
 
Entre las redactoras del borrador también estuvieron Lol Kin Castañeda, Ana Laura Magaloni Kerpel y Clara Jusidman Rapoport quienes además ahora serán diputadas constituyentes y por tanto estarán en los debates para aprobar la Constitución capitalina.
 
Por lo pronto, de acuerdo con el artículo 4 del borrador, el texto constitucional diría que la Ciudad de México asume como principios fundamentales la libre determinación, el respeto a los Derechos Humanos, la defensa del Estado democrático y social de derechos, entre otros. 
 
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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, presentará este martes ante el pleno, un punto de acuerdo para asegurar más espacios para mujeres en los siguientes procesos de selección de candidaturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
En entrevista con Cimacnoticias, de la Peña Gómez explicó que el objetivo del punto de acuerdo es dejar un antecedente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien es la encargada de conformar las ternas de candidaturas para el cargo de magistrado, integre a más mujeres y conforme ternas mixtas.
 
Cabe recordar que las candidaturas para ocupar un cargo de magistrado se dieron a conocer el 5 de agosto de 2016. Era una lista de 126 personas, entre ellas 20 mujeres, que reunían los requisitos de la convocatoria. Después el grupo se redujo a 42 finalistas, donde quedaron 10 mujeres.
 
Tras  las comparecencias que se celebraron este 22 y 23 de agosto, la Suprema Corte redujo la lista a 21 aspirantes, incluidas seis mujeres que cumplieron con los méritos curriculares y el perfil para desempeñar el cargo.
 
El pasado 29 de agosto, el alto tribunal propuso 7 ternas para la elección de igual número de integrantes de la Sala Superior del TEPJF de las cuales, dos son integradas exclusivamente por mujeres.
 
Actualmente el Senado se encuentra en etapa de revisión y análisis curricular de las candidaturas. Después, quienes aspiran a pertenecer a la Sala Superior del TEPJF, presentarán un ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado, quien les realizará una entrevista y serán sometidos nuevamente a una elección de sus trayectorias y desempeño, explicó Angélica de la Peña.  
 
La legisladora agregó que aunque este punto de acuerdo ya no beneficiará a las candidatas que participan en el actual proceso, sí representa un antecedente para los siguientes y es, además, un “asunto de justicia”, ya que dijo, “es derecho de las mujeres ocupar un cargo de representación y con poder para la toma de decisiones”.
 
Indicó que así como en el Artículo 41 de la Constitución Mexicana las legisladoras incorporaron el principio de paridad para que las mujeres tengan el derecho de participar en la política asegurando el 50 por ciento de espacios en las candidaturas de las planillas electorales, así se debe legislar para que la SCJN asigne espacios a las mujeres no por voluntad política, sino en obediencia a un mecanismo que procure los derechos políticos de las mujeres.
 
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Con las mujeres que en estos meses tomarán posesión como diputadas y alcaldesas, habrá en México más mujeres que nunca en cargos de elección popular.
 
De acuerdo con la experta en derechos políticos de las mujeres, Teresa Hevia Rocha, este año habrá 12 legislaturas con paridad numérica -o casi-: siete de los procesos electorales de 2015 y cinco más resultado de las elecciones de 2016. Eso sin contar aún aquellos casos en los que está pendiente alguna resolución de tribunales.
 
Los datos recabados por Hevia Rocha y por Adriana Favela, consejera del INE, entregan un panorama muy satisfactorio.
 
Dos entidades la rebasaron: Campeche (57 por ciento) y Querétaro (52 por ciento). Este último caso es el más notable, porque en 2013 las mujeres apenas ocupaban 8 por ciento de las curules.
 
Le siguen Baja California Sur y Aguascalientes (48 por ciento), Oaxaca (47 por ciento) Zacatecas (46 por ciento), Sinaloa y Ciudad de México (45 por ciento) Guanajuato y Quintana Roo (44 por ciento), y Colima y Michoacán (40 por ciento).
 
Hay otras entidades que, sin alcanzar paridad, registraron aumentos muy importantes en sus Congresos. Nuevo León pasó de 17 a 38 por ciento; Durango y Estado de México, de 17 a 37 por ciento. Guerrero, de 19 a 39 por ciento; Sonora de 21 a 39 por ciento; y San Luis Potosí de 19 a 33 por ciento.
 
En otros estados las mujeres aumentaron su presencia de manera más modesta. Jalisco pasó de 23 a 31 por ciento, y Yucatán de 24 a 26 por ciento.
 
Y sólo en tres Congresos hubo retrocesos: Chiapas, que pasó de 43 a 39 por ciento; Morelos, de 23 a 20 por ciento; y Tabasco, de 42 a 33 por ciento.
 
En el ámbito municipal, sumados los procesos electorales de 2015 y 2016, también se observa un destacable aumento. Con datos de la Red Nacional Mujeres en Plural y de la consultora Teresa Hevia Rocha, cinco estados tendrán paridad -o casi- en las presidencias municipales.
 
De manera destacada Quintana Roo con 45 por ciento de sus ayuntamientos presididos por mujeres, y Querétaro con 44 por ciento. Le siguen Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas con 40 por ciento cada uno.
 
Los aumentos más notables los registran Quintana Roo y Baja California, pues en 2013 ninguna mujer era presidenta municipal.
Otro caso es Chihuahua. Aunque no alcanzaron paridad, las mujeres pasaron de gobernar 3 por ciento de sus municipios en 2013 a 37 por ciento en 2016.
 
Chiapas también llama la atención, en especial por la burda manera en que se intentó incumplir con la paridad, y la memorable defensa que hiciera la Red por la Paridad Efectiva (Repare). Las mujeres pasaron de ocupar 2 por ciento de presidencias municipales en 2012 a 29 por ciento en 2015.
 
También Zacatecas registró un aumento espectacular: 27 puntos porcentuales. Pasaron de ocupar 1 por ciento de sus presidencias municipales en 2013 a 28 por ciento en 2016.
 
No todas las entidades entregaron buenas cuentas en este ámbito: Campeche, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como la Ciudad de México en sus delegaciones, se fueron a la baja en comparación con el periodo inmediato anterior.
 
Este primer corte de caja muestra saldo a favor. Las reformas legales, la presión de grupos organizados, el cabildeo de senadoras y diputadas, la defensa en tribunales electorales, particularmente en el federal, han permitido que la paridad arribe. Más mujeres que nunca en el país ocuparán cargos que, en el periodo electoral anterior, eran improbables.
 
Es cierto que todavía hay que afianzar la paridad legal y, luego, apuntalarla para que no haya retrocesos. Y también es cierto que ocupar el cargo no necesariamente significa gobernar en realidad. Pero el primer paso es indispensable: ocupar el cargo. Y en eso las paritaristas estamos entregando buenas cuentas.
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
 
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
 
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