Argentina Casanova

La defensora y coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Argentina Casanova, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) una campaña en redes sociales para desprestigiarla y violentarla.
 
Desde la semana pasada, en Facebook circularon imágenes de políticos, periodistas y activistas de Campeche, entre ellos Argentina Casanova --quien es consultora y acompaña familiares de víctimas de feminicidio--, a quienes se les llama "enemigos" del Estado y donde se hace un llamado a asesinarlos.
 
Al respecto, la también periodista e integrante de la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género dijo a Cimacnoticias que desde noviembre ha sido atacada en redes sociales en donde circulan fotografías, con textos donde afirman que se le relaciona sentimentalmente con un político y donde critican sus artículos de opinión relacionados con los Derechos Humanos porque son para “desprestigiar al Gobierno del estado”.
 
Apenas el 2 de febrero, comentó la autora de la columna Quinto Poder, apareció una cuenta en la red social para difundir la lista de nombres de personas con posturas críticas. En un principio, la activista no le dio importancia, pero al ver que esa información fue viralizada tomó conciencia de la agresión.
 
El 3 de febrero, Casanova presentó una denuncia ante la delegación de la PGR en Campeche, con el fin de dejar antecedente de lo que sucede y solicitar se investiguen las cuentas desde donde se hace apología de la violencia para matar a quienes señalan como personas incómodas para el Gobierno estatal.
 
La denuncia se presentó “contra quien resulte responsable” y quedó asentada en la carpeta de investigación FED/CAMP/CAMP/0000029/27.
 
La campaña de desprestigio también tocó a quienes opinaron críticamente sobre la marcha organizada por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el 1 de febrero pasado, cuando llamó a la unidad de México y sobre la cual fuentes periodísticas dijeron que los asistentes fueron obligados a participar.
 
17/AGM/GG
 

Detrás de los asesinatos de jóvenes mujeres trans hay un discurso de odio que se enmascara y justifica a sí mismo, enfermo de rechazo a la otredad, a la diferencia, a lo transgresor y por supuesto a la feminidad. El feminicidio no sólo contra el cuerpo biológicamente identificado como mujer, sino contra la construcción llamada “mujer”.
 
Dentro de la lógica hegemónica heteropatriarcal, la homosexualidad ha tenido distintas formas de ser, desde ser vista como una forma más –e inherente- a la masculinidad, hasta una práctica o ritual de las masculinidades en distintas épocas, con actos y formas ligadas al poder, pero la transexualidad o la feminización del cuerpo masculino es en cambio rechazada y condenada en la cultura occidental.
 
En el último mes, en la Ciudad de México fueron asesinadas 3 personas de identidad trans, y otras en Chiapas. Apenas hace unos meses se registró una balacera en un bar identificado como “gay” el bar Madame, en Jalapa, Veracruz, donde hubo varios muertos. Antes, se había perpetrado un ataque similar en Miami, Florida.
 
No es casual que de la mano de estos eventos, surja una corriente crítica que se opone a reconocer plenamente el derecho de todas las personas al matrimonio igualitario y que sale a las calles a exigir, amparada en sus odios y racismos, el retroceso a los derechos de las lesbianas, homosexuales, mujeres y hombres trans.
 
No es casual el incremento de la violencia contra la población de mujeres trans en las calles de la Ciudad de México, como tampoco lo es que se manden mensajes violentos incitando a ejercer violencia en su contra.
 
Nada es casual, es parte de lo que caracteriza al sistema heteropatriarcal que actúa como en un concierto perfectamente planeado y dirigido.
 
Lo que hay es un odio y una intención de exterminio a la otredad, otro que no es el hegemónico ni el “fuerte”. No se trata del ataque a un “imperio gay”, sino el odio contra la diferencia y la transgresión.
 
No están para nada alejados los relatos que hemos visto en películas y novelas en las que las hegemonías predominantes empiezan por eliminar a las disidencias políticas y terminan por considerar a “descartables” y no, a personas discapacitadas, homosexuales, poblaciones negras, grupos indígenas, mujeres -como objeto y propiedad a las que se usa y se desecha- y a las personas pobres.
 
Hace años la sociedad ha venido construyendo un discurso de limpieza racial, de hegemonías políticas y geográficas, de zonas “en vías de desarrollo”, de blanquitud y riqueza; donde las personas valen según lo que posean, los ceros en sus salarios y la posición política. Abajo están las poblaciones consideradas como los “sótanos” de la sociedad, que son quienes desaparecen, a quienes se abusa y explota.
 
En los países marginados y con conflictos sociales como los que vive México, las fantasías apocalípticas de “purgas sociales” se viven todos los días en una lucha por la sobrevivencia para no ser un cuerpo explotable, descartable, para no ser vista por ese sistema que procesa y elimina.
 
Sí, tenemos un problema grave que se evidencia en la indiferencia de la sociedad misma hacia los asesinatos de mujeres trans, personas que han sido arrojadas de sus espacios familiares, historias de hijas e hijos abandonados y olvidadas por su propio círculo familiar, porque no eran lo que se esperaba de ellos.
 
Condenadas al ostracismo de vivir en los márgenes, en la periferia social, ahí donde todo te puede ocurrir, el lugar que habitamos las mujeres y donde nos acompañan las mujeres trans que han elegido vivir sus vidas en esa construcción social llamada mujer, y asumir con ello todos los riesgos y amenazas que se ciernen sobre nuestras feminidades: el ser consideradas descartables, y en consecuencia, que cualquiera puede disponer de nuestras vidas y eliminarnos porque nadie se preguntará, ni será prioridad en la agenda nacional.
 
No ocupará las primeras planas, no será motivo de mensaje de la presidencia, no se bloqueará la economía ni se exigirá desde el exterior que México ponga fin al feminicidio de mujeres y mujeres trans, y de todos esos crímenes de odio contra las poblaciones feminizadas por la subyugación y el ejercicio del control y el poder opresor.
 
Sólo nosotras saldremos un día, o dos, a gritar y a exigir que no nos sigan asesinando; gritamos, porque es lo único que tenemos y que podemos hacer desde nuestras realidades y contextos.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL

El Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2013-2018, aporta un diagnóstico o balance sobre lo que el gobierno mexicano identifica como “los factores de riesgo asociados a la violencia y a la delincuencia”, y enlista 9, entre los cuales destaca como primer lugar el “embarazo temprano”, ya que limita las oportunidades de que las personas jóvenes completen su educación formal.
 
Sin embargo, y aún sin profundizar en este punto, la Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes (ENAPEA), no considera recursos para una acción específica y se limita a campañas desafortunadas que se realizan bajo la premisa de la culpa, la estigmatización y la criminalización de las “adolescentes embarazadas”.
 
Campañas pagadas con recursos públicos en las que se invisibiliza la responsabilidad de los hombres y adolescentes que participan en los embarazos de niñas menores de 18 años de edad, en los que se da por hecho que son “mujeres embarazadas desde los 15 años”, cuando en realidad son niñas, según lo estipulan las leyes internacionales y la Ley de Protección de Adolescentes, Niñas y Niños.
 
Y son también, campañas que invisibilizan que el embarazo de una menor de 18 años de edad conlleva muchas veces delitos que se cometen de manera “natural” contra las niñas en México como parte de esa violencia institucionalizada contra las mujeres, para lo cual el Estado permite salidas legales como “relaciones consensuadas”, “estupro” y permisos para que los abusadores terminen casándose con sus víctimas.
 
Pero nadie protesta en contra de eso. Ni siquiera hay oposición a la idea de responsabilizar a las niñas por sus embarazos, esos que ahora son “factores de riesgo de la violencia y la delincuencia” según el Programa Nacional, que ahora ve como otra de las causas de ello a las mujeres.
 
El apartado 2.3 del mismo Programa señala como otro factor de riesgo los “ambientes familiares deteriorados o problemáticos” en los que menciona:
 
“Estilos parentales debilitados y con escasos niveles de supervisión, lo que dificulta el manejo del apego y deteriora la intensidad de los lazos afectivos”, “abuso y negligencia familiar”, “el maltrato genera sentimientos negativos que hace que se responda al estrés con agresión”.
 
Forzosamente y en el contexto previo de la familia como el espacio de “transmisión de valores”, nos hace recordar los discursos de los líderes religiosos que instan a regresar a las mujeres a sus hogares, porque el salir a trabajar y “su descuido”, es lo que ha causado que sus hijos tengan conductas reprobables.
 
Pero hay una total indiferencia hacia los delitos que se cometen contra las niñas al ser obligadas a casarse y a mantener embarazos no deseados, porque la sociedad manipulada por liderazgos conservadores, insiste en determinar que la práctica sexual está asociada al matrimonio y éste al embarazo como consecuencia, y por tanto, una y otra cosa no pueden estar desligadas.
 
Negar la educación sexual es en cambio causa de que en México las y los adolescentes tengan prácticas sexuales desinformadas y con el riesgo de no acceder a métodos anticonceptivos en su comunidad.
 
Aún cuando se considera que los embarazos en adolescentes y –desde las ópticas conservadoras y pro familia-que las mujeres “abandonen sus hogares” para salir a trabajar, son causas de la violencia y la delincuencia, no son suficientemente importantes para que se conviertan en eje fundamental de política pública con asignación de recursos.
 
Se reconoce como un problema pero no se atiende, no se mira la correlación del estigma social y la criminalización de las adolescentes, se les invisibiliza como víctimas cuando se les niega una sanción por violencia sexual, cuando se les niega su derecho a la información sobre su sexualidad. No hay un compromiso y acción de respuesta, por el contrario, lo que sí hay es una criminalización de las mujeres en la política pública.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL
 
 
 
 
 
 

Dos de las más grandes dificultades para lograr la eliminación del matrimonio infantil son: la resistencia de quienes lo ven como una limitación al ejercicio de los derechos sexuales de las adolescentes, y por otro, la respuesta institucional y social que evade su responsabilidad e intervención con el argumento de una “contradicción entre el derecho a los “usos y costumbres”, lo que imposibilita la eliminación absoluta en la ley y en la práctica, de los matrimonios de niñas en comunidades indígenas.
 
Esta postura pasiva institucional ha servido como justificación en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, donde los grupos de mujeres reconocen el problema de fondo; pero el escenario se repite a lo largo y ancho del territorio nacional.
 
El argumento es que el rito del matrimonio incluye la entrega de una “dote” y que es parte de los “usos y costumbres” de los pueblos originarios y que esto impide que se erradique la práctica, pues forma parte de los rituales de boda… recibir un recurso económico que varía según la capacidad económica del “desposante” a quien es entregada la niña por la familia.
 
Y sí, así también son “enganchadas” algunas jóvenes para la trata. Y sí, también así son entregadas sin ningún miramiento a sus agresores. Y sí, también así fueron entregadas sus madres y sus abuelas.
 
Y sí, así también se entregaba a las señoritas de las sociedades con poder adquisitivo en otros países, en otros tiempos, y aún hoy en algunas regiones en las que prevalecen estas prácticas que atentan contra los derechos de las niñas.
 
¿Una coincidencia de “uso y costumbre? Por supuesto que no, no es un uso y costumbre pues no constituye ningún elemento de la identidad, y sí es una práctica patriarcal que ha permitido y alentado la apropiación del cuerpo de las mujeres, la cosificación de las mujeres convirtiéndolas en extensión del territorio y la propiedad familiar, moneda de cambio y uso del sistema capitalista-patriarcal.

Algunos de los argumentos de la autoridad para permitir que esta práctica continúe en los municipios y comunidades rurales o poblaciones indígenas, es que “sería ir contra el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos a:
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los Derechos Humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
 
Hay “autoridades” que reconocen que la unión de una niña con un adulto, se tutela bajo el derecho del que la familia de la “novia”, recibe un bien, o simplemente termina la manutención de la menor de edad. Y no sólo lo justifican, la comunidad lo interioriza y lo apropia, porque institucionalmente nada se hace desde la educación formal para cambiarlo y señalar que no forma parte de la identidad de los pueblos mexicanos, sino del sistema patriarcal que rige a todas las sociedades.
 
Además, México tiene el compromiso y la responsabilidad de hacer cumplir la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece la obligación de los Estados parte, de eliminar todas las leyes y usos y costumbres que afecten la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas.
 
Aún así el tema no es prioridad en ninguna agenda, sólo empieza a ser una campaña impulsada por las organizaciones defensoras de los derechos de las niñas, como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, el grupo de organizaciones en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, activistas que lo han denunciado en espacios alternativos, y medios feministas que lo difunden, pero el Estado sigue sin asumir un compromiso determinante.
 
Y no es coincidencia. Es el sistema de tráfico y control de los cuerpos de las niñas y las mujeres desde temprana edad, un sistema que rige y justifica su uso, control, sometimiento, explotación, dominio y por supuesto propiedad, para ser desechada a voluntad cuando ya no sea útil o cuando intente escapar a ese control.
 
El matrimonio infantil lo que entraña es ese sistema que oprime a las mujeres y como tal encontrará siempre resistencias y “argumentos, por irrisorios que parezcan”, en cualquier parte del mundo.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
@argentinamex
 
16/AC/LGL